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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Además, las comunidades indígenas tienen derecho a decidir cómo quieren vivir y, según el caso, a rechazar la construcción de hidroeléctricas en sus territorios o el uso que esos proyectos hagan de los recursos naturales con los que conviven desde sus ancestros. El Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que los Estados están obligados a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Y en su Artículo 7 establece que estos pueblos “deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera (…)”. De lo anterior se desprende que los Estados deben diseñar, organizar y llevar a cabo la consulta. El problema es que aún no logran internalizar procesos transparentes para ello. Tres ejemplos de la falta de consulta en la región 1. Belo Monte La construcción de grandes represas aqueja a muchos pueblos indígenas en América Latina. En Brasil, por ejemplo, se construye la tercera hidroeléctrica más grande del mundo: Belo Monte. Las autoridades de ese país argumentan que proyectos de este tipo son baratos y de bajo impacto, pero no consideran los otros usos del río en los análisis de costo-beneficio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (al otorgar medidas cautelares) y el Comité de Expertos del Convenio 169 de la OIT (en la Observación CEACR 2011/82) establecieron que el Estado brasileño debió explicar el proyecto —de buena fe y de manera culturalmente apropiada— a las comunidades afectadas por la represa para llegar a un acuerdo con ellas. Los daños de la construcción de hidroeléctricas al ambiente son innumerables. Y en el aspecto humano, los pueblos indígenas pierden el acceso al agua en sus tierras ancestrales, a sus tradiciones, sitios sagrados y a su forma de vida (si por ejemplo se dedican a la pesca como actividad económica primaria). 2. Urra I En Colombia, la sentencia T652/98 bde la Corte Constitucional estableció lo siguiente respecto de la hidroeléctrica Urrá I: “El procedimiento para la expedición de la licencia ambiental que permitió la construcción de la hidroeléctrica Urrá I fue irregular, y con violación de los derechos fundamentales del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, pues se omitió la consulta que formal y sustancialmente debió hacérsele”. En este caso, la construcción de la hidroeléctrica ya se había consumado con perjuicios irreversibles. La justicia ordenó a la empresa Urrá indemnizar durante 20 años a cada indígena afectado de la comunidad Embera, “en la cuantía que garantice su supervivencia física, mientras elabora los cambios culturales, sociales y económicos”. Aunque dicha disposición se haya cumplido, el daño ya estaba hecho. 3. Las Cruces La Comisión Federal de Electricidad (CFE) planea construir la represa Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital en Nayarit, México. El proyecto tendrá una capacidad de 480 MW, divididos en dos turbinas y una cortina de 176 metros de alto y 445 metros de largo. Su construcción no sólo afectaría a Marismas Nacionales, sino también a los derechos de las comunidades Náyeri (Cora). Al momento, no sólo no se han realizado ejercicios de consulta previa, sino que se han celebrado asambleas ejidales ilegales para recabar el permiso necesario de los ejidatarios y comuneros para que la CFE continúe con sus estudios de exploración y factibilidad. La consulta previa va más allá de una simple reunión informativa con las comunidades afectadas o de la notificación a éstas. Los indígenas deben recibir información del proyecto de forma entendible, en su idioma nativo, conforme a sus costumbres e incluso participar en la preparación de la manifestación de impacto ambiental. Esto no ha sucedido en el caso de Las Cruces. Metodologías para evaluar impactos y consultar a las comunidades International Rivers publicó una Guía Ciudadana derivada del Informe de la Comisión Mundial sobre Represas para evaluar impactos de las grandes hidroeléctricas. Aunque no es una panacea, el documento contiene una valoración de impactos o riesgos y de derechos. Esta metodología se enfoca en evaluar la afectación al derecho de las comunidades con la construcción de la represa y busca la reducción de tal impacto. De otro lado tenemos el Protocolo para la Evaluación de la Sustentabilidad de la Asociación Internacional de Hidroeléctricas, severamente criticado porque excluye la participación de representantes de comunidades afectadas y no hace énfasis en el consentimiento previo, libre e informado. El Protocolo tampoco utiliza lenguaje débil como “mejores prácticas”, lo cual permite al evaluador anotar una calificación en favor del proyecto y no de las comunidades. Además, la metodología no revisa detalladamente el desplazamiento, la compensación a las poblaciones afectadas, ni toma en cuenta las implicaciones en cuanto a cambio climático. Los Estados deben facilitar recursos para que los pueblos indígenas planifiquen, ejerzan y controlen sus recursos naturales. Sin consulta previa, no sólo se vulneran los derechos de los pueblos indígenas, sino también el de los ciudadanos en general. Si los proyectos hidroeléctricos no son rentables, ¿quiénes pagarán los sacos rotos con sus impuestos? 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Un balance de la Asamblea General de la OEA y su relación con el medio ambiente
