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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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10 cosas que debes saber del proyecto Don Diego
1. Es un proyecto propuesto de minería submarina en México. La minería submarina es un proceso por el cual se recuperan minerales o metales del lecho marino. Don Diego es un proyecto que propone usar un sistema de dragado para obtener 7 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino, a 19 kilómetros de la costa de Baja California Sur[1]. Los materiales sobrantes, aquellos que no son de interés —sobrecarga o residuos— podrían ser regresados al mar[2]. 2. De ser implementada, sería la primera mina de fosfato en su tipo, con esa técnica, y en esa región. Ello hace imposible prever con exactitud los daños que la actividad puede generar y las medidas para evitarlos[3]. Otros países han rechazado proyectos de este tipo debido a la gravedad de sus impactos potenciales. Namibia y Nueva Zelanda son ejemplos[4]. Exploraciones Oceánicas, empresa a cargo del proyecto, no tiene experiencia suficiente en este rubro[5]. Tampoco la tiene el Gobierno mexicano para ejecutar y monitorear apropiadamente el proyecto. Además, aún bajo esta incertidumbre, la empresa no ha proporcionado una garantía financiera para asegurar el cumplimiento del plan de manejo, el de monitoreo y la fiscalización. 3. El proyecto alteraría el ecosistema marino. La recolección de arena fosfática del mar y la deposición de residuos en el mismo generaría sedimentos que podrían bloquear la luz, afectando a su vez la fotosíntesis marina[6]. El dragado destruiría especies bentónicas como ostras y almejas, y su hábitat, afectando la cadena alimentaria y el equilibrio del sistema[7]. El ecosistema podría requerir años para recuperarse. 4. Su ejecución no implicaría necesariamente mayor seguridad alimentaria para México. El fosfato es usado en fertilizantes. Los promoventes del proyecto buscan enfrentar la disminución de reservas de fosfato en el mundo[8]. Pero iniciar una explotación de este tipo, sin conocer lo necesario sobre la técnica y sus impactos, podría generar un daño mayor al posible beneficio. Además, extraer fosfato en aguas de México no garantiza que el mismo será utilizado para suplir la demanda de la agricultura en ese país ni en el continente americano. 5. La mina pondría en riesgo la pesca y a las familias que dependen de ella. El área del proyecto minero se traslaparía con las concesiones de las Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera “Puerto Chale” y “La Poza”[9]. En el Golfo de Ulloa se producen cerca de 8,450 toneladas por año de especies comerciales que incluyen al abulón, almejas, calamar, camarón, caracol, cazón, jaiba, langosta, ostión, pulpo, rayas y tiburón[10]. La pesca podría disminuir considerablemente debido a la afectación del fondo marino por el dragado[11]. 6. La mina impactaría una zona ecológicamente rica y vulnerable. El proyecto está ubicado en el Golfo de Ulloa, región única en el mundo caracterizada por su alta productividad y biodiversidad. Alberga especies de interés pesquero y de conservación. Además, parte del proyecto estaría en 20% de la Región de Importancia Marina de Bahía Magdalena[12], sitio de manglar que brinda importantes servicios ambientales a las comunidades costeras, entre ellos la mitigación del cambio climático. 7. La mina pondría en mayor peligro el hábitat de la tortuga caguama. El Golfo de Ulloa es un hábitat crítico para la tortuga caguama. El Estado mexicano creó allí un refugio pesquero para la protección de esa especie[13]. Estudios demuestran que un ruido como el que podría generar el proyecto causaría el desplazamiento del hábitat de esa tortuga y un cambio drástico en su comportamiento[14]. Además, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas incluyó recientemente a la minería como una de las actividades que ponen en peligro a las tortugas marinas[15]. 8. La mina podría destruir un sitio seguro para la ballena gris. Cada año, la ballena gris viaja de Alaska a las aguas cálidas de Baja California Sur para tener a sus crías y cuidarlas[16]. Las ballenas usan el sonido para identificar su grupo, ubicarse, encontrar y capturar comida[17]. El proyecto generaría ruido, aumento del tráfico marino y cambios en el ecosistema, alterando un sitio seguro para las ballenas desde hace siglos[18]. 