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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Un hito para la protección de dos terceras partes del océano
El mundo celebra un avance clave para mantener al océano sano y resiliente para las generaciones presentes y futuras.Este mes se cumplió el requisito necesario para la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, un acuerdo largamente buscado y fundamental para la protección y uso sostenible de dos terceras partes del océano, casi la mitad de nuestro planeta azul.Alta mar es la zona que está fuera de las jurisdicciones nacionales y una de las mayores reservas de biodiversidad a nivel mundial por la riqueza de vida marina que resguarda. También nos brinda alimento y oxígeno, regula el clima, amortigua los impactos de la crisis climática y sostiene los modos de vida de comunidades dedicadas a la pesca y al turismo.Tras más de 20 años de discusiones y más de cinco años de negociaciones formales, el 4 de marzo de 2023, los gobiernos acordaron, en la sede de Naciones Unidas, el texto del tratado, que fue adoptado formalmente el 19 de junio de ese año.Pero ahí no terminó la historia.Para su entrada en vigor y posterior implementación, el tratado debía ser ratificado por al menos 60 países, algo que finalmente ocurrió el pasado 19 de septiembre. La vigencia del tratado comenzará oficialmente 120 días después de esa fecha: el 17 de enero de 2026.Desde AIDA hemos contribuido a este proceso por muchos años, aportando a que las necesidades de América Latina sean parte de la construcción del tratado y ahora también de su puesta en práctica.El Tratado de Alta Mar —nombre corto para el Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés)— plantea, entre otros beneficios, la creación y el manejo adecuado de áreas marinas protegidas en alta mar para conservar y rescatar la rica biodiversidad albergada en el océano.Establece además que cualquier actividad nueva en alta mar está sujeta a evaluaciones de impacto ambiental que incluyan los impactos acumulativos de múltiples actividades en un solo ecosistema. El aporte de AIDA a la protección de la vida en alta marDesde las negociaciones del texto del Tratado de Alta Mar, y hasta la actualidad, AIDA ha tenido una participación activa en el proceso, coliderando las contribuciones de la sociedad civil de América Latina para un acuerdo sólido.Lo hemos hecho como parte de la High Seas Alliance, una coalición de más de 70 organizaciones que trabajan por preservar la biodiversidad en alta mar y en la cual AIDA tiene el papel de coordinador regional para América Latina. Desde ese rol hemos incorporado en las estrategias de la alianza las realidades, expectativas y desafíos del continente.Durante la negociación del tratado, apoyamos a las delegaciones latinoamericanas, tanto en sus procesos internos como regionales, mediante sesiones informativas enfocadas en los beneficios y deberes del acuerdo. Aportamos así al fortalecimiento de capacidades de los países de la región desde nuestra experiencia y pericia técnica científica en el tema.Y, con miras a la implementación del acuerdo, también hemos brindado apoyo técnico a las delegaciones de la región para su participación en las sesiones del Comité Preparatorio, instancia de Naciones Unidas que trabaja para avanzar los temas que deberán abordarse en la primera Conferencia de las Partes (COP) del acuerdo.Los países que ratifiquen el tratado podrán participar en la COP, donde se decidirán aspectos clave para su implementación y para la puesta en marcha de sus beneficios. La primera sesión de esta COP tendrá lugar un año después de la entrada en vigor del tratado.Más allá de la tan esperada ratificación del tratado, es necesario que todos los países —no solo 60— se adhieran al acuerdo para lograr la gobernanza justa, equitativa y sostenible de la biodiversidad en alta mar. Ello garantizará la implementación efectiva del acuerdo, incluyendo el cumplimiento de sus objetivos de conservación y la participación de los países en sus beneficios.Desde AIDA seguiremos trabajando con un enfoque latinoamericano para asegurar que el Tratado de Alta Mar se traduzca en acciones concretas para la protección y uso sostenible de alta mar, una obligación de todos los gobiernos.
