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Foto: Maíra Irigaray / Amazon WatchHaciendo que Brasil se responsabilice por los daños de la represa Belo Monte
Cuando entre en pleno funcionamiento, Belo Monte será la tercera represa más grande del mundo, construida en uno de los ecosistemas más importantes del planeta: el bosque tropical del Amazonas. Ubicado sobre el río Xingú en Pará, un estado del norte de Brasil, el embalse cubrirá 500 kilómetros cuadrados de bosque y tierras de cultivo, un área del tamaño de Chicago.
Para la población de la cuenca del Xingú, la construcción de Belo Monte ha significado perder el acceso al agua, la alimentación, la vivienda, el trabajo y el transporte. Al menos 20,000 personas han sido desplazadas.
El Gobierno y el consorcio a cargo del proyecto comenzaron a construir la represa sin consultar primero a las personas de la zona, muchas de las cuales son indígenas. Pasaron por alto la normativa internacional de derechos humanos, la cual requiere el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas. Brasil también incumplió las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales estaban destinadas a proteger la vida, salud e integridad de las comunidades.
La represa comenzó a operar en mayo de 2016, aunque no en toda su capacidad. Y, en abril de 2017, un tribunal federal suspendió su licencia de operación porque el consorcio no completó los trabajos de saneamiento básico en Altamira, ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica.
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Banco Interamericano de Desarrollo investigará al proyecto Hidroituango
En medio de la crisis humanitaria causada por la hidroeléctrica en la cuenca del río Cauca, Colombia, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó una investigación de los estándares ambientales y sociales del propio Banco. Washington D.C. En una decisión histórica, el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una investigación internacional de su brazo privado BID Invest por su inversión en el proyecto Hidroituango, ubicado en el departamento de Antioquia, pero que ha tenido un impacto devastador para miles de personas en cuatro departamentos y 27 municipios de Colombia. La investigación tendrá como objetivo principal establecer si —al financiar este megaproyecto en una región de Colombia que sigue siendo afectada por altos niveles de violencia y el renaciente conflicto armado— el Banco cumplió o no con los estándares sociales y ambientales que está obligado a observar, y si hay una relación entre ello y los graves daños sufridos por las comunidades afectadas. “Como personas afectadas por Hidroituango, exigimos que la investigación sea rigurosa e independiente”, declaró Isabel Zuleta, vocera de Movimiento Ríos Vivos de Colombia, que representa a las comunidades afectadas. “Por más de una década, nuestras comunidades han denunciado los graves problemas que el proyecto ha causado y que se agudizaron con las múltiples emergencias que iniciaron desde el 2018 y aún no cesan. Esperamos que con esta investigación internacional las voces de las víctimas y opositores al proyecto por fin sean escuchadas”. La investigación tiene su origen en una queja presentada por 477 personas afectadas por el proyecto Hidroituango. En ella, las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos y pertenecientes al mismo, resaltan que las políticas del Banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. En la queja, las comunidades demuestran que el proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permitió la participación de las comunidades ni el acceso a información, y que se ha desarrollado en un contexto de violaciones a los derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza y una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua. Evidencian además una permanente discriminación por decidir oponerse al proyecto y por ser mujeres afectadas. Todo ello, señalan, contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. Asimismo, el reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica, la cual ha puesto en peligro la vida de miles de personas, quienes han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la represa. Lo que comenzó con el taponamiento con cemento de dos túneles, terminó en la obstrucción de otro túnel y luego en un incremento drástico del caudal del río, deslizamientos de tierra, inundaciones y el desplazamiento continuo de miles de personas de sus hogares. Ningún otro proyecto de desarrollo ha causado una crisis humanitaria de tal magnitud en Colombia. Todo ello ha desnudado la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto, el cual fue autorizado de todas formas. El estado de emergencia en la zona no ha cesado y el riesgo de que la represa colapse no ha sido descartado por el gobierno ni por las entidades de control del Estado colombiano. No obstante, es importante resaltar que las comunidades buscaron entrar en un proceso de diálogo y mediación del conflicto entre la empresa a cargo del proyecto y Ríos Vivos a través del mecanismo de rendición de cuentas del BID. Pero la empresa se negó al diálogo, por lo que, dando continuidad al proceso, ese mecanismo recomendó la investigación. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia y espera generar 2.400 MW aunque lleva cerca de dos años la inundación aún no genera energía, tiene un embalse de 79 kilómetros que inundó un área de 4.500 hectáreas sin retirar la capa vegetal, lo que está generando grandes cantidades de gas metano con efecto invernadero, sin terminar la obra, informar, reubicar ni compensar a las comunidades. El BID Invest ha invertido millones de dólares en el proyecto y ha facilitado la inversión de mil millones de dólares adicionales de otros bancos internacionales. Dichas inversiones se mantienen a pesar de la grave crisis del proyecto. Contactos de prensa: Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos, [email protected] Carla García Zendejas, Center for International Environmental Law, [email protected] Victor Quintanilla, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected] Nota para editores: La indagación es llevada adelante por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo, una instancia internacional de rendición de cuentas que atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. La investigación tendrá lugar en un plazo máximo de nueve meses, dada la alta complejidad del caso. Entre los aspectos que se investigarán se encuentran los siguientes: Si se evaluó adecuadamente el área de influencia y la identificación de la población afectada. El aumento de la conflictividad e inseguridad en la zona de la represa, y los impactos diferenciales sobre las mujeres. La participación de las comunidades, que en opinión de ellas ha sido altamente deficiente. La relación entre el proyecto y los daños causados. Las deficiencias en los reasentamientos y las supuestas compensaciones. La evaluación y acceso a información sobre el riesgo de desastres.
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Chile: Organizaciones medioambientales manifiestan preocupación y rechazo por vigilancia, amedrentamiento y amenazas a líderes socioambientales
A 18 días de iniciado en nuestro país un estallido social que expresa el descontento de los chilenos ante la desigualdad y los abusos que sufren ya por 30 años en los ámbitos económico, social y ambiental, y cuyas manifestaciones han debido enfrentar la violenta represión de fuerzas militares y policiales, los organismos de derechos humanos han denunciado 23 personas muertas, 1659 heridas en hospitales, 19 querellas por violencia sexual y 133 querellas por torturas a manifestantes, y 479 niñas, niños y adolescentes detenidos/as. Según la Cruz Roja, esta cifra aumenta si se considera la gran cantidad de casos que no se registran en comisarías u hospitales. En este grave contexto de violencia del Estado, también ha trascendido a la opinión pública, información de Carabineros de Chile, en la que es posible constatar acciones de vigilancia que ejerce el Estado a dirigentes y líderes de movimientos sociales y ambientales, a través del Departamento de Inteligencia de Carabineros. Muchos de estos dirigentes sociales y ambientales además han tenido que soportar amedrentamiento y persecución policial en sus territorios y amenazas anónimas a sus vidas y familias durante las últimas semanas. Previo a la difusión de los documentos de seguridad del Departamento de Inteligencia de Carabineros, ya había amenazas a dirigentes y dirigentas socioambientales y muertes no esclarecidas. El martes 8 de octubre Katta Alonso, presidenta de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, que denuncia y trabaja para poner fin a la saturación ambiental y la intoxicación de la población en las comunas de Quintero y Puchuncaví, recibió amenazas de parte de un desconocido que se movilizaba en camioneta, quien le gritó que le quemarían su casa y que debía abandonar la comuna. Luego, el 12 de octubre, Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima, quien ha denunciado el robo de agua por la agroindustria de paltas y llevado una larga lucha por la recuperación del agua y galardonado recientemente con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg, fue amenazado a través de las redes sociales con la difusión de imágenes con una bala en su cabeza, incentivando la violencia en su contra. Previamente, en febrero de 2019, la dirigenta Modatima Mujeres, Verónica Vilches fue víctima de un intento de atropello y hace poco recibió amenazas vías redes sociales mediante un fotomontaje de cabezas sangrientas colgando de un puente. Durante las