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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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Los impactos del calentamiento global Las conclusiones de los expertos son tajantes: esos 0.5° C extra serían letales para millones de personas y sus formas de vida. Con un calentamiento de 2°C o más, se espera: más y peores olas de calor, sequías e inundaciones; que el mar suba 10 centímetros más de lo que subiría si el calentamiento llega sólo a 1.5ºC, lo que implica inundaciones costeras y filtración de agua de mar a zonas agrícolas y fuentes de agua dulce, una cuestión de vida o muerte para unos 10 millones de personas; con respecto a la biodiversidad, que el riesgo de perder la mitad de su hábitat se duplique para plantas y vertebrados, y que se triplique para insectos, considerando a las más de 100 mil especies estudiadas; la desaparición de más del 99% de los arrecifes de coral, pero podremos salvar entre 10 y 30% de lo que queda si estabilizamos el termómetro del planeta para que no supere los 1.5°C; que aumente el alcance de los mosquitos que transmiten enfermedades como la malaria y el dengue; y estragos en los cultivos y ganadería, afectando severamente la seguridad alimentaria mundial. Y ¿cómo estamos? No muy bien. 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Ello requiere: que las industrias más contaminantes, particularmente las productoras de combustibles fósiles, hagan cambios radicales; que la energía renovable sea la norma para el 2050 (entre 70 y 85% del total); que las plantas generadoras de energía a carbón desaparezcan; que el transporte funcione con electricidad limpia; y que se expandan, mantengan y cuiden los bosques y otros sumideros naturales de carbono, encargados de retirar las emisiones de la atmósfera. El informe de los expertos reconoce una gran oportunidad: la mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), nombre genérico que se le da al carbono negro u hollín, al metano, a los hidrofluorocarbonos (HFC) y al ozono troposférico. Al ser climáticamente más intensos que el dióxido de carbono (CO2), los CCVC son causantes de la mitad del calentamiento del planeta. Además, por su corta duración en la atmósfera, tienen un rol clave en la reducción del calentamiento en el corto plazo. Reducir sus emisiones implica resultados positivos más pronto en cuanto al calentamiento del planeta e importantes beneficios para el bienestar humano, como la disminución de la contaminación y sus daños a la salud y un mejor rendimiento de los cultivos. Pero pocos países han incluido la reducción de estos contaminantes en sus compromisos nacionales frente al cambio climático. En AIDA trabajamos para que los países avancen en el control de estas emisiones. Siendo la región con el mayor potencial para energías renovables, Latinoamérica tiene la oportunidad de ser un ejemplo para el resto del planeta. El riesgo que la región enfrenta es grande y bien vale la pena el esfuerzo para evitarlo. El cambio climático amenaza con sacudir todo nuestro equilibrio, lo que incluye el derretimiento de glaciares andinos, menos lluvia y más inundaciones, escasez de agua dulce, extinción de especies, más incendios y propagación de especies invasoras, pérdida de corales y biodiversidad marina, inseguridad alimentaria, e impactos a la salud de las personas y a sus medios de subsistencia. El panorama es claro: demorar y mantener el calentamiento mundial por debajo de los 1.5°C no es tarea fácil, pero la ciencia ha dicho que es posible. Tenemos lo necesario para lograrlo: conocimiento científico y capacidad tecnológica y financiera. La responsabilidad principal es de los gobiernos, de los tomadores de decisión y del sector privado, que deben dar el impulso para lograr, entre todos, un cambio sin precedentes. No olvidemos nunca que el cambio es posible y además deseable. Un mundo bajo en emisiones es también un mundo más limpio y más justo para nosotros y para quienes llegarán. ¿A quién no le gustaría eso?
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Piden incluir a 10 especies de pez loro en la lista mexicana de especies protegidas
AIDA respaldó en una carta enviada al gobierno la propuesta presentada por la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable de incluir estos peces que contribuyen a mantener saludables a los arrecifes de coral del Caribe mexicano. En la carta se detallan las obligaciones internacionales de México para preservar sus arrecifes de coral, ecosistemas que están en riesgo grave y cuya sobrevivencia depende en gran medida de la protección de peces herbívoros como el pez loro. Ciudad de México. En una carta enviada al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) solicitó —con base en argumentos de derecho internacional, convenciones y tratados ambientales— la inclusión de 10 especies de pez loro en la lista de especies protegidas de la Norma Oficial Mexicana 059, que se encuentra en proceso de actualización. La carta fue presentada como respaldo a la propuesta de inclusión de esas especies que la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable (HRI, por sus siglas en inglés) remitió a la Comisión en septiembre, en coordinación con Casa Wayuu A.C., la Alianza Kanan Kay y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. “Las especies de peces loro cuya protección estamos pidiendo, cumplen una labor vital para la sobrevivencia de los arrecifes de coral al alimentarse de las algas que los cubren y que les quitan luz y oxígeno”, explicó Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Pero la población de estos peces ha disminuido drásticamente debido a la degradación de su hábitat, la contaminación y el cambio climático; y los estudios de HRI, entre otros, han demostrado que el 60% de los arrecifes del Caribe mexicano están en mal estado o en estado crítico de salud”. Las organizaciones piden incluir en alguna de las categorías de riesgo de la Norma Oficial Mexicana 059 al pez loro semáforo (Sparisoma viride), al pez loro guacamaya o arcoíris (Scarus guacamaia), al pez loro azul (Scarus coeruleus), al pez loro de media noche (Scarus coelestinus), al pez loro reina (Scarus vetula), al pez loro princesa (Scarus taeniopterus), al pez loro rayado (Scarus iseri), al pez loro banda roja (Sparisoma aurofrenatum), al pez loro aleta roja (Sparisoma rubripinne) y al pez loro cola amarilla (Sparisoma chrysopterum). En la carta se detallan las convenciones y tratados internacionales por los que el Estado mexicano está obligado a combatir adecuadamente las amenazas de especies que requieren protección especial, como los peces herbívoros, y que son vitales para la salud de los arrecifes del Caribe y de otros ecosistemas marinos. Esos acuerdos incluyen el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe o Convenio de Cartagena) la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de Ramsar, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, la Declaración de Tulum y la Iniciativa Internacional sobre los Arrecifes de Coral. “También mencionamos en la carta la Opinión Consultiva sobre derechos humanos y ambiente que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, añadió Thompson. “En esa decisión, la Corte fortalece las obligaciones de los Estados del continente para proteger a las personas en estrecha relación con la protección del ambiente. Pese a servir de criaderos de peces y barreras naturales contra huracanes —entre otras funciones clave—, los arrecifes de coral son muy frágiles y vulnerables ante el cambio climático, cuyas consecuencias incluyen la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar y la proliferación de algas. Esto último se debe a las múltiples descargas de aguas no tratadas o tratadas de manera inadecuada para la región caribeña y a otras formas de contaminación del mar. “El reporte más reciente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advirtió que superar los 1,5°C en la temperatura promedio del planeta, implicaría la destrucción de los arrecifes”, enfatizó Mélina Soto, Coordinadora para México de la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable. “Es entonces urgente adoptar medidas adecuadas para preservar esos entornos, siendo una de ellas la protección de los peces herbívoros”. Lea la carta enviada al gobierno mexicano. Encuentra aquí más información sobre el caso. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (Ciudad de México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Marisol Rueda Flores (Playa del Carmen), Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable, [email protected],+521 9848770815
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