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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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La Oroya Aún Espera por Justicia
Juana[1] está cansada. Ella y sus vecinos llevan ocho años esperando por un fallo; por una decisión que pueda mejorar sus vidas, limpiar su aire y atender a sus hijos y familias enfermas. Lo que comenzó como una búsqueda de justicia valiente y llena de esperanza se ha convertido en un compás de espera desalentador. En 2007, un grupo de residentes de La Oroya, Perú, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Comunidad de La Oroya Vs. Perú. Por casi un siglo, su ciudad ha sido contaminada por las operaciones de un complejo metalúrgico (fundición) ubicado dentro de sus confines. La fundición ha oscurecido su aire, envenenado sus cuerpos, y liberado químicos tóxicos en sus tierras y agua. La Oroya fue identificada alguna vez como una de las ciudades más contaminadas del mundo. La contaminación severa tuvo, y aún tiene, impactos graves en la salud de los habitantes de la ciudad. Las realidades de La Oroya Cuando Anna Cederstav, codirectora ejecutiva de AIDA, visitó La Oroya por primera vez, en 1997, vio a mujeres que caminaban con bufandas cubriendo sus rostros, en un intento vano de evitar el dolor que les producía respirar. Juana, por su parte, explica que desde que tiene memoria sentía un ardor constante en sus ojos y garganta por efectos de la contaminación, pero que no le prestaba atención. Como la mayoría de la población, ella pensaba que era normal. No sabía en realidad lo que era el aire limpio porque nunca lo había respirado. AIDA ha trabajado por casi dos décadas con la comunidad de La Oroya. En 2002, presentamos el informe La Oroya No Espera junto con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Ese informe comenzó a revelarle a la comunidad la gravedad de la contaminación y de los riesgos a la salud que estaba enfrentando a diario. La comunidad supo que tenía que hacer algo. A decir de Juana, fue en 2003, más de 80 años después de que la fundición comenzara a operar, cuando ella se percató de la contaminación. Mediante el trabajo con su parroquia, pudo acceder a información y aprendió sobre lo que estaba ocurriendo en su ciudad. A partir de entonces, ató cabos: los problemas respiratorios en su familia eran, de hecho, resultado de la contaminación extrema de su ciudad. La búsqueda de justicia Los residentes llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que sus intentos ante la justicia en Perú no dieran resultado. En 2006, un fallo del Tribunal Constitucional peruano le ordenó al Estado adoptar medidas para proteger la salud de la comunidad, pero el Estado no hizo tal cosa. En 2007, la Comisión solicitó al Estado peruano implementar medidas cautelares a favor de 65 residentes de La Oroya consistentes en un diagnóstico médico especializado y un tratamiento para aquellos que mostraran daños irreversibles a su vida o integridad personal. Juana cuenta que recibir la noticia del otorgamiento de las medidas cautelares fue una alegría. “Sabíamos que estábamos ganando algo; al inicio todo estuvo muy bien y creíamos que todo se podía solucionar, [pero] con el pasar de los meses, los años, no hubo respuestas”. En 2009, la Comisión emitió un informe admitiendo la petición de AIDA, y declarando que las omisiones del Estado ante la contaminación podrían, de ser probadas, constituir violaciones de derechos humanos. Aún así, casi una década después de haber acudido a la Comisión, las víctimas aún esperan una decisión de fondo, las medidas cautelares aún tienen que ser implementadas plenamente y la responsabilidad del Estado por los hechos todavía no ha sido establecida. “Está tomando mucho tiempo, y no todos tienen la paciencia o el deseo de seguir esperando”, afirma Juana. El tiempo afecta a las víctimas, las desgasta hasta que comienzan a flaquear o renunciar a luchar por su derecho a la justicia. Ellas se hacen aún más vulnerables mientras se enfrentan a un ciudad que es hostil con cualquiera que lucha por sus derechos a la salud y a la vida, a un Estado que niega su responsabilidad y busca cualquier excusa para no asumirla, y a una empresa que quiere limpiar su reputación y que usa su poder económico para manipular al gobierno. ¿Dónde está la ley en estos casos? ¿Dónde está la justicia? Juana señala que dejar La Oroya sería imposible para su familia porque allí tienen trabajo. Ella mantiene su compromiso de conseguir un cambio mediante la demanda, pero eso no ocurre con todos. La Oroya alberga miles de historias de familias cuyas vidas cambiaron radicalmente por la contaminación de la ciudad y los consecuentes daños a su vida y a salud. Están quienes tuvieron que abandonar sus hogares porque no veían un futuro en la ciudad, personas que no se han podido ir de La Oroya porque toda su vida y su familia están ahí. También están aquellos que han sufrido con dolor ataques e insultos de sus propios vecinos y de toda su comunidad, pero que siguen adelante con la firme convicción de que algún día llegará el cambio y de que La Oroya será un lugar mejor y más justo para ellos/as, sus hijos/as y nietos/as. Espero y confío que la decisión de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegue con justicia a reivindicar esos años de espera. [1] El nombre fue cambiado para proteger a la persona. Esta entrada de blog está basada en La Oroya: A Painful Wait for Justice (La Oroya: Los Años de una Dolorosa Espera por Justicia), un artículo más extenso escrito por María José y publicado como Capítulo 8 del libro de DeJusticia Human Rights in Minefields: Extractive Economies, Environmental Conflicts and Social Justice in the Global South. Lea aquí el relato completo.
