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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Los corales son ecosistemas muy frágiles que además de ser vulnerables ante el cambio climático y la contaminación, entre otras amenazas, deben competir por luz y oxígeno con las macro algas que los cubren. Y, sobre todo en el Caribe, la salud de los corales está en riesgo grave porque están perdiendo a sus mejores aliados: los peces herbívoros, especies que se alimentan de algas y cuya población está disminuyendo debido a la pesca no sostenible. Magie Rodríguez, parte del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA, sabe de la fragilidad de los corales y de la importancia de proteger a estos peces para conservarlos. Actualmente colabora con un proyecto de la organización para la conservación de peces herbívoros en Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá. Conservación de peces herbívoros El pez loro es uno de los grandes residentes herbívoros de los arrecifes de coral. Pasa casi todo el día mordisqueando los corales, limpiándolos de algas. También come corales muertos, aquellos que se desprenden de los arrecifes, para luego defecarlos como arena blanca. También es el principal responsable de que el buceo por esos entornos sea una experiencia tan colorida. Cada especie de pez loro, hay más de 90, tiene un esquema de color diferente. Además, estos peces cambian sus atuendos extravagantes al crecer. Lucen de una manera cuando son bebes y de otra al ser adolescentes y luego adultos. “Una de las claves de la pesca sostenible es capturar peces adultos, que ya se han desarrollado y reproducido, pero lo que se está haciendo en el Caribe es pescar peces loro jóvenes”, explica Magie. Aunque no son especies comerciales, los peces herbívoros están siendo capturados porque no hay nada más que pescar en la zona, cuya población tiene en la pesca su principal medio de ingresos y alimentación. Esa actividad se ha llevado a cabo de forma irresponsable, causando que las poblaciones de peces comerciales disminuyan drásticamente y, como consecuencia, también las de herbívoros. Asimismo, las herramientas usadas para la pesca son redes de enmalle y anzuelos, que causan muchas capturas incidentales, es decir que animales marinos que no son objeto de la pesca sean también capturados. Se usan también arpones o trampas de pesca, las cuales evitan que los peces más jóvenes escapen y continúen su ciclo de vida. Los peces cirujanos son peces tropicales muy bonitos y otras víctimas de la pesca irresponsable en el Caribe. Son pequeños y tienen dientes afilados con los que mastican las algas que pueden ahogar a los corales. Muchos ejemplares viven en cautiverio porque son muy codiciados para acuarios caseros. La especie saltó a la fama con Dory, la protagonista de la secuela del film Buscando a Nemo y que aumentó la demanda del pez cirujano para acuarios. La situación es parecida para el pez damisela, especie pequeña y colorida que también juega un papel clave en la salud de los corales. Hace las veces de jardinero, ahuyentando a las macro algas para ayudar al crecimiento de otras algas más pequeñas de las que se alimenta. Estrategias de conservación El proyecto de AIDA para la conservación de peces herbívoros en el Caribe, cuenta Magie, está en una fase inicial. Su objetivo es la implementación de estrategias diversas en los países escogidos, no sólo prohibiciones de pesca, sino también la adopción general de herramientas de pesca sostenible que tengan en cuenta el componente turístico de los corales. “Es necesario conseguir la recuperación no únicamente de las poblaciones de peces herbívoros, sino también las de especies comerciales, traer de vuelta el equilibrio”. El proyecto contemplará además estrategias adecuadas de manejo de aguas residuales, educación de consumidores y un trabajo conjunto con gobiernos, ONG, universidades y científicos. Los corales son, entre cosas, fuente de ingresos económicos y alimentos para comunidades costeras que viven de la pesca y el turismo. Y son barreras naturales contra tormentas y huracanes. “Ellos hacen mucho por nosotros y nos corresponde cuidarlos. Lo mejor que podemos hacer para mantenerlos sanos es proteger a los peces herbívoros”, dice Magie convencida.
