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ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
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Añorando tiempos mejores para Nicaragua
Dejar tu país atrás es un gran acto de valentía, especialmente cuando no se tiene mucho. Esa fue la historia de mis abuelos, quienes huyeron del conflicto armado de Nicaragua en los 70 y llegaron a Costa Rica con poco, pero con tres hijos en brazos y mucha esperanza. Costa Rica los trató bien y sus nietos pudimos tener una vida llena de privilegios y oportunidades. Pero mi abuela siempre añoró su país y soñaba con volver. Y yo, aunque me siento tica —costarricense—, aprendí a sentir amor por Nicaragua, especialmente luego de conocer ese precioso país. Desde abril pasado, Nicaragua vive un conflicto armado que ha generado una crisis humanitaria a gran escala. Las solicitudes de refugio en Costa Rica se han disparado y la cantidad de personas tratando de huir del conflicto cada día es mayor. Desde que se iniciaron los enfrentamientos y hasta el mes pasado, las víctimas mortales superaban las 300. Lo peor es que el fin de la crisis no parece estar cerca. Ante la gravedad de la situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió en mayo instalar una con el objetivo de brindar atención especial a la situación de derechos humanos en Nicaragua. Ese mes, miembros de la Comisión visitaron las ciudades que han sido foco de conflicto: Managua, Masaya, León y Matagalpa. Evidenciaron entonces graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales, documentadas en un informe. Entre los derechos vulnerados están el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud y la atención médica, a la libertad de expresión y de prensa, y el derecho a la libre circulación, entre otros. El Estado nicaragüense está obligado internacionalmente a garantizar esos derechos. Gracias a las redes sociales, ha sido posible mantenerse al tanto de lo que acontece en Nicaragua prácticamente en tiempo real. Tú puedes obtener información constante en y mediante el hashtag o etiqueta #SOSNicaragua. También es recomendable consultar la información publicada periódicamente sobre el tema por la Comisión en Facebook y Twitter. Y si quieres hacer algo por las personas afectadas por el conflicto en Nicaragua, puedes sumarte a los esfuerzos de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos y de la organización civil SOS DERECHOS HUMANOS NICARAGUA desde Costa Rica, que trabajan en conjunto para apoyar a las y los nicaragüenses que no han tenido otra opción más que migrar a países vecinos. Mi abuela no llegó a ver una Nicaragua libre de violaciones a los derechos humanos. Siempre quiso volver a la tierra que la vio crecer, donde vivieron sus padres y donde aún está una de sus hermanas. Aunque visitaba su país cada vez que podía, nada le quitaba el anhelo de vivir nuevamente en su patria. Espero que todos quienes han tenido que dejar su querida Nicaragua durante este conflicto logren retornar para ver a su país libre y para disfrutar plenamente en él de sus derechos humanos. Ojalá que, de la mano de la democracia, la paz retorne a esa bella nación.
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Mecanismo de rendición de cuentas del BID admite reclamación contra Hidroituango
En medio de la crisis humanitaria de largo plazo que se vive en cuenca del río Cauca por causa de la hidroeléctrica, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco admitió la queja presentada por el Movimiento Ríos Vivos contra el proyecto. Washington D.C. El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) declaró elegible la reclamación que el Movimiento Ríos Vivos presentó contra el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Para el MICI, la queja cumple con todos los requisitos que, de conformidad con sus políticas, se deben cumplir para que sea admitida. Por lo tanto, el proceso sigue adelante y pasa a una fase de consulta. El junio pasado, comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el departamento de Antioquia, presentaron una reclamación ante el MICI. La queja fue presentada en la sede del organismo, ubicada en la capital de Estados Unidos. En ella solicitan que esa instancia de rendición de cuentas indague si el BID, tanto su brazo público como privado, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto. Las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, resaltan en la queja que las políticas del Banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información, y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la represa. Esto contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia. El MICI atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). El reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica y de una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua frente al proyecto. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido múltiples amenazas, intimidaciones y violación de sus derechos. Además, la región donde está ubicada la represa ha sido históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado. Encuentra aquí más información del caso. Contactos de prensa: Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected] Carla García, Center for International Environmental Law, [email protected] Astrid Puentes, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Carlos Lozano, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected]
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