9. Aprobar el proyecto podría implicar el incumplimiento de obligaciones internacionales por parte del Estado mexicano. México tiene obligaciones de derecho internacional para proteger el ecosistema marino y las especies vulnerables que el proyecto podría dañar. En especial, debe aplicar el principio precautorio en un caso como éste, en el que no existe certeza científica sobre la magnitud e intensidad de los daños ambientales. El Estado mexicano está obligado entonces a tomar las medidas necesarias para evitar esos posibles daños. Ello incluye disponer la inviabilidad del proyecto hasta que se demuestre que es posible evitarlos o reducirlos al mínimo. 10. Los detalles del proyecto son confusos y la información pública disponible al respecto es incompleta. La duración y el área específica del proyecto aún no son claras. Por ejemplo, se prevé que el proyecto dure 50 años, pero podría extenderse 50 años más al estar amparado por la Ley Minera[19]. [1] Manifestación de Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento de Don Diego”, pp. 4, 5 y 7. Disponible aqui. [2] Todo el proceso es descrito por el promovente, con mayor énfasis en el Capítulo II de la Manifestación de Impacto Ambiental, pp. 23-42. [3] Rofomex era un proyecto de fosfato en San Juan de la Costa, esto es cerca de ciudad de La Paz, Baja California; la mina producía dos millones de toneladas anuales de fosfato, información disponible en http://www.dredge.com/dred2-10.html , http://defiendelasierra.org/wp-content/uploads/San-Juan-de-la-Costa.pdf y http://mrdata.usgs.gov/mrds/show-mrds.php?dep_id=10048963 ; sin embargo, el proyecto está en tierra y no se encuentra en la Bahía de Ulloa, ver ubicación exacta [4] La primera mina marina de fosfato que entraría en operación se propuso en Namibia en 2013, sin embargo el proyecto no se ha aprobado ya que entró a regir una moratoria a esta actividad. Ver: http://www.scoop.co.nz/stories/WO1307/S00188/marine-phosphate-mining-cannot-be-sustained-by-namibia.htm ; http://www.worldfuturecouncil.org/sandpiper-project.html; Nueva Zelanda utilizó el principio precautorio para negar el permiso de minería de fosfato submarina, ver http://www.stuff.co.nz/business/industries/66038589/Chatham-Rock-Phosphate-aghast-mining-consent-refused [5] Página web de Exploraciones Océanicas y actividad en la Bolsa NASDAQ donde se aprecia que la empresa no ha realizado ningún proyecto de minería submarina en el pasado. [6] La industria minera de fosfato es considerada una las fuentes potenciales de contaminación radionuclear con elementos como el Uranio (238U) y Torio (232Th). Los sedimentos que regresan al mar pueden contener altos niveles de elementos tóxicos, incluida la presencia de estos elementos, que fueron expuestos mediante el proceso de separación en búsqueda del fosfato. Al-Masri, M., Mamish, S. et al. (2002). “The impact of phosphate loading activities on near marine environment: The Syrian Coast”. Journal of Environmental Radioactivity 58 (2002) 35-44. P. 1. [7] Manifestación de Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento de Don Diego”, Capítulo VIII, Tabla VI.3, p. 64, y Capítulo V, p. 48, disponible en http://apps1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/estudios/2015/03BS2015M0008.pdf [8]U.S Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, Enero 2015. Disponible en: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/mcs-2015-phosp.pdf [9] Instituto Nacional de la Pesca Oficio RJL/INAPESACA/DGAIPP/978/2014 [10] CONABIO. Estudio sobre la caracterización socioeconómica y pesquera del Área Golfo de Ulloa, BCS (2010). Disponible en: http://goo.gl/7An5o5 [11]Manifestación de Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento de Don Diego”, Capítulo VIII, Tabla VI.3, p. 64. Disponible aqui. [12] Instituto Nacional de la Pesca. Oficio RJL/INAPESCA/DGAIPP/757/2014 [13] El Acuerdo por el que se establece el Área de Refugio de la Tortuga Amarilla (CarettaCaretta) en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur está en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para obtener un dictamen de aprobatorio, 9 de diciembre de 2014. Disponible en: http://www.cofemermir.gob.mx/mir/crLecAnte.asp?submitid=33808 [14] Convenio sobre Diversidad Biológica. “Sea turtle hearing and sensitivity to acoustic impacts”. Disponible en: https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/mcbem-2014-01/other/mcbem-2014-01-submission-boem-03-en.pdf Pg. 3 y 4 [15] Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas Séptima Conferencia de las Partes 24-26 de Junio, 2015, Ciudad de México, Resolución CIT-COP7-2015-R3. Disponible en: http://www.iacseaturtle.org/docs/resolucionesCOP7CIT/CIT-COP7-2015-R3_Cabezona_%20%20Resolucion_ESP_7.15.15_ADOPTADA.pdf [16] Guerrero Ruiz, M., Urbán Ramírez, J. y Rojas Bracho, L. 2006. Las ballenas del golfo de California. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Instituto Nacional de Ecología (INE). 537 pp. [17] Baker C. S. y C. M. Herman. 1984. Aggressive behavior between Humpback whales (Megaptera novaeangliae) wintering in Hawaiian waters. Can. J. Zool. 62(10): 1,922-1,937.; Croll, D. A., C. W. Clark, A. Acevedo, B. R. Tershy, S. Flores, J. Gedamke y J. Urbán. 2002. Only male fin whales sing loud songs. Nature 417: 809. [18] El Anexo 13 es un documento de tres páginas que no respaldan las conclusiones de la empresa en la manifestación de impacto ambiental. [19] Manifestación de Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento de Don Diego”, Capítulo II, p. 4. Disponible en: http://apps1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/estudios/2015/03BS2015M0008.pdf
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Pronunciamiento de AIDA sobre la firma del Acuerdo de París
AIDA celebra el inicio de la construcción de un nuevo planeta. Nueva York, Estados Unidos. Hoy, en la sede de Naciones Unidas y en el Día de la Tierra, el Acuerdo de París se abrió para firma de los Estados Parte de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. La firma es un paso necesario para que el tratado entre en vigencia rápidamente. El acuerdo contiene las acciones que el mundo deberá implementar en la próxima década para enfrentar el cambio climático, la mayor amenaza para la humanidad. Este es el pronunciamiento de Astrid Puentes Riaño y Anna Cederstav, Codirectoras de AIDA, al respecto: “Hoy celebramos la histórica firma del Acuerdo de París, un paso vital y un nuevo comienzo para que como humanidad enfrentemos el cambio climático. La existencia del acuerdo, su firma y ratificación inmediata por parte de todas las naciones, es una luz de esperanza para el planeta, para las generaciones actuales y futuras. Reconocemos que el Acuerdo no es perfecto, pero también sabemos lo complejo que es para cerca de 200 países llegar a consensos sobre un tema tan sensible. Por ello consideramos que se trata del comienzo de un camino hacia resultados ambiciosos y efectivos. Uno de los avances importantes del Acuerdo es el reconocimiento de que en todas las acciones climáticas se tomen en cuenta y respeten los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas; asegurando además equidad de género e intergeneracional y una justa transición de la fuerza de trabajo. Resaltamos también que el Acuerdo reconozca la gran brecha que existe entre los compromisos asumidos por los Estados y las medidas urgentes necesarias para evitar consecuencias catastróficas, que incluyen incrementar el financiamiento climático. En ese sentido, esperamos que la celebración, los discursos y fotografías oficiales se traduzcan en acciones prontas y efectivas que superen incluso lo acordado en París en diciembre del año pasado. El Acuerdo refleja un cambio de paradigma que es necesario y posible. Para América Latina y el Caribe, una de las regiones más afectadas y vulnerables ante el cambio climático, el Acuerdo es una oportunidad única para lograr un desarrollo bajo en carbono que priorice la protección de comunidades, personas y ecosistemas esenciales. AIDA participa hace varios años en las negociaciones climáticas como una voz que proviene de América Latina. Nos llena de orgullo que nuestros esfuerzos y los de tantas personas y organzaciones con quienes trabajamos hayan tenido frutos. Hoy el Acuerdo nos compromete a seguir trabajando para asegurar su cumplimiento. Responder al cambio climático es tarea de todos y todas, diferenciando, claro está, capacidades y responsabilidades. La obligación de los Estados es firmar, ratificar e implementar el Acuerdo de París de inmediato. Organizaciones internacionales y regionales, entidades financieras y empresas no deben ser ajenas a esa responsabilidad. Y nosotros, como individuos, debemos analizar nuestras propias acciones y cómo podemos contribuir a reducir el cambio climático. Cada aporte es fundamental para adoptar soluciones reales que nos lleven a tener un mundo más justo y sostenible. Firmar hoy el Acuerdo de París constituye una gran muestra voluntad política que debe traducirse sin demora en resultados concretos. Los países más vulnerables y los más afectados, no pueden esperar.”
