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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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La actual crisis sanitaria nos obliga a reflexionar sobre la necesidad cada vez más urgente de un cambio. Nos pone de frente a la fragilidad y a la inviabilidad del sistema energético basado en combustibles fósiles. Así lo evidencia el derrumbe histórico de los precios del petróleo asociado a la menor demanda de hidrocarburos a nivel internacional —debido a las medidas adoptadas ante la pandemia—, la sobreproducción y a la especulación en los contratos petroleros, entre otros factores. Se espera además que la demanda de gas caiga un 5% después de una década de crecimiento ininterrumpido. América Latina depende altamente de los combustibles fósiles, como bienes exportables y para el consumo interno. Y el 88% de la energía consumida en la región proviene de fuentes no renovables. Desde 2010, gobiernos y empresas han impulsado el uso del fracking o fracturamiento hidráulico de yacimientos no convencionales debido a la sobreexplotación de los hidrocarburos convencionales. Algunos países apuestan al fracking como “puente” para reducir su dependencia del carbón y el petróleo como fuentes de energía y con el argumento de ganar tiempo para desarrollar alternativas a los combustibles fósiles. Así, esta técnica es promovida como un paso hacia la transición energética. Sin embargo, ¿cómo puede llamarse “transición” a un proceso cuya inviabilidad económica, ambiental y social está demostrada? Las razones para decirle “no” al fracking Recurrir al fracking es seguir promoviendo un sistema energético caracterizado por su alta concentración y apropiación privada, por el uso de fuentes no renovables de energía y por sus impactos negativos sobre poblaciones y territorios afectados por actividades de exploración, extracción, transformación y uso de energía. Además, este sistema está definido por una gran inequidad en cuanto al acceso y uso de la energía. La fracturación hidráulica implica la inyección de sustancias tóxicas en el subsuelo, lo cual puede generar contaminación de acuíferos y del aire por la volatilidad de algunos compuestos. De hecho, las fugas de metano, que ocurren principalmente en la producción y transporte de gas y petróleo extraídos vía fracking, han sido relacionadas con el aumento de las emisiones mundiales de ese contaminante, responsables de alrededor de 25% del calentamiento del planeta. Además, el fracking requiere grandes cantidades de agua, algo que es especialmente relevante en una región que todavía enfrenta problemas graves de acceso a ese recurso básico. El uso de la técnica afecta los medios de vida de las comunidades, tanto en términos de salud por sustancias tóxicas en el agua, el aire y el suelo como en términos de vulneración de derechos humanos y de la democracia. Muchas comunidades, sobre todo indígenas, no tienen acceso a información ni son debidamente consultadas para obtener su consentimiento previo, libre e informado sobre proyectos de fracking en sus territorios. Los daños pueden ser más graves para las mujeres, agravando inequidades estructurales ya presentes. Y en el ámbito económico, la fracturación hidráulica requiere grandes inversiones y, para ser viable, necesita un mercado con precios altos. En ese sentido, la imprevisibilidad de los precios del petróleo hace imposible cualquier política soberana basada en hidrocarburos y es inviable que los países de la región apoyen su matriz energética y sus ingresos en una base tan endeble. Asimismo, en la fracturación hidráulica, la tasa de retorno energético es menor. Esto quiere decir que la extracción demanda mucha mayor energía en comparación con la que se captura. Todo ello resulta en un beneficio energético a veces inexistente y en que las ganancias provengan de la especulación financiera. Promover el fracking hoy es dar un paso atrás porque no entra en la definición de lo que requiere una transición energética justa, que nos invita a un cambio más profundo. La lógica del fracking tiene poco que ver con un desarrollo que contemple la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de la población, entre ellas la sostenibilidad ambiental de los territorios. Un movimiento por el cambio Un número creciente de organizaciones, instituciones, comunidades e individuos se están organizando en el continente para evitar el avance del fracking. Estos esfuerzos conjuntos, como los de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF), promueven información adecuada y desmontan el discurso de empresarios y gobiernos que buscan situar al fracking y otras actividades extractivas como la única salida. Han surgido iniciativas que buscan alternativas energéticas a través de mesas de diálogo y de transición. Están por ejemplo la Mesa de Transición Productiva y Energética de Río Negro en Argentina, la experiencia de autonomía energética mediante pequeñas hidroeléctricas comunitarias en Guatemala, o las diversas experiencias de Censat Agua Viva en Colombia, entre ellas una Mesa Social para un Nuevo Modelo Minero Energético y Ambiental. De otro lado y recurriendo a mecanismos legales y administrativos, varios municipios y comunidades de Argentina, México, Brasil y Uruguay han prohibido o declarado la moratoria del fracking en sus territorios. Pensar en otra sociedad requiere pensar en otro sistema energético, justo y democrático. Estos espacios de resistencia y alternativas nos dan una hoja de ruta para impulsar cambios estructurales y enfrentar las crisis sanitaria, económica, climática y la de civilización, donde lo considerado “normal” ya era disfuncional.
