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Foto: Thomas Jundt / CC BY-NCVictoria: Cancelan concesión para mina Crucitas por daños al ambiente
En Costa Rica, un tribunal de alto nivel canceló por primera vez la concesión para un proyecto de minería a gran escala porque violaba leyes nacionales y conllevaba riesgos para el ambiente. AIDA contribuyó a establecer dicho precedente.
La empresa Industrias Infinito, con apoyo del gobierno anterior, planeaba construir Las Crucitas, una mina de oro a cielo abierto cuyos impactos traspasaban las fronteras del país.
La construcción y la operación de la mina amenazaban la supervivencia y el modo de vida de 32 comunidades que dependen del turismo y la pesca deportiva en una zona de gran belleza y pureza. Además, el proyecto ponía en riesgo al río San Juan, que fluye a lo largo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, rodeado de una rica biodiversidad.
La lucha inició en 2008, cuando AIDA advirtió al Gobierno costarricense sobre las potenciales violaciones al derecho internacional e impactos ambientales que se debían considerar antes de permitir la implementación del proyecto. Recomendamos suspender las obras hasta que se garantizara el cumplimiento de las normas y se protegiera el ambiente y la salud humana
En noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica canceló la concesión para el proyecto, decisión que estuvo en línea con los argumentos presentados por AIDA y que reiteró la importancia de cumplir con las normas.
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Justicia para los Humedales Andinos y los Pueblos Indígenas en la Acción Climática
La creciente demanda mundial de minerales para la transición —como el litio, el cobre y el níquel— impulsada por el actual modelo de transición energética, pero también por la expansión de la economía digital, la infraestructura de datos y las industrias militar y aeroespacial, está causando daños ecológicos irreversibles y violando derechos humanos fundamentales en los territorios del sur global. América Latina es la región con mayor biodiversidad del planeta y una de las más diversas culturalmente. Es el hogar de numerosos pueblos indígenas que habitan y protegen estos territorios.Al mismo tiempo, la región cuenta con importantes yacimientos minerales, lo que la sitúa en el centro del creciente interés mundial por la extracción de minerales. Esta demanda se superpone a ecosistemas frágiles, una biodiversidad única y los territorios de comunidades tradicionales e indígenas, como la Amazonía y los humedales andinos, que son cruciales para la adaptación al clima debido a su papel en la regulación del agua y en la mitigación, ya que actúan como sumideros de carbono.La minería intensiva en estos ecosistemas exacerba la vulnerabilidad climática y fomenta los conflictos socioambientales, comprometiendo la integridad ecológica y cultural de estos ecosistemas y comunidades. El impulso para expandir la extracción contradice los marcos multilaterales de protección ambiental y los compromisos climáticos y de biodiversidad adoptados por los Estados Partes. Esta tendencia pone en peligro la posibilidad de una transición justa y equitativa, reproduciendo los mismos patrones de desigualdad y daño climático que las políticas actuales pretenden superar.En este contexto, la Alianza para los Humedales Andinos exhorta a los Estados Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a garantizar lo siguiente: 1. Los derechos humanos y la justicia deben ocupar un lugar central en cualquier transición y en todas las estrategias de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, incluidos los derechos de las comunidades que viven en los territorios donde se encuentran los minerales para la transición.Los derechos humanos son esenciales para garantizar un proceso justo, equitativo y centrado en las personas. Los Estados deben garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, reconocidos mundialmente como guardianes de los sistemas naturales. Esto debe abarcar su derecho a definir sus propias prioridades de desarrollo y a ejercer el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), así como la obligación inequívoca de los Estados de respetar sus decisiones, en particular su derecho a decir "no" a los proyectos que amenacen su integridad y la de sus territorios. Los Estados también deben garantizar la protección de las personas defensoras del ambiente y garantizar el acceso público a la información, la participación y la justicia en las decisiones sobre transiciones que puedan afectar el ambiente y los derechos humanos. Estas garantías son cruciales en el caso de los denominados minerales para la transición, como el litio y el cobre, que se encuentran en los humedales andinos, ecosistemas fundamentales para la vida, el equilibrio ecológico y climático, y los medios de subsistencia de las comunidades que los habitan. 