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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Colombia es un país bendecido con ecosistemas, biodiversidad y fuentes de agua. Tiene tres cordilleras, fértiles suelos andisoles (de origen volcánico y sustento de entornos vitales), la mitad de los páramos del mundo, clima ecuatorial (con temperaturas altas constantes), selvas amazónicas y las aguas del Caribe y el Pacífico. Es el primer país del mundo en diversidad de aves y orquídeas, el segundo en plantas y anfibios, el tercero en reptiles y palmas, y el cuarto en mamíferos. A ello se suma un largo y diverso etcétera. Parte del valor ambiental de Colombia son los seis humedales de su territorio incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental que protege esos ecosistemas. Al estar en la lista, estos humedales no solo son valiosos para Colombia, sino para la humanidad en su conjunto. ¿Dónde están?, ¿por qué son importantes? y ¿qué peligros enfrentan? 1. Ciénaga Grande de Santa Marta, Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena. Ubicado en el departamento del Magdalena, es el complejo lagunar más grande de Colombia. Allí confluyen el agua del río Magdalena y el agua salada del mar Caribe. Es refugio de aves migratorias y locales. Está en peligro por la construcción de 27 kilómetros de diques y otras obras de infraestructura, la quema y tala de vegetación, y las sequías. AIDA ha trabajado junto con dos universidades colombianas para abogar por la protección de la Ciénaga ante el Secretariado de Ramsar. 2. Sistema Lacustre de Chingaza. Es un conjunto de lagunas y páramos donde viven especies animales y vegetales en peligro como el oso de anteojos y el frailejón (planta con hojas jugosas y velludas). También es refugio de aves migratorias. Según el Instituto Humboldt “el páramo de Chingaza, con 40.000 hectáreas, aporta el 80% de agua a Bogotá". Si Chingaza es deteriorado al punto de desaparecer, Bogotá tendría que gastar enormes cantidades de dinero para obtener el agua que este páramo le provee En AIDA abogamos por la protección de los páramos, ecosistemas que ocupan apenas el 1,7% del territorio continental de Colombia, pero que son fuente de más del 70% del agua potable del país. 3. Complejo de Humedales de la Laguna del Otún. Ubicado dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados, en la Cordillera Central de los Andes colombianos, el complejo incluye lagunas, turberas (humedales que acumulan materia orgánica) y pantanos interconectados con glaciares y vegetación de páramos. El sitio es hogar de 52 especies de aves, muchas de ellas en peligro. Entre las amenazas que el sitio enfrenta están la ganadería, la basura, incendios, especies invasoras y actividades de turismo ilegales. 4. Delta del río Baudó. Este río nace en la serranía del Baudó, recorre 180 kilómetros por el departamento del Chocó y desemboca en el océano Pacífico. A pesar de ser un río corto, las abundantes lluvias de la región hacen que el Baudó llegue al Pacífico con un gran caudal. La tala indiscriminada de mangle y la sobreexplotación pesquera son sus principales amenazas. 5. Complejo de Humedales de la Estrella Fluvial del Inírida. Está ubicado en una zona de transición entre las regiones de la Orinoquía y la Amazonía, cerca del sitio sagrado indígena del Cerro de Mavicure. Según el Ministerio de Ambiente, el sitio alberga 903 especies de plantas, 200 mamíferos y 40 de anfibios. Entre la fauna del lugar, la nutria, el jaguar y el delfín rosado, están en peligro crítico. Este ecosistema está amenazado por la minería ilegal de coltán y oro, los vertimientos de mercurio y, en su zona de amortiguación, por los cultivos considerados de uso ilícito, la ganadería, el desecamiento y la potrerización (reemplazo de bosques por potreros). 6. Laguna de la Cocha. En quechua, Cocha significa laguna. Ubicada en el departamento de Nariño, a 2,800 metros sobre el nivel del mar, es la segunda laguna más grande de Colombia. En sus riberas habitan pescadores, agricultores y descendientes de los indígenas quillacingas. La Cocha contiene la pequeña isla de La Corota. Allí llegan visitantes domésticos y extranjeros para avistar especies animales y vegetales. Esta laguna está en peligro por la ganadería, la agricultura intensiva, la deforestación y la erosión. Características valiosas Para considerarlos sitios que merecen atención mundial, la Convención Ramsar tomó en cuenta las funciones ecológicas fundamentales de los humedales colombianos para regular los regímenes del ciclo del agua y ser hábitat de animales y plantas características, especialmente de aves acuáticas. Vio además que son fuente de agua dulce, contribuyen a la recarga de acuíferos, entre muchos otros servicios. Incluso mitigan el cambio climático. La Convención reconoció que los humedales “constituyen un gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable”. Pese a su valor, los humedales enfrentan una serie de amenazas a su existencia: su sobreexplotación, la pérdida de agua, quemas, talas, contaminación tóxica, minería a gran escala, cultivos y ganadería a gran escala, carreteras que interrumpen el ciclo natural del agua, el cambio climático, entre otras. Películas emblemáticas de Colombia han sido filmadas en estos humedales. Entre ellas están El abrazo de la serpiente (Estrella Fluvial del Inírida) y La Sirga (Laguna de la Cocha). Nuestro deber moral y social, y nuestra obligación ante el derecho internacional ambiental y la Convención Ramsar, es cuidar la delicada riqueza de estos humedales con los que afortunadamente contamos en esta esquina biodiversa de Sudamérica.
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El Estado peruano debe concentrar sus esfuerzos en atender adecuadamente la situación ambiental, sanitaria y laboral en La Oroya. Lima, Perú. Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), recibimos con satisfacción la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que favorece al Estado peruano en el arbitraje internacional relacionado con el Complejo Metalúrgico de La Oroya e iniciado por el Grupo Renco, propietario de Doe Run Perú. Esperamos que, tras la decisión, el Estado concentre sus esfuerzos dar una solución sostenible a la situación de contaminación ambiental en la ciudad La Oroya y que priorice la salud, el ambiente y el trabajo de sus habitantes. Esperamos además que —siguiendo una línea de acción transparente, diligente y apegada al Estado de Derecho— cumpla plenamente con las medidas cautelares otorgadas en 2007 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ampliadas 2016, a favor de la población afectada por la contaminación. Asimismo, Perú debe aceptar su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de los habitantes de La Oroya en el proceso que se lleva al respecto también en la CIDH. A propósito del fallo del CIADI, Astrid Puentes, codirectora de AIDA, señaló: "Por años se ha querido caer en la falsa premisa que la exigencia de operar adecuadamente el Complejo Metalúrgico de La Oroya atenta contra los derechos de los trabajadores. Sin embargo, Doe Run Perú y cualquier empresa que opere el complejo puede y debe hacerlo de forma que también proteja y respete los derechos a la salud y a la vida de sus trabajadores y de toda la población".
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