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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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Basándose en información contradictoria, la empresa canadiense no contempla medidas suficientes para evitar que la mina de oro que busca construir en Brasil contamine aguas subterráneas y superficiales. Prevé además usar altas cantidades de cianuro, sustancia altamente peligrosa para la salud de las personas y de los ecosistemas, y emplear procesos que generarían fluidos ácidos. Altamira, Brasil. Una evaluación técnica concluyó que la mina de oro que la empresa canadiense Belo Sun Mining Corp. pretende instalar en la Volta Grande del río Xingú, en el estado brasileño de Pará, en plena Amazonía, implica un grave riesgo de contaminación para el ambiente y para las comunidades indígenas y ribereñas de la zona. Ello se debe, entre otras cosas, a la posible infiltración de fluidos contaminantes, al uso de altas cantidades de cianuro y al empleo de procesos químicos que generarían fluidos ácidos que podrían llegar a ríos y acuíferos. El análisis fue elaborado por Andrés Ángel, geólogo y asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quien encontró inconsistencias en la información que la empresa ha publicado en el marco del proceso de licenciamiento ambiental. Ángel encontró que, en el informe de factibilidad de 2015, presentado a los inversionistas del proyecto, la empresa señaló que el suelo y las rocas de la zona son impermeables, es decir, que no pueden permitir la infiltración de contaminantes. Sin embargo, en los estudios de impacto ambiental de 2012 y 2016, Belo Sun muestra a las autoridades reguladoras datos, descripciones y análisis que contradicen lo expuesto en 2015, llegando incluso a decir que los suelos y rocas se comportan como acuíferos porosos o fracturados. Por ello, en los estudios reciente, el diseño general del proyecto y las medidas de manejo propuestas por la empresa, que ni siquiera contemplan impermeabilizar ciertas estructuras, resultan insuficientes para disminuir la probabilidad de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, explicó el experto. El dictamen alerta además del uso de grandes cantidades de cianuro como método escogido para la separación del oro. Se prevé usar entre 330 y 390 gramos por tonelada de material procesado, de un total estimado de 116 millones de toneladas de mineral. “Existen alternativas menos contaminantes y peligrosas, entre ellas la exportación de concentrados polimetálicos en los que la separación del material de interés económico se da posteriormente. Sería indispensable considerar esta opción en la selva amazónica”, señala Ángel. El informe también resalta que el cianuro puede ser letal incluso en dosis muy bajas tanto para fauna acuática como para personas. Otro de los graves riesgos evidenciados por el estudio es la generación de fluidos ácidos como resultado del proceso químico previsto por la empresa para eliminar el cianuro empleado (dióxido de azufre y aire) y como impacto acumulativo posterior al tiempo de vida del proyecto, teniendo en cuenta que algunas unidades fueron clasificadas como con potencial moderado de generación de ácido. Si bien para esto se propone un tratamiento activo (adición de cal a los fluidos), tal medida implica mayor demanda de reactivos y, por tanto, mayores impactos ambientales totales. Finalmente, Ángel evidenció la falta de información sobre los impactos sinérgicos entre la represa Belo Monte —que ya afecta a la zona— y el proyecto minero aguas abajo en la sección de caudal reducido del río Xingú, que a su vez determinarán el tipo y alcance de los riesgos de la mina en caso de fallas graves. La justicia brasileña suspendió la Licencia de Instalación del proyecto en 2017 porque la empresa no realizó estudios sobre el impacto de la mina en las comunidades indígenas ni cumplió con la exigencia de realizar un proceso de consulta libre, previa e informada. Belo Sun presentó a inicios de 2020 los estudios del componente indígena a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y está a la espera de una evaluación y respuesta por parte de la entidad. La evaluación hecha por Ángel fue presentada a la FUNAI y a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMAS) de Pará, entidades responsables de la concesión de licencias para el proyecto. El dictamen se suma a otros dos presentados antes como parte de un esfuerzo conjunto de investigadores independientes cuyo trabajo demuestra explícitamente la inviabilidad del proyecto de Belo Sun tal como está concebido actualmente. Los dictámenes anteriores se enfocaron en los impactos negativos del proyecto en la ictiofauna y en la fragilidad de los estudios de impacto ambiental presentados por Belo Sun desde el punto de vista geológico. Además de los investigadores independientes, varias organizaciones han denunciado la inviabilidad social y ambiental del proyecto, entre ellas la Red Xingú +, el Movimiento Xingú Vivo por Siempre, Amazon Watch, el Instituto Socioambiental (ISA), International Rivers, Above Ground y AIDA. Contactos Marina Terra (Brasil), ISA, [email protected] Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107