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Mujeres, agua y vida: un vínculo innegable
Como mujer y como defensora del ambiente, siento que es necesario conmemorar y resaltar el trabajo y el rol de las mujeres en la protección de nuestro entorno natural. Es preciso, especialmente, visibilizar los vínculos —que muchas veces parecerían imaginarios— entre la defensa, la valentía y el género. Aunque a veces parezca que hablar de mujeres y medioambiente es abordar dos temas distintos, existen vínculos sutiles, pero no débiles, entre ambos, especialmente entre las mujeres y el agua. Son ellas las primeras víctimas del deterioro medioambiental, pero también son las protagonistas en la defensa, conservación y preservación de la naturaleza. No es extraño que, en gran parte de los espacios de defensa del ambiente, el auditorio sea mayoritariamente femenino. Tampoco que desde el anonimato o desde la popularidad, muchas causas sean lideradas por mujeres. Pero ahora quiero referirme a la correspondencia entre la mujer y el agua como fuentes de vida y puntos claves de la existencia. Las mujeres son quienes habitualmente lideran las luchas en defensa del agua, especialmente en poblaciones indígenas y campesinas. Joan Martínez Alier, catedrático de economía de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en ecología política, explicó a la agencia Efe que esto se debe a que, muchas veces, los conflictos socioambientales en torno a minería o a la privatización del agua afectan la supervivencia de las comunidades de manera muy directa y, por esto, las mujeres defienden el agua tal como defienden a su territorio o a su familia: de una manera valiente y sin pausa. Sin embargo, poco se valora el conocimiento y la experiencia de las mujeres en la administración del agua. En muchos casos, especialmente en el Sur Global, la administración de los recursos hídricos, así como la elaboración e implementación de políticas al respecto, no toman en cuenta roles de género y carecen de un enfoque diferenciado. En el campo colombiano, por ejemplo, son las mujeres campesinas quienes llevan el agua a sus casas desde los lugares donde ésta nace, la hierven para usarla en la cocina y cuidan de ella. Sin embargo, no son consultadas cuando se toman decisiones a nivel local o nacional sobre el suministro de agua. Es necesario entonces hacer visible el papel desempeñado por las mujeres en el manejo y gestión del agua, reconociendo por igual los intereses de hombres y mujeres, y promoviendo la igualdad de oportunidades en el acceso a espacios de toma de decisiones. Así caminaremos rumbo a una mayor equidad. Ahora bien, América Latina es uno de los lugares más peligrosos para defender el ambiente, riesgo que es mayor para las defensoras. Muchas de ellas, que luchan de manera silenciosa desde sus comunidades o desde su posición de lideresas, han sufrido la violencia y la injusticia que conlleva cuidar lo propio. No puedo evitar en este punto recordar y hacer un homenaje a Berta Cáceres, lideresa lenca y activista del Consejo Civil de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien dedicó su vida a la defensa del río Gualcarque. Berta fue asesinada en marzo de 2016, tras años de recibir amenazas por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Pero ella, una mujer valiente víctima de la violencia, así como su lucha, sigue viva. Tengo además en la mente a todas mis colegas, amigas valientes y cómplices que con sus luchas hacen de éste un mundo más justo, construyen equidad en cómo se relacionan con cada persona y creen, con todo su corazón, que la justicia de género viene de la mano de la justicia ambiental. En nuestra realidad, la equidad, más que un punto de partida, es todavía una meta que requiere acciones que compensen o moderen la discriminación que afecta a unas y otros. Por eso es fundamental incorporar el enfoque de género en cualquier plan, programa, proyecto y mecanismo de trabajo de la administración pública. Tal como menciona el Banco Mundial en un informe del 2002, la manera en la que los hombres y las mujeres pueden beneficiarse de manera más equitativa de las políticas, es hacer que ellos y ellas sean parte integral de las mismas con sus experiencias y necesidades. De las mujeres, como del agua, depende la vida. Por eso actuamos como tercas defensoras, no sólo del agua, sino de otros recursos naturales, y de quienes dependen de ellos. Aunque no siempre sea visible, esa lucha está tan presente como el agua que recorre el planeta de muchas formas. Es importante unirnos, ser cada vez más solidarias entre nosotras, con nuestras causas, con nuestros sufrimientos. Sigamos compartiendo nuestros miedos y nuestras luchas y, ante todo, nunca abandonemos la defensa de nuestro territorio, porque éste nos define y a él le debemos todo. Yo siempre he pensado que el agua tiene cara de mujer y cada día me convenzo más de ello.
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