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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Contactos de prensa en Nueva York: Amanda Kistler, [email protected], +1 202-742-5832 Kharunya Paramaguru, [email protected], +44 7508-394415 Lauren Stackpoole, [email protected], +1 212-998-6069 Rodrigo Estrada, [email protected], +1 202-344-9292
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Declaração: Cúpula dos Povos pelo Clima, Direitos e Sobrevivência Humana
Para alcançar a justiça climática, nós, abaixo assinados, concordamos com o seguinte: Aumentaremos nossos esforços para colocar os direitos humanos no centro do ativismo climático. Faremos isso seguindo o exemplo de Povos Indígenas, jovens, mulheres, pessoas que vivem na pobreza, pessoas com deficiência, pescadores, camponeses, pastores, comunidades locais, trabalhadores e outros grupos desproporcionalmente afetados que estão liderando o chamado à justiça climática e contra as atividades que destroem o planeta. Exigiremos ações imediatas, ousadas, impulsadas pelas pessoas e consistentes em direitos humanos, em uma escala sem precedentes, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a fim de proteger as pessoas, os ecossistemas e a biodiversidade da degradação climática. Tais ações requerem uma mudança transformadora de nossos sistemas econômicos, sociais e políticos, para enfrentar as desigualdades em todos os aspectos da vida. Essa mudança transformadora inclui a distribuição equitativa de recursos, especialmente a redução do consumo desnecessário de recursos por grupos privilegiados. É essencial alcançar reduções drásticas e rápidas nas emissões globais e um futuro sem combustíveis fósseis, para manter o aumento da temperatura o mais baixo possível e não superior a 1,5°C graus, já que os atuais níveis de aquecimento já estão resultando em violações dos direitos humanos. Exigiremos que todas as políticas, medidas e ações governamentais sobre o clima respeitem, protejam e cumpram os direitos humanos, incluindo o direito das pessoas de serem totalmente informadas e capacitadas para participar de maneira significativa na tomada de decisões sobre o clima, e que as empresas cumpram suas responsabilidades de respeitar os direitos humanos em todas as suas cadeias de suprimentos. Nos oporemos a qualquer política ou ação tomadas para combater a mudança climática ou apoiar a adaptação que venha à custa dos direitos humanos, e àquelas que aprofundem as desigualdades e causem empobrecimento, fome, desapropriação e exclusão econômica, social e política. Aumentaremos a pressão sobre os países e as empresas mais responsáveis pelas mudanças climáticas e com mais recursos disponíveis. Exigimos que todos os países estabeleçam e apliquem urgentemente metas de redução de emissões, baseadas na ciência, que sejam compatíveis com a proteção dos direitos humanos e que cumpram esses objetivos com antecedência. Nos oporemos às tentativas de transferir o ônus e a responsabilidade pelas mudanças climáticas dos países com altas emissões para países com menos recursos e menos emissões históricas, bem como de empresas e grupos privilegiados para grupos menos privilegiados. Forçaremos aqueles que têm mais responsabilidade na crise a se apropriar de suas ações e tomar as medidas correspondentes. Pressionaremos os Estados que têm a maior responsabilidade pelos danos climáticos e mais recursos a fornecer os subsídios financeiros e tecnológicos necessários aos países do hemisfério sul, a fim de facilitar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Desafiaremos incansavelmente a captura corporativa de políticas e instituições, e responsabilizaremos as indústrias destruidoras do clima e seus patrocinadores financeiros. Exigiremos uma transição justa, equitativa e inclusiva, de combustíveis fósseis para agricultura sustentável e energia renovável que capacite Povos Indígenas, trabalhadores, camponeses, pastores, pescadores e comunidades, em vez de privá-los do direito de voto. Buscaremos medidas para garantir que todas as pessoas, particularmente as que enfrentam discriminação, tenham acesso à educação sobre o clima e os recursos climáticos, e ao treinamento, conhecimento e empregos decentes necessários para uma transição impulsada pelas pessoas em direção a uma sociedade sem emissões. de carbono e com capacidade de recuperação. Trabalharemos pela proteção, respeito e cumprimento dos direitos dos Povos Indígenas, incluindo suas terras e territórios ancestrais. Buscaremos a proteção, o reconhecimento e a promoção de conhecimentos locais e tradicionais que tenham se mostrado eficazes e adequados para lidar com a crise climática, bem como possibilitar a transição e a resiliência tão urgentemente necessárias em nossos sistemas alimentares, sempre com o consentimento e para o benefício dos Povos Indígenas. Exigiremos acesso efetivo e adequado à justiça para indivíduos e comunidades cujos direitos são afetados pela crise climática ou falta de ação climática, incluindo aqueles que enfrentam perdas e danos causados pelo clima e aqueles cujos direitos são ameaçados devido ao deslocamento relacionado ao clima. Trabalharemos para garantir que eles sejam capazes de desfrutar de acesso à justiça e remédios eficazes e que os responsáveis pelos danos climáticos sejam responsabilizados. Usaremos de forma proativa os órgãos nacionais, regionais e internacionais de direitos humanos e instrumentos legais para garantir que os direitos humanos e as obrigações sejam efetivamente cumpridos para promover a justiça climática. Apoiaremos todos os defensores dos direitos ambientais, em particular aqueles que individual e coletivamente protegem seu território, o acesso à terra, os meios de subsistência e o meio ambiente, e aqueles que fazem campanha para defender as pessoas e o planeta de atividades destrutivas e degradação climática. Exigiremos um ambiente seguro e propício no qual todos os defensores dos direitos humanos, particularmente aqueles que enfrentam formas múltiplas e intersetoriais de discriminação e desigualdade, sejam efetivamente protegidos e capazes de defender e promover os direitos humanos sem medo de punição, represália ou intimidação. Leia a declaração completa Leia a declaração em espanhol Leia a declaração em inglês
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