Argentina

Mendoza, Argentina
Derechos Indígenas, Fracking, Fuentes de Agua Dulce

Preocupa a organizaciones que máximo tribunal de Mendoza rechace su participación en litigio sobre fracking, pero acepte la de la industria petrolera

Las diferencias de tratamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ocurrieron en el marco de una demanda acerca de la autorización del fracking o fractura hidráulica para explotar petróleo y gas de la formación Vaca Muerta en la provincia argentina. Mendoza, Argentina. Organizaciones de la sociedad civil lamentan la negativa de parte de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza a recibir información sobre los impactos perjudiciales de la extracción de hidrocarburos mediante fracking para los pueblos indígenas y el ambiente en Mendoza. La corte rechazó la participación de siete organizaciones —entre ellas una organización del pueblo indígena Mapuche y organizaciones argentinas e internacionales de protección ambiental y de los derechos humanos— en un litigio que afectará la regulación de la industria de los hidrocarburos en la provincia.En cambio, el tribunal mostró una marcada preferencia hacia la industria de los combustibles fósiles, habiendo permitido la participación de varios grupos que representan los intereses de empresas petroleras en la misma causa judicial sin objeción alguna.El tribunal está considerando una demanda sobre la autorización de la fracturación hidráulica o fracking (por su nombre en inglés) para explotar petróleo y gas de la formación Vaca Muerta en el territorio mendocino. Aunque el fracking todavía no ha sido utilizado ampliamente en Mendoza, esta técnica ha supuesto riesgos para la salud y la seguridad pública en otros países debido a sus graves impactos en el ambiente.Las organizaciones buscaron participar en el litigio bajo la figura de "Amigos del Tribunal" (o amicus curiae), una práctica común en varios países y que se encuentra regulada por la ley mendocina, que permite a personas no vinculadas con un caso judicial compartir información con los tribunales en causas que afectan al interés público.Uno de los miembros disintió de la decisión de la corte, criticando que esta resolución "se aleja de las exigencias de escucha que claman atención del juez en la resolución de causas de indubitable interés social, tal como la que aquí tramita". Además, el magistrado puntualizó que “[l]as entidades que solicitan a esta corte se les otorgue participación como amicus poseen vasta experiencia y especialización en temas ambientales”.Hasta el momento, la Suprema Corte ha rechazado las intervenciones de las siguientes organizaciones: Organización Identidad Territorial Malalweche (Mendoza), Xumek (Mendoza), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, nacional), la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA, internacional), el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL, internacional), Earthjustice (internacional) y el Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW, internacional). Declaraciones de las organizaciones Ana Laura Piccolo, directora ejecutiva de XUMEK:"Desde Xumek nos preocupan los reiterados rechazos a la participación de organizaciones de la sociedad civil, a través de la figura del ‘Amigo del Tribunal’ por parte de la Suprema Corte provincial. Las organizaciones que nos presentamos para colaborar contamos con reconocida trayectoria en la materia de la causa y realizamos nuestros aportes desde una perspectiva seria y objetiva, conforme los conocimientos y experticia técnicos y jurídicos que poseemos. Además, hemos participado como amicus curiae en numerosos planteos jurisdiccionales tanto en el ámbito local como internacional".   Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, abogada responsable del Área de Pueblos Indígenas de XUMEK:"Tal como ha sido expresado en el voto en disidencia, desoír todas las voces de la sociedad civil en casos que revisten una elevada complejidad social afecta el diálogo entre la justicia y la ciudadanía, debilitando los procesos democráticos en causas de interés social en donde se pueden ver afectados los derechos humanos de la sociedad". Erika Schmidhuber, abogada del CELS:"Consideramos esencial que la provincia cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos sobre la consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas por proyectos de desarrollo en su territorio ancestral, sin importar que tengan o no un reconocimiento jurídico sobre tal territorio. El Estado argentino ya fue condenado internacionalmente por no cumplir con estos estándares. Es menester que la corte mendocina evalúe los argumentos que hemos presentado en tanto dan cuenta de las obligaciones que Mendoza debe cumplir". Jacob Kopas, abogado de Earthjustice:"La amplia evidencia científica procedente de otros países ya ha demostrado que el fracking conlleva graves riesgos de contaminación, en particular por la filtración de sustancias químicas tóxicas en los acuíferos y otros recursos de agua cercanos. Es fundamental que la Corte Suprema de Mendoza tome en consideración esta experiencia junto con los elogios que ya ha recibido sobre el fracking por parte de grupos que lucran con la extracción petrolera". Sofía Barquero, abogada del Programa de Ecosistemas de AIDA:"Nuestro interés en este caso surge del deseo de garantizar que la protección ambiental y los derechos de los pueblos indígenas sean parte integral de cualquier decisión que pueda afectar a estas comunidades. En ese sentido, hacemos un llamado respetuoso a la corte para que reconsidere su decisión y permita la inclusión de las voces de la sociedad civil en este proceso judicial. Confiamos en que la corte tomará en consideración la importancia de escuchar a todas las partes interesadas en este caso". Upasana Khatri, abogada del CIEL:"El fracking plantea peligros a largo plazo para el medioambiente y la salud que duran mucho más que la producción. Es esencial que la corte escuche a los expertos de la sociedad civil sobre la evidencia de tales daños y el deber legal de prevenirlos —no solo a los actores de la industria con intereses en la producción de combustibles fósiles — para asegurar una decisión informada sobre los riesgos y la regulación del fracking en Mendoza".Contactos de prensaOrganización Identidad Territorial Malalweche, Werken Gabriel Jofre, +54 2604592679XUMEK Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos, Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, +54 9 2616807798CELS, Martina Noailles, [email protected], +54 9 11 6562-6566AIDA, Víctor Quintanilla, [email protected], +521 5570522107Earthjustice, Jacob Kopas, [email protected], +1 5862924603CIEL, oficina de prensa, [email protected] 

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Salar del Hombre Muerto, Argentina
Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Minería

AIDA solicita a tribunal argentino proteger derechos humanos frente a la minería de litio

