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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa

El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.

Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.

Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.

Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.

Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.

A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.

Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.

Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.


Belo Monte: El río se apaga, pero la búsqueda de justicia no muere

“¡El río está muerto!”, exclamó Raimundo mientras navegábamos en su lancha a motor desde Altamira —ciudad ubicada al norte de Brasil (estado de Pará) y la más cercana a la construcción de la represa Belo Monte— hacia la Volta Grande del río Xingú.  Al frente de Altamira, el paisaje es verdaderamente desolador. La gran isla de Arapujá ha sido completamente deforestada, lo que ha cambiado radicalmente las corrientes del río, y varias de las islas habitadas antes por pescadores, ahora están bajo el agua, dejando ver solo las copas de sus árboles. Junto con colegas de Justiça Global, visité Altamira y las comunidades indígenas y ribereñas aledañas para actualizar el caso e informar a las personas afectadas por Belo Monte de una nueva esperanza de justicia: en diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el caso contra Brasil por violaciones de derechos humanos a causa de la represa. Destruyendo vidas A finales de enero, Norte Energía, empresa a cargo de la construcción y operación de Belo Monte, abrió las compuertas del aliviadero (sistema hidráulico que controla el paso del agua) de la represa sin avisar a las comunidades asentadas río abajo. El Xingú creció siete metros en una hora, comentan habitantes de la zona. En algunas de las comunidades, la crecida del caudal inundó las áreas más cercanas a las orillas y se llevó canoas, lanchas y ropa.  La lancha nos llevó hasta una isla grande con una casa al medio. Raimundo Nonato vivía allí, criaba animales y se dedicaba a la pesca. Era un lugar perfecto para bañarse en el río. En 2013, fue ahí donde Antonia Melo, lideresa del Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, me bautizó como defensora de esas aguas. Ahora la isla está bajo el agua y lo que queda encima son ramas y algunas copas de árboles frutales. Leoncio Arara, indígena de la comunidad Arara da Volta Grande, cuenta que viven con miedo por el aumento inesperado del caudal, la pérdida de su modo de vida y cultura, y la muerte de 16 toneladas de peces. Han visto grietas en el dique de contención del canal de derivación de la represa y temen que éste se rompa, como ocurrió con la represa de desechos mineros de Fundão en Minas Gerais. En nuestro recorrido vimos parches de otro color en el dique, una señal de alarma sin duda. El miedo no los deja dormir, dice Leoncio. En las tierras indígenas Arara da Volta Grande y Paquiçamba la vida de sus habitantes ha cambiado radicalmente. Ahora deben ir a la ciudad (Altamira) para vender su cosecha y alimentarse pues la pesca y caza se han reducido. Leoncio cuenta que el conocimiento tradicional y la vida en comunidad se están perdiendo. Las viviendas ya no son las mismas, tampoco la conformación de la aldea. Norte Energía ha construido casas que rompen con el entorno cultural por el material utilizado y su ubicación. La comunidad no tiene un pozo para bombear agua potable, condición que debió ser cumplida hace más de cinco años.   Dolor, injusticia y lucha Estuvimos nueve días en la zona. Escuchamos muchas historias de dolor e injusticia, de niños indígenas que murieron debido la mala atención médica en las aldeas sin poder llegar a la ciudad, de indígenas que dejan sus aldeas buscando amparo en la ciudad y que viven hacinados en la Casa del Indio, rodeados de suciedad y en una mezcla de etnias muchas veces sin afinidad entre sí. Revivimos con las víctimas historias de lucha incansable como la de Socorro Arara, indígena ribereña cuya casa fue destruida, igual que la de todos sus familiares vecinos. Todos tuvieron que negociar con la empresa como si sus derechos fueran negociables. Algunos recibieron una indemnización ridícula y otros la opción de una casa en barrios prefabricados lejos del río. Los padres de Socorro viven en uno de esos barrios. Detrás de su vivienda de cemento construyeron un pequeño anexo con la madera de la casa destruida. Ese anexo es donde verdaderamente viven, a la luz de pequeños lamparines que funcionan con queroseno y durmiendo en hamacas. La energía eléctrica no es lo suyo. Vivimos de cerca las ironías de la ciudad más próxima a la que será la tercera represa más grande del mundo. El 28 de febrero, Altamira y varios municipios del estado de Pará se quedaron sin electricidad. El corte, calificado por la recepcionista de nuestro hotel como “de rutina”, se debió a pruebas en una de las turbinas de la represa. Falta poco para que la represa inicie operaciones. Si para los países de la región Belo Monte representa el sueño anhelado de desarrollo, para mí es una pesadilla de la que quiero despertar ya. Es una pesadilla de dolor y violaciones de derechos humanos, en la que un río vivo y hermoso se va apagando y con él las vidas y sueños de quienes viven y dependen de su caudal.  ¡Los derechos no se negocian y las víctimas de Belo Monte necesitan justicia ya! Ojalá que ese sueño sí se haga realidad. -- Escribí estas líneas en honor a todas las personas que han dedicado su vida a defender nuestra vida y nuestros ríos. 