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Esta entrada de blog acompaña el lanzamiento del Índice de Energía Renovable y Derechos Humanos y es parte de una serie artículos de opinión sobre una transición energética justa en América Latina. Fue publicada originalmente por el Centro de Información sobre Empresas & Derechos Humanos. Por Rosa Peña Lizarazo y Astrid Puentes Riaño La crisis climática, en palabras de Michelle Bachelet, Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, es la mayor amenaza actual para los derechos humanos, una que requiere decisiones políticas y acciones colectivas urgentes. Una de esas decisiones se refiere al avance en la transición energética, es decir, en el tránsito del uso de energías derivadas de combustibles fósiles al uso de energías renovables y menos intensivas en emisiones. Ello —al reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)— contribuiría a enfrentar la crisis climática y a mejorar la calidad del aire. Este tránsito necesario para México ha motivado debates multisectoriales y requiere un diálogo participativo, inclusivo, transparente y con enfoque de derechos humanos y perspectiva territorial. Principales desafíos 1. Comprender el contexto socioeconómico México es uno de los países más desiguales del planeta, donde las 10 personas más ricas acumulan la misma riqueza que el 50% más pobre del país. Comprender este contexto es clave para adaptar las políticas de transición energética al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia climática, sin generar mayor inequidad. También es indispensable aprender del pasado. La reforma energética de 2013 puso en marcha un modelo de implementación masiva de proyectos de energía renovable, a gran escala y privados. En la actualidad según la Asociación Mexicana de Energía Eólica, hay 54 parques eólicos en operación en México, los cuales producen 4.935 Mega Watts. Además, Según la Asociación Mexicana de Energía Solar en México hay 43 centrales fotovoltaicas. La implementación masiva de estos proyectosimpidió superar las amplias brechas de exclusión por razones socioeconómicas y territoriales. Superar esas brechas es uno de los principales desafíos. 2. Definir qué tipo de energía se incluirá y bajo qué criterios Otro desafío es lograr un consenso social y regulatorio sobre cuáles son las energías limpias y renovables, y cuál debe ser la meta en su implementación. Pese a los planteamientos de algunas organizaciones ambientales, el gobierno mexicano acogió definiciones vagas y más convenientes para cumplir con sus compromisos climáticos. Definió a las energías limpias como aquellas que no generan emisiones contaminantes durante su producción, ignorando si pueden generar otros impactos negativos en el ambiente. 3. Respetar, garantizar y proteger los derechos humanos La generación energética derivada de combustibles fósiles ha violado derechos humanos, provocando escenarios de exclusión y afectando de manera especialmente grave a comunidades indígenas y rurales. Igualmente,muchos proyectos de energías renovables no convencionales, como aquellos desarrollados en el Itsmo de Tehuantepec o en la península de Yucatán, han generado nuevos conflictos socioambientales relacionados con falta de transparencia y participación, violación de derechos de pueblos originarios, desconocimiento de la titularidad y el uso tradicional de la tierra, obstáculos al acceso a recursos naturales y degradación ambiental. Por tanto, es un desafío emprender una transición que contemple y prevenga estos daños desde una perspectiva de derechos humanos. 