Project
Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
Partners:
Proyectos relacionados
Últimas Noticias
Belo Monte: Reavivando Nuestra Lucha por Justicia
Pese a que las turbinas de la represa Belo Monte han comenzado a girar, la lucha por justicia continúa. El funcionamiento de la tercera represa más grande del mundo sobre el río Xingú —plagada de corrupción y negligencia— no puede detenernos. De hecho, cada nueva denuncia de corrupción y abuso solo alimenta nuestro deseo de justicia para quienes han sido afectados por la represa. Nuestra batalla más importante —el caso que llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual fue abierto a trámite a finales del año pasado— sigue firmemente su curso. En el caso, estamos trabajando para responsabilizar a Brasil por las innumerables violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la represa Belo Monte: la ausencia de consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas; la falta de una adecuada evaluación de los impactos sociales y ambientales; desplazamiento forzado; y otras graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, comunidades ribereñas y residentes de Altamira. Estamos en proceso de hacer que el caso sea admitido ante la Comisión, y que la misma pueda establecer —como un organismo internacional e independiente— si estas violaciones ocurrieron y si el Estado debe responder por ellas. Como parte del proceso, Brasil tenía que responder a nuestros reclamos ante la Comisión. Recibimos su respuesta el 9 de agosto y recientemente enviamos nuestros argumentos legales para contrarrestar sus afirmaciones. Necesitamos asegurar que la Comisión comprenda la importancia de su rol en la investigación de las violaciones de derechos humanos causadas por Belo Monte. Incluso mientras escribo esto, el Estado y los operadores de la represa continúan ignorando abiertamente los derechos humanos de las personas de la cuenca del río Xingú, quienes viven a la sombra de la hidroeléctrica. El 1º de septiembre, por ejemplo, la licencia de operación de la represa fue suspendida una vez más porque los sistemas de saneamiento de la ciudad de Altamira —una obligación legal que los operadores debían cumplir hace tiempo— nunca fueron instalados. Las calles de Altamira aún son inundadas por aguas residuales, amenazando con convertir el embalse de Belo Monte en un charco de agua estancada. Desafortunadamente, como con muchas decisiones legales que intentaron proteger los derechos de los afectados, la suspensión fue revocada unas semanas más tarde. Está claro que las fuerzas detrás de Belo Monte no tienen respeto por el ambiente en el que están trabajando, y menos por las personas que dependen del río y de la selva para sobrevivir. Muchas de las personas a las que representamos, viven en barrios de Altamira y están expuestas a las aguas sin tratar. Quienes viven fuera de la ciudad han sido desplazados de su fuente primaria de agua, o han visto destruida su forma de vida. Debemos garantizar que el Estado brasileño se haga responsable por el inmenso daño social y ambiental que la represa ha causado. Ten la seguridad que no vamos a detenernos hasta lograr justicia para la gente del Xingú.
Leer más
Brasil inauguró Belo Monte: ¡No hay nada que celebrar!
El Gobierno brasileño inauguró a lo grande la represa Belo Monte sobre el río Xingú, en plena selva amazónica. Desde AIDA y como organización que representa legalmente a las comunidades indígenas y ribereñas, así como a moradores de la ciudad de Altamira afectados por la hidroeléctrica, consideramos que no hay motivos para festejar. La represa ha sido construida pasando por alto normas nacionales e internacionales en materia ambiental y de derechos humanos. ¡CONOCE MÁS de esta injusticia en palabras de nuestra abogada sénior María José Veramendi Villa!
Leer más
Ensayo fotográfico: La vida a la sombra de Belo Monte
En lo profundo de la Amazonía, al norte de Brasil, la tercera represa más grande del mundo se alza sobre el que antes fuera un paisaje de selva exuberante. Bajo su sombra gigantesca viven comunidades indígenas y ribereñas que por mucho tiempo han llamado hogar a la región. Son personas que han vivido y crecido de la generosidad de la selva y del río Xingú. Para la mayoría, la naturaleza circundante es inseparable de su definición de hogar. Pero este hogar está cambiando rápidamente. A medida que la represa Belo Monte está próxima a operar, abriendo sus compuertas, el mundo se ve y siente muy diferente. Grandes extensiones de selva han sido inundadas. Islas han quedado sumergidas por completo. Los peces están muriendo y la vida silvestre huyó. Familias han sido separadas y comunidades enteras, forzadas a dejar sus tierras. La sombra que Belo Monte proyecta es grande y oscura. El estilo de vida de los habitantes de la cuenca del río Xingú ha cambiado drásticamente sin su consentimiento. Sus derechos humanos han sido violados una y otra vez. El cumplimiento de las condicionantes de la licencia por parte de Norte Energía, empresa a cargo de la represa, ha sido inadecuado. Las fotos a continuación muestran a personas y comunidades que viven realidades volátiles de lo que alguna vez fue un espacio pacífico de selva tropical. Son víctimas de la corrupción, la violencia y el abuso que encubren el proyecto de ingeniería más grande de la historia de Brasil. El río Xingú está muriendo. La vitalidad de la Isla Arapujá, visible desde Altamira, le ha sido completamente arrebatada, causando cambios radicales en las corrientes del río. Islas más pequeñas, donde pescadores vivían rodeados de árboles frutales, quedaron sumergidas por el aumento de los niveles del agua causado por el llenado de los embalses de la represa. Un día de enero, las compuertas de la represa se abrieron sin previo aviso y se dice que el río creció siete metros