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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Ya no hay tiempo ni espacio para las falsas soluciones, aquellas que permiten seguir contaminando (como las promesas del carbón limpio, por ejemplo). Las transformaciones necesarias son difíciles, pero también posibles, deseables y urgentes. Un mundo sin quema de combustibles fósiles es más verde y justo. Es importante que esta titánica tarea se haga respetando los derechos de las personas y comunidades en los territorios, incluyendo las diferentes voces, aprovechando y honrando el conocimiento local, con un enfoque de justicia climática y equidad de género. De otro lado, está demostrada la utilidad de incluir metas claras y medibles de mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta, que permanecen menos tiempo en la atmósfera que los gases de efecto invernadero, pero cuyas emisiones causan entre el 30 y 45 por ciento del calentamiento del planeta, además de contaminar el aire. La inclusión en las negociaciones de un abordaje integral que contemple la reducción de estos contaminantes es una oportunidad para mitigar la crisis climática y proteger la salud humana en el corto plazo. 2. el libro de reglas del Acuerdo de París El artículo 6 del Acuerdo de París propone a los países la utilización de mecanismos de cooperación voluntaria para aumentar la ambición climática, entre ellos los mercados de emisiones de CO2, cuyas normas, modalidades y procedimientos no han sido definidos. Estos mecanismos de mercado permitirían a los países vender un “excedente” de emisiones a países que no hayan alcanzado sus objetivos de mitigación o que busquen un cupo mayor, dando origen a un nuevo mercado internacional de intercambio de créditos de carbono generados en los sectores público y privado de cualquier lugar del mundo. En la COP se debe establecer el órgano que regulará este mercado. Es la única parte del libro de reglas del Acuerdo de París que toavía no se ha resuelto. Luego de la falta de consensos en la COP25 de Madrid, se espera una definición al respecto en Glasgow. Las negociaciones deben asegurar que el mercado garantice que los bonos provengan de proyectos con salvaguardas socioambientales que garanticen el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos, en especial de grupos en situación más vulnerable, como los pueblos indígenas; así como la integridad de ecosistemas y la reducción neta de emisiones. Asimismo, los mercados de carbono deben garantizar un aumento adicional del esfuerzo global de mitigación y no lo contrario, es decir, ayudar a reducir de emisiones que no hubieran sido posible disminuir sin estos mecanismos. 3. las finanzas climáticas La meta de la COP26 es atender el compromiso de los países desarrollados de movilizar 100 mil millones de dólares por año hasta 2025 para que los países menos desarrollados mitiguen y se adapten a los embates del cambio climático. También deben sentarse las bases para las negociaciones que llevarán a una meta post 2025. Pero esto es solo el inicio. Necesitamos una verdadera transformación de las finanzas internacionales, dejando atrás las inversiones que no aportan al cuidado y regeneración del planeta. Además, los y las negociadoras deben asegurar que los fondos climáticos lleguen a quienes más los necesitan: los países, sectores y poblaciones más vulnerables al cambio climático, que muchas veces tienen dificultades para acceder a financiamiento por la burocracia que implica. De otro lado, el financiamiento debe respetar estándares de derechos humanos, especialmente de comunidades étnicas y mujeres. Para ello se necesita un sistema efectivo de salvaguardas y rendición de cuentas. 4. las medidas para enfrentar las pérdidas y daños El artículo 8 del Acuerdo de París reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y daños. Este debe ser el tercer pilar de la acción climática, junto con la mitigación y la adaptación. Su inclusión en la agenda climática internacional como parte de una respuesta justa y sistemática ha sido esencialmente promovida por países vulnerables y movimientos sociales de todo el mundo. Comunidades y naciones pobres o en situación de vulnerabilidad ya están sufriendo los efectos más negativos de la crisis climática, siendo los menos responsables de ella. Las acciones de mitigación y adaptación no aplican ante escenarios de pérdidas y daños, que requieren respuestas efectivas basadas en la asignación de responsabilidades y la justicia climática. Pese a la evidencia de los daños y su contexto de injusticia, las negaciones climáticas poco han avanzado para fortalecer este pilar y promover un marco que permita dar respuestas concretas. Es urgente que la COP26 avance en este propósito. En la COP25 se creó la Red de Santiago sobre Pérdidas y Daños con la idea de reunir a diversos actores y catalizar la asistencia técnica para “evitar, minimizar y hacer frente a las pérdidas y los daños a nivel local, nacional y regional”. Es urgente que en la COP26 se configure esta red, otorgándole mandatos claros para que promueva discusiones, recomendaciones y adopte acciones que respondan a demandas históricas sobre el tema. 5. la protección del océano como prioridad El océano es el principal regulador climático del planeta. Uno de los servicios más importantes que brinda es la absorción de emisiones, con la que ha retenido aproximadamente el 90% del calor atmosférico causado por el cambio climático. Pero esto no es inocuo. La gran cantidad de CO2 capturada está alterando el pH del océano, lo que conlleva un proceso de acidificación que genera un desequilibrio en los ecosistemas marinos y afecta seriamente a comunidades pesqueras y habitantes de zonas costeras en todo el mundo. Pese a su importancia y a lo frágil que se ha vuelto debido a la crisis climática, el océano no ha sido parte de las negociaciones internacionales sobre cambio climático. La COP25 dio los primeros lineamientos al respecto. Lo clave es que lo que se negocie esté orientado a proteger y conservar el océano, no a intensificar su uso como sumidero de carbono o como lugar para compensar las necesarias mitigaciones en tierra. Es indispensable que en Glasgow se den pasos decisivos para invertir en soluciones basadas en la naturaleza, asegurar la conservación del 30% del océano global a través de una red robusta de áreas marinas protegidas para 2030, detener la expansión de la exploración y producción de petróleo y gas natural en alta mar; y promover la participación de las comunidades de pescadores y comunidades costeras en la planeación, desarrollo e implementación de políticas relacionadas. Los países no deben utilizar medidas de mitigación en el océano como compensaciones de carbono para permitir más emisiones terrestres. Cabe resaltar que todos estos avances deben tener a los derechos humanos como motor y pilar fundamental. Existe una relación inseparable entre el cambio climático y los derechos humanos. Así lo reconoce el Acuerdo de París, estableciendo que —al adoptar medidas para enfrentar el cambio climático— las Partes deben respetar, promover y tener en cuenta sus obligaciones relativas a los derechos humanos; especialmente aquellas relacionadas con la protección de los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños y niñas, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables; así como el derecho al desarrollo, la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. 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