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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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5 razones para ponerle fin a la extracción y uso de carbón
El uso de carbón para generar energía comenzó hace 2.000 años. Sin embargo, actualmente, su rol como combustible ha llegado a su fin: los impactos negativos de su explotación y uso son mucho mayores que los beneficios. Además, la solución a la crisis climática pasa en gran parte por terminar con la dependencia del carbón. Aunque actualmente estamos viendo un crecimiento en los proyectos de carbón, para reducir significativamente las emisiones causantes del calentamiento del planeta es necesario que, en un contexto pos-COVID-19, los países se comprometan a una recuperación económica alejada del carbón como fuente energética. Frente a gobiernos y empresas que siguen promoviendo la industria del carbón en el contexto económico y político actual —ignorando sus costos reales—, existen al menos cinco razones por las cuales continuar extrayéndolo y quemándolo es una mala decisión desde las perspectivas económica, política, ambiental, climática y de derechos humanos. 1. El carbón es económicamente inviable por los altos costos de sus impactos Al momento, la cadena del carbón no contempla los costos externos derivados de los daños e impactos climáticos, ambientales y sociales que provoca, los cuales podrían duplicar o incluso triplicar el precio de la electricidad generada. Por ejemplo, la exportación de una tonelada de carbón de Colombia a Europa, Estados Unidos o Asia conlleva costos externos estimados de entre 144,64 y 210,95 dólares por tonelada, tres veces el precio de mercado del carbón (de 47,8 dólares la tonelada en agosto de 2019) (1). De ese modo, la explotación y uso del carbón resultan económicamente inviables porque el precio de mercado no alcanza para cubrir la reparación de los daños causados. Lo más grave es que ya que las empresas de la industria no los asumen, estos costos quedan en manos de Estados, comunidades y ecosistemas. 2. Los proyectos de carbón generan desempleo Los argumentos según los cuales la explotación de carbón genera desarrollo allá donde se realiza son un mito. La contaminación generada por la minería de carbón impacta la salud de las personas expuestas a ella, afectando su efectividad laboral y poniéndolas en desventaja para acceder a otras opciones de trabajo. Esto resulta en altos índices de desempleo en poblaciones aledañas a minas de carbón con tasas de hasta el 40%. Además, la industria de las energías renovables no convencionales emplea al momento a muchas más personas que la del carbón. Según la International Renewable Energy Agency, esa industria generó 11 millones de empleos a nivel mundial en 2018, mientras que los 10 países con más fuentes laborales dependientes del carbón solo generan 225.000 empleos aproximadamente. Asimismo, según estimaciones de la ONU, transitar a energías renovables podría generar hasta 35 millones de puestos de trabajo adicionales entre 2020 y 2050. 3. Invertir en carbón es cada vez más riesgoso Tanto bancos como aseguradoras están dejando de invertir en el sector carbonífero por sus elevados costos, altos riesgos y baja rentabilidad. Hoy, 26 de los 35 mayores bancos del mundo tienen políticas que restringen el financiamiento de proyectos relacionados con la minería de carbón o con la generación eléctrica a partir del carbón. Incluso, un grupo de países de la OCDE, anunció recientemente que pondrá fin a las ayudas financieras a centrales eléctricas de carbón. Del mismo modo, al menos 18 de las grandes compañías aseguradoras a nivel mundial han decidido restringir actividades vinculadas con la industria carbonífera. Esto muestra que, gracias a la presión ciudadana, estamos frente a un proceso de desfinanciación de esa industria, cuyo mercado ya no es asegurable. 4. El uso de carbón agrava la crisis climática mundial La extracción y quema del carbón agrava la crisis climática, al igual que todas las violaciones a derechos humanos derivadas de ella: inundaciones que desplazan personas, incendios que destruyen pueblos y ecosistemas enteros, sequías que acaban con los cultivos, entre otras. De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el carbón está detrás del 44% de las emisiones de CO2 provenientes de combustibles fósiles. Pero solo nueve países son responsables del 85% de las emisiones globales provenientes de la combustión de este mineral. La minería de carbón emite también metano, un gas con 67 veces más poder que el CO2 para calentar el planeta en un periodo de 20 años y cuyas emisiones son responsables de alrededor del 25% del calentamiento global. Construir nuevas centrales eléctricas de carbón implica un cambio climático catastrófico. 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Peñalver L. (2019). Thetrue cost of coal in Colombia.
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