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Fracking

Principio de Precaución: Herramienta jurídica ante los impactos del fracking

Este informe contribuye al análisis sobre la viabilidad de la aplicación del principio de precaución, como una vía institucional para prevenir, evitar o detener las operaciones de fractura hidráulica o fracking en América Latina. Estas medidas pueden tomar la forma de prohibiciones o moratorias, como ha ocurrido en varios Estados, provincias y municipios de América y Europa.  El fracking es una técnica que permite explotar yacimientos no convencionales de gas natural o petróleo. Gobiernos y empresas de los cinco continentes han impulsado la extracción en ese tipo de yacimientos debido a la sobrexplotación de los hidrocarburos convencionales en los últimos 150 años y al declive de las reservas mundiales de esos recursos. La explotación de los hidrocarburos no convencionales es técnicamente más difícil, tiene un costo económico elevado e implica mayores riesgos ambientales y para la salud.Promover el fracking para la extracción de hidrocarburos no convencionales es una mala decisión climática, política, social y ambiental. Profundiza la dependencia en los combustibles fósiles y malgasta los esfuerzos y recursos que deberían dirigirse al desarrollo de las energías renovables. En ese sentido, el informe examina la viabilidad de aplicar el principio de precaución como herramienta legal para evitar o detener los riesgos o daños ocasionados por la fractura hidráulica, especialmente en países que ya iniciaron operaciones de este tipo o que tienen previsto hacerlo en los próximos años. Lee y descarga el informe 

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Recordando a Berta Cáceres ante el Fondo Verde del Clima

El 3 de marzo, Berta Cáceres, una defensora de los derechos indígenas en Honduras, fue asesinada. Como lideresa de COPINH, Berta estaba luchando contra la implementación de un proyecto de una gran represa financiado internacionalmente. Estaba luchando por la salud del río Gualarque, y por las vidas y medios de subsistencia de las comunidades indígenas que dependen del mismo. Su muerte es una muestra de los impactos que los megaproyectos pueden tener en la vida real. Es por eso que, en el cierre de la 12ª reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima, presenté un mensaje a la Junta a nombre de las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el desarrollo y el proceso de toma de decisiones del mecanismo.  El mensaje fue pensado como un recordatorio del cuidado con el que las decisiones financieras deben ser tomadas, dado que la Junta prepara la revisión y autorización de más proyectos:  “Nos gustaría pedir un momento para recordar a Berta Cáceres, la indígena defensora de la justicia ambiental y los derechos humanos asesinada brutalmente la semana pasada en Honduras. Ella estaba liderando la lucha contra una gran represa financiada internacionalmente que amenazaba su agua, su tierra, y a su gente. Nos gustaría pedir a todos ustedes que hagan lo posible para garantizar justicia para Berta, y el retorno seguro de Gustavo Castro, coordinador de Amigos de la Tierra México, quien resultó herido durante el asesinato y cuya vida está ahora en peligro. El asesinato de Berta sirve como un trágico recordatorio para el FVC de los riesgos enormes que los defensores de derechos enfrentan, y de la profunda necesidad de salvaguardar sus derechos y los derechos de las personas y territorios por los que ellos luchan. El FVC no debe apoyar proyectos cuestionables como aquel que le costó la vida a Berta y debe obtener en todos sus programas y proyectos el consentimiento libre, previo e informado de las personas y comunidades para proteger sus medios de vida y supervivencia.”

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