En un escrito legal que respalda el litigio de comunidades indígenas de la Puna en Argentina, solicitamos que la Corte de Justicia de Catamarca anule los permisos para dos proyectos mineros a fin de evitar impactos ambientales irreversibles en el territorio del Salar del Hombre Muerto. Pedimos además que ordene la realización de una evaluación de impactos ambientales acumulativos e integrales que cumpla con los estándares internacionales y garantice la participación de las comunidades.   En respaldo al litigio interpuesto por la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó un escrito legal (Amicus Curiae o "Amigo del Tribunal") ante la Corte de Justicia de Catamarca para solicitar que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, el gobierno nacional y el de la provincia de Catamarca protejan los derechos de las comunidades locales frente a los impactos ambientales acumulados de los proyectos de minería de litio en el territorio y en la cuenca del Salar del Hombre Muerto. "La acumulación de actividades de extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto ha agravado el estrés hídrico en la provincia y hoy amenaza con afectar la salud de las comunidades indígenas debido al uso de grandes cantidades de agua y de sustancias químicas contaminantes”, dijo Yeny Rodríguez, abogada sénior de AIDA. “En aplicación de los principios de prevención y de precaución, es imperativo que el Estado adopte medidas para evitar mayores impactos; de no hacerlo, puede incurrir en responsabilidad internacional por los daños causados". El escrito aporta fundamentos para la aplicación de justicia y para la defensa de los derechos al ambiente sano, al agua y al proyecto de vida de las comunidades.  En el documento se evidencia que el gobierno nacional y provincial están obligados —en virtud de tratados y estándares internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención sobre los Humedales, entre otros—, a emplear una evaluación ambiental que aborde los impactos integrales y acumulativos para autorizar los proyectos mineros existentes, los propuestos y los asociados. El escrito fue presentado dentro de la acción de amparo interpuesta en agosto de 2021 por la comunidad indígena Atacameños del Altiplano. En ella solicitaron a la Corte de Justicia de Catamarca revocar los permisos otorgados por las autoridades ambientales a los proyectos "Ampliación de proyecto Fénix" de la empresa Livent y "Sal de Vida" de la empresa Galaxy Lithium S.A., hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental adecuada. En una decisión judicial hecha pública el 13 de marzo pasado, el tribunal ordenó al gobierno provincial —como medida cautelar— abstenerse de otorgar nuevos permisos hasta que se realice un estudio de impacto ambiental "acumulativo e integral" respecto de todos los proyectos de minería de litio que se desarrollan en la zona, así como garantizar el libre acceso a la información y que todo proyecto cumpla con la consulta previa, libre e informada a las comunidades. Sin embargo, el tribunal no acogió la solicitud de detener la explotación de litio en el territorio, por lo que los riesgos socioambientales permanecen. En este sentido, para proteger el ecosistema y no afectar irremediablemente el proyecto de vida de los pueblos indígenas, en el escrito, AIDA presentó argumentos a la Corte de Justicia de Catamarca apoyando las solicitudes de las comunidades: En aplicación de los principios ambientales internacionales de prevención y precaución, revocar las autorizaciones para los proyectos señalados en el litigio y para todo proyecto situado en la cuenca del salar hasta que se realice una evaluación ambiental conforme al derecho internacional. Ordenar a las autoridades competentes la realización de una evaluación de impactos ambientales acumulativos e integrales respetando en todas las etapas el derecho a la consulta o consentimiento, así como a la participación ambiental oportuna y efectiva de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano.   "AIDA reiteró ante el tribunal que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que la evaluación de impactos ambientales es la medida que garantiza la subsistencia de las comunidades indígenas ante las restricciones impuestas por las concesiones otorgadas en su territorio", señaló Rodríguez. En el escrito se indica que, en este caso —dado que la minería de litio y demás proyectos han provocado ya una grave degradación ambiental y afectado la capacidad de carga de agua del ecosistema, además de poner en riesgo el proyecto de vida de la comunidad—, existía un deber del Estado de realizar una evaluación de impactos ambientales acumulativa e integral. Por la escasa precipitación y la evaporación de agua, el Salar del Hombre Muerto —humedal andino ubicado al noroeste de Argentina, entre las provincias de Catamarca y Salta— tiene un balance hídrico natural negativo, el cual ha sido exacerbado en los últimos 27 años por la explotación de litio. En esta actividad se extraen grandes cantidades de salmuera (agua con altos niveles de sal) y de agua dulce (superficial y subterránea). La región de la cuenca del salar ha sido habitada desde hace más de 10 mil años por comunidades indígenas originarias que tienen un vínculo especial con el entorno que garantiza su supervivencia individual y colectiva, su cultura y sus tradiciones. Debido a la minería de litio, sus miembros han tenido que modificar sus prácticas tradicionales, además de sufrir escasez de agua y significativas pérdidas de animales. El proyecto minero Fénix ha desviado el río Trapiche al punto de secarlo en su tramo final. Y la expansión de la actividad minera en la zona amenaza con secar también el río Los Patos. En el desarrollo de los proyectos aludidos en el litigio, las empresas no brindaron información a las comunidades, no realizaron audiencias públicas con su participación ni un proceso de consulta previa, libre e informada. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107    

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Salar de Uyuni, Bolivia
Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Minería

La ONU da un paso importante para priorizar la justicia ante la extracción de minerales de transición