en una hora. Cantidades masivas de peces han ido muriendo. Las personas del lugar dicen que Norte Energía tiene incluso equipos de limpieza que los entierran para ocultar la magnitud de la devastación que sucede a diario. Aguas abajo de la represa, en la Vuelta Grande, el caudal del río se está reduciendo drásticamente; el agua se está volviendo lodo y quedando sin oxígeno. El Xingú muere y también quienes viven de él: el río ha sido por mucho tiempo su hogar, su fuente de alimento y sustento. La construcción de Belo Monte ha tenido impactos severos en la naturaleza, la principal fuente de alimento para las comunidades de la selva durante mucho tiempo. Las comunidades que tienen un modo de vida de subsistencia encuentran que el río y la selva de los que dependen ya no producen lo suficiente, o están demasiado contaminados, para alimentar a sus familias. Los indígenas han sido empujados a la ciudad más cercana, Altamira, para satisfacer sus necesidades básicas. Algunos van allí a comprar comida o al médico; otros han dejado de luchar y han dejado del todo sus aldeas. Muchos de los que llegan a Altamira para quedarse, lo hacen en la Casa del Indio, construida como refugio para el flujo reciente de indígenas. Allí viven en habitaciones atestadas, carecen de instalaciones sanitarias adecuadas y ponen en peligro su salud. Lejos de sus hogares y despojados de su dignidad, enfrentan la dura realidad de una ciudad sobrepoblada y violenta. Siendo la ciudad más próxima a Belo Monte, Altamira ha experimentado cambios drásticos debido a la construcción de la represa. Desde que el proyecto comenzó, su población ha crecido en cerca del 75%; 170,000 personas viven actualmente en una ciudad diseñada para muchas menos. La violencia se ha disparado y barrios enteros han sido destruidos, sus residentes han sido desplazados y casas habitadas por familias toda una vida, han sido demolidas. Incluso los barrios de Norte Energía, que se afirmaba no serían afectados por la represa, están sufriendo sus impactos. El rápido crecimiento ha causado estragos en el sistema de alcantarillado de la ciudad. Los operadores de Belo Monte no han dado ninguna solución al tratamiento de aguas residuales y la ciudad entera está sufriendo la falta de saneamiento básico. Como resultado, es común ver calles inundadas y llenas de lodo. La población demanda respuestas de la autoridad ambiental de Brasil y de Norte Energía, pero sus preguntas no encuentran eco. Los impactos de Belo Monte no solo están forzando que las personas dejen sus tierras, también están desgarrando familias. Con hogares destruidos y aldeas enteras reubicadas, las personas cuyo modo de vida les ha sido arrancado, luchan por adaptarse. Las comunidades están perdiendo contacto con sus tradiciones; hijos están perdiendo contacto son sus padres. Karoline creció en una comunidad rural rodeada de su familia y de una naturaleza abundante que recuerda con mucho cariño. Cuando ella y su familia tuvieron que dejar su tierra, sus opciones eran pocas y se vieron obligados a separarse. Sus padres se quedaron con parientes, y Karoline se fue a Altamira con su hermana. La búsqueda de oportunidades, educación y empleo hizo que también ellas tomaran caminos distintos. Karoline es ahora una adolescente que vive por su cuenta lejos de casa. Como requerimiento para la implementación del proyecto, Norte Energía está obligado a cumplir con ciertas condicionantes en beneficio de las comunidades afectadas. Las condicionantes se han implementado en formas diferentes para situaciones diferentes. Ninguna de ellas podría ser descrita como completa, adecuada o respetuosa culturalmente. Arara da Volta Grande es una de las comunidades que será más afectada por Belo Monte. Sus habitantes viven en la Vuelta Grande del Xingú, donde el caudal del río se ha reducido sustancialmente. Para compensar a la comunidad por los cambios en su modo de vida, Norte Energía les construye “mejores” casas. Aunque están dentro de su territorio, las construcciones están alejadas del río. Son como cajas pequeñas hechas de cemento y con techos que atrapan el calor de la selva en su interior. Están muy lejos de ser las casas de madera, abiertas y con techos de pajas que son tradicionales de la comunidad y cultura de los Arara. En lugar de darles a los Arara un pozo para la provisión de agua limpia, Norte Energía le dio a la comunidad casas en las que sus habitantes no saben cómo vivir; casas que cada día los expulsarán más lejos del lugar donde siempre han estado. Cuando hablamos con miembros de las comunidades indígenas y ribereñas que rodean Belo Monte, escuchamos las mismas respuestas a muchas de nuestras preguntas. La represa está perturbando su forma de vida. Los está aislando de la naturaleza a su alrededor. Está amenazando su cultura, sus conocimientos tradicionales y la estructura misma de sus comunidades. Leoncio Arara, curandero tradicional de los Arara da Volta Grande, dice que ahora vive con miedo. Teme que la represa se rompa, que el agua se desborde e inunde su casa y a su comunidad; teme que los peces mueran, que el agua limpia se seque; teme la disolución de su cultura y la desaparición de su gente, quienes han vivido en y con esta tierra por generaciones. En la selva alguna vez exuberante que rodea a la gran represa Belo Monte, vemos injusticia allí donde miremos. Vemos desplazamiento y devastación ambiental. Lo que no vemos es rendición de cuentas. Por ello hemos llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hacer que Brasil responda a nivel internacional a las denuncias de violaciones de derechos humanos derivadas de la construcción de la represa Belo Monte. Estamos dedicados a defender a quienes representamos y no descansaremos hasta que ellos y todos quienes han visto sus vidas afectadas por Belo Monte, obtengan justicia.
Leer más