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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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El rol de la sociedad civil en el Fondo Verde del Clima
El cambio climático es real y sus efectos llegaron para quedarse. A nivel mundial, los países han decidido que, para salir del lío, deben actuar juntos. Pero más allá de intenciones, poco hemos avanzado. Una opción que podría dar resultados y en la que pongo mis esperanzas es el Fondo Verde del Clima (FVC), el principal mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Se trata de una institución novedosa y con la capacidad de mover grandes cantidades de dinero, de los países ricos a los países en desarrollo. Con esos recursos, los países más vulnerables y con menor capacidad financiera podrán desarrollar acciones de mitigación y adaptación para hacerle frente al cambio climático. El Fondo está integrado por diversos actores, y uno de ellos es la sociedad civil, que cumple un rol fundamental en asegurar que la entidad tome en cuenta las necesidades de las poblaciones locales, en especial de las más vulnerables, a la hora de aprobar financiamiento para programas y proyectos de lucha contra el cambio climático. El trabajo del Fondo en la práctica El Fondo es un mecanismo complejo en el que interactúan diversos actores. Su Junta Directiva la integran 24 miembros, 12 representantes de los países desarrollados y 12 de los países en vías de desarrollo, y está encargada de gobernar y supervisar el Fondo. Las decisiones adoptadas por la Junta son implementadas por la Secretaría Independiente. El Fondo se relaciona con los países receptores del financiamiento a través de las Autoridades Nacionales Designadas o Puntos Focales, entidades designadas por cada nación. Asimismo, el Fondo acredita a instituciones nacionales, regionales o internacionales para que canalicen los recursos económicos mediante la presentación y ejecución de propuestas climáticas. Estas son las llamadas Entidades Acreditadas. Finalmente, están los observadores de la sociedad civil y del sector privado. En las reuniones de la Junta Directiva, solo pueden participar los “observadores activos”: dos de la sociedad civil y dos del sector privado. Los demás observadores permanecen en una sala contigua y dan seguimiento a las reuniones a través de pantallas de televisión. La toma de decisiones En la práctica, el Fondo se ha ido construyendo en las reuniones de su Junta Directiva, realizadas cada tres meses. En ellas se discuten y deciden las políticas que dan forma al fondo, se acredita a entidades que harán propuestas de programas y proyectos a financiar, y se aprueban las propuestas de mitigación y adaptación a implementar con financiamiento del Fondo. En octubre pasado, tuve la fortuna de participar, como observadora de la sociedad civil, en la 14va reunión, celebrada en Songdo, Corea del Sur, sede del Fondo. Pude ver en terreno cómo funciona este complejo mecanismo internacional, y sobre todo, cuál es el aporte de la sociedad civil, que se lleva a cabo contra viento y marea. Lo digo porque las condiciones de su trabajo no son fáciles, partiendo porque sus representantes, muchas veces de países con pocos recursos, deben financiar sus costos de vuelo y estadía para asistir a las reuniones. Por otro lado, la sociedad civil goza apenas de un derecho a voz, que pueden ejercer sólo los dos observadores activos que están en la sala de reuniones, y únicamente si los Copresidentes de la Junta Directiva lo autorizan. El valioso aporte de la sociedad civil Todas las intervenciones de la sociedad civil son discutidas, preparadas y perfeccionadas en equipo, implicando muchas veces desvelo, ya que los temas a tratar son amplios y complejos. En la práctica, estos aportes quedan siempre relegados para el final de las discusiones y, cuando el tiempo escasea, algo que es común, muchas veces el derecho a hablar no llega a ser otorgado. Esto puede resultar muy frustrante, ya que se pierde un aporte crucial. Entre otras cosas, la sociedad civil aporta en cada política que se discute para elevar cada vez más los estándares del Fondo. Además, estudia cada propuesta de financiamiento y se comunica con las comunidades potencialmente afectadas o beneficiadas por ellas para entender lo que implican realmente los proyectos y programas, más allá de lo que aparece en el papel. Por ello el trabajo informal que la sociedad civil hace “tras bambalinas” es muy importante. Se trata de la labor que se realiza en los recesos, a la hora de la comida, en los pasillos. De a poco, la sociedad civil construye relaciones con las personas que sí tienen poder de decidir (miembros de la Junta y consejeros), para compartir con ellos sus ideas, preocupaciones y sugerencias. Los resultados de esta incidencia se ven poco a poco. El Fondo Verde del Clima es esperanzador porque sus lineamientos están correctamente planteados: busca promover un cambio transformacional y paradigmático, promete transparencia, y sus decisiones las toman representantes de países desarrollados y países en vías de desarrollo con igual peso. Tiene el mandato de promocionar la “apropiación doméstica” de los programas y proyectos que financia, esto es, que sean guiados por las necesidades y prioridades que los mismos países beneficiados han determinado. Además, tiene la obligación de actuar con un enfoque de género. Sin embargo, también tiene problemas y carencias. La participación de la sociedad civil es crucial, precisamente para lo último. Al no responder a ningún gobierno, partido político u otro interés, la sociedad civil vela por la protección del medio ambiente, por el respeto de los derechos humanos, y por la correcta participación e inclusión de las personas que están siendo afectadas directamente por el cambio climático. La participación física de representantes de la sociedad civil en las reuniones de la Junta Directiva del Fondo es necesaria para que el trabajo del Fondo Verde siga avanzando, siempre tomando en cuenta las voces de las comunidades directamente afectadas o beneficiadas por el financiamiento y que son también las más vulnerables al cambio climático. ¡Conoce más del Fondo en nuestro sitio web!