4. Promover la diversificación de la matriz energética y la confiabilidad del sistema Dada la dependencia actual de combustibles fósiles en la matriz energética, que para el año 2018 generaban el 75.88% de la energía en el país, avanzar hacia la mitigación y adaptación al cambio climático requiere un proceso de diversificación de las fuentes de energía que aproveche el potencial de México para desarrollar energías renovables. Según expertos de la UNAM, México cuenta con un factor de planta para la energía eólica que fluctúa entre 20% y 50%; además, es reconocido a nivel mundial como uno de los países con mayor potencial geotérmico. Algunos estados de la República tienen mayor radiación solar diaria promedio que algunas ciudades europeas pioneras de esta tecnología. Otro desafío asociado a la diversificación es garantizar la confiabilidad del sistema para atender de manera continua la demanda energética del país. ¿Cómo llevar a cabo una transición energética justa? Darle sentido al concepto en construcción de justicia energética en México implica tener en cuenta lo siguiente: Respecto a la integración del contexto socioeconómico: Apostar por una transición que se convierta en motor de desarrollo local, mediante —por ejemplo—la generación de empleos y la democratización de la energía y de la generación energética en la escala necesaria para el autoabastecimiento. Ello requiere superar las barreras de exclusión existentes con la implementación, por ejemplo, de proyectos de energía comunitaria. Respecto al diseño de la política energética: Proponer escenarios de participación efectiva e inclusiva para consensuar los aspectos mínimos de las metas de la política energética en el país, en atención a la crisis climática. Respecto al cumplimiento de los estándares ambientales y de derechos humanos: La Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca que cualquier política o proyecto debe garantizar los derechos de acceso en materia ambiental y los derechos laborales, cumplir con los principios de prevención y precaución, respetar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y tener una perspectiva de género. Respecto a la diversificación de la matriz energética: Promover mecanismos de financiamiento que incentiven la innovación tecnológica limpia y la inversión en energías renovables descentralizadas y con mejores estrategias de almacenamiento. Sin duda, la transición energética justa es necesaria y urgente en México. El país tiene hoy la oportunidad de emprender un tránsito progresivo y oportuno que permita mejores escenarios de justicia social, ambiental y climática, y que responda a las reivindicaciones sociales actuales.
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Una reactivación transformadora en América Latina y el Caribe es posible y urgente. Este es el llamado que hacen más de 250 instituciones de la región, las cuales reconocen la amenaza y la oportunidad que representan los programas y medidas de reactivación económica que están implementando los gobiernos de la región a raíz de la pandemia del COVID-19. Con representantes de 16 países de América Latina, las organizaciones participantes coinciden en que frente a las crisis socioambiental y de justicia que enfrenta la región no es posible continuar con el “business as usual”; por el contrario, señalan, que las medidas y estrategias a implementar deben ayudar a subsanar la crisis socioambiental y asegurar que las brechas sociales sean atendidas correctamente en el corto plazo, con una visión a largo plazo. Reconociendo la ventana de oportunidad para emprender cambios estructurales en el actual modelo de desarrollo, atender las crisis climática y de biodiversidad, y los impactos multidimensionales de la pandemia, esta propuesta de Reactivación Transformadora en América Latina y el Caribe aglutina diversas voces para incidir en los tomadores de decisión a través de diversas instancias de encuentro y discusión multisectorial para la generación de propuestas, entre otras actividades. Desde el sentido de urgencia e inspirada en las movilizaciones sociales de la región, organizaciones de diversa índole y campo de acción abogan por una reactivación que promueva una economía baja en carbono y un sistema social más justo, con respuestas inclusivas, focalizadas, transparentes e integrales, con perspectiva de género y que fomenten una profunda reconstrucción valórica para una verdadera transformación sistémica. Unidas bajo el slogan Juntxs por una reactivación transformadora, las organizaciones elaboraron un pronunciamiento que promueve la necesidad de generar incentivos, empleos y oportunidades de desarrollo a través de reformas fiscales e inversiones en sectores no extractivos y bajos en carbono, la necesidad de reformular los indicadores para medir el bienestar y