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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa

El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.

Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.

Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.

Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.

Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.

A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.

Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.

Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.


AIDA solicita a la Corte Suprema la protección de las fuentes de agua

AIDA pidió anular la resolución de la ANAM, hoy Ministerio de Ambiente, que establece el Caudal Ecológico en 10%, dejando el 90% del agua de ríos, lagos y otros ecosistemas a disposición de grandes proyectos, como represas hidroeléctricas. Ciudad de Panamá, Panamá. AIDA presentó un escrito legal de apoyo a la demanda promovida por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) que solicita la anulación de la Resolución No. AG-0691-2012, aprobada por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), hoy Ministerio de Ambiente. Esta resolución, que establece el Caudal Ecológico, permite que hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otras fuentes naturales de ese recurso vital sea empleada en grandes proyectos como represas hidroeléctricas. El Caudal Ecológico es el flujo mínimo de agua que un río u otro cauce debe tener para mantener sus valores ecológicos —refugio de flora y fauna, preservación del paisaje y disolución de contaminantes, entre otros—, valores sociales o su uso por parte de las comunidades. La resolución de la ANAM, cuya nulidad se busca, limita ese flujo a tan solo el 10% para todos los cuerpos de agua y permite que el porcentaje restante quede en manos de mega proyectos de infraestructura. En el escrito judicial de apoyo a la demanda, AIDA expone los principales argumentos de derecho internacional resaltando las obligaciones que tiene el Estado Panameño de protección del recurso hídrico y de garantizar los derechos humanos.  “Buscamos que los jueces de la Sala Tercera declaren la nulidad de la resolución de la ANAM comprendiendo la importancia de que Panamá cuente con una regulación de Caudal Ecológico en concordancia con las obligaciones internacionales, que procure la salud de los ecosistemas acuáticos y garantice los derechos humanos”, señaló Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. AIDA solicita que la Corte Suprema declare la nulidad de la resolución de la ANAM por considerar que la misma violenta principios y obligaciones internacionales contraídas por el Estado panameño de proteger la biodiversidad de los ecosistemas y su uso racional, los derechos humanos como el de acceso al agua, al ambiente sano y a la vivienda.  Asimismo, AIDA considera que la resolución carece de mecanismos de participación para establecer el caudal ecológico de forma tal que incorpore las necesidades de todos los interesados en cada cauce. 

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Derechos del ambiente: el Papa está de nuestro lado

En su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas hoy en Nueva York, el Papa Francisco instó apasionadamente por la defensa del ambiente, proclamando que el mundo natural debe tener los mismos derechos y protección que la humanidad. El Papa insistió en el “derecho del ambiente”, porque, según el Sumo Pontífice: “los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. (…) Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. (…) Para todas las creencias religiosas, el ambiente es un bien fundamental”. El Papa también proclamo el carácter fundamental del esfuerzo contra el cambio climático que requiere acciones concretas y efectivas. Este esfuerzo tendrá un momento decisivo este diciembre en la Conferencia de París donde gobiernos de todo el mundo se darán cita para decidir las acciones globales ante la crisis climática. El Papa declaró: "Confío también que la Conferencia de París sobre cambio climático logre acuerdos fundamentales y eficaces”. En la Asamblea de Naciones, con presencia de dirigentes y representantes de los pueblos del mundo, el Papa agregó: “El mundo reclama de todos los gobernantes una voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos concretos y medidas inmediatas, para preservar y mejorar el ambiente natural”. Este discurso histórico es un hito en la lucha por la defensa del ambiente y en contra de la crisis climática. Es un impulso más para todos los días seguir luchando por la preservación de la biodiversidad, de los ecosistemas, del agua dulce, del equilibrio de este planeta, creación maravillosa que los humanos compartimos con otras formas de vida. En AIDA todos los días luchamos por defender el derecho a un ambiente sano en las Américas, y en nuestro programa de Cambio Climático acompañamos y apoyamos los procesos de negociación y decisión ante la crisis climática.  Mientras la humanidad y el ambiente sufran por causa del desarrollo irresponsable, continuaremos nuestra lucha por la defensa del ambiente.

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Belo Monte incumple condiciones para operar: concluye autoridad ambiental

Altamira, Brazil. El Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) publicó ayer el análisis técnico de la represa de Belo Monte concluyendo que las condiciones para otorgar la Licencia de Operación no se han cumplido.  Diez de las doce condiciones identificadas por IBAMA son consideradas esenciales para otorgar la licencia.  Hasta que el consorcio Norte Energia cumpla esas condiciones la continuidad del proyecto será interrumpida y el embalse no podrá comenzar a llenarse. "Recibimos positivamente la evaluación detallada de IBAMA para Belo Monte, una represa que ya ha causado graves impactos a los derechos humanos y al ambiente" dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA.  "En el futuro es crucial que todas las condiciones se cumplan integralmente y que existan medidas efectivas para proteger a las personas del Xingú y al ambiente, antes de otorgar la licencia".   Por más de cinco años, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ha ayudado a organizaciones y a comunidades indígenas y locales en la dura lucha para denunciar las irregularidades del proyecto Belo Monte.  Las conclusiones de IBAMA reafirman los argumentos de quienes por años se han opuesto a la represa debido a los impactos socioambientales negativos.   "Si el gobierno de Brasil aprueba la licencia de operación sin antes garantizar la protección del ambiente y de los derechos humanos, estará violando sus compromisos internacionales", dijo María José Veramendi, abogada de AIDA.   AIDA y organizaciones aliadas hemos argumentado que no existen condiciones para la aprobación de las licencias de Belo Monte.  Siguen pendientes aspectos esenciales como agua potable, saneamiento y servicios de salud y la garantía de los derechos mínimos a la población desplazada.   En 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de comunidades indígenas afectadas en la cuenca del río Xingú.  La gravedad de las violaciones a los derechos humanos se evidencia en un informe del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil, al que AIDA contribuyó, así como en información de autoridades gubernamentales de protección de pueblos indígenas, de salud y por el Ministerio Público Federal.   AIDA espera que el informe técnico de IBAMA sea seriamente atendido en la decisión final con respecto a la licencia de operación.  La negación de la licencia podría finalmente servir como un cambio positivo hacia futuros proyectos planeados en la Amazonía de Brasil y en toda la región, enviando un mensaje positivo que proyectos de desarrollo económico no pueden implicar violaciones a derechos humanos.

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