Project
Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
Partners:
Proyectos relacionados
Taller de Fortalecimiento de Capacidades para Negociaciones de Cambio Climático con miras a la COP20
¡LOS VIDEOS DEL TALLER YA ESTÁN DISPONIBLES! Puedes descargar las presentaciones del taller abajo (Archivos adjuntos) Taller coordinado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y se realiza con apoyo de la Fundación Avina, Climate Action Network Latinoamérica (CANLA) y WWF Perú. Cuenta además con la participación del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamerica y el Caribe, Iniciativa Construyendo Puentes, Fundación Futuro Latinoamericano, Plataforma Climática Latinoamericana y Red SUSWATCH. Fecha y lugar: 8 y 9 de agosto en el Hotel Señorial, calle José González 567, Miraflores, Lima, Perú. Dirigido a: Miembros de las ONG latinoamericanas que trabajan en temas de cambio climático y que tienen previsto participar en la COP20, la cual se realizará del 1 al 12 diciembre en Lima, Perú. La participación en el taller estará limitada a un cupo máximo de 45 personas. Objetivos: Brindar a los participantes información actualizada sobre el proceso de negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Comprender las relaciones existentes entre las posiciones y políticas nacionales de los diferentes países. Favorecer un análisis conjunto de la situación actual de las negociaciones internacionales sobre cambio climático, y promover que la sociedad civil latinoamericana juegue un rol más activo en ellas. Identificar los avances prioritarios que los Estados deben conseguir en la COP20 a fin de sentar las bases para que el nuevo acuerdo climático a ser suscrito el 2015 en París sea vinculante y efectivo. Generar mecanismos de comunicación e intercambio para optimizar el trabajo de la sociedad civil Latinoamericana con miras a las negociaciones de Lima y París. Generar un diálogo abierto y constructivo entre representantes de la sociedad civil de América Latina Mayor información con: Andrea Rodríguez, AIDA, [email protected] Paula Ellinger, AVINA, [email protected]
Leer másAgua contaminada, desperdiciada y olvidada
By María José Veramendi Villa, senior lawyer AIDA, @MaJoVeramendi Are 4:00 am It's a weekend of national holidays. We leave Lima, Peru, bound for the city of Oxapampa, in the high jungle department of Pasco. have not even two hours and traffic on the Central Highway stops completely. After talking with drivers from neighboring cars, we learn that two trucks collided on a curve and load one of them was watered down the road. We can not happen. The hours pass and desperation grows. At this point I'll spare you the anecdotes about the lack of road safety education of my compatriots. It would take me at least 10 entries in this blog. I will summarize by saying: ZERO respect for others! The Storyteller polluted river We were standing about five hours on the road, in the valley of the Rimac River , whose name in Quechua means talkative. Its flow down from the Andes , runs through the valley, the city of Lima, Callao and empties into the Pacific Ocean . It is one of the three river basins that supply water to the nearly 9 million inhabitants of the desert metropolitan Lima. However, Rimac water that reaches the treatment plant Potable Water and Sewerage Lima (Sedapal) is highly contaminated by various sources: discharge of industrial wastewater, domestic and irrigation; Environmental passives; and solid waste dumps, among others. The gravity of the situation is such that since August 2013, increased by 53% SEDAPAL budget of chemical inputs to purify the river water. In a statement on 1 August 2014 a representative of that entity indicated that "e l problem of pollution is increasing" . Lima is left without water As you can imagine, five hours in traffic allow you several moments of reflection. Between sleep and boredom, they caught my attention the washes cars and trucks . Although it is something I had already noticed on previous trips to La Oroya, spare time made me watch him carefully. These sinks were installed as improvised on one side of the road, on the banks of the Rimac. The most interesting, surprising and outrageous of them (see photos) is that they are a source of wasted water . River are supplied through hoses or pipes with sprinklers that NEVER close. The worst thing is not about one or two laundry rooms. They are at least 20 that are located along the road, throwing water constantly and without control . I doubt that these businesses clandestine reach their monthly water bill. It is ironic that occur this kind of thing in full view of the authorities in a city like Lima: so vulnerable to the effects of climate change , where more than