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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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Por Camila Cossio, expasante de AIDA Un día, durante mi pasantía en la oficina de AIDA en San José, almorcé con una amiga de Estados Unidos. Ella me habló de su viaje por las playas de Costa Rica. Todo lo que describía sonaba hermoso: el agua clara y azul, los cangrejos ermitaños que dejaban su concha para desayunar en las primeras horas de la mañana, las frutas dulces que caían sobre la arena suave, y los árboles verdes y frescos que daban sombra ante el cálido clima costarricense. Pero su estado de ánimo cambió de pronto. Pasó de la felicidad a la preocupación al explicar cómo su compañero de trabajo sufrió un corte serio en el muslo cuando una tarde nadó demasiado cerca de un arrecife de coral. Ella estaba preocupada por la falta de preparación de su guía turístico para manejar la situación y por lo irresponsable que parecía que a los turistas se les permitiera —sin tener experiencia en buceo— nadar tan cerca de los arrecifes. Más allá de los peligros físicos para las personas, accidentes como el descrito, aunque parezcan no tener consecuencias, tienen un impacto grave en ecosistemas marinos sensibles como los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son ecosistemas únicos y complejos, vitales para la salud de los océanos. Aún así, 93 por ciento de los arrecifes en Costa Rica están en peligro, y el turismo es un factor significativo en su degradación. Amenazas del turismo a los corales Cuando por accidente los turistas tocan, contaminan o rompen partes de un arrecife, los corales experimentan estrés. Los organismos de coral tratan de luchar contra la contaminación de forma natural, pero este proceso conduce con frecuencia al blanqueamiento del coral, el cual ocurre cuando los corales pierden sus colores brillantes y se vuelven completamente blancos. Una vez que los corales se blanquean, no pueden contribuir más a la biodiversidad de la comunidad de arrecifes, la cual depende de interacciones simbióticas entre peces, invertebrados y sus hábitats. Además, ya que la alteración de un ecosistema del océano afecta gravemente a otros, comunidades de manglar y pastos marinos —especies de plantas de aguas poco profundas vitales para la salud del ecosistema marino— resultan también seriamente amenazadas por el estrés de los corales. Otro problema significativo que los arrecifes de coral enfrentan es la sedimentación. Cuando residuos sólidos son depositados en las profundidades de los cuerpos de agua, contaminan los ecosistemas marinos y bloquean la luz necesaria para la fotosíntesis. Cuando la luz es bloqueada, los inmóviles arrecifes de coral se blanquean y mueren. En Costa Rica, las fuentes de sedimentación incluyen el dragado, la tala, la agricultura y el desarrollo costero impulsado por el sector turístico. Un Arrecife Bajo el Estrés de la Sedimentación: Una Década de Degradación, un estudio del biólogo costarricense Jorge Cortés, documenta los impactos negativos del turismo en los arrecifes de coral de la región de Cauhita, Costa Rica. Otro estudio de caso sobre los arrecifes de Bahía Culebra encontró que el desarrollo costero relacionado con el sector turístico no estaba regulado. Debido a ello, los arrecifes de coral en el Pacífico continúan sufriendo. La sedimentación seguirá destruyendo los arrecifes si no se establecen mejores principios de manejo. En 1994, por ejemplo, un arrecife en Bahía Culebra se quemó debido a los sedimentos sobrantes de la construcción de un centro turístico. Ocho por ciento del arrecife quedó completamente destruido. La literatura científica prevé que 50 por ciento de los arrecifes de coral en América Latina estarán en riesgo en los próximos cinco o 10 años. Estudios muestra que, a nivel global, 30% de los arrecifes ya están seriamente dañados y que se espera que 70% de todos los arrecifes de coral desaparezca en 2030 si no se toman medidas correctivas para detener los impactos antropogénicos negativos en las comunidades de arrecifes de coral. Construyendo un futuro para los arrecifes de coral El turismo sostenible es un gran concepto en el papel, pero difícil de hacer cumplir en la realidad. La construcción de propiedades costeras requiere el dragado de aguas. Ello crea el drenaje de contaminantes provenientes de caminos, parqueos y aeropuertos. Las aguas residuales que son vertidas al océano y una agricultura más intensiva para cubrir a toda la población incrementan la sedimentación. Aunque es difícil que una sola persona detenga proyectos masivos como éstos, es fácil dar pequeños pero poderosos pasos: no recoger vida silvestre para recuerdos (conchas, restos de coral y plantas); ser consciente de lo que llevas contigo —botellas de agua reusables, una mochila para tu basura en caso de que no exista un lugar cercano para el depósito apropiado de residuos—; tomar el bus en lugar de ir en coche; y, de ser posible, investigar un poco sobre los hoteles u hostales en los que te quedas. Muchos hoteles costeros arrojan sus aguas grises —aguas residuales de la lavandería, cocina y procesos domésticos no sanitarios— en el océano, contribuyendo a la sedimentación y contaminación de los ecosistemas de arrecife de coral. Es importante ser conscientes que muchas actividades realizadas en tierra pueden dañar directamente el ecosistema marino. Ser un turista amigable con el ambiente no tiene que ver con ser perfecto, pero las acciones individuales, aunque parezcan pequeñas, pueden tener realmente un gran impacto. AIDA brinda recomendaciones necesarias para leyes y prácticas efectivas que preserven y protejan a los arrecifes. Consulta nustra Guía de Buenas Prácticas.