El Panel de las Naciones Unidas sobre Minerales Críticos para la Transición Energética emitió una serie de recomendaciones y principios voluntarios con el objetivo de garantizar una gestión equitativa, justa y sostenible de estos minerales. Los lineamientos están dirigidos a gobiernos, a la industria y a otras partes interesadas en los procesos de transición energética. Esto ocurre en un contexto en el que el movimiento mundial hacia las energías renovables, que busca reducir las emisiones que agravan la crisis climática, ha puesto de manifiesto cómo los costos ambientales y sociales de la extracción de los minerales de transición recaen de forma desproporcionada en las comunidades y los ecosistemas locales. Ante esto, Claudia Velarde, codirectora del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), expresó:   "Para América Latina, las recomendaciones y principios son muy importantes pues gran parte de las reservas de recursos esenciales para la transición energética están en la región, en territorios complejos y ricos en diversidad biológica y cultural. Es significativo que el panel ponga los derechos humanos y la justicia en el centro, reconociendo la complejidad de la transición energética y la desigualdad entre los países del sur global, que albergan los minerales, y los del norte, que los necesitan para su propia transición. Para avanzar con justicia, la transición energética debe romper con el statu quo del desarrollo, incluyendo perspectivas del sur global, respetando los derechos humanos de las comunidades locales y reconociendo los límites ecosistémicos. Aunque queda mucho camino por recorrer para lograr una verdadera transición energética justa y popular para América Latina, esperamos que este insumo sea un paso que nos permita avanzar hacia ella”.   Las recomendaciones y principios están contenidos en un informe en el que el panel explica cómo basar el paso a las energías renovables en la justicia y la equidad, promoviendo el desarrollo sostenible, el respeto a las personas y la protección del ambiente en los países en desarrollo. El panel propone siete principios rectores voluntarios, basados en normas, compromisos y obligaciones jurídicas establecidas en textos de las Naciones Unidas: Los derechos humanos deben estar en el centro de todas las cadenas de valor de los minerales. La integridad del planeta, el ambiente y la biodiversidad debe ser salvaguardada. La justicia y la equidad deben ser la base de las cadenas de valor de los minerales. El desarrollo debe ser promovido mediante el reparto de beneficios, la adición de valor y la diversificación económica. Las inversiones, las finanzas y el comercio deben ser responsables y justos. La transparencia, la rendición de cuentas y las medidas anticorrupción son necesarias para garantizar la gobernanza adecuada. La cooperación internacional y multilateral deben apoyar la acción mundial y promover la paz y la seguridad.   Lee el informe del panel (en inglés): https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/report_sg_panel_on_critical_energy_transition_minerals_11_sept_2024.pdf Conoce más de panel: https://www.un.org/en/climatechange/critical-minerals Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107  

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Bandera indígena en una carretera de Jujuy, Argentina
Derechos Indígenas, Minería

Argentina: la fiebre por el litio amenaza los derechos de los pueblos indígenas en Jujuy

Organizaciones internacionales de la sociedad civil, con amplia trayectoria en la defensa del ambiente y los derechos humanos, presentan las conclusiones de la visita de observación que realizaron a la provincia argentina de Jujuy en agosto de 2023 tras la reforma constitucional aprobada en junio del mismo año, que facilita la extracción de litio. París y San Salvador de Jujuy. En un informe publicado hoy, diez organizaciones internacionales de la sociedad civil con amplia trayectoria en materia de derechos humanos y ambientales advierten que la falta de consulta previa de los 11 pueblos indígenas de Jujuy en el proceso de aprobación de la reforma de la Constitución provincial es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y ambientales.El informe denuncia también que la nueva Constitución de Jujuy autoriza la realización de actividades de aprovechamiento productivo en tierras fiscales, lo que abre la puerta a la implementación de proyectos extractivos en territorios ancestrales indígenas, sin garantizar la consulta previa, libre e informada de las comunidades. También aprueba el uso a gran escala de agua, lo que facilita que un bien esencial para la supervivencia de los pueblos indígenas sea destinado a la explotación de litio, actividad con una alta huella hídrica.El proceso de reforma constitucional se enmarca en un contexto de despliegue minero en los humedales altoandinos de Jujuy, cuyas cuencas se encuentran sobre el denominado por la industria minera como "triángulo del litio", que está ubicado en las fronteras de Argentina, Bolivia y Chile. Esta zona recibe este nombre por constituir la reserva de litio de mayor dimensión, facilidad de extracción y rentabilidad económica del mundo."Denunciamos el régimen de restricción, permanente y desproporcionado del derecho a la protesta social, que introduce la constitución jujeña. En especial, la prohibición general de los cortes de rutas y calles, los cuales no solo son una forma legítima de realizar una manifestación pacífica, sino que también están protegidos por el derecho internacional", señalan las organizaciones.De igual forma, el informe destaca los testimonios de víctimas de la represión policial, quienes sufrieron detenciones arbitrarias y graves lesiones físicas provocadas por el uso desmedido e injustificado de la fuerza. También documenta los casos de personas manifestantes, quienes actualmente enfrentan procesos penales arbitrarios y desproporcionados por participar y promover manifestaciones públicas en contra de la reforma constitucional. A la luz de las conclusiones presentadas en el informe, las organizaciones:Solicitan el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado argentino para garantizar la protección de la propiedad colectiva de las comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales, así como garantizar el derecho al agua destinado al consumo humano y la reproducción de la vida.Instan a las autoridades a abstenerse de promover normativas que restrinjan los modos, lugares o momentos en los que la ciudadanía puede ejercer su derecho a manifestarse públicamente.Hacen un llamado urgente al poder judicial para que, a partir de un riguroso examen de los estándares internacionales de derechos humanos, examine la probable inconstitucionalidad del proceso de aprobación de la reforma y sus contenidos. Consulta el informe 

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Paisaje de Antofagasta de la Sierra, Argentina.
Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Un fallo paraliza la aprobación de nuevos proyectos mineros en el Salar del Hombre Muerto, Argentina, y sienta un precedente para la región