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Tribunal de Costa Rica emite la primera sanción penal contra práctica ilegal de pesca de tiburón
En una decisión histórica, un tribunal de Puntarenas condenó a prisión a una empresaria que llevó a puerto aletas de tiburón separadas del cuerpo del animal, práctica ilegal en Costa Rica, con el objetivo de comercializarlas luego fuera del país. La acusación de la Fiscalía fue apoyada por organizaciones de la sociedad civil que argumentaron la vulneración de normas nacionales e internacionales que protegen la fauna marina. Puntarenas, Costa Rica. El 7 de febrero pasado, el Tribunal de Juicio de Puntarenas impuso una sanción penal de seis meses de prisión contra una empresaria taiwanesa que llevó a puerto aletas de tiburón desprendidas del cuerpo del animal y unidas con alambre, práctica conocida como aleteo y considerada ilegal por normas nacionales e internacionales. El objetivo de la empresaria era vender en el exterior únicamente las aletas. Es la primera vez que el comercio ilegal de aletas de tiburón es castigado penalmente en el país. “Nos alegra que, desde el Poder Judicial, el país envíe la clara señal de que su prioridad es proteger la sostenibilidad del país. La respuesta ante una práctica innovadora de aleteo, fue buena. Los pescadores responsables y las autoridades pesqueras y ambientales lo sabrán reconocer y aplaudir. En Conservación Internacional reiteramos nuestro compromiso con la pesca sostenible, las gestión transparente de recursos marinos y el control de las regulaciones ambientales del país”, señaló Marco Quesada, director del Programa Costa Rica de Conservación Internacional (CI). En 2011, la justicia falló a favor de la empresaria. Esa decisión fue rebatida por la Fiscalía, instancia que logró un segundo juicio en el que finalmente el delito cometido fue sancionado. La sentencia final señala que la empresaria es responsable “del delito de ordenar la descarga de aleta de tiburón sin el respectivo cuerpo, en perjuicio de los recursos naturales” de Costa Rica. “Esta es una sentencia histórica, pues es la primera vez que existe una condena penal por aleteo. Aplaudimos el esfuerzo de la Fiscalía por hacer cumplir las leyes nacionales y los compromisos internacionales de Costa Rica. Esperamos que sea un precedente que ayude a evitar que se repita esta práctica.”, dijo Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). AIDA y CI ayudaron en la resolución del caso, asesorando con argumentos de derecho internacional el trabajo de la Fiscalía. De acuerdo con la legislación costarricense, tras la pesca, las aletas deben llegar al puerto unidas naturalmente al cuerpo del tiburón. Cuando son separadas, el cuerpo es arrojado al mar para así poder refrigerar en los barcos pesqueros la mayor cantidad posible de aletas. “El aleteo de tiburón es un delito penado en Costa Rica por los artículos 139 y 40 de la Ley de Pesca y Acuicultura. Adicionalmente, Costa Rica ha ratificado diferentes tratados internacionales que le obligan a proteger el ambiente. Estas obligaciones incluyen la protección, conservación y uso sostenible de los recursos marinos”, se lee en el documento proporcionado por ambas organizaciones a la Fiscalía para su uso durante el juicio. Consulte la sentencia del tribunal Lea el documento con el que AIDA y CI apoyamos el trabajo de la Fiscalía. Contactos de prensa: Gladys Martínez, AIDA, [email protected], +506 8321 4263 Marco Quesada, CI, [email protected] +506 2253-0500 ext. 129/IP 5484
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¿Por qué Chile se incendia y qué podemos hacer al respecto?
