Project
Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
Partners:
Proyectos relacionados
Organizaciones condenamos expulsión de la ONU de Nicaragua
A dos días de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentara su informe, donde confirma que las violaciones cometidas con la participación del Estado, el órgano internacional recibió una notificación para dejar el país, en medio de una crisis que ya se arrastra por más de cuatro meses. En su informe, OACNUDH confirma lo que las organizaciones nacionales, internacionales y otros órganos ya habían señalado, y suma nuevos elementos para determinar que son las autoridades nacionales las responsables de numerosas violaciones de derechos humanos cometidas desde el 18 de abril hasta la fecha. Las organizaciones firmantes condenamos enérgicamente esta decisión, que refleja la voluntad de obstruir cualquier escrutinio internacional y el carácter autoritario del gobierno nicaragüense. Pese a que, en julio, el Estado aceptó la observación de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de OACNUDH, la estructura gubernamental se ha encargado de bloquear información y acceso a datos, audiencias, entrevistas y cualquier otro insumo que les permita contar con los elementos necesarios para realizar su trabajo. La actitud de Nicaragua frente a la comunidad internacional es inaceptable y da cuenta de que el gobierno no tiene ningún interés en darle salida a esta crisis. En tanto, la represión y violencia no se detienen y se recrudece la criminalización de manifestantes, estudiantes, líderes y lideresas sociales y defensores/as de derechos humanos como forma de amedrentamiento de quienes se oponen a las posiciones institucionales. En este contexto, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional a observar, condenar y dar seguimiento cercano a esta grave situación, que daña de manera irremediable los pilares democráticos del país y coloca a las personas en Nicaragua en una situación de aun mayor vulnerabilidad. A los Estados de las Américas les urgimos a que den respuesta acorde con la gravedad de una decisión que evidencia un rompimiento con los más esenciales valores democráticos. Por último, reiteramos la necesidad de que la situación en Nicaragua forme parte de la agenda de la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre. Organizaciones firmantes Argentina Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS Bolivia Oficina Jurídica para la Mujer Brasil Conectas Direitos Humanos Chile Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género: Corporación Humanas (Humanas) Ecuador Fundación Paz y Esperanza México Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH) Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC Nicaragua Asociacion de Mujeres para la integracion de la familia en Nicaragua (AMIFANIC) Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del Aborto (C28LAC) Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) Centro de la Mujer ACCION YA (ACCION YA) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) CIFEM Nicaragua (CIFEM) Coordinadora Civil Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ Nicaragua) Diálogo por la Democracia Frente Amplio por la Democracia (FAD) Fundación del Rio (FDR) Fundación Nicaraguense para el Desarrollo Sostenible (FUNDENIC SOS) fundacion para la promocion de las mujeres y la niñez (FUNDEMUNI) Fundacion para la Promociony (Fundemuni) Fundacion PopolNa Grupo Cocibolca Grupo de Solidaridad Arenal (GRUDESA) Iniciativa Nicaragüense de Derechos Humanos de las Mujeres (IN-Defensoras) Liderazgo Juvenil Nicaragüense somos (LJN) Movimiento 19 de abril/Masaya Movimiento Autonomo de Mujeres (MAM) Movimiento Campesino Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Plataforma en Defensa del Agua y la Vida (Plaforna del Agua) Yamlet Mejia Palma (YMP) Perú Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) Paz y Esperanza Venezuela Civilis Derechos Humanos Acción Solidaria Regional Asociación Interamericana Para La Defensa Del Ambiente (AIDA) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) Mujeres LIbres COLEM, AC Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe Internacional Centro de Derechos Reproductivos Asociadas por lo Justo (JASS Mesoamérica) Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
Leer más
Tenemos que hablar de las abejas
