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ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
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Los arrecifes de coral y los impactos imprevistos del turismo
Por Camila Cossio, expasante de AIDA Un día, durante mi pasantía en la oficina de AIDA en San José, almorcé con una amiga de Estados Unidos. Ella me habló de su viaje por las playas de Costa Rica. Todo lo que describía sonaba hermoso: el agua clara y azul, los cangrejos ermitaños que dejaban su concha para desayunar en las primeras horas de la mañana, las frutas dulces que caían sobre la arena suave, y los árboles verdes y frescos que daban sombra ante el cálido clima costarricense. Pero su estado de ánimo cambió de pronto. Pasó de la felicidad a la preocupación al explicar cómo su compañero de trabajo sufrió un corte serio en el muslo cuando una tarde nadó demasiado cerca de un arrecife de coral. Ella estaba preocupada por la falta de preparación de su guía turístico para manejar la situación y por lo irresponsable que parecía que a los turistas se les permitiera —sin tener experiencia en buceo— nadar tan cerca de los arrecifes. Más allá de los peligros físicos para las personas, accidentes como el descrito, aunque parezcan no tener consecuencias, tienen un impacto grave en ecosistemas marinos sensibles como los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son ecosistemas únicos y complejos, vitales para la salud de los océanos. Aún así, 93 por ciento de los arrecifes en Costa Rica están en peligro, y el turismo es un factor significativo en su degradación. Amenazas del turismo a los corales Cuando por accidente los turistas tocan, contaminan o rompen partes de un arrecife, los corales experimentan estrés. Los organismos de coral tratan de luchar contra la contaminación de forma natural, pero este proceso conduce con frecuencia al blanqueamiento del coral, el cual ocurre cuando los corales pierden sus colores brillantes y se vuelven completamente blancos. Una vez que los corales se blanquean, no pueden contribuir más a la biodiversidad de la comunidad de arrecifes, la cual depende de interacciones simbióticas entre peces, invertebrados y sus hábitats. Además, ya que la alteración de un ecosistema del océano afecta gravemente a otros, comunidades de manglar y pastos marinos —especies de plantas de aguas poco profundas vitales para la salud del ecosistema marino— resultan también seriamente amenazadas por el estrés de los corales. Otro problema significativo que los arrecifes de coral enfrentan es la sedimentación. Cuando residuos sólidos son depositados en las profundidades de los cuerpos de agua, contaminan los ecosistemas marinos y bloquean la luz necesaria para la fotosíntesis. Cuando la luz es bloqueada, los inmóviles arrecifes de coral se blanquean y mueren. En Costa Rica, las fuentes de sedimentación incluyen el dragado, la tala, la agricultura y el desarrollo costero impulsado por el sector turístico. Un Arrecife Bajo el Estrés de la Sedimentación: Una Década de Degradación, un estudio del biólogo costarricense Jorge Cortés, documenta los impactos negativos del turismo en los arrecifes de coral de la región de Cauhita, Costa Rica. Otro estudio de caso sobre los arrecifes de Bahía Culebra encontró que el desarrollo costero relacionado con el sector turístico no estaba regulado. Debido a ello, los arrecifes de coral en el Pacífico continúan sufriendo. La sedimentación seguirá destruyendo los arrecifes si no se establecen mejores principios de manejo. En 1994, por ejemplo, un arrecife en Bahía Culebra se quemó debido a los sedimentos sobrantes de la construcción de un centro turístico. Ocho por ciento del arrecife quedó completamente destruido. La literatura científica prevé que 50 por ciento de los arrecifes de coral en América Latina estarán en riesgo en los próximos cinco o 10 años. Estudios muestra que, a nivel global, 30% de los arrecifes ya están seriamente dañados y que se espera que 70% de todos los arrecifes de coral desaparezca en 2030 si no se toman medidas correctivas para detener los impactos antropogénicos negativos en las comunidades de arrecifes de coral. Construyendo un futuro para los arrecifes de coral El turismo sostenible es un gran concepto en el papel, pero difícil de hacer cumplir en la realidad. La construcción de propiedades costeras requiere el dragado de aguas. Ello crea el drenaje de contaminantes provenientes de caminos, parqueos y aeropuertos. Las aguas residuales que son vertidas al océano y una agricultura más intensiva para cubrir a toda la población incrementan la sedimentación. Aunque es difícil que una sola persona detenga proyectos masivos como éstos, es fácil dar pequeños pero poderosos pasos: no recoger vida silvestre para recuerdos (conchas, restos de coral y plantas); ser consciente