manifestaciones y protestas, tras la declaración de guerra y de estado de excepción constitucional que realizó el presidente Piñera y la posterior salida de militares a las calles, incluyendo la dictación de toque de queda, numerosos dirigentes y dirigentas estudiantiles, sociales y ambientales han sido y siguen siendo acosados por las fuerzas policiales, mediante seguimientos y rondas a sus casas durante la noche, amedrentándoles, cómo le ha ocurrido a Cristina Ruiz, de Muzosare, Claudia Arcos de Libres de Alta Tensión, en Til Til a Janet Vega del Consejo Comunal y Social del Medio Ambiente; a María Brevis, Diego Quezada y Ronald Rojas, dirigentes de sociales y ambientales de la denominada “Zona de Sacrificio” de Mejillones, todos quienes han reclamado por la grave situación de injusticia ambiental en la que viven, y se han opuesto a proyectos contaminantes en zonas afectadas por una profunda injusticia ambiental y la instalación de proyectos; y a ciudadanas no organizadas como Catalina Acevedo, quien recibió piedrazos en su casa por parte de personal de carabineros. También ha habido casos de detenciones selectivas, como el de Francisco Reyes, dirigente estudiantil de Puchuncaví, quien fue activo en las manifestaciones pacíficas ocurridas el año pasado a propósito de envenenamientos masivos causados por químicos contaminantes emanados del Complejo Industrial que da origen a la denominada “Zona de Sacrificio” de Quintero y Puchuncaví, que fue sacado durante la noche desde la casa de su padre, golpeado y amedrentado. Posteriormente, el 29 de octubre se nos informó que Patricia Núñez Ávila (Patricia Dedos Verdes), fundadora de la Escuela Voluntaria Agroecológica en Resistencia REBERDE y guardadora y defensora de semillas y opositora a la aprobación del TPP-11 fue amenazada de muerte, ella y sus hijos, por un individuo en el metro de Santiago, ante lo cual optó por abandonar el país. Esta política de persecución selectiva a dirigentes estudiantiles, sociales y ambientales es inaceptable por parte del Estado, quien debiese reconocer y amparar a estas organizaciones y sus miembros, así como garantizar “la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.” No es aceptable tampoco que aún siguen sin esclarecerse las causas de muerte de defensores ambientales, como Macarena Valdés, defensora ambiental que luchaba contra la instalación de un proyecto hidroeléctrico de la empresa RP Global, quien, en agosto de 2016, apareció colgada de una viga del techo de su casa, en la localidad de Tranguil, en la región de Los Ríos. Dicha muerte en un principio se catalogó como un suicidio y en una segunda autopsia se comprobó que su muerte fue a manos de terceros. El caso del activista estudiantil mapuche Camilo Catrillanca, muerto por un disparo de la policía, donde aún no se establece la responsabilidad del Estado, tampoco es aceptable. Dentro de este clima de persecución, es extremadamente grave y preocupante la filtración de documentos del departamento de inteligencia de Carabineros, que señalan a dirigentes estudiantiles, sociales y ambientales, como los ya reconocidos Rodrigo Mundaca de Modatima, Claudia Arcos y Joel González de Libres de Alta Tensión, Guillermo Arancibia de Villa Alemana sin Termoeléctrica, Catalina Salazar de Acción Ecosocial de Quintero, miembros de Extinction Rebellion Chile, e incluso menores, como Rafael Lepeley ex integrante de Fridays for Future. Más aún cuando existen filtraciones como en el caso de Til Til de persecución a personas que no forman parte de organización alguna y que por manifestarse por la enorme desigualdad en materia de cargas ambientales aparece vigilada y vinculada a hechos no formalizados, sin pruebas, y ahora peor aún sus datos personales publicados de manera masiva, como ocurre en el caso de María Angela Estrada, Catalina Acevedo Garín, y José Tapia quien no sólo iba como ciudadano a manifestarse pacíficamente sino que además ejerciendo su derecho a libre expresión y mantenía informada a la comunidad de la represión de carabineros en el conflicto hace más de un año. En nombre de las organizaciones sociales y no gubernamentales, expresamos al Gobierno y la opinión pública nuestra preocupación e indignación por las amenazas que están sufriendo los dirigentes socioambientales, como también nuestra condena por las muertes no esclarecidas. Asimismo, ante la actual persecución y seguimiento de dirigentes socioambientales, incluidos niños y niñas, emplazamos al gobierno a transparentar las razones por las cuales las agencias de inteligencia del Estado, filtradas recientemente, a la opinión pública, catalogan como “blanco de interés” a dirigentes estudiantiles, sociales y ambientales. Como organizaciones ciudadanas no aceptaremos el seguimiento y persecución a los dirigentes sociales y ambientales, que hoy ha quedado en evidencia