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Alberto Peña Kay

Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria

En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.  

Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.

La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.  

El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.  

 

Antecedentes

El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.

Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.

En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.

Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.

Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.

Foto: Keishpixl / Pixabay.

 

El largo camino de defensa del páramo

Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.  

Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.  

En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).  

Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.  

Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.

También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.

En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.

Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.  

Foto: Aztlec.

 

Situación actual

En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.

Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.

De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.

En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.

Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.  

 


Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina 

 


¿Por qué trabajamos para lograr justicia climática en América Latina?

“Los problemas del mundo son muchísimos, pero ninguno parece tan transversal y peligroso como el cambio climático”, dice Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Es realmente el gran desafío de nuestra generación”. En AIDA estamos conscientes de la magnitud del problema. Por ello incorporamos y promovemos la justicia climática como concepto clave en todas nuestras líneas de trabajo. Esto nos lleva a evitar la implementación de actividades que agravan el cambio climático y, al mismo tiempo, promover alternativas sostenibles que respeten el ambiente y los derechos de las comunidades en desventaja. “Lo que me mueve a contribuir a la lucha contra el cambio climático es la conciencia de que tenemos un problema enorme sobre nuestras espaldas, y la determinación de que no podemos rendirnos”, dice Florencia. Su motivación es la de todo el equipo de AIDA: abogados/as, científicos/as y profesionales en comunicación, administración y recaudación de fondos. Cuando era niña, Florencia recibió de su papá un regalo muy especial: una insignia que decía “world saver” (salvadora del mundo). Ese día, en una playa de su natal Chile, Florencia enganchó la insignia a su ropa y comenzó a recoger basura, limpiando la playa. El regalo fue el encargo de una misión. Florencia estudió Derecho para trabajar por la protección de bosques, ríos, animales y de todo  aquello que conforma la naturaleza. “La suerte me acompañaba cuando me encontré con AIDA, la organización en la que me he formado y a través de la cual he podido hacer mi aporte”. Florencia integra el equipo legal del Programa de Cambio Climático de AIDA, cuyo objetivo es contribuir a que América Latina, una de las regiones más vulnerables a la crisis climática, lidere los cambios requeridos a nivel mundial para evitar mayores catástrofes. En alianza con organizaciones aliadas y de la mano de comunidades, trabajamos para frenar el avance ciego del fracking y de las grandes represas, cuya implementación implica importantes emisiones de metano, un gas de efecto invernadero 34 veces más potente que el dióxido de carbono. Trabajamos además para crear conciencia y educar a los responsables de políticas públicas sobre la importancia de controlar las emisiones de los contaminantes climáticos de vida corta. Buscamos también proteger ecosistemas terrestres y marinos que capturan emisiones de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático, como los arrecifes de coral, manglares, humedales y páramos. Hacemos seguimiento a las negociaciones climáticas internacionales e incidimos para que los países de la región cuenten con los recursos económicos necesarios para afrontar el cambio climático y para que el financiamiento climático respete los derechos humanos. “Aunque muchos de los efectos del cambio climático ya están ocurriendo y son inevitables, los esfuerzos que sigamos haciendo por detener el problema y adaptarnos a él serán bien agradecidos por las generaciones futuras, que nada tuvieron que ver con el daño causado”, dice Florencia, quien transmite el mensaje allá donde va, animando a otras personas a sumarse a la lucha. “Me niego a que seamos la última generación en disfrutar de las maravillas naturales de nuestro planeta”.  

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“Los problemas del mundo son muchísimos, pero ninguno parece tan transversal y peligroso como el cambio climático”, dice Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Es realmente el gran desafío de nuestra generación”. En AIDA estamos conscientes de la magnitud del problema. Por ello incorporamos y promovemos la justicia climática como concepto clave en todas nuestras líneas de trabajo. Esto nos lleva a evitar la implementación de actividades que agravan el cambio climático y, al mismo tiempo, promover alternativas sostenibles que respeten el ambiente y los derechos de las comunidades en desventaja. “Lo que me mueve a contribuir a la lucha contra el cambio climático es la conciencia de que tenemos un problema enorme sobre nuestras espaldas, y la determinación de que no podemos rendirnos”, dice Florencia. Su motivación es la de todo el equipo de AIDA: abogados/as, científicos/as y profesionales en comunicación, administración y recaudación de fondos. Cuando era niña, Florencia recibió de su papá un regalo muy especial: una insignia que decía “world saver” (salvadora del mundo). Ese día, en una playa de su natal Chile, Florencia enganchó la insignia a su ropa y comenzó a recoger basura, limpiando la playa. El regalo fue el encargo de una misión. Florencia estudió Derecho para trabajar por la protección de bosques, ríos, animales y de todo  aquello que conforma la naturaleza. “La suerte me acompañaba cuando me encontré con AIDA, la organización en la que me he formado y a través de la cual he podido hacer mi aporte”. Florencia integra el equipo legal del Programa de Cambio Climático de AIDA, cuyo objetivo es contribuir a que América Latina, una de las regiones más vulnerables a la crisis climática, lidere los cambios requeridos a nivel mundial para evitar mayores catástrofes. En alianza con organizaciones aliadas y de la mano de comunidades, trabajamos para frenar el avance ciego del fracking y de las grandes represas, cuya implementación implica importantes emisiones de metano, un gas de efecto invernadero 34 veces más potente que el dióxido de carbono. Trabajamos además para crear conciencia y educar a los responsables de políticas públicas sobre la importancia de controlar las emisiones de los contaminantes climáticos de vida corta. Buscamos también proteger ecosistemas terrestres y marinos que capturan emisiones de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático, como los arrecifes de coral, manglares, humedales y páramos. Hacemos seguimiento a las negociaciones climáticas internacionales e incidimos para que los países de la región cuenten con los recursos económicos necesarios para afrontar el cambio climático y para que el financiamiento climático respete los derechos humanos. “Aunque muchos de los efectos del cambio climático ya están ocurriendo y son inevitables, los esfuerzos que sigamos haciendo por detener el problema y adaptarnos a él serán bien agradecidos por las generaciones futuras, que nada tuvieron que ver con el daño causado”, dice Florencia, quien transmite el mensaje allá donde va, animando a otras personas a sumarse a la lucha. “Me niego a que seamos la última generación en disfrutar de las maravillas naturales de nuestro planeta”.  

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