de lo que llevas contigo —botellas de agua reusables, una mochila para tu basura en caso de que no exista un lugar cercano para el depósito apropiado de residuos—; tomar el bus en lugar de ir en coche; y, de ser posible, investigar un poco sobre los hoteles u hostales en los que te quedas. Muchos hoteles costeros arrojan sus aguas grises —aguas residuales de la lavandería, cocina y procesos domésticos no sanitarios— en el océano, contribuyendo a la sedimentación y contaminación de los ecosistemas de arrecife de coral. Es importante ser conscientes que muchas actividades realizadas en tierra pueden dañar directamente el ecosistema marino. Ser un turista amigable con el ambiente no tiene que ver con ser perfecto, pero las acciones individuales, aunque parezcan pequeñas, pueden tener realmente un gran impacto. AIDA brinda recomendaciones necesarias para leyes y prácticas efectivas que preserven y protejan a los arrecifes. Consulta nustra Guía de Buenas Prácticas.
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Brasil responderá junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por violações de direitos humanos relacionadas à hidrelétrica de Belo Monte
Depois de quatro anos, o órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA) decidiu abrir a tramitação do caso e pedir uma resposta ao Estado brasileiro às denúncias de violações de direitos humanos decorrentes do projeto hidrelétrico em construção na Amazônia. Washington D.C., Estados Unidos. No momento em que se inicia o enchimento dos reservatórios da represa de Belo Monte, o Brasil é chamado a responder perante a organismos internacionais sobre as violações de direitos humanos decorrentes do projeto. Em 21 de dezembro de 2015, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) deu início ao caso apresentado contra o Brasil pelas organizações Justiça Global, Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH) e Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), que representam as pessoas atingidas pela construção da hidrelétrica. A etapa de revisão inicial estendeu-se por quatro anos, com diversas solicitações de tramitação rápida por parte das organizações peticionárias. A decisão pela abertura da tramitação do caso significa que, enfim, o Estado brasileiro será obrigado a responder às denúncias de violações de direitos humanos decorrentes do projeto Belo Monte. “Já está na hora de o Brasil responder integralmente a nossas denúncias a respeito da ausência de consulta e consentimento prévio, livre e informado das comunidades indígenas afetadas; da falta de participação e de estudos de impacto ambiental adequados, dos deslocamentos forçados e das violações aos direitos à vida, integridade, saúde e justiça das comunidades indígenas, ribeirinhas e moradores da cidade de Altamira”, destacou María José Veramendi Villa, advogada da AIDA. “A abertura do caso é antes de tudo uma vitória das populações atingidas e movimentos sociais envolvidos, que resistiram durante todos esses anos e permanecem firmes e determinados na busca por justiça e reparação” observa Raphaela Lopes, advogada da Justiça Global. Em novembro do ano passado, o Instituto Brasileiro do Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA) outorgou a licença de operação para a hidrelétrica de Belo Monte. Com isso, permitiu-se o enchimento da represa. Esta licença foi outorgada apesar de a Norte Energia - empresa encarregada do projeto – não ter cumprido com as condicionantes necessárias para garantir a vida, saúde e integridade da população afetada. As comunidades indígenas afetadas pela hidrelétrica estão protegidas por medidas cautelares outorgadas em 2011 pela Comissão, as quais o Estado brasileiro ainda não cumpre. No início de dezembro, o Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas visitou a cidade de Altamira, a mais próxima da construção da represa e uma das áreas mais afetadas pelo deslocamento e pelos conflitos socioambientais provocados pela construção da hidrelétrica. O GT se reuniu com alguns dos grupos afetados, entre eles membros de comunidades ribeirinhas e povos indígenas, escutando suas denúncias. Após a visita, o Grupo emitiu um pronunciamento no qual exortou ao Governo brasileiro a respeitar os direitos humanos e a não sacrificá-los às custas do desenvolvimento econômico. O Grupo de Trabalho deve apresentar seu informe final a respeito da visita ao Conselho de Direitos Humanos em junho de 2016. A expectativa é que haja um seguimento adequado a sua visita e que o informe seja contundente e explícito sobre as violações de direitos humanos decorrentes de Belo Monte e o acionamento do Estado brasileiro e das empresas envolvidas. As organizações que representam as vítimas continuarão trabalhando para que o Brasil responda pelas violações de direitos humanos causadas pela hidrelétrica.