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Mis objetivos ahora eran: 1) dar seguimiento al proceso de “fortalecimiento” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que finalizó en la Asamblea Extraordinaria de marzo pasado; y 2) contribuir a la inclusión del enfoque ambiental en el debate sobre la política de las drogas, aportando la experiencia adquirida en AIDA con el seguimiento a los programas de erradicación de coca y amapola en Colombia (1999-2007). A continuación comparto mis conclusiones acerca del evento desde cuatro ángulos: Lo que salió bien La Declaración de la Asamblea sobre la necesidad de evaluar la hasta ahora fallida política contra las drogas. Los Estados reconocieron sus impactos negativos en el ambiente y los derechos humanos, así como la importancia de tenerlos en cuenta en futuras iniciativas de solución. Se aprobaron y abrieron a firma la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, y formas conexas de intolerancia" y la "Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia". Esperamos que ambas sean ratificadas y cumplidas por todos los Estados para erradicar así acciones que atentan contra la dignidad y la vida de cualquier persona. La culminación del proceso de “fortalecimiento” del SIDH, iniciado en 2011. Al respecto, me limitaré a recordar que, lejos de fortalecer, las propuestas de algunos Estados amenazaron con debilitar el Sistema (ver blog anterior). En marzo, se acordaron importantes reformas a la CIDH que se aplicarán desde agosto. Aunque sin estar vigentes esos cambios, algunos Estados buscaban otros más. Dado que una situación de eterna reforma está destinada al fracaso, fue positivo que por ahora los Estados no acordaran nuevas revisiones a la CIDH o a la Corte. También fue positivo el diálogo franco y abierto (aunque a veces duro) entre Estados, la CIDH, la Corte IDH, la sociedad civil y otros usuarios del Sistema. Muchos temas quedaron pendientes, pero lo importante es fortalecer un diálogo en el que usuarios e interesados en el SIDH participen efectivamente y en el que la verdadera protección de los derechos humanos sea la única guía. En cuanto a la elección de Comisionados a la CIDH, los seis candidatos presentaron sus propuestas el pasado 1º de mayo en un foro realizado en el Consejo Permanente. A pesar de la inconveniencia del día, el hemisferio (excepto el Norte) celebraba el Día de Trabajo, escuchamos a los candidatos (todos hombres esta vez) y conocimos sus perspectivas respecto de la CIDH. Esta práctica debería ser sistemática en todas las elecciones de la OEA. Lo que no me gustó La falta de claridad e interrupciones en espacios destinados a la sociedad civil. Reconozco que se han logrado avances hacia una mayor y más significativa participación de ese sector en la OEA, aunque los mecanismos aún distan de ser perfectos. Dos ejemplos de la Asamblea en Antigua, que espero evitemos en adelante, ilustran lo señalado: 1. Durante el diálogo de sociedad civil con el Sr. Insulza, Secretario General de la OEA, el representante de un Estado tomó la palabra. Sin importar el contenido de la intervención o qué gobierno lo haga, esto va en contra de la definición del espacio, abierto sólo al Secretario de la OEA y a los delegados de la sociedad civil. Es sin duda un punto a mejorar de inmediato. 2. En el diálogo entre sociedad civil y las y los Cancilleres, la situación se tornó compleja. Se acostumbra que por el poco tiempo disponible para las intervenciones (20 minutos en total esta vez), las organizaciones decidan antes los temas y oradores. En esta ocasión, un grupo de organizaciones insistía en tener la palabra aunque su tema no fue escogido. Pese a ello, se le dio la palabra a una persona adicional sin una coordinación y acuerdo previos. Aunque esto buscó dar voz a todas las perspectivas de un grupo perso, como lo es la sociedad civil, abrió la posibilidad de deslegitimar el esfuerzo de cientos de organizaciones para organizarnos, valga la redundancia. Además, el hecho conlleva el riesgo de que organizaciones o personas cuyos temas no hayan sido seleccionados por el resto, pero que sean cercanas a las cancillerías, participen más que otras. Lo que quedó pendiente… Lograr mayor participación de otros sectores de la sociedad civil como pueblos indígenas, campesinos y afro-descendientes; aunque, a diferencia del pasado, ahora hubo más presencia de éste último grupo, lo cual es positivo. Dar continuidad a la urgencia de que los Estados renueven y prueben su voluntad de cumplir con las decisiones del SIDH. Este tema, considero, es el gran elefante en la sala. Aunque es parte de las recomendaciones del Grupo de Trabajo que los propios Estados crearon para el “fortalecimiento”, ninguno de ellos ha vuelto a mencionar el asunto, el cual tampoco está en la Resolución que da por cerrado el proceso pese a ser un elemento fundamental para el verdadero fortalecimiento del Sistema. Esta Asamblea desafortunadamente evidenció de nuevo la falta de transparencia para la elección de Comisionados. Pese a lo rescatable del foro, mencionado arriba, los procesos participativos y transparentes de selección en cada país estuvieron ausentes. Durante la Asamblea, otra vez se aplicó el mecanismo tradicional en el que cada Estado nomina y hace campaña por su candidato. Ello se presta a la negociación diplomática de votos que al final son secretos, lo que minimiza la rendición de cuentas a la que todos tenemos derecho respecto de nuestros gobernantes. Lo más bonito Sin duda, la sede: Antigua. Las personas son increíblemente amables. 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Leer másEl Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas recibe solicitud de investigar las violaciones a derechos humanos causadas por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco
