Argentina

Fracking, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Autorización de pozos de fracking en Argentina viola obligaciones internacionales

AIDA presentó un escrito para respaldar el amparo interpuesto por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. En él evidenciamos las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas al autorizar la explotación de cuatro pozos petroleros mediante fracking, dentro de la formación Vaca Muerta, actividad que daña fuentes de agua y vulnera derechos de comunidades Mapuches. Mendoza, Argentina. En respaldo a la demanda de amparo interpuesta por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó un escrito (Amicus Curiae) ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza. En él evidenció las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas por la Dirección de Protección Ambiental al autorizar la explotación de cuatro pozos petroleros mediante fracking por la empresa El Trébol S.A. “La explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de fracking fue autorizada en Mendoza sin haberse realizado una evaluación de impacto ambiental”, dijo Claudia Velarde, abogada de AIDA. “La actividad fue presentada como ‘adecuación de infraestructura’ en el proceso de autorización y la autoridad ambiental otorgó los permisos en un tiempo récord de seis días”. Los pozos están dentro de Vaca Muerta, la principal formación de gas no convencional (gas shale o de esqusito) de Argentina y de América Latina. Y en la zona habitan comunidades Mapuches, reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y cuyos miembros deben ser consultados para obtener su consentimiento previo, libre e informado a cualquier actividad que afecte su territorio. Ese derecho no fue respetando, vulnerando —como se detalla en el escrito— el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, normas internacionales reconocidas por Argentina. “Los químicos usados en el fracking pueden contaminar aguas superficiales como subterráneas, incluyendo las de la laguna de Llancanelo, un humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar, tratado ratificado por el Estado argentino”, afirmó Velarde. “El sitio es zona de paso y descanso para más de 130 especies de aves residentes y migratorias” Además, las actividades de fracking requieren grandes cantidades de agua y Mendoza es una provincia que por años sufre de escasez de ese recurso, problema agravado por el cambio climático. Finalmente, en el escrito se resalta que no se cuenta con datos geológicos detallados de la zona ni con información de calidad sobre la dinámica de las aguas subterráneas. “Ante esa incertidumbre científica, las autoridades deben aplicar el principio de precaución”, explicó Velarde. “Con base en ese principio, una actividad con las características del fracking no debe ser autorizada si quienes buscan implementarla no pueden probar que no causará daños graves e irreversibles en el ambiente”. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Derechos Humanos, Fracking

Defendiendo a comunidades del avance del fracking en Argentina

En un país altamente dependiente de los hidrocarburos, los derechos humanos y de la naturaleza no suelen ser lo más importante. Por ello AIDA y sus socios apoyan los esfuerzos de organizaciones y comunidades  para evitar los daños del fracking en Argentina. En la provincia Neuquén, al noroeste de la Patagonia argentina, una gran estructura de metal se levanta entre árboles de manzana. Se trata de uno de los pozos de fracking instalados en la zona. Un solo pozo requiere cerca de 11 millones de litros de agua, lo que equivale a 18 años de consumo de agua para una familia.Pese a ser una técnica experimental, riesgosa y contaminante para la explotación de hidrocarburos no convencionales, el fracking se está extendiendo rápidamente en Argentina, afectando a territorios mapuches y poblaciones locales.La expansión ocurre en Vaca Muerta, el yacimiento con la reserva probada de gas no convencional más grande de América Latina. Con 30 mil kilómetros cuadrados, el yacimiento abarca cuatro provincias argentinas: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.Pero la expansión ha traído también problemas como la contaminación y el consiguiente perjuicio de los modos de vida de las comunidades locales, incluyendo a mapuches, quienes se ven obligadas a buscar otras opciones de subsistencia para seguir viviendo en sus territorios y no migrar a las ciudades.Las empresas petroleras generan fuentes de trabajo que son inestables y de corto plazo. Y, debido también al aumento en el precio de la tierra, los pobladores de la zona deben ganar más dinero para mantener su nivel de vida.En un país cuya energía depende en 90% de los hidrocarburos, es difícil que el gobierno priorice los derechos de los pueblos indígenas, de los niños y niñas, y de la naturaleza, frente a los ingresos económicos de una industria no sostenible.Por ello es fundamental el esfuerzo de comunidades y organizaciones de la sociedad civil para resistir el avance ciego del fracking.“Lo que me motiva es el cuidado de la tierra y del agua; la naturaleza no es nuestra, nosotros le pertenecemos”, dice Santiago Cané, miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN (FARN), organización que está recurriendo a la justicia para evitar los daños del fracking.FARN presentó un amparo para invalidar las autorizaciones otorgadas para la explotación de cuatro pozos de fracking en Mendoza.Los permisos fueron otorgados por la autoridad ambiental en julio de 2017, en un tiempo récord de seis días y sin requerir un Evaluación de Impacto Ambiental. La demanda aún está en proceso y AIDA colabora con FARN desde su experiencia en derecho ambiental internacional y derechos humanos.“En Mendoza, el fracking está avanzando a un ritmo muy acelerado”, cuenta Santiago. “Los gobiernos nacional y provincial no están tomando en cuenta que se puede contaminar de manera irreversible fuentes de agua que sirven a varias ciudades”.De hecho, Mendoza es una provincia que por años sufre de escasez de agua, problema agravado por el cambio climático.Quienes impulsan el fracking en Mendoza también pasan por alto que, al contaminar tanto aguas superficiales como subterráneas, los químicos usados pueden llegar a la laguna de Llancanelo, un humedal de importancia internacional, ubicado en la falda de la cordillera de los Andes, y que es zona de paso y descanso obligatorio para más de 130 especies de aves residentes y migratorias.Además, la zona es hogar de mapuches. Según la legislación internacional, ellos deben dar su consentimiento previo, libre e informado a cualquier actividad que afecte su territorio. Ese derecho no está siendo respetado.“Me motiva también la idea de una economía diferente que no deprede la naturaleza y que no genere acumulación de riqueza en pequeños grupos de la sociedad”, dice Santiago.FARN, junto con AIDA, es parte de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, una coalición de organizaciones que trabajamos por una América Latina libre de fracking.Juntos seguiremos evitando los daños del fracking. Estamos convencidos que el poder para hacerlo está en la gente.

