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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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Sociedad civil advierte ante CIDH violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el fracking en Latinoamérica
Boulder, Colorado. Representantes de comunidades y organizaciones de diversos países de América Latina —entre ellos Argentina, México y Colombia— expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los impactos actuales y potenciales que la técnica de fractura hidráulica (fracking), utilizada para la extracción no convencional de hidrocarburos, tiene sobre los derechos humanos y el ambiente.La audiencia se realizó en respuesta a una petición suscrita por más de 126 organizaciones de 11 países de las Américas, en el marco del 169° período ordinario de sesiones que la CIDH celebra esta semana en la ciudad de Boulder, Colorado.La principal solicitud a la CIDH y a las Relatorías para los diversos países, en el marco de esta audiencia, fue instar a los Estados a que adopten medidas eficaces y oportunas para prevenir violaciones a los derechos humanos en el contexto de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como la aplicación del principio de precaución frente a posibles daños ambientales a causa del fracking.“En América Latina, el fracking se ha realizado sin informar ni consultar adecuadamente a la población afectada, vulnerándose así su derecho a la información, participación, consulta y consentimiento previos”, destacó Liliana Ávila, Abogada Sénior de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA), durante la audiencia. “La demanda de agua para esta actividad compite con el uso de agua para el consumo humano, y la contaminación que produce en aguas, suelos y aire, afecta gravemente el disfrute del derecho al medio ambiente sano y compromete el goce efectivo de otros derechos como la vida digna, la integridad personal, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda adecuada”.En la audiencia se enfatizó que las mujeres sufren desproporcionadamente los impactos de esta actividad debido a las daños potenciales en su salud reproductiva y a que la falta de acceso al agua provocada por la sobreexplotación y contaminación que el fracking conlleva, tiene un impacto mayor sobre las mujeres debido a los roles de cuidado socialmente asignados.Refiriéndose a la experiencia de las comunidades mapuches de Argentina, Santiago Cané, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destacó que “se producen hechos de violencia contra quienes defienden el ambiente y sus derechos. Institucionalmente, podemos hablar de la criminalización de la protesta social como una forma de intimidación para eliminar la resistencia a los proyectos de fracking. La prosecución de causas penales contra los líderes de las comunidades que se oponen al desarrollo del fracking ha llegado a convertirse en una campaña mediática e institucional por la que se busca instalar la idea de que las comunidades mapuches integran un grupo terrorista.”En México, “específicamente en el municipio de Papantla, Veracruz —que de acuerdo a solicitudes de acceso a la información es el municipio con mayor número de pozos de fracking en el país—, donde la población pertenece mayoritariamente al pueblo totonaca, esta técnica de explotación ha provocado el desvío de manantiales y el desecamiento de pozos artesanos, con lo que muchas comunidades perdieron sus fuentes naturales de agua y han visto comprometida su salud y deterioradas sus condiciones de vida”, manifestó Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana Contra el Fracking.Dorys Gutiérrez, de la organización colombiana Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, señaló que: “En Europa, 18 países han aplicado el principio de precaución para no permitir o restringir esta práctica y en Australia, 4 de 8 territorios tienen prohibiciones o moratorias. Entonces, si el fracking es tan bueno, ¿por qué en tantos lugares es ampliamente rechazado?”Según datos recopilados por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, en América Latina existen cerca de 5,000 pozos de fracking. En Argentina, existen aproximadamente 2,000 pozos. Mientras, en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3,350.A pesar de este incremento, se ha avanzado también en prohibiciones y restricciones al fracking en tres estados de Estados Unidos, en Uruguay, en la provincia argentina de Entre Ríos y en más de 300 municipios de Brasil.La expansión del uso de esta técnica está causando y puede causar graves impactos en los derechos humanos. El avance del fracking representa una amenaza para la consolidación del marco jurídico que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos viene impulsando y que incluye las obligaciones de los Estados y la protección internacional a los derechos humanos y el ambiente.Contactos de prensa:Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107Arturo Contreras (en Boulder, Colorado), +521 5533320505
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Grandes hidroeléctricas: por qué no optar por ellas