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Baseado em informações conflitantes, a empresa canadense, não contempla medidas suficientes para impedir contaminação das águas subterrâneas e superficiais do rio Xingu e planeja usar grandes quantidades de cianeto, substância altamente perigosa para a saúde das pessoas e ecossistemas. Altamira (PA) - Uma avaliação técnica concluiu que a mina de ouro que a empresa canadense Belo Sun Mining Corp. pretende instalar na Volta Grande do Rio Xingu - Projeto Volta Grande, no Pará, no coração da Amazônia, implica em um sério risco de contaminação ao meio ambiente e às comunidades ribeirinhas e indígenas da região. Isso se deve, entre diversos fatores, à possível infiltração de fluidos poluentes, ao uso de grandes quantidades de cianeto e de processos químicos que gerariam fluidos ácidos que podem atingir rios e aquíferos. A análise, feita por Andrés Ángel, geólogo e consultor científico da Associação Interamericana de Defesa do Meio Ambiente (AIDA), encontrou inconsistências nas informações que a empresa publicou no processo de licenciamento ambiental. Ángel consta que, no relatório de viabilidade de 2015, apresentado aos investidores do projeto, a empresa apontou que o solo e as rochas da área são impermeáveis, ou seja, não permitiriam a infiltração de poluentes. No entanto, nos estudos de impacto ambiental de 2012 e 2016, a Belo Sun apresentou dados às autoridades reguladoras que contradizem o exposto em 2015, afirmando que os solos e as rochas se comportam como aqüíferos porosos ou fraturados. Os estudos recentes não contemplam a impermeabilização de determinadas estruturas. Por esses motivos, explica o especialista, o desenho geral do projeto e as medidas de gestão propostas pela empresa são insuficientes para garantir que não haja contaminação das águas superficiais e subterrâneas. O parecer também alerta para o uso de grandes quantidades de cianeto para a extração do ouro. Entre 330 e 390 gramas seriam usadas para cada tonelada de material processado, de um total estimado de 116 milhões de toneladas de minério. "Existem alternativas menos poluentes e perigosas, entre elas a exportação de concentrados polimetálicos, nos quais a separação do material de interesse econômico ocorre posteriormente. Seria essencial considerar essa opção na floresta amazônica ”, diz Ángel. O relatório também destaca que o cianeto pode ser letal, mesmo em doses muito baixas, tanto para a fauna aquática quanto para as pessoas. Outro sério risco evidenciado pelo estudo é a geração de fluidos ácidos como resultado do processo químico previsto para eliminar o cianeto usado (dióxido de enxofre e ar) com impacto cumulativo após a vida útil do projeto, levando em conta que algumas unidades foram classificadas como tendo um potencial moderado de geração de ácido. Embora seja proposto um tratamento ativo (adição de cal a fluidos), a medida implica em uma maior demanda por reagentes e, portanto, em maiores impactos ambientais. Por fim, Ángel evidenciou a falta de informações sobre os impactos sinérgicos entre a barragem de Belo Monte — que já afeta a área — e o projeto de mineração no trecho de vazão reduzida do rio Xingu, que por sua vez determinará o tipo e o alcance dos riscos da mina em caso de falha grave. A justiça brasileira suspendeu a Licença de Instalação do projeto em 2017 porque a empresa não havia realizado os estudos sobre os impactos nas comunidades indígenas , nem cumprido a exigência de realização de um processo de consulta livre, prévia e informada. A Belo Sun submeteu os estudos do componente indígena à Fundação Nacional do Índio (Funai) no início de 2020 e eless pendem de avaliação de mérito pelo órgão indigenista. A avaliação feita por Ángel foi protocolada na Funai e na Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMAS) do Pará, entidades responsáveis pela concessão de licenças para o projeto. O parecer se soma a outros dois pareceres apresentados anteriormente por pesquisadores independentes, cujo trabalho demonstra explicitamente a inviabilidade do projeto Belo Sun como é concebido atualmente. Os pareceres se concentraram nos impactos negativos do projeto na ictiofauna e na fragilidade dos estudos de impacto ambiental apresentados pela Belo Sun do ponto de vista geológico. Se somam aos pesquisadores independentes diversas organizações que vêm denunciando a inviabilidade socioambiental do projeto como a Rede Xingu +, o Movimento Xingu Vivo para Sempre, Amazon Watch, Instituto Socioambiental (ISA), International Rivers, Above Ground e AIDA. Contato Marina Terra (Brasil), ISA, [email protected] Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107