2. Respeto de los límites planetarios y protección de la integridad de los ecosistemas, en particular aquellos que desempeñan un papel esencial en la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos.Mantener ecosistemas como los humedales andinos, que tienen un alto valor ecosistémico y cultural, libres de actividades de alto impacto es una prioridad para la justicia climática y ecológica. Dado que la extracción de litio es una actividad minera que requiere grandes cantidades de agua, agota las ya escasas fuentes hídricas y afecta gravemente a los ecosistemas circundantes, dejando daños ambientales duraderos.Para preservar los humedales andinos y sus contribuciones, de las que depende la vida en la región y en el planeta, los Estados deben respetar y cumplir plenamente el derecho ambiental internacional; adoptar y reforzar medidas de protección eficaces (incluido el establecimiento de "zonas prohibidas", áreas protegidas e ICCA); y aplicar instrumentos de planificación ambiental sólidos y basados en la ciencia que busquen prevenir el daño ambiental (es decir, evaluación estratégica y acumulativa del impacto ambiental, evaluación del impacto ambiental).Una protección ambiental adecuada también requiere conocimientos actualizados sobre la estructura, el funcionamiento y las contribuciones de los ecosistemas, desarrollados a través de procesos colectivos y democráticos, que integren los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Los Estados Partes deben incorporar sistemáticamente los avances científicos y los conocimientos tradicionales en las decisiones relacionadas con el clima, incluido el diseño y la implementación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y las hojas de ruta relacionadas, para garantizar que los compromisos reflejen las realidades de los territorios que pretenden proteger. 3. Apoyo a las transiciones socioecológicas del sur global.Los países del sur global necesitan suficiente margen fiscal y político para diseñar vías de salida de los combustibles fósiles que no reproduzcan las asimetrías y desigualdades existentes, ni fomenten el extractivismo. Esto exige transiciones socioecológicas que protejan las economías locales y, al mismo tiempo, garanticen la diversificación económica, el acceso a la energía y la suficiencia energética, el respeto a la biodiversidad y los derechos humanos.Estas vías de transición deben planificarse, implementarse y supervisarse de manera participativa, garantizando la participación interseccional, intercultural e intergeneracional. El Programa de Trabajo para una Transición Justa (JTWP) de la CMNUCC ofrece un espacio crucial para integrar estas preocupaciones en la gobernanza climática mundial. Debe garantizar que la transición hacia la descarbonización también aborde la demanda de materiales, la justicia territorial y los derechos de las comunidades afectadas. Incorporar las realidades de la extracción minera y las transiciones socioecológicas del sur global en este programa es esencial para lograr una transición verdaderamente justa. 4. Trazabilidad de las proyecciones y usos de la demanda de minerales y compromiso de los países del norte global para adoptar rápidamente políticas destinadas a reducir el consumo de minerales primarios y energía.El actual modelo de producción y consumo de los países industrializados afecta de manera desproporcionada a los territorios del sur global, ya que agrava la degradación ambiental y la violación de los derechos humanos, profundizando las desigualdades entre el norte y el sur. Para hacer frente a la triple crisis planetaria, es necesario abordar la demanda insostenible de materias primas y energía mediante objetivos vinculantes de reducción de la demanda que tengan en cuenta los límites planetarios. Las partes tienen la oportunidad de incluirlos en instrumentos políticos como las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y las estrategias a largo plazo (LTS).Estas medidas deben aplicarse mediante medidas de suficiencia y eficiencia, así como políticas globales y justas de economía circular. Para ello, se deben considerar alternativas a la movilidad más allá de los vehículos eléctricos individuales. 5. Apoyo financiero y técnico adecuado, de calidad, accesible y adicional, basado en las necesidades y prioridades, para que las transiciones energéticas y socioecológicas del sur global sean verdaderamente justas y equitativas.Dicho financiamiento debe ser sostenible en el tiempo y de calidad, es decir, no generar deuda y estar alineado con las prioridades de los países, además de ser accesible para permitir una acción climática progresiva y sostenida. También debe abordar las oportunidades y condiciones para instrumentos que fomenten transiciones justas, incluidos los mecanismos de alivio de la deuda y los canjes de deuda. Además, sigue siendo importante desalentar el uso de los regímenes comerciales (incluidos los mecanismos ISDS) como herramientas de presión contra los países del sur global cuando estos tratan de regular sus recursos minerales y establecer zonas prohibidas y otras salvaguardas para proteger los derechos humanos y la integridad ambiental. Descarga el documento (en inglés)
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Termina la COP30 con algunos aciertos para seguir adelante
