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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Brasil dejaría a comunidades, animales y plantas de la Amazonía sin el agua necesaria para subsistir
El riesgo proviene de la propuesta de manejo del caudal del río Xingú para la operación de la represa Belo Monte. AIDA informó de la situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitándole que exhorte al Estado brasileño a evitar la aplicación de la propuesta y a establecer una alternativa social y ambientalmente adecuada. Washington D.C., Estados Unidos y Altamira, Brasil. Al autorizar la construcción de la represa Belo Monte en plena Amazonía, el gobierno brasileño avaló, como medida de mitigación, un plan de manejo del caudal del río Xingú que dejaría sin agua suficiente para subsistir a las comunidades indígenas y ribereñas de la zona, así como a especies de plantas y animales. El plan debería estar en fase de prueba, pero será aplicado el próximo año, cuando estén instaladas todas las turbinas de la hidroeléctrica. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe que detalla la situación de grave riesgo socioambiental, solicitando que la Comisión inste al Estado brasileño a evitar la aplicación de la propuesta y a definir una medida alternativa que sí garantice el mantenimiento de la biodiversidad y los modos de vida de las comunidades. “El esquema autorizado para el manejo del caudal del río amenaza la permanencia de pueblos indígenas y ribereños, y pone en riesgo de extinción a peces y bosques, recursos naturales de los que depende la vida física y cultural de las comunidades”, explicó Liliana Ávila, abogada sénior de AIDA. El plan, denominado hidrograma de consenso, establece el volumen de agua que pasará por una parte del río, denominada Vuelta Grande del Xingú, y el volumen que será desviado para la producción de energía. Con ello se pretende reproducir artificialmente el caudal natural del río en épocas de inundación y de sequía. Norte Energía, consorcio a cargo de la represa, propone para la época de inundación un caudal mínimo promedio de 4,000 m3/s durante un año y de 8,000 m3/s para el año siguiente, a partir del 2019. Y plantea además un caudal mínimo de 700 m3/s para la época seca. Sin embargo, el informe enviado a la Comisión contiene evidencia científica y social que da cuenta que esos niveles de agua son significativamente menores a los caudales históricos del río y que no garantizan que los peces y los bosques aluviales puedan sobrevivir a la reducción propuesta en el corto y mediano plazo. La evidencia, que incluye información del propio Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables y del monitoreo hecho por las comunidades, muestra además que algunas especies acuáticas, como los quelonios, sólo pueden alimentarse y reproducirse con caudales mínimos de 13,000 m³/s en los meses de inundación del río, y que el volumen propuesto para la época seca no garantiza que el río continúe siendo navegable. “El plan de manejo del caudal tampoco tomó en cuenta el monitoreo hecho por el pueblo Juruna en colaboración con la Universidad Federal del Estado del Pará y el Instituto Socioambiental (ISA)”, señaló Marcella Ribeiro, abogada de AIDA. “Ya en 2016 y con niveles mayores de agua de los que se propone aplicar, las comunidades reportaron la muerte de peces”. AIDA envío el informe a la Comisión como parte de la denuncia formal contra el Estado brasileño por las violaciones de derechos humanos causadas por la construcción de la represa. En mayo, junto con organizaciones aliadas, presentamos nuestros argumentos finales en el caso, evidenciando daños ya ocasionados, entre ellos el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades ribereñas, la muerte masiva de peces, daños diferenciados a hombres y mujeres, y amenazas a la sobrevivencia de las comunidades. Encuentra aquí más información del caso. Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Isabel Harari (Brasil), ISA, [email protected], +5561998261213
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Belo Monte pode deixar comunidades, animais e plantas do Xingu sem água para sobreviver
O risco provem da proposta de gerenciamento da vazão do rio Xingú para o funcionamento da Usina Hidroelétrica de Belo Monte. A Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente informou a situação para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, solicitando que inste o Estado brasileiro a evitar a aplicação da proposta e estabelecer uma alternativa social e ambientalmente adequada. Washington D.C., Estados Unidos e Altamira, Brasil. Ao autorizar a construção da Hidrelétrica de Belo Monte em plena Amazônia, o governo brasileiro aprovou, como medida de mitigação, um plano de manejo da vazão do rio Xingu que deixaria as comunidades indígenas e ribeirinhas da região, assim como espécies de plantas e animais sem água suficiente para sua subsistência. O plano de manejo deveria estar na fase de testes, mas será efetivamente aplicado no próximo ano quando forem instaladas todas as turbinas da usina. A Associação Interamericana para Defesa do Ambiente (AIDA) enviou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos um informe que detalha a situação de grave risco socioambiental, solicitando que a Comissão inste ao Estado brasileiro a evitar a aplicação da proposta e defina uma medida alternativa que de fato garantisse a manutenção da biodiversidade e os modos de vida das comunidades. “O esquema autorizado para o manejo da vazão do rio ameaça a permanência de povos indígenas e ribeirinhos, põe em risco de extinção espeécies endêmicas da região e compromete as condições ambientais para a dependênciafísica e cultural das comunidades”, explicou Liliana Ávila, advogada sênior da AIDA. O plano, chamado hidrograma de consenso, estabelece o volume de água que passará por uma parte do rio, denominada Volta Grande do Xingu, e o volume que será desviado para a produção de energia. Com isso se pretende reproduzir artificialmente a vazão natural do rio em épocas de cheia e de seca. O