En uno de los fallos más importantes del último tiempo en materia de cuidado de la naturaleza y de protección de los derechos de comunidades tradicionales, hecho público el 13 de marzo pasado, la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca, Argentina, ordenó paralizar el otorgamiento de nuevos proyectos de minería de litio en la zona del Salar del Hombre Muerto, departamento de Antofagasta de la Sierra. Estableció también que todo proyecto debe cumplir con la consulta previa, libre e informada a las comunidades aledañas. Así, el máximo tribunal provincial dio lugar al amparo judicial presentado por Román Guitián, cacique de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano.El tribunal ordenó al ministerio de Minería y al de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia "abstenerse de otorgar nuevos permisos/autorizaciones, o declaración de impacto ambiental con respecto a obras u actividades" en la zona hasta tanto se cumpla con la realización de un informe de impacto ambiental con dos características fundamentales. La primera es que sea "acumulativo e integral", sobre todo el salar y particularmente sobre el río Los Patos, ubicado en el mismo Salar. La segunda es que contemple la afectación total de las empresas que han solicitado autorización para el uso y extracción de agua, y su potencialidad de transformar el medio ambiente en una misma área geográfica.La extracción de litio en Antofagasta de la Sierra data de 1997, con la multinacional FMC, actualmente operando como Livent. Las comunidades locales denunciaron que, como consecuencia de la actividad extractiva, se secó el río y la vega Trapiche.Desde la Alianza por los Humedales Andinos celebramos este logro de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano y de la Asamblea PUCARA (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación). El mismo modelo de megaminería de litio, contra el que apunta la sentencia del máximo tribunal de Catamarca, se reproduce en la región puneña de Chile y Bolivia. En este sentido, el fallo constituye un precedente importante para la protección ambiental y comunitaria que debe ser replicado en todas las regiones afectadas por este modelo extractivo en el continente.Es necesario que los gobiernos implementen medidas para proporcionar las garantías de seguridad necesarias a la defensa territorial de las comunidades locales que reclaman el cumplimiento de sus derechos humanos y ambientales en Argentina, así como en otros países del continente. Citas de miembros de la alianzaClaudia Velarde, cocoordinadora del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)"Lo sucedido en Catamarca marca un hito histórico para la protección del agua, el territorio y la vida en América Latina. La decisión del tribunal confirma que el concepto de impactos acumulativos de una actividad extractiva es totalmente válido y una arista trascendental de la gestión ambiental. Además, deja claro que cualquier daño al ambiente que pueda conllevar una violación de los derechos a la vida o a la integridad personal debe ser considerado un daño significativo. Es un precedente relevante en todo sentido y un mensaje contundente: la normativa ambiental nacional e internacional debe cumplirse, las evaluaciones de impacto ambiental deben ser estratégicas y acumulativas, el derecho a la participación ambiental debe garantizarse y la transición energética debe ser justa". Ramón Balcázar, director ejecutivo de la Fundación Tantí y cocoordinador del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL)"Este fallo es el resultado de años de trabajo y da cuenta de la importancia de la articulación de conocimientos y de estrategias judiciales para la defensa de los territorios desde una mirada de humedales, sentando un precedente que debiese extenderse a toda la región para una evaluación acumulativa de los proyectos, no sólo de litio, si no también de minería metálica y de los impactos del cambio climático. Desafortunadamente, tras conocerse el fallo nuestro compañero Román Guitián ha sido objeto de amenazas de muerte en un país que, al igual que Chile, ha ratificado el Acuerdo de Escazú.  En ese sentido, debemos rechazar categóricamente cualquier forma de violencia sobre los defensores de los salares andinos, así como al provecho político que  instituciones vinculadas al greenwashing minero han intentado sacar de una situación tan compleja". Cristian Fernández, coordinador del área de Asuntos Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)"La reciente sentencia de la Corte de Justicia de Catamarca que ordenó la elaboración de un estudio de impacto ambiental “acumulativo e integral” por todos los proyectos de litio que se desarrollan en la cuenca del Río Los Patos requiriendo que el gobierno local se abstenga de otorgar nuevos permisos o autorizaciones para la actividad, representa un hito en la jurisprudencia ambiental de nuestro país. Consolida el camino iniciado hace cerca de 15 años por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando, en el caso "Salas Dino", exigió un estudio de impacto acumulativo frente a los desmontes de bosques nativos en Salta. De esta manera, la justicia catamarqueña sienta un precedente que podría ser también aplicado a los daños ecosistémicos que sufren las provincias de Salta y de Jujuy como consecuencia de los impactos acumulativos de numerosos proyectos de litio en Salinas grandes y laguna Guayatayoc". 

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Pilhas de sal no Salar de Uyuni, Bolívia
Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Lítio: O que é, de onde vem e quais as consequências de sua extração?