Con más de 25 horas de retraso, terminó la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30). La llamada "COP de la Amazonía", celebrada en la ciudad brasileña de Belém do Pará, deja desilusión por no haber cambiado el rumbo, pero también algunos avances para seguir empujando la acción climática. No fue un fracaso total: el multilateralismo sigue vigente, aunque aporreado.La COP30 estuvo marcada por la presencia de pueblos indígenas, sobre todo de la cuenca amazónica, que llenaron calles y eventos paralelos. Sin embargo, según reportes, solo una fracción de estas delegaciones accedió a las salas formales de negociación, mientras que un número desproporcionado de representantes de la industria de los combustibles fósiles sí participaron del evento oficial. Esta asimetría es reflejo de la salud democrática del régimen climático: en la COP de la Amazonía, la fuerza de pueblos indígenas y afrodescendientes se sintió en la calle, pero sus voces siguieron estando subrepresentadas de los espacios de toma de decisiones.A pocos días de iniciada la conferencia, se publicó el más reciente informe de síntesis de las contribuciones determinadas a nivel nacional actualizadas. Su mensaje fue quizás más agrio que dulce, pero dejó un punto rescatable: aunque la brecha para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 °C sigue siendo enorme y compleja, el informe confirma que el Acuerdo de París sí ha contribuido a encauzar el desafío. Hoy estamos mejor que en un escenario sin acuerdo: se han frenado las proyecciones de crecimiento de emisiones, aunque no lo suficiente.A estas alturas, está claro que las COP no van a “salvar el mundo”, pero tampoco parece posible que salgamos de esta crisis sin la plataforma de cooperación que ofrecen. Desde ahí, vale la pena preguntarse qué nos deja la COP30. El acuerdo aprobado: Global de MutirãoLa palabra "Mutirão" hace referencia al espíritu de colaboración, cuerpo y alma que Brasil quiso traer al proceso de negociación internacional de esta COP.El acuerdo aprobado habla de mantener viva la meta de no superar los 1.5°C en la temperatura del planeta, reconociendo que el tiempo se agota. Para ello propone dos mecanismos voluntarios liderados por la presidencia, que por ahora parecen declaraciones de buena intención que herramientas con dientes: un "acelerador global de implementación" y la "misión de Belém al 1.5°C". En cuanto a financiamiento, el texto establece un programa de dos años de trabajo sobre el Artículo 9.1 del Acuerdo de París, referido a los recursos públicos que los países desarrollados deben proveer, entendiéndose en el contexto del Artículo 9 en su totalidad. Se incluyó una nota al pie para dejar claro que esto no prejuzga la implementación de la nueva meta global. El riesgo que advierten las organizaciones de la sociedad civil es que esta formulación siga diluyendo las obligaciones específicas de los países desarrollados bajo la narrativa de "todas las fuentes de financiamiento", sin reglas claras sobre quién debe poner realmente los recursos y en qué condiciones. El valor real de todo esto aún está por verse en la práctica. Lo ganado: un nuevo mecanismo para la transición justaUn avance importante de la COP30 fue la adopción del Mecanismo de Acción de Belém (BAM, por sus siglas en inglés), un nuevo arreglo institucional bajo el Programa de Trabajo sobre Transición Justa. Fue la principal bandera de la sociedad civil organizada.Se trata de un hub para centralizar y articular iniciativas de transición justa alrededor del mundo, brindando asistencia técnica y cooperación internacional para que la transición no repita los errores de la era de los fósiles.El texto incorpora buena parte de los principios que empujó la sociedad civil latinoamericana —incluyendo de derechos humanos, ambientales y laborales; el consentimiento previo, libre e informado; y la integración de grupos marginados— como pieza clave para lograr acción climática ambiciosa.Aun con brechas en salvaguardas y en la definición de su gobernanza, el BAM es un avance concreto de esta COP en materia de justicia climática. Es un punto de partida para discutir no solo que haya transición, sino cómo y con qué reglas se hace para evitar que se replique la lógica de los fósiles. Su diseño y puesta en marcha concreta se debatirán en las próximas COP: ahí será clave que la región llegue con propuestas sólidas y en bloque. Terminar con los fósiles y la deforestación: dos "casi" que nos ponen en otro peldañoUn acuerdo para dejar atrás los combustibles fósiles y la deforestación —atendiendo de frente y sin más rodeos las causas principales de la crisis climática— "casi" queda en la decisión final.Más de 80 países del norte y del sur pedían una hoja de ruta para salir del petróleo, el gas y el carbón. Y más de 90 apoyaron la idea de otra para detener y revertir la deforestación hacia 2030. Aunque las solicitudes lograron entrar en borradores de la decisión de cierre de la conferencia, desaparecieron del texto final tras la resistencia de los grandes productores fósiles.Aun así, no nos vamos con las manos vacías: Brasil, a cargo de la Presidencia de la COP30, anunció que impulsará dichas hojas de ruta, aunque fuera del régimen formal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para el caso de la salida de los fósiles, Colombia se comprometió a coorganizar, junto con los Países Bajos, la primera conferencia global sobre el tema en abril de 2026.Si bien no quedó establecido dentro de las negociaciones oficiales, vale la pena celebrar que por primera vez un grupo tan amplio de países unió fuerzas para conseguirlo. Estos dos "casi" importan: nos dejan en un nuevo piso político y jurídico para las siguientes rondas. Dos herramientas para avanzar con la adaptaciónLa