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Diariamente, hombres y mujeres alrededor del mundo dedican sus vidas a proteger ecosistemas de los que dependen comunidades enteras y otros seres vivos. Esta labor —indispensable para el cuidado del planeta— se desarrolla en ámbitos legales, sociales y políticos. Tristemente, las personas defensoras del ambiente son víctimas de amenazas y asesinatos. Desde hace muchos años, América Latina es la región más peligrosa del mundo para ser defensor o defensora ambiental, concentrando al menos el 60% de los crímenes. Ello ocurre pese a que el derecho a la libertad de expresión, al ambiente sano y los derechos de la naturaleza están reconocidos en legislaciones nacionales y regionales. El informe presentado por Global Witness en 2019 da cuenta del asesinato de 164 personas defensoras de la tierra y el ambiente, la mayoría en la región: Colombia (24); Brasil (20), Guatemala (16) y México (14). Evidencia además que “el peor sector fue el de la minería, que causó 43 muertes, aunque también aumentaron las muertes relacionadas con conflictos por fuentes de agua. Continuaron los ataques motivados por la agroindustria, la industria maderera y los proyectos hidroeléctricos”. Actualmente y en el contexto de la pandemia COVID-19, la situación de riesgo grave para defensores y defensoras ambientales. Pese al aislamiento social y otras medidas adoptadas ante la crisis sanitaria, la violencia en su contra persiste. Es importante considerar que la pandemia debilita las redes de protección de las y los defensores en situación de riesgo para responder a emergencias, poniéndoles en una situación de mayor vulnerabilidad. Eso, sumado a la falta de voluntad y capacidad institucional para atender problemáticas diferentes a la sanitaria, configura un escenario muy complejo para su seguridad. En efecto, los Estados deben respetar y garantizar los derechos humanos en todo momento. Son obligaciones impostergables —aún en situaciones de emergencia— y su cumplimento debe robustecerse para personas en riesgo como las que defienden el ambiente. El rol protector de los Estados El trabajo que hacen las personas defensoras ambientales ha sido reconocido dentro del sistema internacional de los derechos humanos, donde se ha destacado su rol esencial en una sociedad democrática para el fortalecimiento del respeto y goce de los demás derechos. La realidad de peligro en la que viven las y los defensores ha sido acompañada por una evolución jurídica que se evidencia en instrumentos legales internacionales como el Acuerdo Regional de Escazú, que por primera vez contempla a las personas defensoras como sujetos de protección especial. Ese tipo de protección es particularmente necesaria debido a las amenazas e intimidaciones en su contra, señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Estados tienen la obligación de: Evitar vulnerar derechos humanos y prevenir a su vez que terceros lo hagan, algo que aplica a todas las personas. Garantizar un ambiente seguro y propicio para que las y los defensores ambientales puedan desarrollar libremente su labor, por lo que deben adoptar acciones especiales para protegerlos cuando son objeto de amenazas; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor; e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra. Garantizar el cumplimiento de los derechos procedimentales en materia ambiental, es decir el derecho a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia. Abstenerse de actuar de manera tal que propicien, estimulen, favorezcan o profundicen la vulnerabilidad de estas personas; y adoptar medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación. Esto es relevante frente al incremento de la criminalización de personas defensoras por parte de gobiernos, quienes las acusan de “ir contra el desarrollo” en un discurso que tiene gran alcance. Llevar a cabo una investigación de oficio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva en casos de muerte violenta. Considerar en todo momento un enfoque diferencial y con perspectiva de género, toda vez que las mujeres defensoras están expuestas a mayores niveles de violencia debido al contexto de desigualdad preexistente. Por último, es necesario resaltar la importancia y necesidad de que todas las medidas de los Estados respeten plenamente los derechos humanos y, del mismo modo, aseguren en todo momento la vida e integridad de las y los defensores ambientales como elemento indispensable para la justicia climática y la democracia ambiental.
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