Leer más¿Seguir apostando a hidroeléctricas o buscar energías alternativas?
La actual crisis energética en Colombia ha llevado a los analistas del sector energético a criticar la dependencia de las hidroeléctricas y a solicitar la generación urgente de energías limpias. Los especialistas afirman que la construcción de hidroeléctricas genera tala de bosques, emisión de CO2 y desplazamientos de por lo menos 80 millones de personas en el mundo, así como la reducción de una tercera parte de las especies en agua dulce. Aunque por muchos años las represas han sido incluidas en la categoría de las llamadas ‘energías limpias’, crece el debate frente a si deben considerarse así, teniendo en cuenta que en materia ambiental pueden generar impactos graves, como la muerte masiva de peces y otras especies de agua dulce y la desviación de los ríos. Héctor Herrera, investigador y analista en temas de energías limpias, explicó en RCN Radio que las hidroeléctricas, además de impactar el medio ambiente, también son vulnerables a los efectos del cambio climático, “por su afectación de ecosistemas y su afectación a la fauna y peces. (…) Las represas frente al cambio climático tienen dos factores de preocupación: su impacto y su vulnerabilidad“, sostuvo Herrera. Por su parte, Astrid Puentes, directora de la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA), explicó que la construcción de hidroeléctricas como fuente de energía ha desplazado a más de 80 millones de personas en el mundo y ha generado un impacto ambiental que ya se ha observado. “Se calcula que las grandes represas emiten el 4 % del gas invernadero a nivel mundial. Es decir, lo mismo que la industria aeronáutica. Son una fuente muy grande de emisión de gas metano y CO2“, indicó Astrid Puentes a RCN Radio. Por otro lado, Puentes afirmó que “a nivel mundial se calcula que el 37 % de las especies de agua dulce se redujeron por el impacto de las represas. Y específicamente, en zonas tropicales como Colombia, se calcula que es el 70%”. Hoy en día se habla de las energías no convencionales, una categoría dentro de la cual entran fuentes como la energía eólica, la energía solar y la geotérmica, entre otras. Precisamente, este nuevo concepto lo que busca es replantear cuáles formas de energías, antes denominadas ‘limpias’ y generalizadas en su uso, en realidad son amigables con el medio ambiente. Una fuente de energía importante para el país son las plantas hidroeléctricas pequeñas, que no cuentan con sus propios embalses. Estas no generan los mismos impactos que las grandes represas hidroeléctricas. Se calcula que este tipo de represas pequeñas generan cerca del 5 % de la energía en el país y pueden ser consideradas como formas de energía no convencional. “Muchas de estas pequeñas centrales no tienen un embalse asociado, no hay una gran afectación de tierra ni de los cauces. Toman agua del cauce, la usan para generar y la devuelven a los ríos“, dijo Jorge Valencia, director de la Unidad de Planeación Minero Energética. Valencia además precisó que “todo cambio en el paisaje y el ambiente tiene una afectación. Lo que hay que ver es cuál es el balance. (…) A la energía eólica le atribuyen cambios en los patrones de los ciclos de las aves. La energía solar requiere grandes extensiones de tierra“. “Solamente en el país se ha desarrollado una planta eólica en la Alta Guajira. (…) Estos proyectos aspiramos que para 2018 y 2019 sean proyectos más grandes que el que tenemos actualmente en La Guajira“, dijo. El director de la Unidad de Planeación Minero Energética considera como un escenario “muy deseable en donde en los próximos 15 años el país debería contar en la expansión nueva al menos con el 25% de renovables no convencionales“. Por su parte, Ángela Montoya, directora de Acolgén (Asociación Colombiana de Generadores de Energía) defendió las hidroeléctricas como fuentes de energía, asegurando que el hecho de que finalmente no hubiera un apagón ni racionamientos, se debe a que estas plantas pudieron contener la suficiente agua para suplir la temporada de sequías. Para Montoya, “en condiciones normales de eventualidades de clima, Colombia tiene la suficiente energía para suplir el 100% de su demanda“. “Las hidráulicas lo que tenían que hacer era que el agua perdurara hasta el final del Fenómeno del Niño. (…) En este momento la totalidad de las plantas de generación hidráulica están cumpliendo con sus funciones. Si no hubiera sido así, el país hubiera tenido un apagón“, añadió finalmente la directora de Acolgén.
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