COP30 dejó herramientas para que las negociaciones sobre adaptación sigan adelante.La decisión de Mutirão llama a triplicar la financiación colectiva de adaptación hacia 2035, ligada a los USD 300 mil millones anuales acordados en la nueva meta global. Es menos de lo que pedían los países más pobres (triplicar para 2030, con cifra explícita), sin claridad ni garantía del rol de los países desarrollados, pero es un ancla política que aprovechar.Al mismo tiempo, se adoptó un primer paquete de 59 indicadores para el Objetivo Global de Adaptación (GGA). Varios países africanos y personas expertas los calificaron de "poco claros, imposibles de medir y en muchos casos inutilizables" porque sacrifican precisión y anclaje en las realidades de las comunidades a cambio de destrabar el acuerdo. En respuesta, el texto incluyó la "Visión Belém–Addis", una ventana de dos años para corregir fallas y hacer que el marco sea operativo de aquí a 2027.En resumen, tenemos más promesas de dinero y un marco de indicadores más débil de lo necesario, pero también un proceso donde la región podrá seguir empujando por un GGA útil y un financiamiento de adaptación justo y suficiente. Pérdidas y daños: lento y ni tan seguroEl avance en este tema ha sido desesperantemente lento frente a la urgencia. En la COP30 se acordó por fin la tercera revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia. El resultado es frustrante pues las discusiones han durado una década mientras las comunidades ya están pagando el costo del calentamiento.Por otro lado, el Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños, creado hace dos años, lanzó su primer llamado a solicitudes, con un paquete inicial de USD 250 millones en subvenciones para los próximos seis meses. El Fondo cuenta con 790 millones prometidos, pero solo 397 efectivamente depositados, una brecha enorme ante las necesidades estimadas en cientos de miles de millones anuales para países en desarrollo.La esperada presión política para que los países desarrollados aumentaran sus aportes quedó muy diluida en el texto final, aunque al menos se logró vincular al Fondo con la nueva meta global de financiamiento acordada en la COP29. Un nuevo Plan de Acción de GéneroLa COP30 terminó con la adopción de un nuevo Plan de Acción de Género bajo el Programa de Lima renovado. El Plan tiene cinco áreas prioritarias: fortalecimiento de capacidades y conocimiento; participación y liderazgo de las mujeres; coherencia entre procesos; implementación y medios de implementación con enfoque de género; monitoreo y reporte. Además, da una hoja de ruta para que la acción climática sea realmente sensible al género, con indicadores para medir progresos. Metano: un supercontaminante aún sin el protagonismo que exige la ciencia En la COP30, los contaminantes climáticos de vida corta, particularmente el metano, ocuparon un espacio relevante gracias a un pabellón exclusivo donde hubo conversaciones con diversos actores regionales y globales. Además, se presentó el Global Methane Status Report 2025, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Coalición por el Clima y el Aire Limpio. El informe señala avances "significativos" desde el lanzamiento del Global Methane Pledge en 2021. Sin embargo, advierte que el progreso actual aún está lejos de la meta de reducir un 30 % las emisiones de metano al 2030.En las negociaciones oficiales, aunque el borrador del Sharm el-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Programme incluía una referencia explícita a la necesidad de mitigar metano mediante una adecuada gestión de residuos, esa mención fue eliminada del texto final, quedando únicamente un llamado general a mejorar la gestión de residuos y restando protagonismo a la urgencia de reducir emisiones de un contaminante cuya mitigación es esencial para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Aun así, durante la COP30 se lanzó la iniciativa global “No Organic Waste (NOW) Plan to Accelerate Solutions”, que busca reducir en 30 % las emisiones de metano provenientes de residuos orgánicos para 2030.En general, esta COP dejó pasar una oportunidad clave para cumplir con su objetivo. Si realmente queremos mantenernos en la senda del Acuerdo de París, debemos tratar al metano como lo que es: una oportunidad decisiva que todavía no estamos aprovechando. ¿Cómo cerramos la COP30 y nos preparamos para la siguiente?La COP31 se llevará a cabo en Turquía, bajo la presidencia de Australia. Y, más allá de las carencias que dejó la COP30, hay al menos cuatro cosas que defender y en las que avanzar: La normalización del debate sobre la salida de los fósiles, con más de 80 países pidiendo abiertamente una ruta y Colombia–Países Bajos llevando esa conversación a una conferencia específica en 2026.Una agenda forestal que, aunque quedó fuera del texto, deja la promesa de una hoja de ruta de Brasil y el respaldo explícito de un grupo amplio de países.Un avance pequeño pero real en adaptación con la decisión de triplicar la financiación y un primer conjunto de indicadores que, aunque débiles, dan algo desde donde empujar mejoras.La creación de un nuevo mecanismo para la transición justa, que puede definir cómo se hace la transición, unificando y potenciando esfuerzos que favorezcan y protejan a personas trabajadoras, comunidades y pueblos indígenas.
