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Foto: Thomas Jundt / CC BY-NCVictoria: Cancelan concesión para mina Crucitas por daños al ambiente
En Costa Rica, un tribunal de alto nivel canceló por primera vez la concesión para un proyecto de minería a gran escala porque violaba leyes nacionales y conllevaba riesgos para el ambiente. AIDA contribuyó a establecer dicho precedente.
La empresa Industrias Infinito, con apoyo del gobierno anterior, planeaba construir Las Crucitas, una mina de oro a cielo abierto cuyos impactos traspasaban las fronteras del país.
La construcción y la operación de la mina amenazaban la supervivencia y el modo de vida de 32 comunidades que dependen del turismo y la pesca deportiva en una zona de gran belleza y pureza. Además, el proyecto ponía en riesgo al río San Juan, que fluye a lo largo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, rodeado de una rica biodiversidad.
La lucha inició en 2008, cuando AIDA advirtió al Gobierno costarricense sobre las potenciales violaciones al derecho internacional e impactos ambientales que se debían considerar antes de permitir la implementación del proyecto. Recomendamos suspender las obras hasta que se garantizara el cumplimiento de las normas y se protegiera el ambiente y la salud humana
En noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica canceló la concesión para el proyecto, decisión que estuvo en línea con los argumentos presentados por AIDA y que reiteró la importancia de cumplir con las normas.
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"Nuestro océano, nuestra conexión". Ese fue el lema de la octava Conferencia "Nuestro Océano (Our Ocean) 2023", realizada el pasado 2 y 3 de marzo en Panamá, el primer país latinoamericano en ser sede del evento anual. La conferencia comenzó en 2014 como una iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos para dirigir atención internacional a las graves amenazas para el océano a nivel mundial y lograr compromisos de medidas concretas para la conservación marina y el desarrollo sostenible. El evento reunió a jefes de Estado y a representantes del sector privado, la sociedad civil e instituciones académicas bajo el objetivo específico de poner de relieve la urgencia de implementar medidas de gestión efectivas por áreas, como parte de sistemas interconectados, incluyendo las áreas marinas protegidas, el desarrollo de una economía azul a nivel mundial y el planteamiento de soluciones innovadoras a la contaminación marina. Una delegación de AIDA asistió a la conferencia y participó en las sesiones plenarias y eventos paralelos. A continuación, presento un balance del evento. Lo inspirador El enfoque de la conferencia "Nuestro Océano" no es un espacio para compartir conocimiento acerca de este vasto ecosistema y su biodiversidad. La comunidad ambientalista ya sabe a ciencia cierta que el océano debe ser protegido efectivamente cuanto antes y que no es necesario presentar más evidencia respecto de los múltiples servicios que por siglos ha brindado a la humanidad. La conferencia reunió a mandatarios y ministros con el propósito de avanzar acuerdos internacionales y presionar a las naciones a comprometerse a tomar las medidas necesarias para proteger el océano. El poder de una generación La voz de la juventud destacó durante toda la conferencia, representada por ejemplo por más de 70 integrantes de la Sustainable Ocean Alliance (SOA), que desde 2014 ha construido la mayor red mundial de nuevas generaciones de personas que trabajan para crear soluciones a los retos más grandes del océano. Escuchar a líderes y lideresas juveniles hablar apasionadamente de la importancia de cuidar el planeta para las generaciones que están por venir fue esperanzador. Como la integrante más joven de AIDA, encontré inspiración al conocer a otros/as jóvenes abogando por el océano y su