one million people have no water connection, where another million live with rationed water and more than a million and a half does not drain connection [1] , and where the availability and access to water are dwindling . If the situation I have described has not been regulated, where the audit is? My journey ended 16 hours later with many questions about what we are doing to solve such basic problems as waste without water control . Recall that in December Peru will be the great host of the Conference of States Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change . It is hoped to move there in consensus towards a new binding agreement to reduce emissions, but also want this to generate awareness in the authorities regarding specific actions to take care of our water resources and properly oversee its misuse . I hope that within a few decades will not have to wonder what happened to our Rimac River ... [1] Municipality of Lima. Lima strategy Adaptation to Climate Change. View: http://www.ciudad.org.pe/talleres/2012-07/pptestrategiasCC04juliov2.pdf
Leer másOrganizaciones buscan recuperar fuentes de agua en Panamá
Solicitaron formalmente a la Autoridad Nacional del Ambiente anular una resolución que permite que grandes proyectos como represas hidroeléctricas usen hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otros ecosistemas. Ciudad de Panamá, Panamá. Organizaciones de la sociedad civil presentaron una petición ciudadana a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) para que ésta anule la resolución que permite que hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otras fuentes naturales de ese recurso vital sea empleada en grandes proyectos como represas hidroeléctricas. La solicitud fue acompañada por una propuesta para regular el caudal ambiental en el país de manera sostenible y protegiendo los derechos humanos. Dicho caudal es el flujo de agua que un río u otro cauce debe tener para mantener sus valores ecológicos —refugio de flora y fauna, preservación del paisaje y disolución de contaminantes, entre otros— y sus valores sociales o su uso por parte de las comunidades. La resolución de la ANAM limita ese flujo a tan solo el 10% para todos los cuerpos de agua y permite que el porcentaje restante quede libre para ser utilizado por grandes proyectos de infraestructura como centrales hidroeléctricas. La petición y la propuesta de regulación fueron elaboradas por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) y Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA), en colaboración con abogados y científicos de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW por sus siglas en inglés). "La regulación vigente afecta a todos en el país, especialmente a las comunidades de las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde un gran número de proyectos hidroeléctricos amenaza gravemente la disponibilidad de agua en sus ríos", dijo Luisa Arauz, abogada de CIAM. "Nuestra petición explica cómo la actual resolución viola regulaciones nacionales e internacionales al ignorar las necesidades de las comunidades y de los ecosistemas". En la petición, las organizaciones explican la importancia de considerar las características específicas de cada ecosistema en términos de su ecología y capacidad para permitir los usos que comunidades enteras hacen de ellos. Instan además al gobierno a establecer una regulación para el caudal ambiental que considere el valor ambiental, humano y cultural de los ríos y otras fuentes de agua. El gobierno de Panamá tiene obligaciones internacionales de proteger los recursos hídricos y de garantizar los derechos humanos de las personas que dependen de ellos. "Nosotros presentamos una carta a la ANAM resaltando las obligaciones internacionales y los casos de estudio más relevantes que fundamentan la petición y la propuesta de regulación", señaló Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. Por su parte, Pedro León, abogado de ELAW, explicó: "La propuesta permitirá que la ANAM otorgue derechos de uso y concesiones de agua con base en la verdadera capacidad de recarga de las fuentes hídricas, haciendo posible la protección efectiva del derecho humano al agua y a un ambiente sano". Los peticionarios solicitaron a la ANAM fortalecer la participación en la gestión del agua convocando a una consulta pública para discutir la propuesta. La misma propone una clasificación de los recursos hídricos existentes con base en su grado de uso, las características biológicas de los ríos y las necesidades humanas que éstos cubren. La propuesta recomienda además la aplicación de métodos holísticos para determinar el caudal ambiental en ecosistemas de agua dulce para garantizar su uso adecuado y sostenible.
Leer más