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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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[i] Patrocinadores: Asia Indigenous Peoples Pact, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Amazon Watch, Bianca Jagger Human Rights Foundation, Carbon Market Watch, France Liberte, International Rivers, Jeunes Volontaires pour l'Environnement International, Oxfam International, REDLAR, Ríos Vivos, Rivers Without Boundaries; South Asia Network on Dams, Rivers and People y Urgewald.
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Financiamiento climático en Latinoamérica y el Caribe: Del acuerdo global a la acción nacional
El Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), E3G y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) dieron a conocer hoy varias de las acciones que se realizan en países de la región con miras a financiar la implementación de las contribuciones nacionales tentativamente determinadas —conocidas como INDCs por sus siglas en inglés—, que son los compromisos que los países hicieron este año para combatir el cambio climático. París, Francia. En una rueda de prensa organizada en el marco de la COP21, las organizaciones resaltaron tres pilares clave del financiamiento climático como herramienta para implementar acciones transformacionales en la región: estrategias nacionales de financiamiento para movilizar diferentes recursos financieros públicos y privados, el Fondo Verde del Clima como mecanismo fundamental para financiar acciones climáticas en Latinoamérica; y la importancia de la transparencia, la medición, reporte y verificación del financiamiento climático. Marcela Jaramillo, asesora política de E3G, resaltó la necesidad de identificar prioridades de inversión en el contexto local y en el marco de los procesos nacionales para definir medidas para el apalancamiento de recursos que soporten la implementación de las INDCs. E3G ha venido trabajando con México, Chile y Colombia. “México y Chile vienen adelantando el proceso de planeación estratégica para la movilización de recursos, privados y públicos, nacionales e internacionales, para la implementación de sus INDCs; Chile, por ejemplo, espera tener su estrategia de financiamiento lista para el 2018”, dijo Jaramillo. Señaló además que existen esfuerzos en la región para alinear las agendas nacionales e internacionales. “Colombia está trabajando en una iniciativa que busca unir las agendas de cambio climático y desarrollo sostenible junto con sus prioridades nacionales en la construcción de paz y desarrollo rural”. Aunque cada país tiene un contexto diferente que debe ser entendido y reflejado en su estrategia, “la alineación con las políticas nacionales, así como la generación de un diálogo entre el sector público y privado son elementos fundamentales para la movilización de recursos y el logro de impactos duraderos”, agregó. Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA, dijo que los países de América Latina necesitarán recursos financieros para implementar los compromisos climáticos establecidos bajo la Convención. Dichos recursos, resaltó, deben ser suficientes para permitir estrategias de financiamiento climático a corto, mediano y largo plazo. El Fondo Verde del Clima, indicó Rodríguez, “es una buena opción para acceder a recursos financieros que permitan implementar proyectos y programas en países latinoamericanos, particularmente para aquellos cuyos planes sean ambiciosos y estén enfocados en lograr un desarrollo bajo en carbono y resilientes al clima”. Finalmente, Sandra Guzmán, Coordinadora General del GFLAC, afirmó que una pieza clave que tendría que ser transversal en el Acuerdo de París, particularmente en el tema de financiamiento, es la transparencia. “Este elemento es fundamental para aumentar la confianza entre los países donantes y países receptores. En ese sentido, la construcción de mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV) para financiamiento son esenciales, pues de ello depende conocer la cantidad exacta de recursos que se promete, se transfiere, se asigna, y sobre todo la forma en la que este recurso se utiliza; de ese modo es posible garantizar que el financiamiento cumpla con los objetivos de mitigación y adaptación”. Guzmán enfatizó que de 25 países que presentaron sus INDCs en la región sólo dos incluyen MRV y sólo Colombia está en proceso de construcción del mismo. Por ello el GFLAC trabaja en 9 países para apoyar el mejor entendimiento de las necesidades y oportunidades de financiamiento. La combinación de los tres pilares a los que las organizaciones hicieron referencia es fundamental para avanzar en la agenda climática a nivel nacional en Latinoamérica y el Caribe. Un acuerdo ambicioso en París promovería resultados más efectivos en cada una de estas áreas y generaría mayor ambición en la transformación de los modelos de desarrollo.
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