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Hito histórico para la protección mundial del océano: La 60ª ratificación activa la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar
Tras la ratificación ante la Organización de las Naciones Unidas de cuatro nuevos países esta semana —Sri Lanka, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona y Marruecos— el Tratado de Alta Mar alcanzó hoy las 60 ratificaciones estatales necesarias para activar su entrada en vigor. El también llamado Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas fuera de la Jurisdicción Nacional (Acuerdo BBNJ, por sus siglas en inglés), entrará en vigor a los 120 días, el 17 de enero de 2026."Este momento histórico es la culminación de años de dedicación y diplomacia internacional de gobiernos y partes interesadas", afirmó Rebecca Hubbard, directora de la Alianza de Alta Mar. "El tratado es un poderoso testimonio del multilateralismo, que demuestra lo que el mundo puede lograr cuando nos unimos por el bien común de nuestro océano, el cual cubre más del 70% del planeta. Hoy se da un paso importante en el que las promesas comienzan a convertirse en acciones", señaló.El Tratado de Alta Mar es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que salvaguarda la vida marina en alta mar, que abarca dos tercios del océano y desempeña un papel fundamental para garantizar la salud del planeta. Proporciona herramientas para detener la pérdida de biodiversidad y la degradación del océano, permitiendo la creación de áreas marinas protegidas (AMP) en aguas internacionales y la realización de evaluaciones de impacto ambiental de actividades humanas previstas. También fortalece la equidad para los países en desarrollo al ampliar el acceso al conocimiento y la tecnología, reforzar la creación de capacidades y garantizar el acceso y participación equitativos en los beneficios de los recursos genéticos marinos.Estas disposiciones son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos mundiales en materia de clima y biodiversidad, incluido el objetivo 30x30 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (GBF, por sus siglas en inglés) de proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas del planeta para 2030.Adoptado en junio de 2023, tras casi dos décadas de debates y negociaciones, el tratado se abrió a firma el 20 de septiembre de 2023. El primer país en ratificarlo fue Palaos, el 22 de enero de 2024, y desde entonces se han sumado Estados de todas las regiones. Además de las 60 ratificaciones, 142 países (además de la Unión Europea) lo han firmado, señalando su intención de ratificarlo.Según el tratado, la primera Conferencia de las Partes (COP) debe reunirse en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, previsiblemente a finales de 2026. La ONU ya avanza en el trabajo preparatorio para dotar de instituciones y procesos que garanticen la ambición y la eficacia a largo plazo del Tratado de Alta Mar en la COP1. Por su parte, gobiernos y partes interesadas están sentando las bases para desarrollar propuestas de AMP en alta mar con el fin de proteger sitios críticos para la biodiversidad una vez que el tratado entre en vigor. Entre ellos se encuentran las cordilleras submarinas de Salas y Gómez y Nazca, la elevación submarina de Lord Howe, el Mar de Tasmania meridional, el Mar de los Sargazos y el domo térmico del océano Pacífico oriental."Alcanzar las 60 ratificaciones no es la meta final, sino solo el punto de partida", afirmó Rebecca Hubbard. "La verdadera fuerza del Tratado de Alta Mar reside en la participación universal. Si bien debemos celebrar este increíble progreso, instamos a todas las naciones restantes a sumarse a este acuerdo histórico y ayudarnos a pasar de 60 ratificaciones a una global antes de la primera COP".Se esperan anuncios de más ratificaciones durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que comienza el 22 de septiembre de 2025.Notas para el editorEl estado oficial de las firmas y ratificaciones puede consultarse en el sitio web de la ONU y en el rastreador de ratificaciones de la Alianza de Alta Mar (HSA, por sus siglas en inglés). Nota: El número que aparece en el rastreador de la Alianza de Alta Mar refleja solo las ratificaciones que cuentan para la entrada en vigor y no incluye la ratificación de la Unión Europea, por lo que difiere del recuento total de la ONU.La Alianza de Alta Mar utiliza en ocasiones el término "Tratado de Alta Mar" como abreviatura del Acuerdo BBNJ. La HSA reconoce que el alcance del Acuerdo BBNJ abarca todas las zonas fuera de la jurisdicción nacional, incluidos el lecho marino y la columna de agua. La elección de esta redacción busca facilitar la comprensión a un público amplio y no implica una jerarquización entre los componentes o principios del Acuerdo BBNJ.
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