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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Perú inicia diagnósticos a personas afectadas por contaminación tóxica en La Oroya
En mayo de 2016, la CIDH requirió al Estado peruano proteger la vida e integridad de otras 14 personas afectadas por la contaminación causada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Recién la semana pasada comenzaron las evaluaciones médicas y mediciones de la concentración de metales pesados en los beneficiarios. La Oroya, Perú. El 14 y 15 de octubre pasados, comenzaron a realizarse en el centro médico de la ciudad mediciones de concentración de metales pesados en sangre y orina y evaluaciones médicas al grupo adicional de personas afectadas por la contaminación proveniente del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Ello ocurrió cinco meses despues de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara tales acciones al Estado peruano mediante la ampliación de la medida de protección otorgada originalmente en 2007, con la cual el número de beneficiarios subió de 65 a 79. El 3 de mayo, la Comisión pidió que el Estado adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de 14 beneficiarios adicionales[1], “realizando las valoraciones médicas necesarias para determinar los niveles de plomo, cadmio y arsénico en la sangre, a fin de suministrar atención médica adecuada, de acuerdo a los estándares internacionales aplicables a la materia.” Cinco meses después de la solicitud y ante la insistencia y reclamos de las organizaciones que representamos a los beneficiarios, finalmente se realizaron en el Centro de Salud de La Oroya las mediciones de metales pesados a siete de los nuevos beneficiarios. También se les hicieron evaluaciones médicas en las especialidades de nutrición, odontología, psicología, medicina interna, neumología y gastroenterología. Para ello, los médicos de las tres últimas especialidades llegaron a La Oroya desde Lima y Huancayo. Los resultados deberán ser procesados por el Centro de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS) y entregados a los beneficiarios en un plazo no mayor a 45 días. El Ministerio de Salud se comprometió a gestionar que aquellos beneficiarios que, según el diagnóstico, requieran tratamiento médico, sean atendidos por médicos especialistas en Huancayo y/o Lima, pues el Centro de Salud de La Oroya no tiene el personal para hacerlo. También comprometió una nueva fecha para la medición y evaluación médica de aquellos beneficiarios que no pudieron ser atendidos. Desde las organizaciones que representamos a las víctimas esperamos que éste sea un primer paso hacia el cumplimiento pleno de las medidas de protección solicitadas por la Comisión, el cual se exprese no solo en un diagnóstico, sino también en tratamientos médicos especializados y seguimiento adecuado al estado de salud de cada uno de los beneficiarios, aquellos de la medida inicial otorgada en 2007, cuya protección continúa vigente, y los incluidos en la ampliación otorgada este año. “Pese a que las medidas cautelares fueron emitidas originalmente por la CIDH hace casi 10 años —solicitando una serie de acciones urgentes para la protección de la salud— éstas todavía no han sido implementadas en su totalidad. Ello implica que por años los problemas de salud de los beneficiarios no han sido debidamente atendidos”, señaló Christian Huaylinos, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Asimismo, el Estado debe atender con urgencia la situación de los servicios de salud en La Oroya, cuyo centro de salud está en crisis al funcionar en un lugar que ha sido declarado inhabitable por el Instituto Nacional de Defensa Civil y tener solo cinco médicos para la población de La Oroya y la de toda la Provincia de Yauli. “En La Oroya existen problemas estructurales en materia de salud y ambiente que deben ser resueltos con urgencia. Es necesario que la CIDH emita pronto el Informe de Fondo del caso que sobre esta situación fue presentando ante dicha instancia hace casi 10 años. Son 10 años de espera para las víctimas que buscan justicia ante la violación de sus derechos humanos. Si existe un verdadero compromiso del Estado con la población de La Oroya, éste se podrá evaluar en el cumplimiento pleno de las eventuales recomendaciones que emita la CIDH en ese informe”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). [1] Uno de los nuevos beneficiarios falleció por causas ajenas al objeto de la medida de protección de la CIDH. Contactos de prensa: María José Veramendi Villa, AIDA, [email protected], +51 954114393 Christian Huaylinos, APRODEH, [email protected], +51 959789232
