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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Pronunciamento sobre o assassinato de Dilma Ferreira Silva, líder do Movimento dos Atingidos por Barragens do Brasil
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A nova administração do Presidente Jair Bolsonaro tem intensificado as recentes tentativas de enfraquecer a progressista legislação brasileira sobre proteção ambiental e direitos humanos- especialmente as relativas às comunidades indígenas, quilombolas, pequenos agricultores e outras populações tradicionais. Tais tentativas têm entrado em conflito com a própria Constituição Federal Brasileira, aprovada em 1988 durante o período de redemocratização ocorrido após o regime militar. O retrocesso nas políticas públicas, juntamente com as declarações públicas que incitam a violência em áreas de conflito, estão aumentando seriamente os riscos enfrentados pelos defensores dos direitos humanos e ambientais, como Dilma Ferreira Silva. As organizações em defesa do meio ambiente e de direitos humanos signatárias deste comunicado expressam sua solidariedade à família de Dilma e ao Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). 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Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda 10. Association green alternative Georgia 11. Association of Journalists-Environmentalists of the Russian Union of Journalists 12. BAI Indigenous Women's Network in the Philippines 13. Bank Information Center (BIC) USA 14. Biodiversity Conservation Center 15. Both ENDS 16. Bretton Woods Project 17. Buryat Regional Association for Baikal 18. Business & Human Rights Center 19. Center for International Environmental Law - CIEL 20. CIDSE - International family of Catholic social justice organizations 21. Coalition for Human Rights in Development 22. Colegiado Mar RBMA/Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - Grupo Conexão Abrolhos -Trindade 23. Coletivo de Mulheres do Xingu 24. Coletivo de Mulheres Negras de Altamira 25. Comisión Ecumenica de Derechos Humanos 26. Comité Ambiental en Defensa de la Vida 27. Conectas Direitos Humanos 28. Conseil Régional des Organisations Non Gouvernementales de Développement en RDC 29. Conselho Indigenista Missionário - CIMI 30. Corporación SOS Ambiental 31. Crescente Fértil 32. Derecho Ambiente y Recursos Naturales - DAR 33. Derechos Humanos y Medio Ambiente - DHUMA 34. Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno - Perú 35. DKA Austria 36. ECOA - Ecologia e Ação 37. Ecological Center DRONT 38. Ecolur Information NGO 39. Environmental Investigation Agency 40. Fastenopfer Switzerland 41. Focsiv - Federation of Italian Christian NGOs 42. Fórum em Defesa de Altamira 43. Foundation Sami Heritage and Development 44. Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil 45. Front Line Defenders 46. Fundação Avina 47. Fundação Grupo ESQUEL 48. Future for Everyone 49. Global Witness 50. Green Dubna 51. Green Peace Brasil 52. ONG Guajiru 53. In Difesa Di - per i Diritti Umani e chi li difende 54. Indigenous Peoples Movement for Self-determination and Liberation (IPMSDL) 55. Instituto Igarapé 56. Instituto Terramar 57. Institutos Ethos 58. 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Protection International 82. Public Interest law Center (PILC/CHAD) 83. Red de Comités Ambientales del Tolima 84. Red de Género y Medio Ambiente de México 85. REDE GTA 86. Resource Rights Africa da Uganda 87. Rivers without Boundaries International Coalition 88. Rivers without Boundaries - Mongolia 89. SAPÊ - Sociedade Agrense de Proteção Ecológica 90. SCIAF - Scottish Catholic International Aid Fund 91. Serpaj Chile 92. Siberian Environmental Organization 93. Socio-ecological Union International 94. Tatarstan Organization of the All-Russian Society for the Conservation of Nature 95. Terra 1530 96. The Canadian Catholic Organization for Development and Peace/Caritas 97. The Society for Threatened Peoples International STPI - Gesellschaft für bedrohte Völker-International, GfbV-International 98. The Volunteer Movement Save Utrish 99. Toxisphera - Associação de Saúde Ambiental 100. Tutela Legal Maria Julia Hernández 101. Uma Gota no Oceano 102. Uniafro Brasil 103. 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Cuidando el agua, gota a gota
El agua es poderosa. Lo es tanto que la sola idea de no contar con ella en nuestra vida diaria nos perturba. Aun así, la damos por sentado. Creemos que seguirá fluyendo indefinidamente sin que tengamos que hacer nada para garantizar su presencia. Pero la realidad nos golpea cada vez más duro y con más frecuencia para mostrar lo equivocados que estamos. En 2016, Bolivia sufrió su peor sequía en 25 años. La escasez de agua potable afectó a cinco de los nueve departamentos del país, motivando la declaratoria de emergencia nacional. En la ciudad de La Paz, sede del gobierno nacional, los cortes de agua para enfrentar la crisis fueron tan duros que algunas personas debían subsistir hasta dos días con 50 litros. Lo ocurrido en Bolivia no es un hecho aislado. Desde 2010, la zona central de Chile atraviesa por un megasequía que está lejos de terminar. Y en 2018 la sequía en Centroamérica puso en peligro la alimentación de millones de personas debido a la pérdida de cultivos. Las causas del desabastecimiento de agua La escasez de agua en Bolivia y en otros países tiene causas comunes, problemas a enfrentar con urgencia, entre ellos los siguientes: El cambio climático. América Latina es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, que intensifica el ciclo del