Um paradoxo da transição energética é a substituição do uso de combustíveis fósseis por recursos minerais cuja extração e refinamento podem impactar negativamente os ecossistemas, as espécies e as comunidades. É o que acontece com o lítio, um mineral que era tradicionalmente utilizado no vidro e na cerâmica por proporcionar maior aderência e dureza. Atualmente, ele é utilizado principalmente na fabricação das baterias usadas pelas tecnologias que evitam ou reduzem o uso de combustíveis fósseis. E isso tem aumentado a sua procura, mascarando ou minimizando os graves impactos sociais e ambientais que a sua extração implica.   O QUE FAZ O LÍTIO ESPECIAL? O lítio é um mineral muito procurado por suas propriedades únicas: É um metal leve com grande capacidade eletroquímica. Possui grande capacidade de armazenamento de energia. É maleável, podendo ser adaptado a diferentes tamanhos, formas e designs.   Essas qualidades fazem dele um material fundamental na fabricação de baterias de celulares, computadores e, principalmente, de veículos elétricos. Por servir para armazenar energias renováveis ​​não convencionais, como a eólica e a fotovoltaica, o lítio é considerado fundamental para a transição energética.   ONDE ESTÁ?: O CHAMADO “TRIÂNGULO DE LÍTIO” As principais fontes de lítio são os salares, zonas úmidas cobertas por uma crosta salina e contendo salmouras, que são corpos de água nos quais muitos sais e elementos estão dissolvidos, incluindo o lítio. Os salares são atraentes para a indústria de mineração devido à relativa facilidade técnica de exploração, baixos custos operacionais e pouca demanda de energia para extrair o lítio em comparação com outras fontes. Em todo o mundo, os salares da Argentina, Bolívia e Chile concentram 54% dos recursos de lítio (potencial de exploração). Além disso, Argentina e Chile possuem 46% das reservas (parcela de recursos conhecidos e comprovados, cuja exploração se mostrou economicamente viável) de lítio no mundo. A indústria mineira chamou a região que concentra o mineral de “triângulo do lítio” – porque é a única coisa que lá se vê – e abrange o nordeste da Argentina, o norte do Chile e o sul da Bolívia. No entanto, naquela região há muito mais do que lítio. Existem também comunidades, ecossistemas e espécies que dependem desses salares. Os que vivem na região dedicam-se à pecuária de pequeno porte e à agricultura de subsistência, atividades que necessitam de água - um bem escasso nessas latitudes.   COMO É EXPLORADO O LÍTIO DOS SALARES? O procedimento é o seguinte: O salar é perfurado. A salmoura é despejada em enormes piscinas ou pias. Espera-se que a água evapore para que a concentração de lítio aumente. Quando a concentração é suficiente, a salmoura é enviada para uma planta industrial. A salmoura é submetida a um tratamento químico para obtenção do carbonato de lítio, que é comercializado para a fabricação de baterias.   A extração de lítio, particularmente por esse método, envolve um enorme consumo e perda de água porque: A água é perdida durante o bombeamento da salmoura. A evaporação em piscinas requer dois milhões de litros de água para cada tonelada de lítio produzida. Os processos finais para obter carbonato de lítio e separá-lo do restante do composto também requerem água.   A extração de lítio é uma ameaça aos salares da América do Sul – que são áreas úmidas andinas—, compromete a disponibilidade local de água e coloca em risco a sobrevivência das comunidades e espécies que vivem no entorno desses frágeis ecossistemas. A transição energética é urgente, mas deve ser justa e não feita à custa da extração de outros recursos naturais que colocam em risco as pessoas e o ambiente.   FONTES -Maritza Tapia, "Chaves do lítio: o metal mais leve e com maior potencial eletroquímico", Universidade do Chile. -Heinrich Böll Stiftung Colômbia, "Lítio: os custos sociais e ambientais da transição energética global". -Florencia Ballarino, "O que é lítio, para que serve e de onde é extraído na Argentina?", Conferiu. -Wetlands International, "O impacto da mineração de lítio nas zonas úmidas dos Altos Andes". -Rodolfo Chisleanchi, "‘Triângulo de Lítio’: a ameaça às salinas da Bolívia, Chile e Argentina", Mongabay Latam. -NÓS. Pesquisa Geológica, Resumos de Commodities Minerais, janeiro de 2023, "Lítio".  

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Montones de sal en el salar de Uyuni, Bolivia
Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Litio: ¿Qué es, de dónde se obtiene y qué implica su extracción?

Una paradoja de la transición energética es sustituir el uso de combustibles fósiles por recursos minerales cuya extracción y refinamiento pueden impactar negativamente en ecosistemas, especies y comunidades. Eso está pasando con el litio, un mineral que tradicionalmente se usaba en vidrios y cerámicas porque otorgaba mayor adhesión y dureza, pero que hoy es utilizado principalmente para elaborar las baterías que requieren las tecnologías para evitar o reducir el uso de combustibles fósiles. Ello ha incrementado su demanda, invisibilizando o minimizando los graves impactos sociales y ambientales que su extracción implica.   ¿Qué hace especial al litio? El litio es un mineral altamente demandado por sus propiedades únicas: Es el metal más liviano y con mayor potencial electroquímico. Tiene gran capacidad de almacenaje de energía. Es maleable por lo que puede ser adaptado a diferentes tamaños, formas y diseños.   Estas cualidades lo hacen un material clave en la fabricación de baterías de celulares, computadoras y principalmente de vehículos eléctricos. Al servir para el almacenamiento de energías renovables no convencionales, como la eólica y la fotovoltaica, el litio es considerado clave para la transición energética.   ¿Dónde está?: El llamado “triángulo del litio” Las principales fuentes de litio son los salares, humedales cubiertos de una costra salina y que en su interior guardan salmueras, que son cuerpos de agua en los que están disueltas muchas sales y elementos, entre ellos litio. Los salares son atractivos para la industria minera por la relativa facilidad técnica para su explotación, los bajos costos operativos y la baja demanda de energía para extraer litio de ellos en comparación con otras fuentes. A nivel mundial, los salares de Argentina, Bolivia y Chile concentran el 54% de los recursos (material potencialmente explotable) de litio. Además, Argentina y Chile poseen el 46% de las reservas (porción de los recursos conocidos con un alto valor de certidumbre y cuya explotación se ha probado como económicamente viable) de litio en el mundo. La industria minera ha llamado a la región que concentra el mineral “el triángulo del litio” —pues es lo único que ven allí—, que abarca el noreste argentino, el norte chileno y el sur boliviano. Pero en esa región hay mucho más que litio. También hay comunidades, ecosistemas y especies que dependen de estos salares. Quienes habitan la zona se dedican a la ganadería a pequeña escala y a la agricultura de subsistencia, actividades que requieren agua, un bien ya escaso en esas latitudes.   ¿Cómo se explota litio de los salares? El procedimiento es el siguiente: Se perfora el salar. La salmuera se vuelca en enormes piscinas o piletas. Se espera a que el agua se evapore para que la concentración de litio aumente. Cuando la concentración es suficiente, la salmuera es enviada a una planta industrial. La salmuera es sometida a un tratamiento químico para obtener carbonato de litio, que es lo que se comercializa para la fabricación de baterías.   La extracción de litio, particularmente por este método, implica un enorme consumo y pérdida de agua debido a que: Se pierde agua durante el bombeo de la salmuera. La evaporación en piletas requiere dos millones de litros de agua por cada tonelada de litio producida. Los procesos finales para obtener carbonato de litio y separarlo del resto del compuesto también requieren agua.   La extracción de litio es una amenaza para los salares en Sudamérica —que son humedales andinos—, compromete la disponibilidad local de agua y pone en riesgo la supervivencia de las comunidades y especies que habitan en torno a esos frágiles ecosistemas. La transición energética es urgente, pero debe ser justa y no hacerse a costa de la extracción de otros recursos naturales que ponen en riesgo a las personas y al ambiente.   Fuentes -Maritza Tapia, “Claves del litio: el metal más liviano y con mayor potencial electroquímico”, Universidad de Chile. -Heinrich Böll Stiftung Colombia, “Litio: los costos sociales y ambientales de la transición energética global”. -Florencia Ballarino, “¿Qué es el litio, para qué sirve y de dónde se extrae en la Argentina?”, Chequeado. -Wetlands International, “El impacto de la minería de litio en los Humedales Altoandinos”. -Rodolfo Chisleanchi, “‘Triángulo de litio’: la amenaza a los salares de Bolivia, Chile y Argentina”, Mongabay Latam. -U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2023, “Lithium”.  

