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Maíra Irigaray / Amazon WatchFazendo com que o Brasil se responsabilize pelos danos da represa Belo Monte
Quando em pleno funcionamento, Belo Monte será a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, construída em um dos ecossistemas mais importantes do planeta: a floresta Amazônica. Localizada no rio Xingu, no Pará, um estado do norte do Brasil, o reservatório cobrirá mais de 500 quilômetros quadrados de florestas e terras agrícolas, uma área do tamanho da cidade de Chicago.
Para a população da Bacia do Xingu, a construção de Belo Monte tem significado a perda do acesso à água, à alimentação, à moradia, ao trabalho e ao transporte. Ao menos 20 mil pessoas serão deslocadas.
O governo e o consórcio encarregado do projeto começaram a construir a usina sem antes consultar primeiro as pessoas da região, muitas das quais são indígenas. Negligenciaram a normativa internacional de direitos humanos, a qual requer o consentimento prévio, livre e informado das comunidade indígenas afetadas. O Brasil também descumpriu as medidas cautelares outorgadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais destinavam-se a proteger a vida, saúde e integridade das comunidades.
A represa começou a operar, ainda que não em plena capacidade. Recentemente um tribunal federal suspendeu a Licença de Operação do empreendimento devido à falta de cumprimento, por parte do consórcio, com as obras de saneamento básico em Altamira, cidade diretamente afetada pela hidroelétrica.
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