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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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La Comisión depende del financiamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), gobiernos en América y Europa, organizaciones y fundaciones. Casi todos los gobiernos han reducido o incumplido sus compromisos financieros. La crisis financiera demuestra que nuestro trabajo, y el de colegas, comunidades y movimientos, está teniendo un impacto. La Comisión ha tomado decisiones que involucran derechos indígenas y de comunidades, protección de tierras y del ambiente y proyectos de desarrollo destructivos. Por unos años, algunos países se han quejado de que la Comisión ha excedido su mandato en casos que involucran proyectos de desarrollo. Pero, por supuesto, cuando esos proyectos violan derechos humanos, encajan claramente en el ámbito de competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso de la represa Belo Monte es un claro ejemplo de que esta crisis es resultado de nuestra efectividad. El 2011, la Comisión otorgó las medidas cautelares que junto con colegas de Brasil solicitamos a nombre de las comunidades indígenas afectadas. Brasil reaccionó retirando inmediatamente a su embajador ante la OEA y reteniendo su financiamiento por el resto de ese año. Solo hasta 2015 envió un nuevo embajador y sus pagos no se han regularizado desde entonces. Además, después que las medidas cautelares fueron emitidas, Brasil comenzó un proceso agresivo de “reforma” de la Comisión que terminó debilitando su poder. En AIDA hemos analizado cómo la crisis afecta nuestros casos ante la Comisión, los casos futuros que necesitan atención internacional, y la protección de los derechos humanos en el continente americano. Los casos actuales sufrirán posiblemente un retraso. Nuestro caso sobre contaminación tóxica en La Oroya, Perú, ya está seriamente dilatado. La Comisión ha prometido emitir un informe de fondo, lo que hará que el caso pase al siguiente nivel: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos han dicho que pese a la pérdida del 40% de su personal, la Comisión aprobará este año el informe, el cual al parecer ya fue concluido. Ello aún está por verse. Por supuesto, nosotros hemos contactado a la Comisión y resaltado la importancia de que el caso avance. De manera informal, algunos jueces de la Corte Interamericana han expresado su predisposición a recibir el caso. Después de cuatro años, la Comisión comenzó recién a procesar el caso Belo Monte. Es probable que la fuerte presión política de Brasil demore aún más ese proceso. Pero la Comisión y la presión política sobre Brasil pueden ayudar a que el caso avance más rápido. Al estar Belo Monte ligado al mayor escándalo de corrupción del país, es posible que la Comisión entienda la relevancia de que el caso avance. Continuaremos abogando por un procesamiento prioritario. Los nuevos casos requerirán mayor evaluación. Planeamos llevar pronto al menos un nuevo caso a la Comisión. Si no cumplimos con una fecha límite en unas cuantas semanas, corremos el riesgo de que el caso no sea admitido. Todos los recursos internos han sido agotados; la Comisión representa la última esperanza de justicia. Pese a la incertidumbre de la situación actual, es importante preservar los derechos de nuestros clientes en caso de que el financiamiento de la Comisión retorne a un nivel adecuado. Para otros casos, estamos buscando otras maneras de conseguir justicia. Estamos, por ejemplo, explorando más que nunca la opción de recurrir a tribunales y autoridades nacionales. Estamos buscando además nuevas formas para que instituciones financieras se comprometan a evitar financiar proyectos que dañan el ambiente y los derechos humanos. Estamos trabajando con otras organizaciones para desarrollar estrategias de respuesta. Rodrigo Sales, brasileño y uno de nuestros abogados, representó recientemente a AIDA en la Asamblea General de la OEA. Abogó, entre otras cosas, por soluciones en materia de derechos humanos en la región. Consideramos esencial la cooperación entre las comunidades ambientales y las de derechos humanos. Necesitamos estar unidos, mostrando a los gobiernos y al público que lo derechos humanos y la Comisión son de vital importancia. La crisis financiera de la Comisión —una entidad internacional para escuchar y resolver las preocupaciones del continente en materia de derechos humanos— es un asunto urgente que todos debemos entender, en el que debemos pensar y por cuya solución debemos actuar estratégicamente. AIDA está trabajando para que eso ocurra.
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