Los incontrolables incendios en Chile han dañado ya más de 500 mil hectáreas, más de tres veces el tamaño de la Ciudad de México, y la cifra va en aumento. Se trata de la peor catástrofe ambiental que ha vivido el país. Once personas han fallecido y los damnificados rondan los cuatro mil. Las llamas han afectado al menos seis de las 15 regiones de Chile. Las causas de la tragedia Mucho se ha dicho sobre las causas de estos incendios voraces. A continuación presento una recopilación que además puede ayudarnos a saber cómo evitar y controlar mejor este tipo de fuegos en el futuro. Cambio climático. Con los cambios extremos en el clima, las temperaturas se han elevado, generado sequía en la zona central del país desde hace ocho años. De ese modo, se ha cumplido la llamada regla del “30-30-30”, que facilita el escenario para un incendio perfecto: 30 grados de temperatura, 30% de humedad y vientos de 30 kilómetros por hora. El factor humano. Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), organismo encargado de combatir los incendios forestales en Chile, la gran mayoría de los incendios son causados por descuido humano. En este, existen indicios de que fueron iniciados de forma intencional. Las plantaciones forestales. Es la causa que más se ha desarrollado. Tiene que ver con las inmensas extensiones de plantaciones forestales que han ido sustituyendo al bosque nativo en las zonas centro y sur del país. Bosques heterogéneos y biodiversos han sido transformados en miles de hectáreas de una sola especie, eliminando las barreras naturales contra el fuego. Estos monocultivos, en su mayoría de pino y eucalipto, absorben muy rápido grandes cantidades de agua, con lo que secan el suelo donde crecen, evitando cualquier otra forma de vida a su alrededor. Sumado a ello, contienen elementos inflamables que contribuyen a la propagación del fuego. Legislación inadecuada. El Decreto Ley 701, dictado en 1974, buscó impulsar el desarrollo forestal mediante incentivos económicos, detonando la masificación de plantaciones forestales de pino y eucalipto en Chile. Financiando hasta el 75% de los monocultivos, el decreto benefició especialmente a quienes ya poseían grandes extensiones de tierra. Ello promovió la tala y quema de bosque nativo para sustituirlo por monocultivos de especies exóticas. Cables de alta tensión. Al pasar por encima de los bosques, estos cables generan ondas y calor. Si una rama cae sobre un cable, puede producir un incendio. La falta de prevención y preparación. Los factores mencionados arriba son conocidos. El riesgo de los incendios actuales era latente y se debió haber hecho más para prevenirlos y estar mejor preparados para enfrentarlos. Chile no cuenta con una política pública para abordar el tema. No existe una ley sobre combate de incendios y otras emergencias similares. Prevenir implica adoptar acciones que van desde regular las actividades de las empresas forestales para que implementen cortafuegos efectivos, hasta evitar la acumulación de basura en lugares donde podría haber incendios. Lo que se puede hacer Institucionalidad y planificación forestal adecuada al cambio climático. Los cambios en el clima han hecho que los incendios sean más probables de ocurrir. Por ello se deben desarrollar planes y políticas adecuadas para enfrentar situaciones como la actual, que son una amenaza latente. La planificación debe estar orientada a un paisaje forestal resiliente a un futuro que será más seco y caluroso. Fortalecer a quienes están a cargo de apagar incendios. El presupuesto que manejen, en este caso los bomberos y la CONAF, debe ser suficiente para cubrir las necesidades de capacidad humana y equipamiento. Regular para prevenir y proteger: Se deben adoptar las medidas legales necesarias para que las reforestaciones incorporen cortafuegos y zonas amplias de amortiguación alrededor de zonas sensibles (poblados, fuentes agua y áreas productivas, entre otros). Con esto se reduce el avance de incendios y se protegen la biodiversidad local y los servicios ecosistémicos. Imponer responsabilidades. Los titulares de las plantaciones forestales deben hacerse responsables de establecer cortafuegos y otros resguardos, así como de contar con planes de emergencia. Dejar de promover los monocultivos y reestablecer el bosque nativo. Al ser nefastos para el medio ambiente y la propagación de incendios, el Estado debe dejar de incentivar los monocultivos e impulsar el cultivo de especies diversas. Planificar la reforestación luego del incendio. En ese proceso se debe velar por el desarrollo local, involucrando a las comunidades y a todos los interesados. Educación y capacitación entre la población y las autoridades locales. Quienes habitan y velan por las zonas de riesgo deben saber cómo actuar en caso de emergencia y cómo prevenirla. ¿Cómo puedes TÚ ayudar ahora? La plataforma “movidos x Chile” contiene mucha información sobre cómo ayudar (donaciones, voluntariados, etc) a las personas afectadas por los incendios. Las siguientes organizaciones están recibiendo dinero para apoyar a los damnificados: Desafío Levantemos Chile (brinda información para donar desde el extranjero). Un Techo para Chile. Hogar de Cristo. Ministerio del Interior (brinda información para donar desde el extranjero). Cruz Roja (recibe donaciones en dinero y en especie). Existen también organizaciones que están ayudando a los animales afectados: Colegio Médico Veterinario de Chile (recibe donaciones en dinero y en especie). Sitio web abandonados.cl (contiene información de varias organizaciones que ofrecen ayuda a los animales afectados por los incendios). En esta página se compiló información sobre todas las organizaciones e instituciones que reciben ayuda para damnificados y animales, incluyendo lugares en todo el país donde se puede dar ayuda material.
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