biodiversidad. En mi trabajo diario estoy rodeada de cifras y noticias acerca del daño que la humanidad le ha causado al océano y ser parte de esta conferencia me ayudó a ver la otra cara de la moneda. Quienes trabajamos activamente por un océano más sano, limpio y protegido somos parte del cambio y, en buena parte, es gracias a nosotros/as que altos funcionarios se han detenido a ver la evidencia y a tomar acciones concretas. Es esta generación la que heredará la gestión de la crisis ecológica, cuya voz merece ser reflejada en compromisos para mejorar la forma en que nos relacionamos con el océano. Lo positivo El respaldo a la defensa del fondo marino AIDA fue coanfitrión de un evento paralelo sobre minería en aguas profundas con la tarea nada sencilla de congregar a personas tomadoras de decisión para respaldar la moratoria a esa actividad y la protección del fondo marino. Gracias al impulso del grupo de coorganizadores —entre ellos jóvenes de Comms Inc, The Oxygen Project, Only One y SOA— el evento contó con la presencia del presidente de Palau, Surangel Whipps Jr., y del primer ministro de Fiji, Sitiveni Rabuka. Representantes de alto nivel de países de América Latina y Europa también asistieron. El evento fue un espacio de diálogo entre la sociedad civil y las autoridades invitadas en el que hubo compromisos esperanzadores, entre ellos el de Francia de invertir en investigación científica del fondo marino y detener las inversiones en procesos industriales relacionados con la minería en aguas profundas, secundado por Alemania. La mundialmente reconocida oceanógrafa Sylvia Earle emocionó con su amor por el océano y su compromiso imperecedero con su protección. Quienes asistieron, reafirmaron su compromiso con la moratoria y con la búsqueda de alternativas. Compromisos con la biodiversidad marina En general, la conferencia facilitó una plataforma única para que varias naciones hicieran compromisos valiosos. Las delegaciones de gobierno participantes asumieron 341 compromisos por un valor de casi 20.000 millones de dólares, incluidos fondos para ampliar y mejorar áreas marinas protegidas y corredores de biodiversidad. En América Latina, Panamá anunció la expansión de Banco Volcán, una reserva marina en el Caribe que pasará de 14,212 km2 a 93,000 km2. Con ello, ese país estará resguardando 54% de su zona económica exclusiva, cumpliendo el objetivo de proteger el 30% de su territorio para 2030. Y Ecuador se comprometió a proteger sus primeras ochenta millas náuticas (14,800 km2), permitiendo únicamente pesca artesanal. Esta decisión posiciona a Ecuador como un líder latinoamericano en la conservación marina y el manejo sostenible de recursos naturales. Ecuador hizo un llamado a los demás países que conforman el Corredor Marino del Pacífico —Costa Rica, Panamá y Colombia— a tomar medidas similares para preservar uno de los puntos más biodiversos del océano. Lo que sigue Ahora se espera que las naciones cumplan con los compromisos anunciados. En la región, Panamá y Ecuador deberán ampliar sus territorios protegidos, asegurando un monitoreo adecuado de la biodiversidad y un manejo sostenible de los recursos. De igual forma, se espera que los países del Pacífico, América Latina y la Unión Europea que declararon su respaldo a frenar la explotación minera de los fondos marinos continúen con acciones coherentes a esa postura, incluyendo una participación activa en las reuniones de la Autoridad de Fondos Marinos, apoyando la moratoria o la pausa precautoria a la actividad extractiva. Aunque sin duda queda un largo camino por recorrer, cada decisión anunciada en la conferencia en favor de la preservación de la biodiversidad marina brinda un poco de esperanza y motivación para nuestro trabajo. Seguiremos colaborando con gobiernos y comunidades para preservar el océano, el ecosistema más amplio y diverso del planeta.