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Corazones Verdes que Sangran: La situación de constante peligro para los activistas ambientales en Latinoamérica
“¡Despierta humanidad, ya no hay tiempo!” Berta Cáceres, Discurso de aceptación del Premio Goldman 2015 Ser un defensor/a de los derechos humanos y del ambiente no es tarea fácil. Por el contrario, es uno de los trabajos más peligrosos que se puede ejercer. Estás en riesgo ya sea que pertenezcas a una comunidad campesina, indígena o afrodescendiente, si eres un activista independiente o si eres parte de una organización de la sociedad civil. En su informe más reciente, En Terreno Peligroso, Global Witness dio cuenta que el 2015 fue el peor año en cuanto al asesinato de activistas ambientales y defensores del territorio[1]. El informe documentó 185 asesinatos en 16 países, haciendo de Brasil (50 homicidios), Colombia (26 homicidios), Perú (12 homicidios) y Nicaragua (12 homicidios) los más peligrosos de América Latina[2]. Desafortunadamente, el asesinato de defensores ambientales representa el trágico final de un problema más grande. Como sociedad, todos queremos desarrollo económico y social, y los gobiernos son elegidos, en su mayoría, con base a esa promesa. No obstante, cada vez más Estados y varios actores privados son con frecuencia cómplices de acciones que tienen como objetivo silenciar las voces legítimas y el trabajo de las y los defensores ambientales. Amenazas, acoso y campañas de desprestigio o criminalización hacen mella en el trabajo de estos defensores, quienes terminan dedicando gran cantidad de tiempo a defenderse ante sistemas judiciales, a menudo también cómplices, o incluso protegiéndose físicamente de cualquier atentado contra su vida. Varios Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han reconocido el importante rol que las y los defensores ambientales tienen en nuestras sociedades y, por ello, han recomendado a los Estados su protección. Sin embargo, el nivel de peligro ha continuado en aumento. Defensores ambientales con medidas cautelares de la CIDH para la protección de sus vidas, como en el ampliamente conocido caso de Berta Cáceres, continúan siendo amenazados o asesinados a plena vista de las autoridades y a menudo debido a la complicidad de un Estado. La empresa minera Yanacocha sigue acosando a Máxima Acuña con la intención de sacarla por la fuerza de su tierra y allanar el camino para el proyecto minero Conga, incluso luego que un tribunal peruano determinara que ella no ha violado los derechos de propiedad de la empresa. En La Oroya, una ciudad en los Andes peruanos donde un complejo metalúrgico ha operado desde 1922, docenas de víctimas de contaminación tóxica han estado luchando por años para defender su salud y su ambiente, y continúan buscando una solución en tribunales nacionales e internacionales. Su lucha ha estado plagada de ataques y campañas de desprestigio contra ellas y contra las organizaciones que han asumido su representación legal. Las víctimas han sido etiquetadas como “anti-mineras” y “anti-desarrollo”, acosadas en las calles, e incluso intimidadas con perros muertos colgados frente a sus casas. La lista de este tipo de incidentes en América Latina no hace más que crecer y, asociados a ellos, están minas, represas y otros proyectos de infraestructura inadecuadamente planificados y desarrollados. Como sociedades que buscan el desarrollo económico y social, necesitamos dejar de pretender que éstos y otros innumerables ataques contra las y los defensores ambientales no ocurren o no tienen un impacto en los costos financieros, políticos y sociales que eventualmente todos terminaremos pagando. Los costos llegarán y serán altos. ¡Los gobiernos necesitan despertar ahora y actuar para defender a las y los defensores, ya no hay tiempo! A la memoria de quienes han dado su vida defendiendo algo que debería ser preciado para todos, pero que de alguna forma es solo cuidado por unos cuantos: nuestro planeta. [1] Global Witness. En Terreno Peligroso, junio de 2016, p. 4. [2] Global Witness. En Terreno Peligroso, junio de 2016, pp. 8 -9.
