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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Evidenciando el impacto del desarrollo en los derechos humanos y el ambiente
"There we were men and women, children, elders and leaders-who dared to refuse burning or destruction of the huts on the banks of the river, theft and loss of goods, abuse, insults and humiliation by the police, military and public companies Medellin forcibly vacated the beaches to make way for development. " With those words, Isabel Cristina Zuleta, leader of the Movement Living Rivers and victims of forced displacement because of the hydroelectric project Hidroituango in Colombia, testified to the situation that she, community members and thousands of Colombians affected by such projects go through a long time. He did so in a hearing before the Inter-American Commission on Human Rights (CIDH) last month. Astrid Puentes, AIDA Executive Co-Director, attended the hearing along with Living Rivers, Tierra Digna, Asoquimbo, the Inter-Church Justice and Peace Commission, the Judicial Freedom and several colleagues from Colombia organizations. She argued before the Commission that in Colombia forced because of projects 'development' as dams and mines displacement is not recognized as a violation of human rights by the state, which makes the people affected are unprotected. At the hearing Bridges outlined the three main causes of forced displacement by projects: the close relationship between armed conflict and the implementation of megaprojects, flexibility and violation of rules in its approval and implementation, and direct impacts their performance. It also asked the Commission to urge the Colombian government to guarantee the rights of victims, repair damage and take appropriate measures to prevent such displacement measures. Bridges described human rights violations arising from the implementation of specific projects like the dam El Quimbo in the department of Huila and situations like those experienced in the mining district of La Jagua de Ibirico, department of Cesar, where entire communities have been displaced due to air pollution caused by coal projects. Inadequate implementation of projects of "development" in Colombia and the region also violates Economic, Social and Cultural Rights (ESCR), especially the right to a healthy environment. In this regard, AIDA and organizations in the region participated in a hearing convened ex officio by the Commission to analyze the situation of ESC rights in the continent. In it, Maria Jose Veramendi Villa, senior lawyer AIDA, said the main cause of the violation of the right to a healthy environment is the failure of States to their environmental obligations and human rights by implementing mining and energy projects and infrastructure, among others. The problem has worsened in recent years. "The Commission has found different manifestations of the problem through at least 40 thematic hearings that have taken place in the past decade, and have illustrated the serious territorial, cultural and environmental conflicts generated by the violation of ESCR "Veramendi Villa recalled during the hearing. We need a Commission with a firm and resolute against the implementation of policies and projects that violate human rights, and thus bring justice to those who do not find in their countries position.
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Buscando compromisos y soluciones sostenibles en la COP20
La reunión mundial más importante sobre cambio climático esta cada vez más cerca. Las expectativas son altas. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) en Lima, Perú, debe concluir con un borrador del nuevo acuerdo climático que será suscrito en 2015. La conferencia ofrece además una oportunidad clave para que los países mantengan los compromisos financieros adquiridos en conferencias previas. AIDA participará de la conferencia bajo dos objetivos principales. El primero es defender el financiamiento pleno del Fondo Verde del Clima. El segundo es participar en la conversación para asegurar que el nuevo acuerdo climático tome en cuenta el impacto del cambio climático en los derechos humanos. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático estableció el Fondo Verde del Clima para financiar programas y proyectos para la adaptación y mitigación del cambio climático. Los países más vulnerables al cambio climático tendrán prioridad en las inversiones. “Buscamos que se hagan compromisos concretos, tener claridad sobre la ruta que seguirán los países desarrollados para que la lucha contra el cambio climático tenga un apoyo financiero sostenible en el tiempo”, afirma Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA. Hasta la fecha, el Fondo Verde del Clima ha recibido 9.6 mil millones de dólares en promesas de contribuciones. Nuestro objetivo en la conferencia de Lima es generar compromisos adicionales que eleven esa cifra a por lo menos 15 mil millones. También vamos a trabajar con los gobiernos para asegurar que cumplan con su compromiso de contribuir con 100 mil millones de dólares por año a partir del 2020 para garantizar así recursos predecibles y sostenibles. AIDA trabajará con redes globales como Climate Action Network International (CAN-I) para supervisar estas contribuciones financieras. AIDA, junto con organizaciones socias, está organizando el Día de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe el sábado 6 de diciembre. El evento reunirá a actores de persos sectores para facilitar el diálogo y la construcción de capacidades sobre aspectos clave de financiamiento climático que afectan a la región. Una de las sesiones abordará el rol del Fondo Verde del Clima en la contribución a un cambio transformador en América Latina. “Aprovechando el contexto de negociaciones climáticas, les recordaremos a los tomadores de decisiones que las medidas para mitigar el cambio climático deben ser realmente sostenibles y eficientes”, afirmó Rodríguez. “Los esfuerzos de mitigación no deben promover proyectos como las grandes represas, consideradas fuente de energía limpia a pesar de que emiten grandes cantidades de metano, especialmente en zonas tropicales.” La conferencia brindará una oportunidad para que AIDA trabaje con los negociadores para garantizar que consideraciones de derechos humanos, las cuales fueron reconocidas en acuerdos climáticos previos, formen parte del siguiente acuerdo. De forma paralela a la COP20, participaremos la Cumbre de los Pueblos, un importante encuentro alternativo de las organizaciones de la sociedad civil. En él AIDA compartirá su experiencia sobre la fracturación hidráulica o fracking y sus implicaciones para el ambiente en América Latina y para el clima global. Ta mantendremos al tanto a lo largo de la conferencia en nuestro sitio web, Facebook y Twitter. ¡No dejes de seguirnos! #RumboCOP20