Cuando tenía tres años, arrojé piedras a un panal hasta que el enjambre enfurecido me atacó. Es uno de mis primeros recuerdos y, pese a lo doloroso que fue, no guardé ningún resentimiento hacia las abejas, avispas ni abejorros. Fue mi culpa, me explicó mi madre. Ellas sólo se defendieron. Me habló de su aguijón, de la abeja reina y de la miel que producen. Me dijo que se alimentan del polen y néctar de las flores, lo que alguien de tres años puede entender. Con el tiempo, aprendes que de la polinización depende la reproducción de muchas plantas, como el café, las manzanas y el algodón. Entonces, hace 25 años, las abejas no parecían estar en ningún peligro. Donde vivía, en un pequeño poblado de Veracruz, las hallaba por todos lados. Luego me mudé a la Ciudad de México, donde las abejas eran “denunciadas” ante Protección Civil, que llamaba a los bomberos para matarlas. Para evitar que atacaran, se les hacía la vida difícil en los parques: los árboles eran rociados con químicos y pesticidas, al igual que las flores, y los lugares donde encontraban agua para hidratarse fueron desapareciendo. La situación se extendió a los campos de cultivo de todo el planeta. Ahora es raro encontrarse abejas, abejorros y avispas merodeando. El problema con los pesticidas Las primeras alertas datan de 2006, cuando apicultores y agricultores en Estados Unidos reportaron la pérdida del 70% de sus colmenas en el invierno. El promedio de pérdidas era del 15%. Pero el declive de las poblaciones de abejas no sólo sucedía en Iowa ni durante esa época. Varios países europeos también reportaban pérdidas desde inicios de siglo. Según un informe de la Unión Europea publicado en 2014, la región pierde un tercio de su población de abejas cada año. De América Latina, tenemos pocos datos regionales. Los esfuerzos por monitorear las poblaciones apenas inician. Sabemos que apicultores en México han reportado la pérdida del 30 al 80% de sus colmenas. Chile reporta casi la mitad de pérdidas en invierno, porcentaje que antes era del 15 al 20%. El colectivo Abejas Vivas ha contabilizado la desaparición de más de diez mil colmenas en Colombia. Y hay regiones de Argentina que reportan casi el 90% de muertes repentinas de colmenas. ¿Por qué debe importarnos? El 75% de la producción alimentaria depende en algún grado de los polinizadores, vertebrados e invertebrados, y eso incluye a las abejas. La FAO ha pedido a los países adoptar políticas y sistemas alimentarios más favorables con los polinizadores. “No podemos seguir centrándonos en aumentar la producción y la productividad con base al uso generalizado de plaguicidas y productos químicos que amenazan los cultivos y a los polinizadores”, advirtió José Graziano da Silva, director general del organismo. La muerte masiva y espontánea de abejas –conocida como Síndrome del Colapso de Colmena— es resultado de varios factores: el clima que cada vez es más inestable y extremo, el aumento del uso de pesticidas y fungicidas, los parásitos (varroa destructor) y el deterioro de ecosistemas de los que las abejas se alimentan. Cada uno de esos factores provoca estrés en las abejas y actúa sobre ellas al mismo tiempo. Según un artículo publicado en la revista Science, “la exposición a los químicos y la falta de alimento puede perjudicar su sistema inmune, haciéndolas más susceptibles a los parásitos”. Adoptando medidas para proteger a las abejas En abril, la Unión Europea prohibió el uso de tres insecticidas neonicotinoides, muy comunes para cultivos de maíz, algodón y girasol. Una de las razones es que esos pesticidas representan un riesgo para las abejas, no sólo las melíferas (las productoras de miel), también las silvestres, otros insectos y, según el grado de exposición, para animales más grandes. Por supuesto que la prohibición, resultado de un dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, no ha sido del agrado de las empresas productoras de pesticidas, pero el objetivo de la Unión Europea es clave: garantizar la producción de alimentos. En Estados Unidos, pese a que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha llamado a proteger a los polinizadores, el gobierno actual revirtió la prohibición de neonicotinoides en refugios naturales, establecida por la administración anterior Mientras la ciencia trabaja aceleradamente para explicar por completo la muerte masiva de abejas, éstas siguen muriendo, lo que pone en peligro nuestra seguridad alimentaria. Muchos estudios están enfocados en las abejas melíferas, cuyas colmenas son más fáciles de contar. Pero hay alrededor de 