Por Florencia Ortúzar y Monti Aguirre* (Texto publicado originalmente en Animal Político) La energía hidroeléctrica fue uno de los principales motores de desarrollo para muchos países de Latinoamérica, y aún representa parte importante de la matriz energética de la región. Pero ¿es realmente la mejor opción, considerando la experiencia y el contexto actual? A propósito de un texto publicado en “Energía para el futuro”, blog del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hemos reflexionado sobre lo que significa seguir apostando por grandes hidroeléctricas en la región. A continuación, las tres razones por las que creemos que no son la mejor opción: 1. Existen mejores alternativas a la hidroelectricidad que deben considerarse desde la planeación Antes de elegir una alternativa energética, debe existir una planificación estratégica que analice necesidades de energía y la mejor forma de atenderlas. En este análisis se deben considerar todas las opciones posibles, para asegurar que la escogida sea la más beneficiosa. Es preocupante que esto no suceda. Por ejemplo, para la construcción de la represa Hidroituango, pensada para ser la más grande de Colombia y asociada con graves daños socioambientales, el gobierno decidió no hacer una evaluación previa de alternativas. Aunque la ley no lo exigía en su momento, era recomendable y es un estándar internacional mínimo que al menos las grandes instituciones financieras deberían aplicar al invertir en proyectos de este tipo. Hoy, otras fuentes energéticas, como la eólica y la solar, han demostrado ser económicamente competitivas, más rápidas de echar a andar y menos vulnerables ante un clima cambiante que las grandes hidroeléctricas. Las innovaciones en redes inteligentes, almacenamiento y baterías resuelven el problema de la intermitencia, haciendo innecesarias nuevas hidroeléctricas. Además, están la geotermia, la energía de las mareas y las olas y otras alternativas cuyo potencial ni hemos vislumbrado. La promoción de grandes hidroeléctricas retrasa la implementación de soluciones hacia la transición energética que la región y el planeta necesitan. De hecho, según estudios del mismo BID, América Latina tiene la mayor cantidad y variedad de fuentes de energía renovable en el mundo; y sus recursos renovables podrían proporcionar casi siete veces la capacidad eléctrica instalada a nivel mundial, excluyendo a las hidroeléctricas. Por ello, aunque la región tenga aún un alto potencial de energía hidroeléctrica sin aprovechar, es preciso hacer una evaluación integral de la situación, incluyendo de costos y beneficios frente a las demás opciones energéticas posibles. Solo entonces puede decidirse si conviene seguir explotando el potencial hidroeléctrico restante, o si es mejor optar por otros tipos de energía, evitando los impactos ambientales, sociales y hasta financieros que la hidroelectricidad implica. 2. Las grandes hidroeléctricas causan daños socioambientales y no son rentables Se ha demostrado recurrentemente que los daños socioambientales causados por hidroeléctricas son ampliamente mayores que lo inicialmente considerado. Además de desplazamientos forzados y criminalización de quienes se oponen a ellas, las represas inundan tierras, reducen el flujo de los ríos y cambian la naturaleza de los estuarios, destruyendo ecosistemas y causando incluso la extinción de especies. Todo esto impacta la vida de las comunidades aledañas, saboteando también sus posibilidades de adaptarse al cambio climático. En términos económicos, un estudio de la Universidad de Oxford, que analizó cientos de represas construidas alrededor del mundo, concluyó que "incluso sin contabilizar los impactos negativos en la sociedad y el ambiente, los costos reales de las grandes represas son demasiado altos para generar un rendimiento positivo". El estudio evidencia que los presupuestos para construir grandes represas y los tiempos que tardan en estar operativas son sistemáticamente subestimados. Un ejemplo lo dio la represa Belo Monte, que costando el doble de lo presupuestado, resultó ser la obra pública más cara que se ha implementado en la Amazonía; o el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en Chile, cuyo presupuesto se ha doblado más de cuatro veces desde que su construcción fue autorizada en 2009. En algunos países se ha optado por el desmantelamiento de grandes represas, reconociendo que sus costos han sobrepasado los beneficios; y algunas empresas privadas han descartado proyectos hidroeléctricos, por no ser viables ni rentables. Estados Unidos adoptó, como política de Estado, rechazar cualquier préstamo, donación, estrategia o política para apoyar la construcción de grandes hidroeléctricas. 