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México ante la oportunidad de proteger mejor su ambiente
Sandra Moguel, abogada de AIDA, @sandra_moguel La pirinola es una pieza de material duro que tiene seis caras planas en las que lleva distintas leyendas. En varios países de América Latina es utilizada para jugar y hacer apuestas. Tras hacerla girar, la pirinola se detiene en uno de sus contornos y le muestra al jugador lo que debe hacer con cierta cantidad de fichas: PON 1, PON 2, TOMA 1, TOMA 2, TOMA TODO y TODOS PONEN. México atraviesa momentos de desaliento colectivo en los que todo tiene color de fatalidad. Pero no todo está perdido. En términos de la protección de su ambiente, el país aún tiene la oportunidad de decidir acertadamente la suerte de su patrimonio natural y de apostar por un desarrollo sostenible. TODOS PONEN: La historia incómoda de Paraíso del Mar Paraíso del Mar es un proyecto turístico ubicado en la barra arenosa conocida como El Mogote, en la Bahía de La Paz, Baja California Sur. El proyecto propone la construcción de un mega resort con 2,050 cuartos de hotel y 4,000 viviendas, campos de golf y una marina. A principios de 2013, un tribunal mexicano declaró ilegal y de forma definitiva el permiso ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) había otorgado al proyecto. El argumento de la decisión fue que la SEMARNAT no aplicó su legislación ambiental al evaluar el impacto ambiental de Paraíso del Mar. Sin embargo, algunas obras del proyecto ya habían sido construidas. Como consecuencia, el manglar de la zona ha desaparecido casi en su totalidad, y el paisaje y la línea costera ya han sido modificados. Con una autorización de impacto ambiental ilegal e irresponsable todos pierden: ¿Quién indemniza a los empresarios que invierten en la construcción del proyecto?, ¿quién repara el daño? o ¿quién restaura la vista del paisaje? La sociedad en su conjunto se ve afectada. Basta recordar los destrozos que ocasionó el huracán Odile en Los Cabos. Los aspectos de cambio climático y fenómenos meteorológicos debieron tomarse en cuenta al evaluar los proyectos turísticos construidos en esa zona, algo que no ocurrió. La evaluación de impacto ambiental es la revisión de los efectos causados por las actividades humanas en el medio ambiente. El objetivo de este instrumento es identificar si las afectaciones a los ecosistemas pueden ser mitigadas o compensadas. Desafortunadamente, las leyes que regulan la manera en que la autoridad ambiental realiza esa tarea, parecen simuladas y la evaluación se convierte en un mero trámite que perjudica a la biodiversidad y a la sociedad. TOMA 1: Contribuyendo a una solución La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y su socio Earthjustice, en representación de organizaciones de la sociedad civil, presentaron una petición ciudadana a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) —organismo internacional creado en el marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá— solicitando una investigación sobre la autorización de Paraíso del Mar y otros proyectos similares en el Golfo de California. En la petición se afirma que el Gobierno mexicano no aplicó su legislación ambiental al evaluar el impacto ambiental de los proyectos en humedales costeros del Golfo. El Secretariado de la CCA tuvo el mismo criterio y recomendó elaborar un Expediente de Hechos (investigación pormenorizada). PONEN DOS: La decisión depende de al menos dos gobiernos En los próximos días, al menos dos de los tres Ministros del Medio Ambiente de Estados Unidos, Canadá y México deberán votar a favor de llevar adelante la mencionada investigación. Esta votación es una oportunidad para promover la transparencia y la participación de la sociedad en asuntos ambientales. Es la ocasión perfecta para que el Gobierno de México genere la credibilidad, la confianza y los espacios de diálogo que el país está pidiendo a gritos. Un Expediente de Hechos no contiene una calificación sobre los argumentos de los peticionarios. Tampoco contiene recomendaciones de la CCA para resolver el problema. Se trata más bien de un examen detallado que es fuente de retroalimentación para la misma SEMARNAT sobre las preocupaciones de la sociedad civil. Llama la atención que de las 41 peticiones ciudadanas que se han presentado en contra de México ante la CCA, 19 tienen que ver con la evaluación de impacto ambiental. Esto quiere decir que sus ciudadanos cuestionan la discrecionalidad con la que se emplea esa herramienta y con la que se determina un impacto ambiental. TOMAN TODOS: ¿Qué concluimos? Haciendo eco de la reflexión de Paola Zavala, las movilizaciones sociales deben ir acompañadas de una agenda de exigencias puntuales y compartidas entre los miembros sociedad civil. No se trata solo de gritar y desahogarse en las calles. De ahí la importancia de la participación constructiva. En el caso del Golfo de California, los peticionarios, apoyados por organizaciones de la sociedad civil y académicos, exigimos que la SEMARNAT aplique su legislación ambiental aprobando proyectos con base en la descripción de obras completas que contengan la mejor información disponible, que describan la totalidad de los impactos acumulativos y residuales, que no contravengan tratados internacionales ni las normas sobre especies en peligro o en riesgo, y sobre protección de manglares. El Expediente de Hechos no es una panacea, pero si generará una agenda de diálogo y concientización para funcionarios públicos, empresarios y sociedad civil sobre la importancia de la evaluación del impacto ambiental. Será un gran paso en el camino de tomar decisiones que garanticen el desarrollo sostenible en México.
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