Project
Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
Partners:
Proyectos relacionados
Economía circular: ¿qué es y cuál es su rol ante la crisis climática y la transición energética?
La vida en el planeta, incluida la nuestra, depende de la naturaleza.Para crear modos de vida más sostenibles y mantener bajo control el calentamiento del planeta, es necesario garantizar ecosistemas sanos, resilientes y productivos.La crisis climática, la de contaminación y la de pérdida de biodiversidad tienen su origen en actividades humanas que explotan la naturaleza más allá de sus límites, sin darle opción a recuperarse, degradando ecosistemas y llevándolos a puntos de “no retorno”.Estas actividades se basan en el modelo convencional de la economía, que es lineal y que sigue la lógica de extraer, producir, utilizar y desechar recursos.Un uso más sostenible de los recursos naturales requiere un modelo económico distinto.Una opción, entre varias, es la economía circular, un modelo económico de producción y consumo descrito tradicionalmente como una combinación de actividades de reducción, reutilización y reciclaje.Pero la mayoría de las aproximaciones actuales a la economía circular, incorporadas en diversas políticas públicas, están enfocadas en ampliar el ciclo de vida de los productos ya fabricados. No incorporan de manera integral los procesos de extracción de los materiales necesarios para fabricar los productos ni el descarte final de los mismos. Esto reduce considerablemente la protección de la naturaleza y de los territorios durante el ciclo económico.Por eso es importante entender qué es la economía circular y qué debe incluir, en la teoría y en la práctica, para que contribuya realmente a un mundo más sostenible y justo. Economía circular: Definición y desafíosComo alternativa al sistema económico lineal, la economía circular implica cerrar el ciclo económico mediante diversos mecanismos. Estos incluyen la reducción del uso de recursos naturales vírgenes, el aumento del uso de materiales reciclados y la reducción de residuos al mínimo a través de la reparación y reutilización de productos, manteniéndolos en circulación el mayor tiempo posible.Significa también la creación de un valor adicional para productos cuya vida útil terminó cuando sus materiales son utilizados una y otra vez. Frente a nuestro uso continuado y no sostenible de los recursos, el concepto de economía circular está cada vez más presente en diferentes ámbitos.Aunque se trata de un concepto vivo y en evolución, cuando se convierte en política pública, la mayoría de las definiciones de economía circular consideran que su objetivo principal es la prosperidad económica, teniendo el cuidado ambiental como resultado secundario. En 2020, una definición legal de la economía circular en la Unión Europea la consideraba “un sistema económico en el que el valor de los productos, los materiales y otros recursos de la economía se mantiene durante el mayor tiempo posible, mejorando su uso eficiente en la producción y el consumo, reduciendo así el impacto ambiental de su uso y minimizando los residuos y la liberación de sustancias peligrosas en todas las etapas de su ciclo de vida…”.Esta y otras definiciones muestran que los efectos positivos de la economía circular en la naturaleza tienden a darse por sentado, cuando ciertas teorías o prácticas asociadas al concepto pueden en realidad obstaculizar la protección de ecosistemas y de las personas que dependen de ellos.Así está ocurriendo con el tipo de economía circular promovida para que los procesos extractivos ligados a la transición energética, pensada para enfrentar la crisis climática, sean ambientalmente amigables. Economía circular y transición energéticaHistóricamente, actividades extractivas como la minería han degradado ecosistemas y vulnerado derechos humanos en América Latina, generando las llamadas “zonas de sacrificio”.Hoy, para enfrentar la crisis climática, diversos organismos internacionales han posicionado una transición energética que requiere duplicar la producción de energías renovables y la electromovilidad para descarbonizar la matriz energética global.Ello implica al mismo tiempo intensificar la extracción de los denominados minerales "críticos" para el desarrollo de tecnologías limpias. Uno de ellos es el litio, mineral del cual la región posee grandes reservas.Así, lejos de ponerle fin, la transición energética promovida desde el norte global está renovando la histórica tendencia extractivista, generando una gran presión sobre los territorios de América Latina ricos en minerales para la transición, afectando ecosistemas y poblaciones cercanas a las zonas de extracción.En este contexto, la economía circular es difundida como una herramienta para que la explotación minera sea un proceso ambientalmente responsable. Pero las propuestas internacionales al respecto no garantizan la resiliencia de los ecosistemas ni el bienestar de las comunidades.Esto es evidente en países como Argentina, Bolivia y