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Actores de diferentes sectores nos reunimos para iniciar un camino hacia un proceso sin precedentes: construir un marco regulatorio regional para la gobernanza de la calidad del aire, la salud pública y la acción climática en América Latina y el Caribe. Este proceso inició con una conversación para identificar los elementos indispensables para afrontar como región los retos que implica la intersección entre la contaminación atmosférica, la crisis climática y su impacto en la salud pública. Este diálogo intersectorial visibilizó la necesidad de aunar esfuerzos gubernamentales e intergubernamentales para implementar acciones bajo un marco común en la región, sin desconocer la responsabilidad que tenemos los diversos actores que conformamos la sociedad. Asimismo, este diálogo permitió evidenciar que este marco debe desarrollarse bajo los enfoques de gobernanza, derechos humanos e interseccionalidad, reconociendo las diferentes vulnerabilidades y responsabilidades que tenemos de cara a este asunto. El propósito de diseñar un marco común para la región nos invitó a conversar sobre la necesidad de primero reconocer que: tenemos un contexto social, ambiental y fuentes de contaminación particulares de América Latina y el Caribe, especialmente en la forma cómo nos relacionamos con la energía y bienes comunes; falta aún investigación y evaluación de las fuentes de la contaminación del aire y sus puntos de interacción con la crisis del clima y la salud pública, desde la perspectiva regional; y que existe una brecha de asistencia técnica y financiera de y para los gobiernos, en relación con el desarrollo y ejecución de sus programas de gestión de la contaminación del aire, de la acción climática y de la salud pública. Tomamos como base las recomendaciones (1) establecidas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el ambiente, relacionadas con el derecho a respirar aire puro, y la evidencia científica aportada por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en sus informes sobre la profundización de la crisis climática. Así, con el ánimo de enfrentar los retos que implican la interacción entre clima, aire y salud para las presentes y futuras generaciones de la región de América Latina y el Caribe, proponemos los siguientes lineamientos para la elaboración de un marco regulatorio regional: Afrontar la contaminación atmosférica y la crisis climática de manera conjunta, por medio de instrumentos de gestión efectivos que tengan en cuenta sus cobeneficios en la salud pública. Establecer y adoptar progresivamente medidas y metas ambiciosas, acordes a los estándares de calidad del aire alineados con las guías de la OMS (2). Desarrollar índices de calidad del aire y salud (3) en los países de América Latina y el Caribe. Articular sistemas de monitoreo de calidad del aire de bajo costo y/o ciudadanos (4) que complementen los sistemas de monitoreo institucionales. Incrementar la cooperación internacional a través de la adopción de compromisos de reducción de emisiones e impactos transfronterizos, ligados a causas como incendios forestales, desde una perspectiva de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Garantizar los derechos humanos de participación, acceso a la información y a la justicia en el ejercicio de la gobernanza de la calidad del aire, garantizando el principio de transparencia y el acceso a datos abiertos y estandarizados. Facilitar información al público sobre la calidad del aire, fomentar la educación ambiental y acciones de comunicación a los actores clave, especialmente a la ciudadanía y tomadores de decisiones, para acercar los temas de calidad del aire, clima y salud a la población. Estos lineamientos deberán convertirse en acciones que reflejen los principios en los cuales se fundamentan. Estos principios son: la justicia social, las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, la progresividad y no regresión, la precaución y prevención, la acción climática efectiva para una transición energética justa y salida progresiva de los combustibles fósiles; y la promoción, respeto y garantía del derecho a respirar aire puro, que es uno de los elementos vitales del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Esta apuesta, que recoge debates previamente dados por la Red Nacional Ciudadana de Calidad del Aire de Colombia y la Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio (ALAire), sigue en construcción. Por esto, el camino que iniciamos el 21 de marzo de 2023 continuará abierto a recibir aportes de todos los sectores. Esperamos que escale diversos escenarios de decisión, territoriales, nacionales y regionales para lograr que la calidad del aire sea un medio que nos acerque a las transiciones que como sociedades latinoamericanas necesitamos. Lee y descarga la propuesta