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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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Achieve sustainable and ecosystem management of fisheries The oceans contain 90% of the world's biomass and are the primary source of protein for 3,000 million people [1] . The picture is alarming considering that the Organization for Apmentación and Agriculture Organization (FAO) estimates that more than 70% of the fish are being exploited at maximum capacity [2] . The Costa Rican government has developed national standards and ratified international treaties for the protection and sustainable management of fisheries resources. But it must still: Develop an integrated management plan for fisheries that takes into account the relevant species of fish, which depend on them and the ecosystem. Establish effective monitoring mechanisms and sanctions appcación. Appcar correctly the collection of fines, pcencias and others to ensure the training of personnel and equipment required for monitoring and appcación sanctions. Develop an efficient legal framework for the protection of coral reefs [3] Coral reefs benefit society and nature providing important ecosystem services. Some estimates suggest that 60 to 70% of the global coverage corapna 2030 could be destroyed by human actions [4] . In Costa Rica, sedimentation, excessive nutrients, destructive fishing gear and irresponsible tourism, are seriously degraded reefs [5] . It is considered that 93% of the 970 square kilometers of coral reefs are threatened Costa Rica [6 . This imppcaría a loss for the country of about USD 580 million [7] . Costa Rica does not have a special regulation to prevent degradation of coral. While there are isolated rules that guarantee minimum protection, those general rules are insufficient to ensure their sostenibipdad. However, from the point of view of international law, Costa Rica has clear obpgaciones to create an efficient regulations for the protection of corals. According to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Costa Rica has the obpgación to prevent and reduce pollution from any source (land, air or water) that may affect corapnos ecosystems. In this regard, the United Nations General Assembly in 2009 adopted resolutions encouraging States to implement its best efforts to reduce pollution that damages coral bleaching and specifically protect [8] . Reapzar actions to protect sea turtles Sea turtles have a fundamental role in our ancient oceans. When nesting, remove sand from the beaches ensuring they stay healthy. His presence brings great energy value chain and the apmenticia are small oasis in the ocean to marine birds that require a break or a shelter from predators [9] . Thus, "sea turtles are the link between the sea to land" [10] . There are regulations at national and international level for the protection of sea turtles. Based on this legal framework, the Costa Rican government should reapzar the following to achieve effective protection of sea turtles [11] : effective regulation of longlining. Declaration of temporal and area closures. Development of information systems and actuapzados truthful. Implementation of effective tools for control and surveillance of fisheries. Development of a protocol for investigating cases on mortapdad turtle. We know that a joint effort of the persos-government sectors, civil society and academics, is the key to overcome each of these challenges and achieve sustainable marine environment. AIDA will continue complementing the work vaposo CEDARENA with our experience and skills in international law. [1] Dr. Okoteccum Sommer, K. "global marine Crisis". Germany. Available at: < http://www.parlamentodelmar.cl/temas/crisiglobal_sommer.htm >. [Last query: September 15, 2003]. Cited in AIDA. "Tools for sustainable fisheries and coastal management." Chapter 1. "The sea and fisheries: towards an environmentally friendly development." Available at: < http://www.aida-americas.org/es/project/herramientas_pesca_%20sostenible > [Last query: August 10, 2014]. [2] AIDA. "Tools for sustainable fisheries and coastal management." Chapter 1. "The sea and fisheries: towards an environmentally friendly development." Available at: < http://www.aida-americas.org/es/project/herramientas_pesca_%20sostenible > [Last query: August 10, 2014]. [3] This section compiles the main ideas developed in AIDA. (2012). "Coral reefs in Costa Rica: economic value, threats and international legal commitments obpgan to protect them ." Available at: < http://www.aida-americas.org/es/project/asegurando-el-futuro-de-los-arrecifes-de-coral > [Last query: August 10, 2014]. [4] UNEP-WCMC. (2006). 5. P and Bryant, D. et al. (1998). P 6. Quoted in: AIDA. (2012). Op Cit. [5] AIDA. (2012). Op Cit. P. 13. [6] Spalding MD, et al. (2001). "World Atlas of coral reefs." P 17. UNEP. World Conservation Monitoring Centre. University of Capfornia Press, Berkeley, USA. . Page 127. Cited in AIDA (2012). Op Cit. p. 12. [7] AIDA (2012). Op Cit. p. 7. [8] AIDA (2012). Op Cit. Pp. 19-21. [9] Tales of nature. "The importance of sea turtles". Available at: < http://relatosdelanaturaleza.org/2013/08/21/la-importancia-de-las-tortugas-marinas/ > [Last query: August 10, 2014]. [10] Idem, paragraph 2. [11] See the full anápsis tools to control bycatch in: AIDA. "Tools for sustainable fisheries and coastal management." Chapter 5. "Control bycatch". Available at: < http://www.aida-americas.org/es/project/herramientas_pesca_%20sostenible > [Last query: August 10, 2014].
Leer másInstancias internacionales, alertadas de las violaciones a derechos humanos que implica construir la hidroeléctrica Las Cruces en México
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatores Especiales de la ONU están enterados del caso. La SEMARNAT decidirá pronto si autoriza o no el proyecto. Distrito Federal, México. Organizaciones ambientales y comunitarias alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Relatores Especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces violaría los derechos de pueblos indígenas y comunidades ribereñas en Nayarit. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) decidirá en estos días si otorga o no el permiso ambiental al controversial proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El sábado pasado, miembros del Consejo Indígena Náyeri, pueblo originario que sería afectado por la hidroeléctrica, se reunieron con comisionados de la CIDH. Allí explicaron que la construcción del proyecto sobre el caudal del río San Pedro Mezquital implica el desalojo forzoso de habitantes de territorios indígenas, en su mayoría Cora, así como la afectación de 14 sitios sagrados de Coras y Huicholes. Ello, añadieron, vulneraría los derechos humanos a la vivienda adecuada, al agua, a los medios de subsistencia, a la cultura y a la educación. Similares argumentos fueron parte de una alerta enviada en marzo pasado a Relatores Especiales de Naciones Unidas. En ella se resalta que las comunidades indígenas Cora, Huichol, Tepehuana y Mexicanera nunca fueron consultadas sobre el proyecto en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Solicitamos a los Relatores instar al Estado mexicano a garantizar los derechos a la información y la participación, consulta y consentimiento, a la alimentación, al agua potable y saneamiento y al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas del río San Pedro Mezquital”, dijo Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). La alerta fue enviada por AIDA en representación de los distintos sectores económicos, organizaciones ambientales y comunitarias de la región afectada: el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, el Consejo Indígena Náyeri, Nuiwari, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo Ecológico Manglar, SuMar y representantes de la Federación Ribereña de Nayarit y la localidad Boca de Camichín. De construirse Las Cruces, la reducción del caudal del río afectaría la agricultura, ganadería, pesca, ostricultura y otras actividades de las que dependen económicamente para vivir más de 20 comunidades de la zona. Asimismo, al bloquear el curso del San Pedro, “la hidroeléctrica retendrá 90% de los sedimentos que alimentan la actividad agrícola y pesquera en Marismas Nacionales, humedal protegido a nivel internacional y que también depende del caudal para sobrevivir”, señaló Ernesto Bolado, director de SuMar. También está el hecho de que la hidroeléctrica estará sin operar dos tercios de su vida útil y solo generará 0.9 % de la energía demandada por la región Centro-Occidente. Las organizaciones ambientales y comunitarias esperan que la SEMARNAT considere los argumentos científicos y legales en contra de la hidroeléctrica Las Cruces para rechazar el proyecto. Instancias internacionales de derechos humanos estarán también pendientes de esa decisión.
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