Chile debido a la creciente demanda global de minerales como el litio.Actualmente, la economía circular aplicada a la minería en América Latina está enfocada en los procesos internos de las empresas mineras, pero no en las consecuencias que sus interacciones con ecosistemas y comunidades generan en los territorios de extracción, sin detener la ampliación del extractivismo ni los altos impactos socioambientales causados.La obtención de litio para electromovilidad, por ejemplo, implica una cadena de suministro compleja y transnacional. Esta incluye la extracción del mineral, su refinamiento, la producción de electrodos para baterías, la fabricación de baterías y, finalmente, la de vehículos eléctricos.Con la visión del norte global, aquí la economía circular se aplica principalmente en el reciclaje de baterías y en mejoras industriales para la explotación minera. Pero no incluye medidas para cuidar los límites biofísicos y la capacidad de resiliencia de los ecosistemas en donde se extraen los minerales, asegurar la restauración ambiental, prevenir daños a las economías locales, garantizar los derechos humanos y reparar aquellos que ya han sido vulnerados. Propuestas desde América Latina para una economía circular justaPara que la transición energética no se convierta en un nuevo proceso extractivo que genere los mismos conflictos e impactos ambientales que sistemáticamente ha causado y que son precursores de la actual crisis climática, es fundamental que la economía circular integre comprehensivamente a los territorios de extracción de minerales.Los esquemas de economía circular deben evitar la creación, expansión y/o profundización de “zonas de sacrificio”; además de reconocer el valor estratégico de los ecosistemas como capital natural de los países y las comunidades, por las funciones ecosistémicas que brindan, entre ellas la provisión de agua dulce y la captura de carbono.Para avanzar hacia una economía circular justa en los territorios de extracción, se deben respetar los siguientes principios:Protección de los derechos humanos de las poblaciones locales, garantizando su permanencia en el territorio y la continuidad de sus actividades económicas, vinculadas a sus medios de vida y a su relación con los ecosistemas.Promoción del equilibrio ambiental conforme a los límites biofísicos de los ecosistemas, reconociendo sus valores intrínsecos, que favorecen la conservación de sus funciones.Internalización de los costos ambientales en las cadenas de valor de los minerales, incorporando en los precios el valor de los servicios ecosistémicos utilizados para su extracción.Conoce más en nuestro informe para políticas públicas Reimaginar la economía circular desde los territorios de extracción. Propuestas desde América Latina.
Leer más
AIDA se une como miembro a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
Frente a los desafíos ambientales globales, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) fortalece su rol internacional en defensa de la naturaleza y de quienes la protegen.Con nuestra incorporación como organización miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la red ambiental más grande y diversa del mundo, AIDA aportará su experiencia jurídica, científica y de trabajo en alianza para fortalecer la conservación de la naturaleza desde una visión latinoamericana y con perspectiva de derechos humanos.Bajo el objetivo de promover un mundo justo que valora y conserva la naturaleza, la UICN es un espacio neutral para que diferentes actores creen e implementen soluciones a los retos ambientales. Con el aporte de más de 17.000 personas expertas, la UICN es una incubadora y un repositorio confiable de conocimientos especializados sólidos, asesoramiento normativo, mejores prácticas y herramientas, así como de directrices y estándares internacionales para impulsar la conservación y el desarrollo sostenible.AIDA, con más de 25 años de trabajo reconocido en la protección del ambiente y la defensa de los derechos humanos en América Latina, contribuirá como miembro al objetivo de la UICN a través de:La articulación de alianzas para la conservación de la naturaleza basada en derechos;El fomento a la cooperación entre miembros gubernamentales y no gubernamentales;Aportes al debate en torno a problemas de conservación, especialmente en los aspectos jurídicos y científicos;Contribuciones al desarrollo de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales; así como a convenios internacionales relacionados con la conservación de la naturaleza; yEl impulso a la justicia ambiental y social, los derechos humanos y el derecho ambiental para avanzar hacia una gobernanza ambiental inclusiva y participativa. Esta membresía refleja el compromiso institucional de AIDA con una conservación efectiva, participativa y con enfoque de derechos humanos. Como parte de la UICN, AIDA trabajará para que las voces y experiencias de América Latina tengan un lugar protagónico en la construcción de soluciones globales ante la crisis ambiental.