hidrograma de consenso consiste em na época de cheia garantir um fluxo mínimo médio de 4,000 m3/s durante um ano e de 8,000 m3/s para o ano seguinte, a partir de 2019. A medida propõe também uma vazão mínima de 700 m3/s para a época de seca. Apesar disso, o informe enviado a Comissão contém evidência científica e empírica comprovando que esses níveis de água são significativamente menores que os fluxos históricos do rio e não garantem que os peixes e as florestas aluviais possam sobreviver à redução proposta no curto e médio prazo. As evidências, que incluem informações do próprio Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e do monitoramento feito pelas comunidades, mostra que algumas espécies aquáticas, como os quelônios, só podem se alimentar e se reproduzir com vazões mínimas de 13,000 m³/s nos meses de cheia do rio, e, além disso, que o volume proposto para a época seca não garante que o rio continue sendo navegável. “O plano de manejo da vazão tampouco levou em consideração o monitoramento feito pelo povo Juruna em colaboração com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Instituto Socioambiental (ISA)”, ressaltou Marcella Ribeiro, advogada da AIDA. “Já em 2016 e com níveis maiores de água do que os que se propõe aplicar, as comunidades reportaram graves impactos peixes e quelônios”. AIDA enviou o informe a Comissão como parte da denúncia formal contra o Estado brasileiro pelas violações de direitos humanos causadas pela construção da hidrelétrica. Em maio, junto com organizações aliadas, apresentamos nossos argumentos finais sobre o caso, evidenciando danos já ocorridos, entre eles o deslocamento forçado de povos indígenas e comunidades ribeirinhas, a morte massiva de peixes, danos diferenciados a homens e mulheres, e ameaças a sobrevivência das comunidades. Clique aqui para mais informações sobre o caso. Contato de comunicação Isabel Harari (Brasil), ISA, [email protected], +5561998261213 Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Todos merecemos respirar aire limpio
Nací y crecí en Bogotá, la capital de Colombia. Desde niña, me acostumbré al caos formado por miles de carros y buses que lanzaban humo negro y cuyas bocinas no dejaban de sonar. Ver fábricas con grandes chimeneas y sentir malos olores era algo normal. Pensaba que todas las ciudades debían ser así, que la naturaleza y el aire limpio estaban lejos de donde vivía. También me acostumbré a tener malestares: dolor de cabeza, irritación en la piel, los ojos y la garganta, así como tos y rinitis. No me preguntaba de dónde venían esas molestias, llamadas entonces “alergias al ambiente”, que mis hermanas y yo sentíamos todo el tiempo. La contaminación me impedía realizar muchas actividades al aire libre. Caminar o moverme en bicicleta, por ejemplo, no eran buena opción porque mis pulmones eran presa de todo el hollín que buses y carros expulsaban. Había días en los que tenía que salir a la calle con tapabocas y en los que no era recomendable realizar actividades físicas afuera por el alto grado de contaminación en el aire. Un enemigo silencioso Al crecer, me di cuenta que las alergias al ambiente no eran normales y que, al contrario, son la consecuencia de respirar constantemente carbono negro, ozono, dióxido de azufre y otros elementos contaminantes que fábricas, buses y autos emiten diariamente a la atmósfera. Supe que el aire contaminando provoca múltiples daños a la calidad de vida y a la salud de las personas, siendo los más vulnerables los niños y niñas, y las personas de la tercera edad. Según la Organización Mundial de la Salud, millones de personas mueren cada año debido a enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica. En América Latina, la contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud, y causa más de 150 mil muertes prematuras por año. Ciudades como Monterrey (México), Ciudad de México, Cochabamba (Bolivia), Santiago de Chile, Lima (Perú), Medellín (Colombia), San Salvador (El Salvador) y Bogotá, tienen los niveles más altos de contaminación en la región. En un escenario donde las ciudades crecen sin control, así como la población y el número de automóviles y fábricas, me preocupa el futuro de mi familia. No quiero que el aire que nos rodea termine afectando nuestra salud. Mi esposo, que no es de Bogotá, se mudó para estar conmigo. Un año después, comenzó a sufrir de asma. Y mi hija, cuando tenía dos meses de vida, tuvo una enfermedad respiratoria que la mantuvo en cuidados intensivos por varios días. La causa de ambas enfermedades: la mala calidad del aire en la ciudad. Frenando la contaminación Las ciudades son los ecosistemas donde la mayoría de las personas vive. Aunque no son bosques prístinos llenos de árboles y agua, deberían brindar a las personas las condiciones mínimas para una vida digna y con buena salud. Por eso AIDA trabaja para mejorar la calidad del aire en países de América Latina, abogando por la protección de niños, niñas y otras poblaciones especialmente vulnerables a la contaminación atmosférica. Estamos generando conciencia entre los responsables de políticas públicas sobre la importancia de controlar la emisión de contaminantes climáticos de vida corta, llamados así porque permanecen en la atmósfera un tiempo relativamente corto, desde unos pocos días hasta unas cuantas décadas, a diferencia del dióxido de carbono, que puede permanecer siglos. Entre ellos están el hollín (carbono negro) y el gas metano. Estos contaminantes contribuyen de gran manera al cambio climático, degradan la calidad del aire y tienen impactos graves en la seguridad alimentaria y en la salud humana. Su mitigación efectiva podría generar un avance significativo en la lucha a corto plazo para combatir el cambio climático y generar un aire más limpio. Buscaremos además apoyar, desde nuestra experiencia en derecho internacional, a que exista una mejor regulación de estos contaminantes en América Latina. Respirar aire limpio es la necesidad más básica para sobrevivir y no debería ser un lujo.
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