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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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AIDA y Organizaciones Participantes Llevan el Caso de La Oroya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA: 21 de marzo de 2007 Contactos: Astrid Puentes, AIDA (+5255) 52120141 [email protected] Martin Wagner, Earthjustice (510) 550-6700 [email protected] Carlos Chirinos (+511) 422-2720 [email protected] Petitorio ante la CIDH: “Respiremos esperanza en Lugar de plomo en La Oroya” Lima, Perú — 21 de marzo de 2007, en los salones del Colegio de Abogados de Lima, Perú, se llevó a cabo en presencia de los principales medios de prensa locales y extranjeros, la conferencia de prensa para anunciar la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso de La Oroya, por la violación a los derechos humanos derivados de las emanaciones tóxicas del Complejo Metalúrgico que se ubica en esta ciudad. La petición interpuesta por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y Carlos Chirinos, abogado peruano, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental(SPDA), busca establecer la responsabilidad del Estado respecto de la actividad metalúrgica que ha ocasionado graves impactos en la salud, la vida y la integridad de las personas, en particular de los niños, niñas y madres gestantes. La conferencia “Respiremos esperanza en lugar de plomo en La Oroya” estuvo a cargo del Dr. Carlos Chirinos, director del Programa de Defensa del Interés Ciudadano de la (SPDA), quien presentó los antecedentes y las acciones legales tomadas al respecto en el Perú; y de la Dra. Astrid Puentes, Directora Legal de AIDA, quien se refirió a las acciones internacionales. En particular, puntualizaron que la intervención de la CIDH es esencial dado que las acciones internas no se han cumplido efectivamente, incluyendo una sentencia del Tribunal Constitucional obligando al Ministerio de Salud a ejecutar medidas efectivas para proteger la salud pública. De esta manera, “la demanda ante la CIDH fortalece la solicitud de medidas cautelares interpuesta en noviembre de 2005, cuya recomendación e implementación podría controlar de forma efectiva y rápida la contaminación en La Oroya, particularmente las emisiones al aire que provenientes en un 99.7 por ciento del complejo metalúrgico de propiedad de la empresa Doe Run Perú” según Puentes. Tras la intervención de los abogados, pobladores de La Oroya brindaron su dramático testimonio sobre los graves problemas de salud que desde hace años padecen por la contaminación. Un padre de familia desesperado, comentó a los medios presentes, los graves problemas sufridos por su niña de 1 año, quien sufre de constantes convulsiones y molestias debido a los altos contenidos de metales y de plomo que tiene en su sangre, a pesar que la madre de la niña fue beneficiaria de medidas implementadas en la ciudad, por convenio entre la empresa y el Ministerio de Salud. “La inacción del Estado en términos de salud es muy grande. Por ello, en la petición presentado el 27 de diciembre , estamos insistiendo en las medidas cautelares, que incluyen la recomendación de proveer diagnóstico y atención médica a los representados y a los habitantes de La Oroya, programas de educación y salud independientes y objetivos; asegurar una apropiada evaluación y seguimiento de las obligaciones del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental del Complejo Metalúrgico; controlar efectivamente las emisiones atmosféricas del complejo; y proteger a las personas que trabajan por la salud y el ambiente en la ciudad”, señaló Carlos Chirinos.
