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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Reivindicando mis ideas verdes
A Didaskó lo metieron preso por tener “ideas ideológicas”. Su pequeña hija fue a visitarlo a la cárcel y le llevó un obsequio: un dibujo de pájaros. El dibujo no pasó la censura del carcelero y fue destruido. Al domingo siguiente, la niña volvió a visitar a su padre. Esta vez le llevó un dibujo de árboles, que no estaban prohibidos. Didaskó agradeció el hermoso dibujo, sin embargo, le llamaron la atención varios círculos de colores entre las hojas de los árboles. Entonces le preguntó a su hija: “¿Son naranjas? ¿Qué frutas son?” La niña lo hace callar: “Ssshhhh”. Y en secreto le explica: “Bobo. ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas” (Extracto de Los pájaros prohibidos de Eduardo Galeano). En Bolivia, desde fines de 2011, es riesgoso expresar “ideas ideológicas” verdes: ideas que reclamen la conservación de los ríos y bosques, que exijan el derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas y que cuestionen las políticas extractivas del gobierno. Tiempos de censura En 2011, el país vivió uno de sus mayores conflictos socioambientales. El gobierno del presidente Evo Morales inició la construcción de una carretera que atravesaría el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS). Una gran cantidad de comunidades indígenas, organizaciones urbanas, ONG y ciudadanos en general, se opusieron. Desde entonces el Presidente, el Vicepresidente y otras autoridades nacionales censuran y amenazan a las organizaciones y personas que objeten la insostenible explotación de recursos naturales en Bolivia. En mayo de 2015, el gobierno aprobó una norma que autoriza la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en las 22 áreas protegidas del país. Y, en junio de ese año, el presidente Morales amenazaba: “…quiero decirles: ONG, fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia…”. Las principales autoridades han expresado además en varias oportunidades que los bolivianos no vamos a ser “guardabosques del norte”. Yo quiero reivindicar la vocación del guardabosque, así como la autonomía de pensamiento y libre albedrío de quienes creemos en la conservación y aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Mis “ideas ideológicas” verdes me vienen de tres vetas: mis raíces y algunos puñados de inspiración e indignación. Mis raíces se remontan a un pueblo andino que trepa por una montaña y se ubica en Independencia, Ayopaya, en el departamento de Cochabamba. Allí mi sombra se encuentra con la de mi abuelo, quien hunde sus manos en la tierra negra de la ribera del río ante un bosque mágico de árboles barbudos. Mi inspiración brota del silencio y de la reverencia que siento por la vida de árboles, montañas y pájaros inmemoriales. Mi indignación es una voz que no quiere callar ante la violencia y destrucción de lo más débil. Mucha gente del Sur y el Norte compartimos ideas y vetas similares. También las compartieron líderes muy importantes de la historia latinoamericana, como Simón Bolívar, Andrés de Santa Cruz y Germán Busch. Los dos primeros fueron pioneros en la creación de leyes para la protección de nuestra fauna y bosques silvestres, mientras que Busch hizo del Sajama el primer Parque Nacional de Bolivia en 1939. Seguramente nadie en Bolivia o en la región podría poner en duda los altos ideales de interés colectivo de esos mandatarios. Hacer política: ¿Monopolio del gobierno y los partidos políticos? El Presidente y Vicepresidente de Bolivia han señalado que las ONG del país deben cuidarse de hacer política. Lo anterior suena a una sentencia de muerte a las bases y valores de pluralismo y participación social en los que se funda el Estado Plurinacional de Bolivia. Hoy como antes es imprescindible reivindicar el derecho a hacer política que tenemos las y los bolivianos, entendiendo política como el compromiso, la visión y la acción en favor del interés colectivo. Esa política es el fundamento de nuestra democracia participativa. La Constitución Política del Estado establece el deber de todas y todos de hacer política. Lo hace por ejemplo cuando nos obliga a cumplir y hacer cumplir las leyes, o cuando nos manda a proteger los recursos naturales y preservar los derechos de las futuras generaciones. La posibilidad de hacer política ciudadana en el país, de modo complementario a la que realizan los funcionarios de gobierno y los partidos políticos, requiere que el Estado respete y garantice de forma irrestricta la libertad de pensamiento y asociación. No existe razón de Estado que justifique la limitación o vulneración de tales libertades y derechos. En AIDA promovemos el ejercicio del derecho al ambiente sano. Creemos firmemente que una sociedad civil fuerte es imprescindible para lograr la implementación efectiva del mismo.
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