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ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
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Diez razones por las que las iniciativas climáticas no deberían incluir grandes proyectos hidroeléctricos
Un Manifiesto de la Sociedad Civil[i] para el Apoyo de Soluciones Climáticas Reales Los grandes proyectos hidroeléctricos a menudo se propagan como una fuente "limpia y verde" de electricidad por las instituciones financieras internacionales, gobiernos nacionales y otros actores. Éstos se benefician enormemente de los instrumentos destinados a hacer frente al cambio climático, incluidos los créditos de carbono bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), créditos de los Fondos de Inversión Climática del Banco Mundial, y de condiciones financieras especiales de agencias de crédito a la exportación y bonos verdes. La industria de las grandes represas espera que el Fondo Verde Climático incluya dentro de sus proyectos a financiar a las grandes hidroeléctricas, y muchos gobiernos los impulsan como respuesta al cambio climático a través de iniciativas nacionales. Por ejemplo, al menos doce gobiernos con importantes sectores de hidroeléctricas han incluido la expansión de la generación de energía hidroeléctrica en sus informes de contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (INDC, por sus siglas en inglés). El apoyo de iniciativas climáticas es una de las razones por las que más de 3.700 represas hidroeléctricas se encuentran actualmente en construcción y en proyecto. Sin embargo, los grandes proyectos hidroeléctricos son una falsa solución al cambio climático. Deberían mantenerse fuera de las iniciativas climáticas nacionales e internacionales por las siguientes razones: Particularmente en las regiones tropicales, los embalses hidroeléctricos emiten cantidades significativas de gases de efecto invernadero. Según un estudio científico, el metano de los embalses representa más del 4% de todo el cambio climático causado por el hombre - comparable con el impacto climático del sector de la aviación. En algunos casos, los proyectos hidroeléctricos están produciendo más emisiones que las plantas a carbón generando la misma cantidad de electricidad. Los ríos eliminan alrededor de 200 millones de toneladas de carbono de la atmósfera cada año. Además, los sedimentos que los ríos como el Amazonas, el Congo, el Ganges y el Mekong llevan al mar alimenta el plancton que absorbe grandes cantidades de carbono. Los proyectos hidroeléctricos y otras represas interrumpen el transporte de sedimentos y nutrientes y afectan la función de los ríos como sumideros globales de carbono. Las represas hidroeléctricas hacen que los sistemas de agua y energía sean más vulnerables frente al cambio climático. La seguridad de las represas se ve amenazada por inundaciones sin precedentes, que tan solo en los EE.UU. han causado que más de 100 represas fallen desde 2010. La construcción de represas ha exacerbado los desastres causados por las inundaciones en zonas montañosas frágiles como Uttarakhand/India. Al mismo tiempo, los riesgos económicos de la energía hidroeléctrica aumentan por las seguías extremas, que han afectado enormemente a países desde África hasta Brasil, que dependen de represas para generar la mayor parte de su electricidad. A diferencia de la mayoría de los proyectos eólicos, solares y de micro-hidroeléctricas, las grandes represas causan daños graves y a menudo irreversibles a ecosistemas críticos. Debido a la construcción de represas y otros factores, los ecosistemas de agua dulce han perdido en promedio el 76% de sus poblaciones desde 1970, más que los ecosistemas terrestres y marinos. Construir más represas para proteger a los ecosistemas del cambio climático significa sacrificar las arterias del planeta para proteger sus pulmones. Los grandes proyectos hidroeléctricos causan serios impactos en las comunidades locales y a menudo violan los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios, recursos, gobernanza, integridad cultural y consentimiento libre, previo e informado. Las represas han desplazado entre 40 y 80 millones de personas y han afectado negativamente a un estimado de 472 millones de personas viviendo río abajo. La resistencia de las comunidades afectadas por represas a menudo se ha topado con graves violaciones a los derechos humanos. Los grandes proyectos hidroeléctricos no siempre son una herramienta eficaz para ampliar el acceso de energía hacia la gente pobre. A diferencia de la energía eólica, solar y las micro-hidroeléctricas, las grandes represas hidroeléctricas dependen de redes eléctricas centralizadas, que no son una herramienta costo-efectiva para llegar a las poblaciones rurales, particularmente en África al sur del Sahara y el Himalaya. Los grandes proyectos hidroeléctricos son a menudo construidos para satisfacer las demandas de proyectos mineros e industriales, a pesar de justificarse por las necesidades de los pobres. Incluso si fueran una buena solución por otras razones, los grandes proyectos hidroeléctricos son costosos y requieren de demasiado tiempo como para hacer frente a la crisis climática. En promedio, las grandes represas terminan costando 96% más de lo presupuestado y tardan 44% más de lo pensado. En comparación, los proyectos eólicos y solares se pueden construir más rápido y experimentan, en promedio, sobre costos de menos de 10%. A diferencia de la energía eólica y solar, la energía hidroeléctrica ya no es una tecnología innovadora, y no ha visto grandes avances técnicos en varias décadas. A diferencia de la energía solar, el financiamiento climático para los grandes proyectos hidroeléctricos no traerá economías de escala, y no fomenta la transferencia de nuevas tecnologías a los países del Sur. La energía solar y eólica ya están disponibles, son económicamente competitivas, y han superado a las grandes hidroeléctricas en la adición de capacidad nueva. Mientras las redes eléctricas se vuelven más inteligentes y el costo de almacenamiento en baterías cae, ya no se necesitan nuevos proyectos hidroeléctricos para equilibrar las fuentes intermitentes de energía renovable. Los proyectos hidroeléctricos actualmente representan el 26% de todos los proyectos registrados en el MDL, y absorben una importante cantidad de apoyo de otras iniciativas climáticas. El financiamiento climático que va para grandes proyectos hidroeléctricos desplaza el apoyo a soluciones reales, como la eólica, la solar y la micro hidroeléctrica, y crea la ilusión de acción real por el clima. La inclusión de las grandes hidroeléctricas en iniciativas climáticas parece anular falsamente la necesidad de soluciones climáticas adicionales reales. 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La COP21 de París arranca y la esperanza de un buen acuerdo climático crece
