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ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
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Un enfoque de derechos humanos para abordar el cambio climático
Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, y Camila Bustos, investigadora de Nivela Unos cuantos días antes del inicio de las negociaciones climáticas en París, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos envió a la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático un documento oficial sobre “entender los derechos humanos y el cambio climático”. Para muchos, la relación entre ambos aún no es clara. ¿No existen ya otros acuerdos internacionales que abordan este tema en profundidad? ¿Cuál es el punto de incluir un lenguaje de derechos humanos en un acuerdo sobre cambio climático? El vínculo entre derechos humanos y cambio climático ha sido reconocido hace mucho tiempo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual ha aprobado varias resoluciones para llamar la atención sobre este asunto. Varios países ya están sintiendo los impactos del cambio climático: aumento del nivel del mar, sequías, sucesos climáticos extremos e inundaciones, entre otros desastres, son cada vez más comunes. América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables al cambio climático. A lo largo del continente, personas y comunidades están sufriendo impactos devastadores como el derretimiento de glaciares en los Andes, el aumento de los niveles del mar y la acidificación del océano. Muchos enfrentan el riesgo de perder sus modos de vida tradicionales y ser desplazados. Los impactos del cambio climático en el disfrute de los derechos humanos en América Latina han sido ampliamente documentados por la AIDA en su informe de 2011. Uno de los efectos más dramáticos es la reducción drástica del agua en la región. Para el 2025, el derretimiento de los glaciares, la degradación de los humedales, las sequías intensas y los patrones meteorológicos erráticos limitar el acceso al agua de más de 50 millones de personas en la región Andina tropical. Otros efectos anticipados incluyen inundaciones y cambios en los patrones de lluvia. En Colombia, las inundaciones afectan a más de 2,2 millones de personas y, solo en 2010, generaron pérdidas por 300 millones de dólares. Respecto de la transición a una economía resiliente y baja en carbono, los países ya están trabajando para diseñar e implementar proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y protejan a los ciudadanos de los impactos del cambio climático. Hacer referencia a los derechos humanos en la sección operativa del acuerdo puede garantizar que los mismos sean tomados en cuenta en el proceso de desarrollo e implementación de políticas climáticas. Esa referencia permitiría: Fortalecer el acuerdo y hacerlo más ambicioso, promoviendo que la implementación del mismo garantice que los Estados partes cumplan sus obligaciones ya existentes en materia de derechos humanos. Apoyar los objetivos del acuerdo al prevenir la discriminación, exclusión y desigualdad. Las comunidades afectadas tienen que tener voz y voto en las políticas y proyectos destinados a ayudarlas. Evitar la creación de obligaciones adicionales, pero asegurar coherencia en el régimen internacional. Los Estados partes ya están obligados a cumplir con otros instrumentos de derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A medida que el mundo vuelca su atención en París, no podemos olvidarnos de humanizar el cambio climático. Debemos recordar que aquello que contribuyeron menos al problema son y continuarán siendo los más afectados. Si queremos asegurar un planeta habitable para las generaciones futuras, el nuevo acuerdo climático debe incluir el respeto, protección, promoción y cumplimiento de los derechos humanos. Exhortamos a todos los Estados partes, y especialmente a aquellos de América Latina, a que apoyen la inclusión de protecciones de los derechos humanos en el acuerdo.