fortalecer un desarrollo social incluyente, orientado a fortalecer los procesos democráticos, la resiliencia comunitaria, el acceso a servicios básicos de calidad. Además promueve las soluciones basadas en la naturaleza para proteger y restaurar ecosistemas y la firma de tratados regionales como el Acuerdo de Escazú, además del cumplimiento de los compromisos climáticos y de biodiversidad multilaterales, y la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Hasta el momento han suscrito esta propuesta regional más de 550 representantes de la sociedad civil, sector privado, academia y gobiernos subnacionales de 16 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Climate Action Network Latinoamérica (CANLA), WWF, el Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC), el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Fundación Avina, Fundación Futuro Latinoamericano, WRI México, 350.org, la Universidad del Rosario de Colombia y el Municipio de Loreto en México, entre otros. Se puede conocer al resto de firmantes y adherir al pronunciamiento en la página web de la campaña: reactivaciontransformadora.com Frases de algunos miembros de la campaña Javier Dávalos, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) “La crisis sanitaria y la crisis climática aquejan a todo el planeta y con mayor fuerza a las personas y países más vulnerables. Algunas medidas de recuperación amenazan con profundizar el modelo fracasado que nos ha traído a este momento de la historia. Por ello, las acciones frente a la pandemia por COVID-19 deben sin duda estar enmarcadas en el camino que recomienda la ciencia para afrontar el cambio climático, buscando una transición justa y respetuosa de los derechos humanos hacia un modo de vida más justo, resiliente y sostenible.” Carola Mejía, Grupo de Financiamiento Climático América Latina (GFLAC) / OLAC “La actual crisis sanitaria nos revela la urgencia de enfocar los paquetes de reactivación hacia acciones que atiendan oportunamente la crisis climática, aumenten la resiliencia de los grupos vulnerables, garanticen el bienestar de la población y se apliquen en el marco de nuevos modelos de desarrollo que antepongan el bien común y el cuidado del planeta, a los intereses de unos pocos. América Latina merece reinventarse, aún estamos a tiempo”. Karla Maass, Climate Action Network (CAN) “La sociedad civil de América Latina se está organizando trás una reactivación transformadora. Hoy, frente al freno global de la economía, tenemos una oportunidad única para preguntarnos qué mundo queremos construir y quienes serán los actores. Buscaremos alianzas y tejeremos redes para un mejor futuro. Buscaremos unir fuerzas para que, desde múltiples campos de acción y bajo diversas estrategias, podamos promover transformaciones a nuestra forma de relacionamiento con la naturaleza y entre nosotros mismos. Desde la ciencia climática se nos advierte que solo tenemos 10 años para descarbonizar nuestros sistemas sociales en un 45%. La ruta es clara, otra vía nos llevará a que la vida en el planeta tal y como la conocemos habite exclusivamente en libros” Felipe Pino, ONG FIMA (Chile) “La fragilidad de nuestro sistema económico ha quedado expuesta producto de una crisis sanitaria cuyo origen se relaciona, en parte, con la depredación desregulada de los bienes comunes naturales a escala global. Las actuales grietas del orden económico, reconocidas por la gran mayoría de la comunidad internacional, ya habían sido advertidas desde hace décadas por los pueblos de América Latina y el Caribe, quienes han vivido en carne propia las consecuencias tempranas de la crisis climática y ecológica. La actual pandemia nos ofrece un punto de quiebre a las lógicas que han llevado a la humanidad a desarrollarse al borde de los límites planetarios, y en donde tenemos una oportunidad única de transformar nuestro modelo hacia uno que ponga la vida de las personas y ecosistemas como eje central del desarrollo de una vez y para siempre. La sostenibilidad ya no es una opción, es la única alternativa viable.” CONTACTO CON PRENSA Javier Dávalos (Ecuador), AIDA, [email protected], +593 97 924 0275
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