20,000 especies de polinizadores, que incluyen abejas no domesticadas, avispas, abejorros y otros insectos y vertebrados como aves y murciélagos. Hay pocos estudios acerca del impacto de los pesticidas, cambios de suelo y variaciones climáticas en las poblaciones de polinizadores silvestres, pero se teme que también estén en riesgo. Algunas plantas dependen únicamente de ciertos polinizadores, como ciertos tipos de orquídeas, el cacao (chocolate), el café y el agave (tequilero). Por eso tenemos que hablar de las abejas y de los otros animales gracias a los cuales tenemos frutas, verduras y cereales. La ausencia o escasez de estas especies significa un daño a la economía de los pequeños productores y una baja producción de alimentos afectará sobre todo a las poblaciones más vulnerables. ¿Qué podemos hacer? Hace 25 años, mi madre plantaba flores y decía que eso atraía a las abejas y garantizaba que siempre hubiera flores. Pero además de sembrar plantas amigables con los polinizadores locales, debemos presionar para que la producción de alimentos sea respetuosa con el entorno natural del que depende. Al final, aunque lo que está matando a las abejas es “multifactorial”, la actividad humana es la única causa detrás.
Leer más
Carta a los Estados de América Latina y el Caribe sobre la firma de un tratado ambiental regional
Estimados/as Presidentes/as: El 27 de septiembre 2018, los países de América Latina y el Caribe tendrán la oportunidad de contar con un nuevo instrumento para la protección del ambiente: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú). Sus gobiernos podrían hacer historia y convertirse en líderes de la protección del medio ambiente al firmarlo en la ceremonia de apertura a firmas que se dará en el marco del Debate General Anual de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El Tratado de Escazú es una herramienta clave que permitirá un enfoque más participativo para la toma de decisiones, la formulación de políticas y proyectos relacionados con el medio ambiente y la disminución y mitigación de conflictos generados por la falta de participación efectiva de aquellas comunidades afectadas. El acuerdo profundiza las obligaciones de derechos humanos que los Estados de la región han adquirido previamente a través de otros instrumentos internacionales en relación con el derecho de acceso a la información pública; la participación en la toma de decisiones, incluida la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas; el derecho a un medio ambiente sano; la igualdad de acceso a la justicia en referencia a los derechos ambientales, así como la protección de personas que defienden los derechos humanos y el ambiente, entre otros. Estas obligaciones adquiridas por los Estados en América Latina y el Caribe, junto con otros compromisos asumidos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros acuerdos internacionales, reflejan el compromiso con un desarrollo respetuoso del medio ambiente y que respete los derechos humanos y las futuras generaciones. Asimismo, en el marco de la 48 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en junio de este año, sus gobiernos invitaron a la firma del Acuerdo de Escazú al reconocer que la persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo sostenible y debe ser un participante activo del mismo. También reconocieron el Acuerdo como un medio para garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones, ataques e inseguridad. La firma del Acuerdo de Escazú es el primer paso necesario para incluir los derechos de acceso en una agenda gubernamental. Representa una oportunidad histórica para que sus gobiernos envíen un mensaje claro a la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre su firme compromiso con esta agenda global para la protección de los derechos humanos vinculados a un medio ambiente sano y sostenible. Una agenda global que beneficiará a todas las personas en nuestra región y en el mundo. Exhortamos a sus gobiernos a firmar el Acuerdo de Escazú el 27 de septiembre de 2018 y someterlo ante las instancias nacionales competentes para su ratificación inmediata. Ahora es el momento de dar pasos firmes para un cambio real. América Latina y el Caribe necesitan que hagan realidad la promesa del Acuerdo de Escazú para millones de personas que viven en la región. También, instamos a sus gobiernos a que adopten medidas rápidas y efectivas para implementar las disposiciones del Acuerdo.
Leer más