agua: las regiones más secas del mundo se están volviendo aún más secas. La falta de políticas de largo plazo. El crecimiento poblacional no es acompañado de usos más eficientes del agua y de una mejor conservación de sus fuentes. El manejo inadecuado del agua. La gestión de los recursos hídricos no considera la creciente demanda en todos los sectores, la protección de las fuentes naturales ni el conocimiento tradicional e indígena para su conservación. Los daños de los proyectos extractivos. La creciente actividad minera en la región contamina ríos y consume grandes cantidades de ese recurso, al igual que el fracking. Las hidroeléctricas dañan irreversiblemente importantes cuencas hídricas. Poca cultura del ahorro. El crecimiento de las ciudades y el consecuente aumento en el consumo de agua no encuentra eco en una ciudadanía responsable que cuide el recurso. Buenas prácticas para cuidar el agua Se prevé que la brecha entre la demanda y el suministro de agua en las ciudades llegará al 40% para 2030, por lo que debemos trabajar rápidamente en implementar buenas prácticas de manejo de agua, incluyendo las siguientes: Reciclar aguas residuales provenientes de sistemas de alcantarillado, de la agricultura y de la industria. La reutilización de agua requiere menos energía que la desalinización (que produce más desechos tóxicos que agua), es sostenible y rentable. Adoptar soluciones que aprovechan los procesos naturales que regulan el ciclo del agua. Se pueden aplicar a escala personal (por ejemplo, un inodoro seco), a nivel de paisaje (agricultura de conservación que minimice la alteración del suelo y use rotación de cultivos) o en entornos urbanos (muros verdes o jardines en azoteas). Ampliar los sistemas de cosecha y almacenamiento de agua de lluvias para reducir el impacto de futuras sequías. Aplicar evaluaciones de impacto ambiental adecuadas para impedir la autorización de proyectos que amenacen con dañar fuentes naturales de abastecimiento de agua. Motivar un cambio de mentalidad de los actores clave —responsables de políticas públicas, el sector privado y los consumidores— para que garanticen la disponibilidad de agua y su manejo sostenible. Toda la humanidad necesita agua y es nuestra obligación contribuir para “no dejar a nadie atrás”. Ése es el lema este año del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, y al que nos unimos. En AIDA estamos conscientes que el agua es un derecho humano y trabajamos para cuidar a los ecosistemas que nos la proveen de forma natural, y de los que dependen comunidades enteras, de los daños de proyectos inadecuados.
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Organizaciones piden a la ONU intervenir en la protección del páramo de Santurbán, en riesgo por minería
Solicitan que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos al agua potable y al saneamiento, elabore un informe sobre el caso, visite el sitio y medie para que el Estado colombiano adopten las acciones necesarias para proteger el ecosistema, fuente de agua para millones de personas, de los daños de la minería. Bucaramanga, Colombia. Organizaciones de la sociedad civil enviaron una comunicación a Léo Heller, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos al agua potable y al saneamiento en Colombia. En ella alertan que ambos derechos están en grave riesgo ante la intención de implementar proyectos mineros dañinos en o cerca del páramo, fuente de agua para más de 10 municipios y 3 ciudades principales. Solicitan que el Relator elabore un informe sobre el caso, visite el sitio, y medie para que el Estado colombiano proteja ese ecosistema. Acciones y omisiones del Estado han permitido el avance de proyectos mineros que amenazan la disponibilidad y calidad del agua que provee el páramo. La delimitación del sitio no incluyó todo el ecosistema, dejando desprotegida una parte del mismo, y no contó con participación ciudadana, por lo que la Corte Constitucional dispuso que se realice de nuevo. En el documento, se detalla el proceso de delimitación de Santurbán, la importancia de ese entorno para el disfrute del derecho al agua en Colombia, el marco legal para la protección de los páramos en el país, el desarrollo de proyectos en o cerca del sitio, así como los impactos o amenazas ambientales asociadas: disminución de la calidad y cantidad del agua, contaminación por el uso de explosivos, disminución de la calidad del aire, aumento del nivel de ruido y pérdida permanente de hábitats, entre otros. Asimismo, se da cuenta del impacto del arbitraje internacional de inversiones en las decisiones de los Estados para proteger sus fuentes de agua. Varias empresas mineras han intentado desde hace más de 15 años extraer oro del páramo de Santurbán, ecosistema frágil y estratégico que provee de agua a millones de personas en Colombia. Algunas de ellas son compañías canadienses que están acudiendo a arbitrajes contra el gobierno de Colombia, para demandar enormes sumas de dinero. Las organizaciones piden al Relator monitorear la situación del páramo de Santurbán y urgir al Estado colombiano a cumplir sus obligaciones internacionales en relación con el derecho al agua. Encuentra aquí más información sobre el caso. Contactos de prensa: Alix Mancilla, Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carlos Lozano, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Carla García, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Kirsten Francescone, MiningWatch Canada, [email protected], +14373459881 Kristen Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272
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