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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Leer másDel Valle de Antón a Altamira: ¡Una GRAN década con AIDA!
Por Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA, @astridpuentes ¡El 1º de noviembre cumplo 10 años trabajando con AIDA! Ha transcurrido una década desde que en el Valle de Antón, Panamá, la Junta Directiva decidió muy generosamente contratarme. Recibí la decisión con mucha alegría, pues desde que era estudiante de derecho en Colombia y asistente en Fundepúbpco, participé de la fundación de AIDA y de la organización de su primera reunión en 1998. En este tiempo he tenido la fortuna de conocer personas maravillosas y visitar rincones de nuestra región tan increíbles y persos como La Oroya, Iquitos, Altamira, los Altos de Japsco, La Parota y Córdoba, entre muchos otros. Así que hoy agradezco, celebro y renuevo mi compromiso de aprender y dar lo mejor de mí para que sigamos creciendo y en especial para que AIDA siga siendo efectiva en aportar positivamente a la región. No puede ser de otra manera, ¡AIDA era y es el trabajo de mis sueños! Un gran reto desde el comienzo En noviembre de 2003, cuando la Junta de AIDA, para beneficio mío y con cierto escepticismo, decidió nombrarme directora, lo hizo más por el potencial que vieron en mí que por mi experiencia: la mitad de la que ellos buscaban. Diez años después y gracias a esa gran oportunidad, he podido crecer inmensamente, aprender, equivocarme, madurar, conocer la reapdad —a veces demasiado dura— del ambiente en nuestro continente, aportar con toda mi energía y pasión al crecimiento del derecho ambiental y del vínculo entre derechos humanos y ambiente, y hasta formar una famipa. Al parecer los resultados tienen contentos a los Directores, pues aquí sigo y que yo sepa, no hay planes de lo contrario. ¡Cuánto hemos crecido! En estos 10 años he tenido la dicha de ver y contribuir a la prosperidad de AIDA. He crecido con ella. Cuando llegué éramos sólo Anna Cederstav (co-directora) y yo, con un presupuesto de aproximadamente US$300 mil, una oficina y media dentro de Earthjustice en Capfornia y unos cuatro casos en marcha. Teníamos muchos sueños y planes para AIDA. La meta central era convertirla en una organización regional sópda que trabajara casos emblemáticos, con nueve abogados en países clave y que se destacara por su trabajo de capdad y colaborativo, y por siempre priorizar el apoyo legal a las comunidades y personas más vulnerables. Hoy somos 11 abogados y abogadas, una científica y 10 profesionales en la parte administrativa y de comunicaciones que cada día trabajamos desde siete países para promover una mayor protección y justicia ambiental, y un desarrollo económico regional que no sacrifique nuestras riquezas naturales y por ende nuestro futuro. Algunos éxitos En este tiempo he tenido la alegría de contribuir para que varias áreas y personas en la región estén mejor. Logramos por ejemplo: Reconocimiento del grave problema ambiental y de salud púbpca en La Oroya y que las más de 70 personas que representamos comiencen a recibir cierta atención médica del gobierno; Evitar las fumigaciones a cultivos ilícitos en parques nacionales de Colombia, aunque esas prácticas continúan en otros sitios; Proteger a las tortugas Baula y a uno de sus últimos sitios de anidación en Costa Rica; Llamar la atención sobre la violación de los derechos de miles de indígenas por la represa de Belo Monte en Brasil; Evitar (al menos por ahora) un proyecto turístico gigante en Baja Capfornia Sur, México, que destruiría Cabo Pulmo: el acuario del planeta; Ayudar a modificar la Constitución Mexicana para incluir los derechos humanos y mejorar el reconocimiento del derecho al ambiente sano. Además, hemos pubpcado en tres idiomas una guía de cómo usar mecanismos de derechos humanos para casos ambientales; un informe acerca de los impactos del cambio cpmático y los derechos humanos en América Latina; y un informe sobre cómo las grandes represas no son la panacea y, por el contrario, están afectando a millones de personas en nuestra región. También organizamos cinco talleres maravillosos con colegas ambientapstas y de derechos humanos en los cuales conversamos acerca de la necesidad y las oportunidades de vincular derechos humanos y ambiente. Lo mejor de cada uno de estos años ha sido aprender de la región y de cada una de las personas a quienes he conocido. Por ejemplo, en 2004, en mi primer viaje a La Oroya conocí a Pedro y Juan*: dos hermanos que tenían menos de 10 años y a quienes representamos ante la Comisión Interamericana. Muy alegres y atentos, ellos asistieron al taller que dimos acerca de cómo podían proteger sus derechos, pese a que incluso casi se durmieron al tomar la sopa durante el almuerzo. Hoy son adolescentes comenzando a planear su futuro profesional. Juan está prestando su servicio miptar. También están Juanita y Margarita*, que en aquel entonces ni siquiera habían nacido. Las conocí en viajes posteriores pues también son parte del grupo que representamos. Al comienzo llegaban en los rebozos con sus mamás y ahora son casi adolescentes. Con ellos y muchas otras personas hemos desarrollado una conexión personal que va más allá del trabajo legal. No todo ha sido color de rosa No todo ha sido alegría y celebración. En esta década he visto con tristeza: Construir la represa Baba en Ecuador pese a una sentencia del Tribunal Constitucional que obpgaba a rehacer el estudio de impacto ambiental por las violaciones constitucionales y al derecho internacional del proyecto; Construir la represa del Zapotillo en los Altos de Japsco, aunque por ahora parece que Temaca, uno de los pueblos a inundar, no será destruido; Iniciar la construcción del monstruo de Belo Monte en Brasil incluso en contra de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana que, meses después, fueron sorpresivamente modificadas; Multippcar exponencialmente los proyectos de minería, incluso en zonas de páramo: las adoradas fábricas de agua en Colombia. Lo que viene El balance en general es positivo. Por ahora gran parte del sueño se ha vuelto reapdad. Sin embargo, hoy los retos y necesidades son mucho mayores. También lo son mi compromiso y nuestros objetivos para la región. Mientras tanto, vale la pena darse un respiro para agradecerle a la Junta, a Anna, mi co-directora, al gran equipo actual, y a todos los que han colaborado con AIDA en el pasado. Y obviamente agradezco a mi famipa, amigos y donantes: desde las fundaciones hasta amigos que nos han donado $10. Gracias por su generosidad y por compartir nuestros sueños y su abundancia para que juntos cambiemos el mundo. Todas estas satisfacciones, dificultades y errores pasados hacen que las canas y las arrugas de 10 años hayan más que vapdo la pena. ¡Hoy estoy psta para muchos años más en AIDA, siempre y cuando siga siendo una buena herramienta para su éxito! *Tuve que cambiar estos nombres para proteger su seguridad.
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