Leer más
Mapuches se defienden contra la industria extractiva, los desalojos forzados y la inseguridad jurídica en sus territorios ancestrales en Argentina
Las comunidades del pueblo mapuche urgen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigar más a fondo los abusos en la intersección entre la industria extractiva y el despojo territorial.Río Negro, Neuquén, Mendoza, Argentina. El martes 22 de julio de 2025, organizaciones del pueblo indígena mapuche denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave situación derivada de los conflictos con proyectos extractivos en territorios indígenas de Argentina. El órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos escuchó los testimonios de personas afectadas por proyectos mineros, petroleros y gasíferos, agravados por la falta de reconocimiento territorial, los desalojos en curso y la criminalización de las comunidades indígenas."La rápida expansión de proyectos extractivos en territorios ancestrales mapuches de Argentina está impulsando el desalojo de nuestras comunidades, ya que estos proyectos avanzan sin su consentimiento libre, previo e informado", destacaron Mirta Ñancunao y Hugo Aranea, werken (voceros) del Parlamento Mapuche- Tehuelche de Río Negro. Esto incluye nuevos proyectos mineros que abarcan 18.000 kilómetros cuadrados en Malargüe, desarrollos de petróleo y gas que se extienden por 600 kilómetros de la formación de esquisto Vaca Muerta en Neuquén, y al menos 53 nuevos proyectos metalíferos y energéticos en Río Negro, en particular el proyecto minero de oro y plata a cielo abierto denominado Calcatreu, que pone en peligro fuentes de agua."Los avances de la explotación de los recursos naturales fueron acompañados de la intención de vaciamiento del territorio", dijo Lorena Bravo de la Confederación Mapuche de Neuquén, Zonal Xaunko. "Los desalojos tienen por consecuencias directas el impedimento de uso de las tierras; de acceso a las tierras, a los sitios ceremoniales; afectación a la alimentación, acceso al agua, a la salud y afectación a la economía indígena y formas tradicionales de producción".Gabriel Jofré, werken de la Organización Malalweche afirmó que "esta avanzada de empresas extractivas en el territorio tiene como presupuesto la falta de reconocimiento estatal efectivo". Enfatizó que el Estado ha desmantelado los procesos utilizados por las comunidades mapuches para reivindicar sus derechos territoriales, incluyendo el reconocimiento de su personería jurídica. Jofre también señaló que el gobierno nacional derogó las protecciones de la Ley 26.160, la cual había suspendido los desalojos de comunidades indígenas reconocidas."El avance del extractivismo no es posible sin instalar un discurso racista y discriminatorio", advirtió Jofré, quien sostiene que esto pone en peligro a las personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente. Tanto autoridades nacionales como provinciales han promovido discursos racistas y de odio contra las comunidades mapuches, tildándolas de "terroristas" y negando su identidad indígena. Esta retórica ha intensificado la estigmatización de defensores indígenas y ha incrementado los riesgos que enfrentan al ejercer su labor de defensa de derechos.Las comunidades instaron a la Comisión a investigar más profundamente las violaciones a los derechos humanos que ocurren en la intersección entre la expansión de la industria extractiva y el despojo de los territorios ancestrales mapuches. En diciembre de 2024, la Comisión emitió una declaración pública instando al Estado argentino a respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas.Entre las organizaciones que participaron en la audiencia se encuentran la Organización Malalweche de Mendoza, la Confederación Mapuche de Neuquén y la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, con el apoyo del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice.Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107
Leer más