Leer másFumigación Aérea del Plan Colombia NO HA PROBADO SER SEGURA para el ambiente - Nota de Prensa para el Congreso de los Estados Unidos
February 14, 2007 Anna Cederstav, AIDA (510) 550-6700 [email protected] Astrid Puentes, AIDA (5255) 52120141 [email protected] PLAN COLOMBIA AERIAL HERBICIDE SPRAYING NOT PROVEN SAFE FOR THE ENVIRONMENT Critique of recent studies by international environmental NGO released to Congress today OAKLAND, CA, MÉXICO, D.F. - In December, the Colombian government violated a bilateral accord with Ecuador by spraying a mixture of herbicides intended to destroy coca crops within 10 kilometers of the Ecuadorian border. To justify the spraying, Colombia relied on studies by a team from the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) of the Organization of American States (OAS), claiming that the spray mixture is safe. However, an independent review of CICAD’s recent studies, released to members of the U.S. Congress today, shows that the pesticide mixture being sprayed has not, in fact, been proven safe for the environment, and that Ecuador has substantial cause to oppose the spraying. According to the Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA), the first CICAD Environmental and Human Health Assessment of the Aerial Spray Program for Coca and Poppy Control in Colombia, released in 2005, did not assess many of the greatest potential ecological and human health risks posed by the aerial eradication program in Colombia. Because of these omissions and the potential environmental risk of the spraying, the U.S. Congress requested further studies to better assess whether the mixture is truly safe for the environment. Preliminary results from the follow-up studies, released in August 2006, show that the mixture is indeed potentially harmful to the environment, and particularly to amphibians – the spray mixture killed 50 percent of the amphibians exposed in less than 96 hours. According to Earthjustice scientist and AIDA’s Program Director Anna Cederstav, “Contrary to what is argued by the government, this study shows sufficient cause for concern to suspend the sprayings due to potential environmental impacts, especially considering that Colombia has the second highest amphibian biodiversity in the world and the most threatened amphibian species.” Many other key questions about the environmental impacts of the spraying also remain unanswered, despite the U.S. Congressional mandate to conduct the studies. For example, the State Department has not provided adequate information about the location of and risk to sensitive water bodies and has done nothing to address whether other threatened species are likely to be harmed. Without these determinations, the claim by the Colombian government that it is safe to spray along the Ecuadorian border is misinformed. “Given the number of unanswered questions about the safety of the spraying, and considering the precautionary principle and the international obligation not to cause impacts to the territories of other States, the Colombian government should halt spraying immediately, and instead implement more effective and environmentally safe alternatives for coca eradication,” said Astrid Puentes, AIDA’s Legal Director.
Leer másAIDA Cuestiona las Fumigaciones de Colombia en la Frontera con Ecuador
AIDA cuestiona las fumigaciones en la frontera con Ecuador y establece en nuevo análisis que las fumigaciones aéreas en Colombia no son seguras para el ambiente El gobierno colombiano está violando un acuerdo bilateral con Ecuador al fumigar con una mezcla de herbicidas dentro de la zona de 10 kilómetros de la frontera ecuatoriana, con el fin de destruir cultivos de coca. Colombia se basa en estudios realizados por un equipo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para sostener que la mezcla de herbicidas utilizada es segura. Sin embargo, una revisión de AIDA a los informes recientes de la CICAD muestra que realmente no se ha probado que la mezcla de herbicidas utilizada sea segura para el medio ambiente y que, por lo tanto, Ecuador tiene sólidos motivos para oponerse a las fumigaciones. La primera Evaluación del Ambiente y la Salud Humana del Programa de Fumigación Aérea para el Control de la Coca y la Amapola en Colombia, publicada en 2005, no evaluó gran parte de los mayores riesgos potenciales para la ecología y la salud humana que plantea el programa de erradicación aérea en Colombia. El Congreso de los Estados Unidos solicitó estudios adicionales para determinar si la mezcla es verdaderamente peligrosa. Resultados preliminares de los estudios de seguimiento, publicados en agosto del 2006, muestran que, en efecto, la mezcla utilizada es potencialmente peligrosa para el medio ambiente y en particular para los anfibios, ya que dentro de las 96 horas de la aplicación, mató el 50% de los anfibios expuestos. El Departamento de Estado de EEUU tampoco ha proporcionado información adecuada sobre la ubicación y el riesgo por las fumigaciones a cuerpos de agua vulnerables, ni ha hecho nada para evaluar si es probable que otras especies amenazadas se estén perjudicando. Sin considerar estas conclusiones, la afirmación del gobierno colombiano de que la mezcla de herbicidas es suficientemente segura para ser asperjada a lo largo de la frontera ecuatoriana no es exacta.
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