3. Agravan el cambio climático y se tornan riesgosas con los cambios del clima El cambio climático es uno de los aspectos que urge considerar al hablar de la pertinencia de la hidroelectricidad. Los embalses de las grandes represas generan cantidades significativas de gases contaminantes, especialmente metano, un gas de efecto invernadero 30 veces más potente que el CO2. Asimismo, su construcción daña sumideros naturales de carbono, incluidos bosques y ríos. Por esto, antes de optar por una hidroeléctrica, se deben hacer análisis sobre emisiones de CO2 y metano, lo que no necesariamente ocurre actualmente. Otro aspecto a considerar es la vulnerabilidad de estos proyectos ante las variaciones del clima. Las precipitaciones extremas aumentan la sedimentación en las represas, reduciendo su vida útil; y las sequías, cada vez más frecuentes, las tornan ineficientes. Mientras más represas pierden eficiencia, Latinoamérica, altamente dependiente de la hidroelectricidad, es más vulnerable energéticamente. Más grave aún es que las represas son peligrosas ante eventos climáticos extremos. Así lo demostró, por ejemplo, la crisis en Laos, donde una represa “cedió” ante el mal clima, haciendo desaparecer poblados completos. En Virginia, Estados Unidos, se han ordenado evacuaciones masivas por el riesgo de que una represa colapse por las lluvias; y en Kerala, India, las lluvias torrenciales, sumado al mal manejo de varias represas, han causado inundaciones sin precedentes. En ciertos países, ya es un problema serio reconocido que, con el tiempo, más y más plantas hidroeléctricas sean reportadas peligrosas, lo que requiere grandes inversiones para resguardar a las poblaciones aguas abajo. Como representantes de la sociedad civil, trabajando por una región más justa y sostenible, instamos a que instituciones financieras como el BID apoyen el cambio que necesitamos. Esperamos entonces que dejen de invertir en grandes proyectos hidroeléctricos, que han demostrado una y otra vez ser dañinos para el ambiente y para comunidades locales, ser costosos para los países y poco flexibles en tiempos de cambio climático. Ya es tiempo de una mejor planeación energética y de invertir en proyectos de energía renovable no convencional, basados en estudios de impacto social y ambiental completos, independientes y de la más alta calidad, y cuya planificación e implementación respete los derechos humanos. * Florencia Ortúzar es abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA y Monti Aguirre es coordinadora del Programa para Latinoamérica de International Rivers.
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Comisión Interamericana analizará violaciones a los derechos humanos provocadas por fracking
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia informativa el próximo 3 de octubre para conocer la situación general de la utilización de la fracturación hidráulica (fracking) y la violación a los derechos humanos de comunidades y personas defensoras a consecuencia de esta actividad en el continente americano. La audiencia responde a una solicitud realizada por 126 organizaciones de América Latina, encabezadas por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF). La audiencia se realizará en la ciudad de Boulder, Colorado, Estados Unidos, en el marco del 169 período ordinario de sesiones de la CIDH. En ella, personas defensoras y representantes de comunidades afectadas presentarán información detallada sobre los impactos a los derechos humanos, así como los impactos ya documentados y los riesgos potenciales derivados de las actividades de fracking en América Latina. Las organizaciones agrupadas en la ALFF buscan proponer una serie de recomendaciones a la CIDH y a los gobiernos de la región para garantizar los derechos humanos frente a los riesgos de este método de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. De acuerdo con la solicitud de audiencia, en Latinoamérica existen cerca de 5,000 pozos de fracking. En Argentina, aproximadamente existen 2000 pozos. Mientras en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3,350, aunque las organizaciones firmantes señalaron que existen retos en materia de acceso a esta información. Por su parte, en Brasil y Colombia se han firmado contratos que permiten la exploración y explotación, y en Bolivia se ha comenzado la prospección y los estudios de muestras de yacimientos no convencionales. Organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron en julio pasado la solicitud de audiencia a la CIDH. “El avance del fracking en América latina se realiza a ciegas porque no se conoce con certeza la totalidad de las sustancias químicas empleadas, ni sus efectos combinados o sinérgicos, los riegos reales y potenciales, ni la efectividad de las medidas de mitigación”, resaltó Claudia Velarde, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Lo que sí se conoce son sus daños en el ambiente, en la cantidad y calidad del agua, en la salud y en los derechos humanos colectivos”. Mientras en diversos países de América Latina se promueve el fracking, otros países, estados y provincias de Europa, América y Oceanía lo han prohibido por los impactos y riesgos ambientales y para la salud que implica. La solicitud a la CIDH destaca que “ninguno de los países donde se aplica el fracking posee un conocimiento integral de los riesgos e impactos irreversibles que puede ocasionar al ambiente y a la vida de las personas y comunidades. Sin embargo, se cuenta con sobrada evidencia científica de sus efectos negativos sobre la población, a partir de la experiencia de uso intensivo de esta técnica en Estados Unidos.” Sigue las actualizaciones sobre esta audiencia con el hashtag #AméricaSinFracking Contacto de prensa Victor Quintanilla, AIDA (México), [email protected], +521 5570522107
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