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ONG: Las iniciativas climáticas no deben incluir grandes proyectos hidroeléctricos
En un manifiesto publicado hoy, una coalición de más de 300 organizaciones de la sociedad civil[i] de 53 países, pide a los gobiernos y financiadores reunidos en las negociaciones climáticas de París, mantener a los grandes proyectos hidroeléctricos fuera de iniciativas climáticas como el Mecanismo de Desarrollo Limpio, los Fondos de Inversión Climática del Banco Mundial y los bonos verdes. Los grandes proyectos hidroeléctricos emiten enormes cantidades de metano, hacen que los sistemas de agua y energía sean más vulnerables al cambio climático, y causan daños graves a ecosistemas clave y a comunidades locales. Incluirlos en iniciativas climáticas le quita apoyo a verdaderas soluciones climáticas como las basadas en energía eólica y solar, ya disponibles y cuya construcción toma menos tiempo que las de una gran represa y tienen una huella social y ambiental menor. "Los embalses hidroeléctricos, sobre todo en regiones tropicales, emiten cantidades significativas de gases de efecto invernadero, comparables con el impacto climático del sector de la aviación", dijo Peter Bosshard, Director Ejecutivo Interino de International Rivers. "Por razones ambientales, sociales y económicas, los grandes proyectos hidroeléctricos son una falsa solución al cambio climático." "Los grandes proyectos hidroeléctricos causan impactos serios en las comunidades locales y a menudo violan los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, a la integridad cultural y al consentimiento libre, previo e informado", señaló por su parte Joan Carling, Secretaria General del Pacto de Pueblos Indígenas del Asia (AIPP por sus siglas en inglés). "La resistencia de las comunidades afectadas por represas se ha encontrado a menudo con graves violaciones a los derechos humanos." “Las represas hidroeléctricas hacen que los sistemas de agua y energía sean más vulnerables ante el cambio climático”, comentó Himanshu Thakkar, fundador de la South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP). "La construcción de la represas ha exacerbado los desastres de inundaciones en zonas frágiles de montaña. Al mismo tiempo, el incremento de sequías más extremas aumenta los riesgos económicos de la energía hidroeléctrica, afectando en gran medida a los países que dependen de represas hidroeléctricas para obtener la mayor parte de su electricidad". "La energía eólica y la energía solar ya están fácilmente disponibles, son competitivas económicamente, y han superado a las grandes hidroeléctricas en la adición de nueva capacidad", complementó Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Los países del Sur global deben dejar atrás los obsoletos proyectos de represas y promover soluciones energéticas que sean amables con nuestro clima, el medio ambiente y las personas que dependen de él." Contexto Los grandes proyectos hidroeléctricos son promovidos a menudo como fuente "limpia y verde" de electricidad por instituciones financieras internacionales, gobiernos nacionales y otros actores. Éstos se benefician enormemente de instrumentos destinados a enfrentar el cambio climático, incluidos los créditos de carbono bajo del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y los créditos de los Fondos de Inversión Climática del Banco Mundial, y de condiciones financieras especiales por parte de las agencias de crédito a la exportación y los bonos verdes. La industria de las represas busca que los grandes proyectos hidroeléctricos sean financiados por el Fondo Verde del Clima, y muchos gobiernos los impulsan como respuesta al cambio climático a través de iniciativas nacionales. Por ejemplo, al menos doce gobiernos con sectores importantes de hidroelectricidad han incluido una expansión de la generación de energía hidroeléctrica en sus informes sobre Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (INDCs por sus siglas en inglés). El apoyo a iniciativas climáticas es una de las razones principales por las que más de 3.700 represas hidroeléctricas están actualmente planificadas y en construcción en todo el mundo. Información adicional El manifiesto de la sociedad civil, Diez Razones por las que las Represas No Deberían Ser Parte De Iniciativas Climáticas, está disponible aquí. El video Clima Incorrecto para Represar Ríos está disponible en: https://youtu.be/UnG_b6egjFk (en inglés). Los siguientes eventos de lanzamiento del manifiesto y el vídeo se llevarán a cabo en París esta semana: 5 de diciembre, 12 pm: Conferencia de prensa con líderes indígenas y defensores de derechos humanos en el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (Maison des Métallos, 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75.011). 5 de diciembre, 6 pm: La declaración y el video se presentarán en un evento organizado por la Fundación por los Derechos Humanos Bianca Jagger (Galerie Tadeo Ropac Paris Pantin, Salzburgo, 69, Avenue du Général Lecler, 93500, Pantin). Los periodistas interesados en asistir deben enviar una solicitud por correo hasta el 3 diciembre a: [email protected]. [i] Patrocinadores: Asia Indigenous Peoples Pact, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Amazon Watch, Bianca Jagger Human Rights Foundation, Carbon Market Watch, France Liberte, International Rivers, Jeunes Volontaires pour l'Environnement International, Oxfam International, REDLAR, Ríos Vivos, Rivers Without Boundaries; South Asia Network on Dams, Rivers and People y Urgewald.
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