de lineamientos Haz aportes a la propuesta (1) Vigilar la calidad del aire y de sus efectos sobre la salud; evaluar las fuentes de contaminación atmosférica; informar al público sobre la calidad del aire; establecer, aplicar y evaluar la legislación y los planes de acción sobre la calidad del aire, y; proteger a las y los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. A/HRC/40/55 (2) Las Directrices Mundiales de la OMS sobre la Calidad del Aire ofrecen orientaciones a escala mundial sobre los umbrales y límites de los principales contaminantes atmosféricos que entrañan riesgos para la salud. En América Latina, los estándares no están alineados con estas directrices y adoptar los estándares de la OMS para los 6 contaminantes criterio es fundamental para asegurar una protección a los derechos de las personas expuestas a la contaminación atmosférica. (3) Los índices de aire y salud son herramientas de comunicación del riesgo construidas a partir de datos epidemiológicos, que informan sobre el posible impacto que la calidad del aire actual representa para la salud, lo que a su vez permite dar una serie de recomendaciones a personas vulnerables y no vulnerables y favorecer la toma de decisiones en salud pública. Para garantizar la protección de los derechos de la población y brindar una correcta información, estos índices deben ser iguales en toda la región y cumplir con los mayores estándares para su construcción y uso. (4) Las acciones de monitoreo ciudadano con sensores de bajo costo permiten recolectar más y mejor información a nivel local sobre la exposición de las personas a la contaminación atmosférica, adicionando información a los sistemas de monitoreo de las autoridades públicas. Contar con esta información permite tomar medidas de descontaminación más precisa, planear el desarrollo territorial y proteger los derechos de la población. Estos sistemas de monitoreo ciudadano permiten el ejercicio de una gestión y control de la calidad del aire desde la sociedad civil. En el caso de municipios que no cuentan con una red institucional, el apoyo debe priorizar el desarrollo de redes ciudadanas.
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Por Rosa Peña, Claudia Velarde y Yeny Rodríguez* La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2023 —la cual llevaba más de 50 años sin celebrarse— tendrá lugar del 22 al 24 de marzo próximos en la ciudad de Nueva York. Bajo la visión de un "mundo unido por el agua", se espera adoptar en la Conferencia la Agenda de Acción por el Agua con los compromisos que harán los gobiernos y otras partes interesadas para alcanzar los objetivos y metas mundiales en el tema de agua y saneamiento. En palabras de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, el encuentro "debe dar lugar a una agenda audaz de acción por el agua que otorgue a este elemento vital de nuestro planeta el compromiso que se merece". América Latina y el Caribe es la región con más agua dulce del mundo. Tiene cerca de un tercio del agua del mundo y la mayor dotación de agua per cápita, casi el cuádruple del promedio mundial. Pese a esto, alrededor de un cuarto de la población de la región (unos 150 millones de personas) viven en zonas donde el agua es escasa y más de 400 millones carecen de servicios de saneamiento seguros. La Conferencia representa un momento histórico y un llamado de gran parte de la humanidad que no puede quedar sin respuesta. AIDA participará del encuentro para poner en la mesa las necesidades, preocupaciones y propuestas de la región que en muchas ocasiones pasan desapercibidas en espacios internacionales de esta envergadura. Estos son algunos de los mensajes principales que promoveremos en la Conferencia Mundial del Agua: 1. La crisis del agua y la crisis climática están interconectadas La crisis del agua y la crisis climática están estrechamente vinculadas. Son las dos caras de una misma moneda. Los impactos de la crisis del clima se traducen en un aumento de la frecuencia y del impacto de desastres por las complejas precipitaciones, inundaciones, derretimiento de los nevados y glaciares, aumento del nivel del mar, estrés hídrico e intensificación de las sequías. A su vez, la destrucción y contaminación de los ecosistemas estratégicos para el ciclo del agua agravan la crisis climática por ser éstos valiosos sumideros de carbono. Por tanto, las políticas de gestión integrada del agua deben enfocarse en prevenir el deterioro de las fuentes de agua por medio de una gestión y ordenamiento que permitan aumentar la resiliencia frente al cambio climático y mitigar el riesgo de desastres. 