Washington, D.C., Estados Unidos. Un total de 12 organizaciones de la sociedad civil pidieron al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, que realice una investigación formal sobre los impactos en los derechos humanos de la represa Barro Blanco, ubicada en el río Tabasará, Panamá. Las organizaciones panameñas e internacionales también solicitaron al Relator Anaya pedir al Gobierno de Panamá la suspensión inmediata de la construcción de la represa hasta tanto se hayan atendido completamente las amenazas a los derechos del pueblo indígena Ngäbe, afectado por el proyecto. La controversia sobre este proyecto recibió particular atención durante las negociaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre cambio climático, realizadas la semana pasada en Bonn, Alemania, ya que el proyecto Barro Blanco se encuentra registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), un esquema de compensación de emisiones de carbono establecido bajo el Protocolo de Kioto. “La represa Barro Blanco afectará directamente al pueblo Ngäbe; sin embargo, ni siquiera fuimos consultados antes de que el proyecto fuese aprobado”, dijo Weni Bagama, una de las líderes Ngäbe del Movimiento 10 de Abril, un movimiento local que defiende el río Tabasará de los proyectos de desarrollo. En septiembre de 2012, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llevó a cabo una inspección en el área del proyecto y entrevistó a los miembros de las comunidades Ngäbe sobre los impactos del mismo. El informe de evaluación del PNUD confirmó que la represa provocará la inundación de casas y sitios religiosos, históricos y culturales en el territorio Ngäbe-Buglé. El informe también documentó los impactos del proyecto, incluyendo el hecho de que la represa convertirá el flujo del río Tabasará en un ecosistema de aguas estancadas, afectando la dieta y medios de subsistencia de los Ngäbe. “A pesar de las evidencias de que la represa tendrá graves impactos en el modo de vida y herencia cultural del pueblo Ngäbe, la construcción del proyecto continúa”, añadió Weni Bagama. “Pedimos al Relator Anaya que investigue la situación y haga todo lo que esté en sus manos para proteger los derechos de las comunidades indígenas afectadas”. “El foro público en donde se discutió el proyecto fue convocado como reuniones comunitarias sin informar claramente de su objetivo real, además no hubo representatividad de las comunidades indígenas afectadas”, dijo Tania Arosemena, Directora Legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). Asimismo, señaló que “el proceso de consulta pública no cumplió con los estándares mínimos exigidos por las normas nacionales e internacionales correspondientes”. En el año 2011, CIAM presentó una demanda en representación de miembros del pueblo Ngäbe, solicitando la declaratoria de nulidad de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. El caso se encuentra aún en espera de sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Varias de las organizaciones que se dirigieron al Relator Anaya también plantearon el caso durante las negociaciones de la ONU sobre cambio climático en Bonn la semana pasada. “El proyecto Barro Blanco ilustra la urgente necesidad de reforma del MDL”, dijo Alyssa Johl, abogada sénior del Center for International Environmental Law (CIEL). “Una vez que un proyecto ha sido registrado como MDL, las comunidades afectadas carecen de mecanismos para que sus preocupaciones sobre su impacto social y ambiental sean escuchadas. El régimen climático de la ONU debe establecer un proceso que permita a las comunidades reclamar los daños asociados a proyectos MDL, así como un proceso para la remoción del registro de proyectos que claramente violan las normas del MDL como es el caso del proyecto Barro Blanco”. “Dada la ausencia de un proceso de queja en el MDL y la falta de protección de los derechos del pueblo Ngäbe por parte del Gobierno panameño, las comunidades requieren el apoyo del Relator Anaya”, dijo Abby Rubinson, abogada asociada del Programa Internacional de Earthjustice. “Apreciamos los esfuerzos pasados del Sr. Anaya para involucrar al Gobierno de Panamá a fin de que éste brinde una respuesta a las preocupaciones de las comunidades Ngäbe, y le pedimos que continúe desempeñando su muy requerido rol para prevenir futuras violaciones”. Las organizaciones panameñas que firmaron la carta dirigida al Relator Anaya fueron CIAM, Movimiento 10 de Abril, la Asociación Ambientalista de Chiriquí. CIEL, Earthjustice, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, Carbon Market Watch, Both ENDS, Collective Voices for Peace, Salva la Selva y Marin Interfaith Task Force on the Americas son las organizaciones internacionales que firmaron esta carta.
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