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“Choose Europe”: Priorizando minerales, no derechos
Finalizó la Semana de las Materias Primas en Bruselas, Bélgica, el evento organizado anualmente por la Comisión Europea para debatir cómo garantizar el acceso "sostenible y seguro" a materias primas en y para Europa, con el fin de fortalecer alianzas internacionales que permitan cumplir sus objetivos de defensa, digitalización y seguridad.La Comisión Europea destacó que Europa es altamente dependiente de las importaciones de minerales de América Latina, lo que profundiza las presiones históricas sobre la región y la consecuente necesidad de mayores medidas de protección socioambientales. Sin embargo, desde la Alianza por los Humedales Andinos sostenemos que los debates de la semana mostraron un enfoque cada vez más desconectado de los derechos humanos, de las voces comunitarias y de la crisis socioambiental global.Este desplazamiento de prioridades se inscribe en un giro político marcado por tensiones geopolíticas en torno al acceso a minerales "críticos" y nuevas fuentes de energía, y por el avance de fuerzas conservadoras y del autoritarismo. Se advierte una tendencia dentro de la Unión Europea (UE) a la privatización de los estándares de derechos humanos y ambientales, así como al debilitamiento de las garantías sociales y ambientales a través de procesos de desregulación. Ejemplo de ello es el debate sobre la flexibilización a la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas en Sostenibilidad (CSDDD por sus siglas en inglés).La narrativa dominante esta semana estuvo atravesada por conceptos como "competitividad" y "defensa" como los ejes articuladores de las políticas europeas. En el marco de una competencia geopolítica entre China y Estados Unidos, Europa busca minimizar la dependencia de su histórico aliado occidental bajo el lema "Choose Europe", como se tituló esta edición. De esta forma, la Comisión Europea insistió en promover el acceso a minerales desde una lógica centrada en la seguridad de sus cadenas de suministro sin analizar sus políticas a la luz de los límites planetarios ni de los derechos de las personas. Esta lógica contradice los compromisos con la transición energética que originalmente motivaron las discusiones sobre "minerales críticos". Hoy nos preguntamos, en qué medida el costo de "elegir Europa" lo seguirán pagando las comunidades locales de América Latina y de otras regiones periféricas europeas afectadas por la expansión minera.Esta ha sido la edición en la que menos se ha debatido sobre la necesidad de integrar los derechos humanos en las políticas europeas sobre minerales. En efecto, las acreditaciones para el acceso al evento oficial fueron limitadas y en la agenda oficial de este foro no hubo un espacio donde comunidades y sociedad civil del sur global pudieran expresar sus perspectivas en relación a las cadenas de valor de minerales como el litio, e incidir en los debates que orientarán el rumbo de las decisiones que les afectan. Por el contrario, predominaron las conversaciones sobre las oportunidades de inversión para empresas y gobiernos.Desde la Alianza por los Humedales Andinos evidenciamos que la ampliación de la frontera extractiva contradice los compromisos en materia de clima y biodiversidad que la UE ha suscrito y amenaza con profundizar las asimetrías entre ambas regiones. Por eso, reafirmamos nuestro posicionamiento sobre la necesidad de un cambio de paradigma en las políticas de materias primas de la UE para que sean inclusivas, transparentes y sostenibles, asegurando la participación de las comunidades y organizaciones que se encuentran en la frontera extractiva de los minerales de transición. Asimismo, en el contexto de la policrisis ecológica y democrática, insistimos en la necesidad de que la UE establezca metas concretas para reducir efectivamente la demanda de minerales y refuerce el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y ambientales.Kit de prensaContactos de prensaVíctor Quintanilla, AIDA (regional), [email protected], +521 5570522107Rocío Wischñevsky, FARN (Argentina), [email protected], +541159518538Manuel Fontenla, Asamblea PUCARÁ (Argentina), [email protected], +54 9 3834790609Oscar Campanini, CEDIB (Bolivia), [email protected], +591 70344801Juan Francisco Donoso, Formando Rutas, [email protected], +4915780743628
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