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Fortalecimiento de Capacidades, Fracking

Seminario virtual "El megaproyecto Vaca Muerta: Impactos del fracking en Argentina"

La explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking ha buscado expandirse en distintos países de América Latina. En Argentina, Vaca Muerta es el yacimiento más grande de ese tipo de hidrocarburos fuera de Estados Unidos y, por tanto, uno de los más "atractivos" del mundo. Desde hace cinco años, Vaca Muerta se ha vuelto un megaproyecto que supera el sitio de extracción y cuya infraestructura física, jurídica y financiera es compleja y genera gran cantidad de accidentes y conflictos sociales. En este seminario virtual, organizado por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, expertas y expertos de diferentes organizaciones y países de la región, abordarán la implicaciones del megaproyecto de fracking Vaca Muerta en términos de impactos y conflictos sociales y económicos para los diferentes actores involucrados.  Grabación   Presentaciones      

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Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Víctimas de violaciones de derechos humanos ocasionadas por empresas enfrentan obstáculos para obtener justicia

La asimetría de poder entre las empresas y las personas y comunidades afectadas, entre otros factores, dificulta el acceso a la justicia en el continente americano. Organizaciones brindaron información detallada sobre esta problemática en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Santiago, Chile. En el continente americano personas y comunidades cuyos derechos humanos han sido violados por actividades empresariales enfrentan obstáculos para ejercer su derecho a acceder a la justicia y lograr reparación por los daños causados. La criminalización acoso y amenazas de las que son objeto son algunas de las trabas. Entre otras razones, la situación responde a que, en muchos países, las empresas no son fiscalizadas adecuadamente e incluso tienen apoyo estatal o reciben incentivos para seguir operando pese a que vulneran derechos humanos. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil[1] informaron, a través de casos emblemáticos en América del Sur, de esta problemática que se registra en el todo continente. Uno de esos casos fue el ocurrido el 5 de noviembre de 2015 en Brasil. Ese día, la ruptura de la presa de relaves mineros de la empresa Samarco en la cuenca del río Doce, provocó el peor desastre socioambiental de la historia de ese país: toneladas de lodo tóxico afectaron a su paso casas, escuelas, cultivos y ganado hasta llegar al Océano Atlántico. El gobierno y la empresa dieron por cerrado el conflicto en torno al daño ocasionado con un acuerdo extrajudicial en el que no participaron las víctimas. “Yo vivía tranquilo, no esperábamos ver lo que pasó, las familias fueron desruidas. Necesitamos empleo, pero con responsabilidad, no de una forma que mate a las personas. El pueblo pide socorro, no podemos dejar que estas empresas hagan lo que quieran y si esta Comisión nos puede ayudar, se lo agradeceríamos”, expresó Antonio, víctima del caso ocurrido en Brasil. En la aduiencia, las organizaciones se refirieron también al caso de la empresa Southern Peaks Mining, financiada con capitales ingleses de Barclays Bank, acusada de incumplir convenios con comunidades de Mala, en Perú, Aquí las víctimas encontraron persecución y detenciones ilegales en su búsqueda de justicia. “Hemos identificado varios retos al acceso a la justicia para las víctimas. Algunos —como las barreras socioeconómicas, culturales y lingüísticas— ya fueron identificados en el Informe de la CIDH sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una de las organizaciones solicitantes de la audiencia. “Muchos obstáculos se agudizan en las disputas con empresas debido, en gran parte, a la pronunciada asimetría que existe en esta relación, expresada por ejemplo en la interferencia política de las empresas y la falta de resguardos adecuados a la independencia del Poder Judicial en muchos países de América del Sur”. Las organizaciones solicitaron que la Comisión recuerde a los Estados su obligación de garantizar el acceso a la justicia para quienes sufren violaciones de derechos humanos por parte de empresas y los inste a fortalecer su legislación interna en ese sentido.  Asimismo, solicitaron a la Comisión que desarrolle en sus pronunciamientos sobre peticiones y casos individuales —así como en sus informes temáticos, de países y en otras actividades de monitoreo y promoción— estándares vinculantes sobre empresas y derechos humanos, en particular en lo referido al acceso a mecanismos de reparación. Finalmente, le solicitaron enfatizar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos frente a la actuación de las empresas y recordar a los Estados que deben brindarles condiciones adecuadas para su actividad. [1] Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA, regional); Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH, regional); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, regional); Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA, Argentina); Campanha para parar o poder das Corporações (Brasil); Justiça Global (Brasil); Pensamiento y Acción Social (PAS, Colombia); Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER, México); Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C (México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC, México); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA, México); Código DH - Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (México) y Asociación Pro Derechos Humanos (Perú).  

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