2. El agua es esencial para la vida y un derecho que garantiza otros derechos El agua es el elemento más importante para la vida en la Tierra. Tiene diversos valores culturales, sociales, espirituales y naturales que promueven el bienestar común y el cuidado de la naturaleza. El agua y sus fuentes son bienes comunes. El derecho al agua es necesario para la garantía de otros derechos como el ambiente sano, la vida, la salud, la alimentación y los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros. En la región, las poblaciones más vulnerables y empobrecidas son las principales afectadas por la crisis del agua. Sin embargo, siguen siendo relegadas de la toma de decisiones ambientales. La gobernanza del agua debe ser justa, inclusiva y plural, así como promover la gestión comunitaria y colectiva. El conocimiento situado de la población campesina y los saberes del agua de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes son necesarios e importantes para la elaboración de políticas de gestión del agua. 3. La colaboración entre Estados es necesaria para proteger el agua como bien común La colaboración transfronteriza entre Estados para la gestión de cuencas, humedales, acuíferos y fuentes de agua debe garantizar una gestión sostenible y socialmente justa del agua, así como la protección y conectividad de los ecosistemas. Ante la actual crisis del agua, es necesario también un acuerdo vinculante entre Estados para la protección de este bien común como derecho humano universal. Asimismo, los Estados deben priorizar la protección y restauración de ecosistemas que son fundamentales para el ciclo del agua (bosques, páramos, glaciares, ríos, humedales, aguas subterráneas y otros) con una adecuada gestión territorial, participativa y comunitaria; además de priorizar el uso para satisfacer las necesidades de la población por encima de los usos industriales. 4. Es urgente atender las causas que contaminan el agua y obstaculizan su acceso Las actuales crisis de calidad, seguridad, disponibilidad, acceso y distribución del agua están profundamente relacionadas con las inversiones, actividades empresariales y proyectos de desarrollo no sostenibles, los extractivismos, los modelos económicos desiguales y la crisis climática. Afrontar la crisis del agua en el continente requiere un cambio en el paradigma de desarrollo mundial e implica dejar atrás un modelo que no prioriza el cuidado del agua ni considera a las generaciones futuras. El respeto y garantía del derecho al agua en América Latina y el Caribe presenta hoy desafíos estructurales vinculados a las disputas por el uso del agua generadas por las ambiciones de transiciones energéticas apresuradas que desconocen derechos humanos, la privatización de los servicios públicos del agua, las brechas en los derechos de acceso y la falta de garantías para la vida de las personas defensoras del agua. A su vez, quienes invierten en proyectos de desarrollo (de infraestructura, agricultura o minero-energéticos, por ejemplo, los financian o ejecutan deben tener en cuenta la gestión justa del agua como eje estructural de sus operaciones. 5. Las mujeres son las protagonistas de la protección del agua Las mujeres son quienes habitualmente lideran las luchas en defensa del agua, especialmente en poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. Para ellas, defender el agua es defender la vida misma. Por eso, están más expuestas a riesgos y amenazas. Pese a lo anterior, no son convocadas a los espacios de toma de decisiones ambientales, donde se definen asuntos que las pueden afectar directamente, como la instalación de industrias contaminantes que inciden negativamente en la disponibilidad y calidad del agua en sus territorios. Los daños a fuentes de agua afectan especialmente y de forma diferenciada a las mujeres. Estas afectaciones se pueden traducir en un aumento en la carga de las tareas de cuidado; un mayor esfuerzo en los desplazamientos y exposición a riesgos para lograr el acceso; una mayor dificultad para la siembra, la cosecha de alimentos y la crianza de animales, lo que afecta el derecho a la alimentación; impactos a la realización de oficios y actividades productivas ancestrales como la pesca o el barequeo; y un aumento de las enfermedades relacionadas con la salubridad y la salud reproductiva, entre otros. Estos mensajes, entre otros, se han reflejado en el Pacto Transformador del Agua: un marco innovador para la gobernanza justa del agua desarrollado por más de 40 personas defensoras de la justicia ambiental, organizaciones de la sociedad civil y la academia, especialmente del sur global. Este instrumento, del cual AIDA es coautor, es una hoja de ruta orientada al diálogo y a los compromisos colaborativos entre todos los actores involucrados en la gestión del agua. Y será presentado en la Conferencia Mundial del Agua. *Rosa Peña es abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA; Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Yeny Rodríguez es abogada del Programa de Ecosistemas.
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