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México debe cumplir su obligación internacional de proteger a las tortugas marinas de su territorio
En ese país, dos proyectos amenazan la existencia de especies vulnerables de tortuga marina. AIDA pidió a la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas analizar esos riesgos y exhortar a México a cumplir el principio de precaución para conservar su población de tortugas marinas. La Convención incluirá en su informe para el 2017 recomendaciones sobre minería, desarrollo costero y otras amenazas para esos animales. Viña del Mar, Chile. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) solicitó al Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) analizar las amenazas que dos proyectos implican para la vida de las tortugas marinas carey, caguama y otras especies vulnerables en México. Pidió además que la Convención exhorte a que ese país aplique el principio de precaución para conservar a las tortugas marinas de su territorio, algo a lo que está obligado al ser parte de la Convención. Los proyectos en cuestión son la ampliación del puerto de Veracruz y la mina marina de fosfato Don Diego, en Baja California Sur. AIDA alertó a la CIT de los posibles impactos negativos de ambos proyectos durante la reunión del Comité Científico de la Convención en Viña del Mar. Explicó que aunque la Administración Portuaria Integral de Veracruz, entidad a cargo de la ampliación del puerto, señaló en su manifestación de impacto ambiental que "nunca se hará afectación directa sobre especies bajo protección”, no presentó medidas de protección para las tortugas marinas, particularmente para la carey (eretmochelys imbricata), catalogada como especie amenazada según la CIT y la legislación mexicana. “La tortuga carey está presente en todo el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y tiene rutas migratorias a lo largo del Golfo de México. A pesar de ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en diciembre de 2013, autorizó la ampliación del puerto de Veracruz sin requerir un plan de manejo especial para conservar a esa especie”, explicó Sandra Moguel, abogada de AIDA. En cuanto a Don Diego, primera mina marina de fosfato en el mundo, AIDA informó a la Convención que, de ser autorizado, el proyecto pondría en peligro a la tortuga caguama (caretta caretta) debido a su posible interacción con el uso de maquinaria para el dragado de arena fosfática, al aumento del ruido en el entorno, y a que provocaría cambios severos en el ecosistema y la composición marina. Las poblaciones de tortuga caguama están en peligro de extinción según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). “Es importante que la CIT sepa de los posibles impactos del proyecto y brinde asesoramiento técnico y científico al Estado mexicano sobre los riesgos que la población de tortugas enfrenta. México está a tiempo de realizar un análisis objetivo, transparente y detallado del proyecto para evitar una amenaza más a la tortuga caguama”, dijo Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. En la reunión y tras las gestiones de AIDA, el Comité Científico de la Convención se comprometió a incluir en su informe del 2017 recomendaciones sobre minería, desarrollo costero y otras nuevas amenazas a la vida y hábitat de las tortugas marinas. Con ello podrá orientar la labor de los Estados para evitar impactos como los que ocasionarían en México los proyectos descritos. AIDA trabaja en los casos del puerto de Veracruz y la mina Don Diego en colaboración con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. El 22 de septiembre, AIDA y CEMDA presentaron al Comité Científico de la CIT una petición sobre los impactos a las tortugas marinas y su hábitat de la ampliación del puerto de Veracruz y de los proyectos asociados a la misma. AIDA permanecerá alerta para evitar que ésos y otros proyectos dañen entornos naturales únicos y a las especies que habitan en ellos.