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Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Nace la Alianza por los Humedales Andinos para promover su protección y conservación

Conformada por organizaciones socioambientales diversas, la alianza busca proteger el agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida que dependen de estos ecosistemas en América Latina, especialmente en Argentina, Bolivia y Chile. Organizaciones socioambientales diversas se unieron para conformar la Alianza por los Humedales Andinos, cuyo objetivo principal es promover la protección y conservación de estos ecosistemas —así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos— en América Latina, con especial énfasis en Argentina, Bolivia y Chile.Del 30 de noviembre al 12 de diciembre, representantes de casi 200 países se reunirán en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) durante la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28) para seguir avanzando en la implementación del Acuerdo de París, tratado internacional que busca fortalecer la respuesta mundial a la crisis climática. La protección de los humedales es crucial en esa tarea por ser ecosistemas que actúan como sumideros naturales de carbono, ayudando a mitigar la crisis.La alianza está integrada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) de Argentina; el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile; y por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional.Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— son reconocidos mundialmente como ecosistemas de alta significancia ambiental y social, pero también muy frágiles por sus características, cuyo elemento central es el agua, un bien común que controla el medio y la vida silvestre. Su vulnerabilidad radica también en las amenazas que afrontan, entre ellas la crisis climática y los impactos negativos de actividades extractivas como la minería de litio, de cobre y de otros minerales considerados “críticos” para la transición a nuevas formas de generar energía.En ese sentido, el incremento de la demanda de litio en el norte global ha puesto en marcha un proceso acelerado de extracción y producción a nivel global, enfocado en regiones ricas en este mineral, como los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile, que albergan más del 53% de las reservas globales.Acelerar la transición energética será justamente uno de los ejes de acción de la COP28. Frente a esta tendencia global, la alianza promueve una transición socieocológica justa, participativa y popular con una visión de largo plazo, priorizando la gestión integral del agua bajo un enfoque de justicia socioambiental y climática. Así, apoya y acompaña a comunidades y organizaciones locales en el cuidado de los humedales andinos y en la construcción de alternativas socioeconómicas que vayan más allá del extractivismo minero.Asimismo, la alianza busca que se garantice la participación de las comunidades y su acceso a información completa, veraz y transparente; así como brindar información a la sociedad global  —que involucra a organismos, Estados y sector privado—, resaltando el valor de los humedales andinos y las múltiples amenazas que afrontan.Para lograr su objetivo, la alianza emplea estrategias pedagógicas, legales, investigativas, de incidencia, comunicación y de movilización de forma colectiva y en diálogo con comunidades y organizaciones. Y al reconocer los impactos diferenciados de la crisis climática en las mujeres, niñas, disidencias sexuales y otros grupos vulnerables, incorpora la perspectiva de género en el desarrollo de todas sus actividades.  Contactos de prensa:Víctor Quintanilla, AIDA (regional), [email protected], +521 5570522107Carlos Ulloa Fuentes, Fundación Tantí (Chile), [email protected] +569 37614815Rocío Wischñevsky, FARN (Argentina), [email protected], +541159518538Manuel Fontenla, Asamblea PUCARÁ (Argentina), [email protected], +54 9 3834790609Faviola Rivera Seifert, Empodérate (Bolivia), [email protected], +591 77129989Oscar Campanini, CEDIB (Bolivia), [email protected], +591 70344801 

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Salinas Grandes, Argentina
Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