La 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático inició en París, Francia. La cita es clave pues de ella debe salir un nuevo y efectivo acuerdo climático global. Al expectativas en torno a esa meta son cada vez grandes. Los Estados parte de la Convención, cuyos líderes y representantes están reunidos, tienen la oportunidad de mostrar su compromiso y disposición real para combatir el cambio climático y adoptar las medidas necesarias para asegurar un mejor planeta para las generaciones presentes y, sobre todo, las futuras. La COP21 tiene en sus manos la tarea de finalizar el “paquete climático” de París, el cual contiene un borrador del nuevo acuerdo climático y una serie de decisiones a ser consideradas y adoptadas luego por la COP. Ambos componentes son vitales para asegurar la implementación adecuada de la Convención, un instrumento importante que si bien ha logrado poner la problemática del cambio climático sobre la mesa, aún requiere acciones claras para concretar su cumplimiento. ¿Cuál es la dinámica de trabajo? Durante la primera semana, las y los negociadores trabajarán en el grupo de la Plataforma de Durban para la Acción Reforzada (ADP). Este grupo tiene el mandato de desarrollar un instrumento legal y vinculante que funcione bajo la Convención y sea aplicable a las Partes de la misma. Las negociaciones tendrán lugar en grupo de trabajo. Se tiene previsto que las discusiones en grupo terminen el sábado 5 de diciembre. Ello dará paso a la preparación del borrador final del acuerdo y de las decisiones del “paquete climático” para que sean considerados por la COP en la segunda semana de la Conferencia. ¿Qué esperamos lograr en París? Para AIDA dos son las tareas centrales que la COP21 debe lograr: Clarificar los compromisos relacionados con el financiamiento climático después de 2020. Incluir lenguaje específico de respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos en todas las acciones climáticas en el preámbulo del Acuerdo de París y en el Artículo 2, referente a los Objetivos del Acuerdo. Financiamiento climático Es el elemento fundamental para asegurar que los compromisos establecidos tanto en el Acuerdo de París como en la misma Convención, sean una realidad. En ese sentido, la sección de financiamiento climático debe contener los siguientes elementos clave: Claridad sobre qué países deben movilizar recursos nuevos y adicionales a partir del 2020. También será importante recalcar el rol de aquellos países en desarrollo que aunque no tienen la obligación de otorgar financiamiento, están en la posición de hacerlo y pueden contribuir a un mayor financiamiento climático. Compromisos claros para incrementar el financiamiento climático. Una escala de financiamiento para lograr los objetivos esperados. Claridad sobre las fuentes del financiamiento, asegurando que las mismas respondan a métodos claros y transparentes que permitan su contabilización y uso efectivo. Una meta colectiva a corto plazo que muestre avances. Claridad sobre los arreglos institucionales necesarios para entender qué mecanismos se utilizarán para canalizar los recursos. Será importante fortalecer aún más el rol que actualmente juega el Fondo Verde del Clima para asegurar que su financiamiento contribuya a proyectos y programas que promuevan cambios reales, transformadores, bajos en carbono y resilientes al clima. Ciclos de contribuciones financieras, tiempos y periodos de verificación de los mismos. El financiamiento climático es fundamental para avanzar en el cumplimiento de la agenda climática. Dar certeza y claridad sobre este componente es primordial para alcanzar las metas establecidas y lograr cambios paradigmáticos a corto, mediano y largo plazo. Derechos humanos La protección y promoción de los derechos humanos es vital para combatir el cambio climático. En ese sentido, el éxito del Acuerdo de París depende de que ese elemento sea integrado transversalmente en su texto y, particularmente, en su objetivo. Un acuerdo climático con un lenguaje de derechos humanos ayudaría a: Subir la ambición del Acuerdo y fortalecer sus metas, promoviendo una mejor implementación, dado que la perspectiva de derechos humanos puede recordarle a los Estados las obligaciones que ya tienen. Clarificar las responsabilidades de los Estados y de otros actores en la lucha contra el cambio climático y aumentar la coherencia de las políticas públicas relacionadas con el tema. Esto brinda la oportunidad de avanzar y de aportar lecciones aprendidas, evitando la duplicación o creación de nuevas obligaciones. Definir una pauta clara y aceptable para evitar mayores conflictos socioambientales en el futuro. Al tener un marco jurídico homogéneo de reconocimiento de los derechos humanos, será posible mejorar la gestión del agua, los alimentos y la tierra, algo que afecta especialmente a los países de América Latina. La COP21 en París es un momento histórico en el que la humanidad tiene la oportunidad de consolidar los avances sustanciales logrados al momento en la lucha contra el cambio climático. ¡Sigue nuestro trabajo en la COP21!