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Inicia caso contra Brasil en la CIDH por violaciones de derechos humanos relacionadas con la represa Belo Monte
Para português, clique aqui A cuatro años de presentada la petición por organizaciones de la sociedad civil, el organismo internacional decidió abrir el caso a trámite y pedir una respuesta del Estado brasileño a las denuncias por violaciones de derechos humanos derivadas del proyecto hidroeléctrico cuya construcción avanza en la Amazonía. Washington D.C., Estados Unidos. Mientras el llenado de los reservorios de la represa Belo Monte en Brasil ha comenzado, ese país está en la mira de organismos internacionales. El 21 de diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio inicio al caso presentado contra Brasil por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Justiça Global y la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH), en representación de las personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico. Luego de una revisión inicial que duró cuatro años y varias solicitudes de trámite rápido por parte de las organizaciones peticionarias, la Comisión resolvió finalmente que la petición contenía las bases suficientes para abrir el caso a trámite, lo cual implica que Brasil debe dar una respuesta a los reclamos por violaciones de derechos humanos derivadas del proyecto Belo Monte. “Esperamos y consideramos que ya es hora que Brasil responda integralmente a nuestros reclamos sobre la ausencia de consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas; la falta de participación y de estudios de impacto ambiental adecuados; y el desplazamiento forzado y violaciones a los derechos a la vida, integridad, salud y justicia de las comunidades indígenas, ribereñas y moradores de la ciudad de Altamira”, señaló María José Veramendi Villa, abogada de AIDA. Con esa respuesta, la Comisión determinará si se cumplen los requisitos para admitir el caso y, de ser así, establecerá luego si se produjeron o no las violaciones de derechos humanos alegadas por los peticionarios. "La apertura del caso es, antes que nada, una victoria de las poblaciones afectadas y los movimientos sociales involucrados, quienes han resistido todos estos años y permanecen firmes y determinados en su búsqueda por justicia y reparación” dijo Raphaela Lopes de Justiça Global. En noviembre del año pasado, el Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) otorgó la licencia de operación a la represa Belo Monte, con lo cual permitió que su llenado comience. Lo hizo pese a que Norte Energía, empresa cargo del proyecto, no cumplió las condiciones necesarias (agua potable, saneamiento y otras) para garantizar la vida, salud e integridad de la población afectada. Con la apertura del caso a trámite, la CIDH está utilizando todos los mecanismos disponibles para dar seguimiento a la situación de Belo Monte. Las comunidades indígenas afectadas por la represa están protegidas por medidas cautelares otorgadas en 2011 por la Comisión y que el Estado brasileño aún no cumple. A inicios de diciembre del año pasado, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas visitó la ciudad de Altamira, la más cercana a la construcción de la represa y una de las zonas más afectadas por el desplazamiento y los conflictos socioambientales provocados por la construcción de la hidroeléctrica. Allí se reunió con algunos de los grupos afectados, entre ellos miembros de comunidades ribereñas y pueblos indígenas, escuchando sus reclamos. Tras su visita, el Grupo emitió un pronunciamiento en el que, entre otras cosas, exhortó al Gobierno de Brasil a respetar los derechos humanos y a no sacrificarlos a expensas del desarrollo económico. El Grupo debe presentar su informe final de la visita al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2016. Esperamos que haga un seguimiento adecuado a su visita y que el informe sea contundente y explícito respecto de la violaciones de derechos humanos en torno a Belo Monte y el accionar del Estado brasileño y las empresas involucradas. Las organizaciones que representan a las víctimas continuaremos trabajando para que Brasil responda por las violaciones de derechos humanos ocasionadas por la hidroeléctrica.
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