“El agua vale más que el litio”: Resistencia a una transición energética injusta

“El agua vale más que el litio”  es la consigna con la que las organizaciones sociales, sindicales y pueblos indígenas expresan desde hace meses su resistencia a la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, ubicada en el extremo norte de Argentina. Denuncian que la reforma, impulsada por el gobernador Gerardo Morales, no respeta la legislación internacional en materia de derechos indígenas, incluyendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos acerca de proyectos a desarrollarse en sus territorios ancestrales. En este sentido, dicha reforma habría sido aprobada, el 16 de junio pasado, mediante un proceso breve que no permitió una amplia participación y deliberación pública y en el que no hubo la debida consulta a los pueblos indígenas. Además, el texto constitucional presenta retrocesos significativos en temas ambientales y de derechos humanos; abre las puertas a la megaminería —incluida la de litio— bajo el amparo de la transición energética, criminaliza la protesta y permite la privatización tanto del agua como de las tierras indígenas. Los pueblos originarios han denunciado que el avance indiscriminado de proyectos de minería de litio en la provincia profundizará la crisis hídrica que allí se vive. Ante la creciente demanda internacional de litio —posicionado como un recurso estratégico debido a su capacidad de almacenamiento de energía (útil a las industrias de las baterías y de los vehículos eléctricos)— en años recientes, se ha puesto en marcha un proceso acelerado de extracción y producción a nivel global, enfocado en regiones ricas en este mineral, como los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentra más del 53% de las reservas probadas globales. El litio puede estar contenido en salmueras, pegmatitas y rocas sedimentarias, siendo más fácil de extraer en las primeras. Pero es un proceso que demanda altas cantidades de agua y que se lleva a cabo en ecosistemas frágiles, con deficiencia hídrica y fuertemente golpeados por los efectos de la crisis climática, como son los salares. La resistencia social a la reforma constitucional en Jujuy es también la resistencia a una tendencia mundial que busca la permanencia de modelos extractivistas que vulneran derechos humanos en nombre de una transición energética que dista mucho de ser justa.    Vulneración de derechos humanos en Jujuy AIDA —junto con otras siete organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria en la defensa del ambiente y de los derechos humanos— fue parte de una misión internacional que visitó Jujuy del 21 al 25 de agosto para conocer de primera mano las posibles vulneraciones a los derechos a la protesta y a la participación en el marco de la reforma constitucional.   La misión estuvo en los principales focos de protesta y documentó testimonios de personas de pueblos y comunidades indígenas, de asociaciones campesinas, de sindicatos y de organismos de derechos humanos; así como de referentes sociales, docentes, abogados/as y de autoridades de la provincia. Las conclusiones preliminares apuntan a que: Aunque los pueblos indígenas y sus comunidades solicitaron participar en la reforma constitucional, esta se llevó a cabo sin un amplio proceso de deliberación. Existen preocupaciones respecto de la incompatibilidad de la reforma con los derechos humanos y los derechos ambientales. Pese al contexto de crisis climática y escasez hídrica, la reforma no aborda de manera adecuada la gestión integral de cuencas ni la preservación de ecosistemas. La reforma parece favorecer el uso industrial, agrícola y ganadero de gran escala de los recursos hídricos; así como abrir las puertas a concesiones que pueden dar origen a la privatización de las aguas, dañando los ciclos ecosistémicos y desprotegiendo la agricultura y la ganadería a pequeña escala, vitales para la existencia de las comunidades originarias. Hay una preocupación reiterada y manifiesta de las comunidades indígenas por los impactos negativos de la minería, en particular de los proyectos de extracción de litio. Testimonios dan cuenta de casos de represión de la protesta social, detenciones arbitrarias, hostigamiento y presuntas torturas por parte de la policía contra personas involucradas en la resistencia; así como de un uso desproporcionado de la fuerza.   La misión está en proceso de sistematizar la información recabada para elaborar recomendaciones orientadas a visibilizar la compleja situación en la provincia de Jujuy y a contribuir a un diálogo que permita la mejor resolución de la conflictividad social y el respeto de los derechos humanos.   ¿Hacia qué tipo de transición apunta la reforma constitucional en Jujuy? Abordar esta interrogante es importante para comprender que una transición energética justa es incompatible con un contexto donde los intereses económicos privados prevalecen sobre las consideraciones sociales y ambientales y donde las acciones gubernamentales desconocen los impactos de la extracción de litio y el reclamo justo de las comunidades locales en relación con la gestión de su agua y su territorio.   Jujuy es hogar de más de 12 pueblos indígenas y de unas 400 comunidades, cuyos integrantes se han dedicado milenariamente a la extracción de sal de Salinas Grandes, el cuarto salar más grande de Sudamérica. Su vínculo con el agua es sagrado y ancestral. Representa una conexión cultural amenazada por la explotación de litio, que compromete la disponibilidad de un recurso de por sí escaso. “Para producir una tonelada de litio (a través del método de evaporación), se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular”, señala Ingrid Garcés, docente del Departamento de Ingeniería Química y Procesos de Minerales de la Universidad de Antofagasta, en Chile. Esto “es rentable para la industria porque significa un proceso sin costo de energía, pero lamentablemente tiene el costo de la pérdida de agua de un sistema que no es renovable, más es una región desértica” (como es la de los salares). La reforma constitucional en Jujuy no estipula un orden de prioridad para los usos de agua, sino que pone al mismo nivel el consumo humano y el industrial. El acceso limitado al agua es una preocupación central en la provincia debido a que hay pocos acuíferos para satisfacer la demanda de uso humano y doméstico, además de la producción agrícola y ganadera a pequeña escala.   Un cambio de rumbo urgente La crisis hídrica es una de las crisis más apremiantes en todo el mundo y está intrínsecamente ligada a la crisis climática y a la necesidad de transitar hacia la generación de otras energías. Los patrones climáticos extremos —como las sequías prolongadas, inundaciones y las tormentas más intensas— afectan directamente la disponibilidad y distribución de agua en diferentes regiones del mundo con una consecuente disminución de los recursos hídricos. En este escenario, la competencia por el uso del agua se intensifica y se requiere una gestión social del agua que beneficie a las comunidades. Solo así es posible abordar la situación en términos de sostenibilidad y de justicia ambiental. La extracción de litio para satisfacer intereses corporativos ejemplifica la paradoja de afrontar la crisis climática a expensas de las comunidades y los ecosistemas. La falta de una distribución justa y equitativa de los beneficios y la externalización de los costos ambientales y sociales subrayan la urgencia de repensar y transformar radicalmente la relación que tenemos con los bienes naturales y la forma en que abordamos la crisis climática.  

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Océanos, Participación Ciudadana, Contaminación Tóxica

Explotación de hidrocarburos offshore: Resistencia a una amenaza creciente en América Latina

La exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera o aguas afuera (offshore) está expandiéndose en América Latina y el Caribe como parte de una estrategia gubernamental y empresarial que implica la continuidad de la industria del petróleo y del gas, combustibles fósiles cuyo uso agrava la crisis climática mundial. El avance de la actividad offshore de hidrocarburos implica también riesgos de daños graves para el océano, el mayor regulador climático del planeta, así como para la vasta biodiversidad que alberga y para los modos de vida de comunidades costeras. A nivel mundial, las reservas de hidrocarburos costa afuera representan el 30% del total y se concentran en aguas superficiales de hasta 125 metros, según investigaciones académicas. Los principales productores son Estados Unidos, México, Noruega, Brasil y Arabia Saudita. Estos países representan el 43% del total mundial. La expansión actual de la actividad en la región se desarrolla hacia extremos con mayor complejidad ambiental, en aguas ultra profundas, con pozos que superan los 1.500mts de profundidad. La autorización de nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera profundiza la dependencia del uso de combustibles fósiles y promueve su permanencia. Esta expansión representa un retroceso frente a las acciones urgentes que el mundo requiere actualmente para evitar un calentamiento global con consecuencias catastróficas. Constituye además un obstáculo para la transición hacia sistemas energéticos sostenibles, basados en fuentes renovables y respetuosos del ambiente y de las personas. Sin embargo, existen en la región casos que evidencian una resistencia colectiva —también en aumento— al avance ciego de los proyectos de hidrocarburos en el mar. Con ayuda del litigio estratégico y del ejercicio de la participación ciudadana, estos casos representan la oportunidad de sentar precedentes importantes a nivel nacional e internacional para la protección del ambiente, el clima y los derechos humanos frente a los daños de la explotación de hidrocarburos costa afuera.   La defensa del Mar Argentino En mayo de 2019, la Secretaría de Energía adjudicó a varias empresas un total de 18 áreas (225.000 km2 de superficie) del Mar Argentino —sector del Océano Atlántico Sudoccidental— para la búsqueda de gas y petróleo.   En diciembre de 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible autorizó el proyecto de exploración sísmica en tres de las áreas adjudicadas, ubicadas frente a la costa de la provincia de Buenos Aires, a unos 300 km de las playas de Mar del Plata, las más turísticas del país. El proyecto —a cargo de la empresa estatal noruega Equinor, la argentina YPF y angloholandesa Shell— incluye la realización de un pozo exploratorio. La decisión gubernamental ha sido cuestionada y rechazada por la comunidad científica y por las asambleas de varias ciudades costeras. En enero de 2022 —ante las amenazas para la biodiversidad, el clima y las economías locales de la prospección y posible explotación de hidrocarburos en la costa argentina—, grupos científicos y organizaciones ambientales presentaron ante un Juzgado Federal de Mar del Plata una demanda colectiva contra el Estado argentino, el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Energía en la que solicitan la nulidad de la resolución que autoriza el proyecto de exploración sísmica y el proceso mediante el cual se licitaron las 18 áreas del Mar Argentino. A ello se sumaron protestas en las calles y otras acciones que engrosaron una batalla judicial que no ha terminado. En febrero de 2022, el juzgado suspendió temporalmente la exploración sísmica a través de una medida cautelar. Pero, en diciembre de ese año, la Cámara de Apelaciones levantó la suspensión. Esa decisión fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado al respecto.   Moratoria en riesgo en Belice En octubre de 2017, el gobierno de Belice estableció mediante ley una moratoria permanente a la actividad petrolera en su zona marítima. Ello ocurrió luego de que, en 2012, en un referéndum informal organizado por grupos ambientales, el 96% de las personas participantes se declarara en contra de la actividad petrolera; y de la indignación global que en octubre de 2016 generó la decisión del gobierno de permitir pruebas sísmicas de exploración petrolera a tan solo un kilómetro de distancia de la Barrera de Coral de Belice, uno de los ecosistemas más diversos del mundo.   Sin embargo, la explotación de hidrocarburos offshore todavía es un riesgo para el país caribeño. En 2022, el Primer Ministro manifestó la voluntad del gobierno de permitir la exploración sísmica sin levantar la moratoria. Frente a ello organizaciones dedicadas a la protección ambiental buscan reforzar la prohibición obligando a realizar un referéndum para decidir si se levanta o no la moratoria.   Victoria judicial en Guyana De otro lado, en Guyana, desde principios de la década de 2000 han surgido informes sobre descubrimientos de grandes reservas de petróleo y gas en el mar, en la llamada cuenca Guyana Surinam. Guyana ha sido el país sudamericano con los descubrimientos más grandes de reservas petroleras en la última década y ha decidido expandir sus reservas gasíferas.   La producción de gas offshore en Guyana también ha sido objeto de controversia debido a preocupaciones ambientales y de seguridad. Recientemente, una decisión judicial rechazó el intento de la multinacional ExxonMobil y del gobierno de disolver el compromiso escrito que obliga a la empresa a correr con todos los gastos de limpieza, restauración y compensación de daños por cualquier derrame de petróleo en sus operaciones en alta mar. El juez del caso determinó que ExxonMobil está violando el permiso otorgado al proyecto Liza 1 —el cual exige presentar garantías financieras en caso de derrames y accidentes— y que los reguladores ambientales de Guyana no están haciendo cumplir las condiciones de la autorización.   Defensa de la biodiversidad y el clima Llevar a cabo proyectos de exploración y/o explotación de hidrocarburos en el mar puede implicar la vulneración de compromisos internacionales, entre ellos los asumidos por los Estados bajo la Convención de Diversidad Biológica, la Convención sobre Derecho del Mar de la ONU y la Convención sobre Especies Migratorias. La exploración sísmica en el mar genera sonidos de niveles muy superiores a los naturales. Muchos de ellos se solapan con los rangos de audición y vocalización de especies marinas (mamíferos, tortugas, peces, aves buceadoras y otras). Ello puede causar lesiones graves, efectos físicos y fisiológicos a largo plazo e incluso la muerte. Así lo explica Pablo García Borbroglu, experto y líder de la organización Global Penguin Society, quien afirma que la actividad puede derivar además en una reducción de la actividad pesquera. Los impactos de la actividad no se limitan al área explotada, sino que afectan a todo el mar y a todas las especies que lo habitan, agravando la situación de un elevado número de especies bajo amenaza o en peligro de extinción. La expansión de esta industria significa además el incumplimiento de los compromisos de países de la región de reducir sus emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como de adoptar medidas orientadas al manejo de ecosistemas clave como el marino, contenidos en la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Los casos descritos, que han sumado múltiples y diversas voces, tienen el potencial de establecer precedentes que obliguen a que los Estados se hagan responsables de las posibles consecuencias ambientales y sociales de avalar industrias nocivas como la de hidrocarburos costa afuera. Constituyen oportunidades clave para que los tribunales y otros órganos de toma de decisiones generen precedentes ejemplares para el hemisferio en materia de protección del ambiente y los derechos humanos, especialmente frente a la crisis climática y de biodiversidad que atraviesa el mundo.  

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