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Brasil autoriza a operação da hidrelétrica de Belo Monte, ignorando os direitos da população afetada
O Ibama, órgão ambiental brasileiro, outorgou a licença de operação do projeto, ignorando as evidências de descumprimento das condicionantes para garantir a vida, a saúde e a integridade de indígenas e demais populações afetadas. Altamira, Brasil. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) outorgou nesta terça-feira a licença de operação da hidrelétrica de Belo Monte, que permite que o enchimento do reservatório seja iniciado. A autorização foi dada apesar do descumprimento de condicionantes para garantia da vida, saúde e integridade física das populações afetadas pelo projeto, as mesmas que foram consideradas essenciais pelo órgão em um informe técnico datado do último dia 22 de setembro. A decisão do Ibama sequer faz referência às condicionantes para proteger as comunidades indígenas. "Não podemos acreditar. Tudo é um crime e uma grande responsabilidade do Governo e do Ibama ao conferir licença a este monstro. A presidenta do Ibama esteve em Altamira no dia 5 de novembro e recebeu muitas denúncias; todos - ribeirinhos, representantes indígenas, pescadores, integrantes de movimentos - falaram dos impactos que estamos vivendo, e agora dão a licença com ainda mais condicionantes, apenas para que não sejam cumpridos", disse Antonia Melo, liderança do Movimento Xingu Vivo para Sempre, e desalojada pela represa. No último dia 12 de novembro, em um ofício enviado ao Ibama, o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) concluiu que as condições para a proteção dos povos indígenas afetados pela represa não haviam sido cumpridas plenamente. Ainda assim, ele deixou os caminhos abertos para que o órgão ambiental outorgasse a licença de operação, "caso julgasse pertinente". "A autorização viola claramente os compromissos internacionais do Brasil em matéria de direitos humanos, especialmente quanto aos povos indígenas afetados que vivem na bacia do Rio Xingu, que estão protegidos por medidas cautelares outorgadas em 2011 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e que o Estado Brasileiro segue sem cumprir", disse María José Veramendi, advogada da Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). A licença permite o preenchimento de duas barragens da represa sobre o Rio Xingu, afluente do Rio Amazonas. Ela é válida por seis anos, e está sujeita ao cumprimento das condicionantes, o que será supervisionado através de informes semestrais. As condicionantes deveriam ter sido cumpridas antes da outorga da última licença a Belo Monte. "O licenciamento ambiental é uma forma de mitigar os efeitos, controlar os danos e minimizar os riscos que o empreendimento implica para a população e o meio-ambiente. Ao desrespeitar e flexibilizar os procedimentos de licenciamento, o Estado deixa que os interesses econômicos prevaleçam e nega seu dever de zelar pelo interesse público", salientou Raphaela Lopes, advogada da Justiça Global. AIDA, Justiça Global e a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos têm argumentado em âmbito nacional e internacional que não existem condições para que a hidrelétrica de Belo Monte obtenha permissão para operar. Ainda é necessário a garantia de aspectos essenciais, como fornecimento e disponibilidade de água potável, saneamento básico, serviços de saúde e outros direitos mínimos à população afetada e removida. A luz verde para Belo Monte não poderia ter chegado em momento pior. Há poucos dias, em 05 de novembro, uma barragem de rejeitos de mineração da Samarco, empresa de propriedade da Vale e da BHP Billiton, se rompeu na cidade de Mariana, Minas Gerais, causando um dos maiores desastres ambientais do país. Uma inundação de lama e outros produtos químicos destruiu um povoado e deixou, até o momento, 12 mortos e 11 desaparecidos, afetando o abastecimento de água da região e destruindo a fauna e flora. O mar de lama chegou ao mar aberto. A licença de operação de uma das barragens da empresa estava vencida há dois anos. Ainda assim, a permissão de operação para Belo Monte acontece a poucos dias do início da 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, em Paris, a mais decisiva até agora. A operação de Belo Monte emitirá gases que causam efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, agravando assim a mudança climática. A autorização para o funcionamento de Belo Monte é, portanto, uma péssima mensagem do governo brasileiro, que ignora seus compromissos com os direitos humanos e com a mudança climática, gerando com esse projeto um exemplo de como não se deve produzir energia no Século XXI.
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