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Reducir los contaminantes climáticos de vida corta: Salvavidas en tiempos de cambio climático
Están a tu alrededor: el aire acondicionado colgado en la ventana de tu vecino, el carbón alimentando tu parrilla, el humo negro saliendo del camión que pasa, e incluso las vacas disperas en los campos fuera de la ciudad. Estos aspectos de tu vida diaria son solo algunas de las fuentes de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC). Al ser emitidos, los CCVC calientan la atmósfera. Pero, comparados con el dióxido de carbono, tienen una vida útil relativamente corta. En consecuencia, su mitigación efectiva podría brindar un chaleco salvavidas en las aguas turbulentas del cambio climático. Es por ello que vale la pena considerar a los CCVC cuando el mundo se mueve rápidamente hacia un nuevo acuerdo climático global, el cual será firmado en la 21ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). La reunión en París este diciembre será la cita más importante de las negociaciones climáticas globales desarrolladas hasta ahora, ya que el nuevo acuerdo que saldrá de ella nos podría ayudar a salir del dilema planetario en el que estamos metidos. La tarea es difícil. Llevamos 20 Conferencias y ninguna ha logrado avances sustanciales. Las emisiones contaminantes suben cada año, salvo por la radiante excepción de los años 2008 y 2009, cuando las emisiones bajaron por la crisis económica mundial (y no por voluntad humana de sobrevivencia). A veces cuesta mantener la esperanza, pero en AIDA no la perdemos. ¿Qué son los CCVC? Estos contaminantes son el carbono negro, el ozono troposférico, el metano y los hidrofluorocarbonos (HFC). Cada uno de ellos es diferente, pero comparten dos características principales: son contribuyentes importantes al calentamiento global; y, una vez emitidos, permanecen muy poco tiempo en la atmósfera. El segundo rasgo es el que nos debe llamar la atención si buscamos mitigar el cambio climático en el corto plazo. A diferencia de los CCVC, el dióxido de carbono (CO2) puede permanecer en el aire por siglos. Ello significa que incluso si hoy detuviéramos todas sus fuentes de emisión, el CO2 ya emitido seguiría calentando la atmósfera por muchísimo tiempo. ¿De cuánto estamos hablando? El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC) estima que los CCVC son responsables de más del 30% del calentamiento global. Estudios más recientes dan cuenta que ese porcentaje ronda entre el 40 y 45%. Mitigar el CO2,, responsable de la mayor parte del efecto invernadero, es esencial para mantener el equilibrio climático de la tierra en el largo plazo. Pero la oportunidad que ofrece la mitigación de los CCVC es mucho más inmediata. Ventajas de reducir los CCVC La conveniencia de reducir los CCVC es mayor si tenemos en cuenta que además de calentar la atmósfera, estos contaminantes causan otros problemas que afectan directamente a los entornos naturales y a la salud humana. El carbono negro y el ozono troposférico, por ejemplo, son la causa detrás de millones de muertes prematuras cada año, al aumentar el riesgo de males respiratorios y cardiacos. También dañan el rendimiento de los cultivos, por lo que su control ayudaría a mejorar la seguridad alimentaria a nivel mundial. ¿Y qué dice la Convención? La Convención y su Protocolo de Kioto no reconocen a los CCVC como concepto, aunque el Protocolo sí incluye al metano y a los HFC dentro de los gases de efecto invernadero que busca combatir. Pero esa falta de reconocimiento podría cambiar con el nuevo acuerdo climático que se prevé adoptar en la COP21 de París en diciembre. El acuerdo vigente incluye una lista de gases contaminantes específicos que los Estados deben reducir. Con el nuevo acuerdo, en cambio, los países decidirán libremente qué gases incluir en sus metas de mitigación. México ha dado un ejemplo notable en ese sentido al comprometerse, mediante sus Contribuciones Nacionales Previstas y Determinadas (INDCs por sus siglas en inglés), a reducir de manera no condicionada 51% del carbono negro hasta el 2030. Dicho porcentaje podría subir al 70% con ayuda internacional. Manos a la obra En AIDA trabajamos para informar a los gobiernos de las medidas que pueden tomar para reducir efectivamente los contaminantes climáticos de vida corta en sus países. Abogamos por la adopción de soluciones cuya eficiencia ya ha sido probada en varios lugares del mundo. Para ello, estamos elaborando un informe que revisará la situación actual de la regulación referente a esos contaminantes en tres países de América Latina: Brasil, Chile y México. Esperamos que ello permita avanzar hacia un mejor abordaje de los CCVC en estos países para luego continuar trabajando en toda la región. ¡Encuentra AQUÍ mayor información sobre los CCVC!
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