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Nuevo estudio confirma que las grandes represas son una fuente principal de los gases causantes del cambio climático
Investigadores de la Universidad del Estado de Washington concluyeron que todos los embalses, no solo los construidos en zonas tropicales, generan 1.3 por ciento del total de gases de efecto invernadero producido por la humanidad. El hallazgo ratifica una vez más que las represas no son energía limpia y afectan el clima. Seattle, Estados Unidos. Un nuevo e importante estudio a cargo de investigadores de la Universidad del Estado de Washington da cuenta que los embalses de las grandes represas son una fuente “subestimada” de gases de efecto invernadero, principalmente metano, un contaminante 34 veces más dañino que el dióxido de carbono. La investigación evidencia además que todos los embalses, no solo los construidos en zonas tropicales, son gran fuente de emisiones contaminantes a la atmósfera. De acuerdo con el estudio, los gases contaminantes provienen de la descomposición de la materia orgánica que es inundada por los embalses artificiales de agua. La contaminación generada es de gran magnitud. Los embalses generan 1.3 por ciento de los gases de efecto invernadero de toda la humanidad en un año (más que todas las emisiones contaminantes de Canadá) y el 80% de esa contaminación es metano, señala la investigación. “En toda América, gobiernos están impulsando la construcción de cientos de grandes represas, sobretodo para producir energía, argumentando que ayudan a mitigar el cambio climático al ser fuentes limpias”, explicó Astrid Puentes Riaño, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Es cada vez más claro que las grandes represas, más que una solución, son un problema. Los líderes del mundo deben con urgencia empezar a planificar e implementar soluciones energéticas alternativas a fin de conseguir un avance real en la lucha contra el cambio climático”. Junto con una coalición de organizaciones de la sociedad civil, AIDA, Amazon Watch e International Rivers hemos insistido por años que la implementación de grandes proyectos hidroeléctricos —como la represa Belo Monte en Brasil— causan daños serios al ambiente, el clima, y a los derechos de las comunidades afectadas. “Las grandes represas son uno de los causas más importantes de la destrucción ambiental en la Amazonía”, dice Leila Salazar-López, directora ejecutiva de Amazon Watch. “Además de emitir metano, destruyen la biodiversidad y los bosques ancestrales de miles de comunidades indígenas y tradicionales que han vivido por siglos de los ecosistemas ribereños. Es imprescindible calcular los costos reales de las grandes represas para entender todos sus impactos y no generar más daños que beneficios”. Como organizaciones trabajando en la promoción de soluciones reales al cambio climático, estamos dispuestas a compartir evidencia científica sobre los daños de las grandes represas con gobiernos, organismos internacionales e instituciones financieras, para contribuir al cambio energético que todos necesitamos. “Los nuevos hallazgos tumban el mito de las hidroeléctricas como fuente limpia de electricidad y ponen de relieve porqué las grandes represas deben ser excluidas de los mecanismos de financiamiento climático”, dijo Kate Horner, directora ejecutiva de International Rivers. Los hallazgos de este nuevo estudio deben ser considerados en los inventarios de emisiones contaminantes que contribuyen al cambio climático, y en la ejecución de programas y planes orientados a resolver nuestras necesidades energéticas. Para más información consulte: Estudio de la Universidad del Estado de Washington (inglés). Comunicado de la Universidad del Estado de Washington sobre el estudio (en inglés). Video corto de Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA, con una breve explicación de la investigación y su importancia. 10 razones por las que las iniciativas climáticas no deberían incluir grandes proyectos hidroeléctricos (manifiesto). Carta abierta a organismos internacionales, gobiernos e instituciones financieras para que dejen de considerar a las grandes represas como energía limpia e implementen soluciones reales al cambio climático. Contactos de prensa: Astrid Puentes Riaño, Codirectora de AIDA, [email protected], +521 5523016639 Moira Birss, Responsable de Comunicaciones, Amazon Watch, [email protected], 510 394 2041 Sarah Bardeen, Directora de Comunicaciones, International Rivers, [email protected], 510 219 5704
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