y que constituye un intento de criminalización de los defensores y defensoras del medioambiente y los derechos humanos. Apoyaremos a dirigentes en la presentación de denuncias y recursos de amparo a nivel nacional, como asimismo presentaremos sus causas a nivel internacional. Exigimos al Gobierno abandonar estas prácticas y desincentivar su perpetuación a través de la firma del Acuerdo de Escazú que busca asegurar el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como garantizar la protección a defensores y defensoras ambientales; además de concentrar sus acciones en subsanar la crisis social y ambiental que vive el país. Si amenazan a una persona, amenazan a todas. Si tocan a una persona, tocan a todas. Firman: Agrupación Aisén Reserva de Vida Agrupación Ecológica CHADENATUR Alerta Isla Riesco Amnistía Internacional – Chile Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centro de Análisis Socioambiental, CASA Centro Ecosocial Latinoamericano Chao Pescao Chile Sustentable Ciudadanos y Clima CODEFF Colectivo Somos Maipo Comisión Justicia y Paz – Aysén Cooperativa Minka Cooperativa Semilla Austral Coordinadora No Alto Maipo Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén CVerde Defensores de los Ríos Libres Puerto Aysén Defensoría Ambiental Ecosistemas Escuela Reberde Ética en los Bosques Extinction Rebellion Chile Fenapru Fridays for Future Santiago Fundación Basura Fundación Ciudadanía Inteligente Fundación Decide Fundación Glaciares Chilenos Fundación Ingeniería Sin Fronteras Fundación Mingako Fundación Tantí de San Pedro de Atacama Fundación Terram Fundación Wechoyen Futaleufú Riverkeeper Geute Greenpeace La Malva Libres de Alta Tensión Mesa Socioambiental de Coronel Mejiambiente Movimiento Salvemos Coronel Observatorio Ciudadano Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Boell ONG CEUS Chile ONG FIMA Red de biodigestores para LAC Red Ríos Libres Red Voluntarios de Chile Regeneration International Sur Corporación de Estudios Sociales y Educación Trébol negro 7 Pétalos
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Defendiendo mi lugar en la lucha por el clima
Empecé en AIDA siendo una estudiante de Derecho que exploraba las posibilidades de trabajar usando el Derecho Ambiental. Cuatro años después, soy la abogada más joven del equipo legal de la organización, apoyando los esfuerzos del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera. El mes pasado, participé de la reunión preparatoria de la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tuvo lugar en Costa Rica. Fue mi primera experiencia en un evento de ese tipo. Siempre digo que la parte favorita de mi trabajo es estar rodeada de muchas mujeres jóvenes, poderosas y ejemplares. Sus enseñanzas han cimentado mi camino. Pero fue en la PreCOP25 cuando realmente sentí la fuerza femenina y la de las generaciones más jóvenes, unidas para exigir nuestro lugar en la mesa de discusión sobre las soluciones ante la crisis climática. En los últimos meses, hemos visto el apogeo de movimientos mundiales y regionales de jóvenes indignados por lo que consideran la inacción de gobiernos para frenar el calentamiento del planeta. En su mayoría, estos movimientos han sido liderados por mujeres jóvenes, adolescentes e incluso niñas. La reunión climática de Costa Rica no fue la excepción y reflejó el cambio generacional que estamos viviendo. En ese foro, jóvenes de diferentes segmentos, profesiones y aspiraciones hicimos nuestro reclamo y buscamos ser escuchados. Nos unía un propósito común: garantizar un futuro y ser mejores que las generaciones actuales en cumplir esa meta. Los mileniales (grupo generacional al que pertenezco) —personas nacidas aproximadamente en las dos últimas décadas del siglo veinte— y los centeniales (grupo generacional al que pertenece mi hermana de 13 años) —jóvenes que nacieron alrededor del nuevo siglo— somos quienes tendremos que vivir con las consecuencias de la inacción política frente a la emergencia climática. Es nuestro futuro el que está en juego. Además, las mujeres somos un grupo especialmente vulnerable a la degradación ambiental debido al rol especial que jugamos en el cuidado de los recursos naturales y de las personas que nos rodean. Por eso es una buena noticia que nos estemos levantando y exigiendo acciones claras, concretas y, sobre todo, urgentes. Esta PreCOP fue una oportunidad de mucho aprendizaje y crecimiento. Me sentí identificada con el énfasis que el gobierno de Costa Rica dio en la agenda del evento a la protección del océano y a las soluciones basadas en la naturaleza. Fue también un espacio de mucha inspiración al ver que cada vez somos más mujeres jóvenes tomando el timón de las acciones decididas y ambiciosas que la crisis ambiental y social del mundo nos exige adoptar.
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