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Brasil responderá junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por violações de direitos humanos relacionadas à hidrelétrica de Belo Monte
Depois de quatro anos, o órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA) decidiu abrir a tramitação do caso e pedir uma resposta ao Estado brasileiro às denúncias de violações de direitos humanos decorrentes do projeto hidrelétrico em construção na Amazônia. Washington D.C., Estados Unidos. No momento em que se inicia o enchimento dos reservatórios da represa de Belo Monte, o Brasil é chamado a responder perante a organismos internacionais sobre as violações de direitos humanos decorrentes do projeto. Em 21 de dezembro de 2015, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) deu início ao caso apresentado contra o Brasil pelas organizações Justiça Global, Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH) e Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), que representam as pessoas atingidas pela construção da hidrelétrica. A etapa de revisão inicial estendeu-se por quatro anos, com diversas solicitações de tramitação rápida por parte das organizações peticionárias. A decisão pela abertura da tramitação do caso significa que, enfim, o Estado brasileiro será obrigado a responder às denúncias de violações de direitos humanos decorrentes do projeto Belo Monte. “Já está na hora de o Brasil responder integralmente a nossas denúncias a respeito da ausência de consulta e consentimento prévio, livre e informado das comunidades indígenas afetadas; da falta de participação e de estudos de impacto ambiental adequados, dos deslocamentos forçados e das violações aos direitos à vida, integridade, saúde e justiça das comunidades indígenas, ribeirinhas e moradores da cidade de Altamira”, destacou María José Veramendi Villa, advogada da AIDA. “A abertura do caso é antes de tudo uma vitória das populações atingidas e movimentos sociais envolvidos, que resistiram durante todos esses anos e permanecem firmes e determinados na busca por justiça e reparação” observa Raphaela Lopes, advogada da Justiça Global. Em novembro do ano passado, o Instituto Brasileiro do Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA) outorgou a licença de operação para a hidrelétrica de Belo Monte. Com isso, permitiu-se o enchimento da represa. Esta licença foi outorgada apesar de a Norte Energia - empresa encarregada do projeto – não ter cumprido com as condicionantes necessárias para garantir a vida, saúde e integridade da população afetada. As comunidades indígenas afetadas pela hidrelétrica estão protegidas por medidas cautelares outorgadas em 2011 pela Comissão, as quais o Estado brasileiro ainda não cumpre. No início de dezembro, o Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas visitou a cidade de Altamira, a mais próxima da construção da represa e uma das áreas mais afetadas pelo deslocamento e pelos conflitos socioambientais provocados pela construção da hidrelétrica. O GT se reuniu com alguns dos grupos afetados, entre eles membros de comunidades ribeirinhas e povos indígenas, escutando suas denúncias. Após a visita, o Grupo emitiu um pronunciamento no qual exortou ao Governo brasileiro a respeitar os direitos humanos e a não sacrificá-los às custas do desenvolvimento econômico. O Grupo de Trabalho deve apresentar seu informe final a respeito da visita ao Conselho de Direitos Humanos em junho de 2016. A expectativa é que haja um seguimento adequado a sua visita e que o informe seja contundente e explícito sobre as violações de direitos humanos decorrentes de Belo Monte e o acionamento do Estado brasileiro e das empresas envolvidas. As organizações que representam as vítimas continuarão trabalhando para que o Brasil responda pelas violações de direitos humanos causadas pela hidrelétrica.
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