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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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Chile: Organizaciones llaman a la SMA a revocar autorización ambiental de Nova Austral
"Es incomprensible que ante un 'infractor serial', calificación que el propio superintendente dio a la empresa, no haya revocación del permiso ambiental. Las multas, que ya se han aplicado en casos anteriores de salmonicultura , no han tenido impacto sobre el desempeño de las empresas", señalaron desde las ONG FIMA, AIDA y Greenpeace, quienes calificaron como insuficientes las sanciones aplicadas por la autoridad. Las organizaciones Greenpeace, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y ONG FIMA calificaron de insuficientes las sanciones aplicadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a la empresa Nova Austral, y llamaron a no permitir que la empresa se instale en la Reserva Nacional Kawésqar. El organismo sancionó con cinco cargos, uno calificado como "gravísimo" por 1.013 Unidades Tributarias Anuales (UTA) y cuatro Leves por un total de 928.2 UTA (el equivalente a más de 1.200 millones de pesos), a la empresa de capitales noruegos Nova Austral S.A., titular del Centro Salmónidos Aracena 19, ubicado al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini, en la Región de Magallanes. Los incumplimientos sancionados dicen relación con el ocultamiento de información que evitó que la SMA ejerciera sus atribuciones fiscalizadoras; inadecuado manejo de mortalidad y de residuos sólidos, incumplimiento de medidas preventivas en su Plan de Contingencias, además de un pretil de plataforma de ensilaje (estructura utilizada para el manejo de la mortalidad de los salmones) que presentaba daños estructurales. La infracción a cargo gravísimo fue porque eltitular no remitió copia digitalizada de la bitácora de control diario de mortalidad sometida a ensilaje en el centro, correspondiente al ciclo productivo 2016-2018. "Esta nueva sanción a la empresa Nova Austral muestra que estamos frente a proyectos que no dan garantías mínimas de protección del medio ambiente marino y que a pesar de eso, son aprobados sin una evaluación rigurosa por parte de la institucionalidad. Estamos hablando de procesos que causan daño ambiental en un Parque Nacional (de Agostini en este caso) y de una empresa que ya ha recibido numerosas sanciones. No parece razonable que se le continúe permitiendo actuar al margen de la normativa ambiental, instalándose en otra área protegida, como es la Reserva Nacional Kawésqar", señaló Ezio Costa, Director Ejecutivo de la ONG FIMA. Este procedimiento, se dio en el marco del escándalo que protagonizó la empresa Nova Austral en 2019, luego de que la investigación periodística “salmon leaks” revelara que la empresa falsificó información respecto a las cifras de mortalidades de salmones, en uno de sus centros ubicado en la Región de Magallanes. El caso, además de haber sido denunciado ante la Superintendencia de Medio Ambiente, es parte de una querella presentada por parte del Consejo de Defensa del Estado en contra de los ex ejecutivos de la empresa, por posible fraude al fisco. "Nuevamente la SMA se niega a revocar la resolución de calificación ambiental, teniendo las facultades legales para hacerlo, lo que es incomprensible y decepcionante. Vemos que aún ante los cargos más graves posibles, no hay cese del permiso ambiental. ¿Qué más tiene que pasar? Además de daño ambiental estamos ante una clara intención de esconderlo a través de la falsificación de información, lo que lo hace más grave y peligroso. La misma empresa, busca ahora relocalizar sus centros en la Reserva Kawésqar, en una actitud irresponsable, que sostenemos es completamente ilegal, y que afectará gravemente el medio ambiente y territorio indígena", señaló Estefanía González, Coordinadora de Campañas de Greenpeace. Desde AIDA, la abogada Florencia Ortuzar agregó: "Nova Austral cometió delitos gravísimos con consecuencias difíciles de cuantificar en espacios de alto valor ambiental, los mares patagónicos. Es en esas zonas donde la naturaleza tiene la posibilidad de regenerarse, si le damos la oportunidad. Mientras Nova Austral es sancionada por un lado, se está expandiendo por el otro. Las multas son merecidas, pero necesitamos una ejemplificación muchísimo más potente, coherente con el daño ocasionado. Es hora de que la SMA marque límites infranqueables, sancionando este caso gravísimo con revocación de la RCA. Una empresa que ha generado tanto daño en nuestro ambiente no puede seguir gozando de licencia para operar". CONTACTO DE PRENSA Victor Quintanilla, [email protected], +52 5570522107
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El Sexto Informe del IPCC: la cruda realidad que debemos enfrentar con agencia y esperanza
“Los adultos siguen diciendo: 'Lo que le debemos a los jóvenes es esperanza'. Pero no quiero su esperanza. No quiero que tengan esperanza. Quiero que sientan pánico. Quiero que sientan el miedo que siento cada día. Y luego quiero que actúen”. -Greta Thumberg, dirigiéndose al Foro Económico Mundial en enero de 2019. El Sexto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) llegó a confirmar lo que temíamos. Con evidencia científica más afinada que nunca, el informe alerta acerca de la situación crítica en la que estamos. El cambio climático se está intensificando, afectando todas las regiones del planeta. La responsabilidad de la humanidad en dicho desequilibrio es ahora referida como “inequívoca”. Ello implica que tampoco hay dudas de que está en nuestras manos hacernos cargo del problema. Los múltiples y agresivos eventos climáticos de los últimos meses en todo el mundo muestran que pasamos de las meras advertencias a verdaderas experiencias apocalípticas. El Panel no exagera. Inundaciones donde mueren cientos de personas en algunos de los países más ricos del planeta e incendios que arrasan miles de hectáreas en varios puntos del globo son solo algunos ejemplos. Pese a todo esto, ¡aún hay esperanza! Y la esperanza es nuestra principal aliada para cambiar el rumbo. El informe proyectó cinco escenarios según las medidas de mitigación que podría implementar la humanidad, de menos a más ambiciosas. Todos ellos, incluso el más ambicioso, resultan en superar los 1.5 °C de temperatura promedio del planeta para el 2040. A pesar de lo lapidario de esa previsión, el informe también demuestra que, de tomar medidas agresivas para reducir los gases de efecto invernadero (GEI), podríamos estabilizar el aumento en 1.4 °C para 2100. La batalla no ha terminado y menos puede considerarse perdida. Las consecuencias más importantes de este desequilibrio planetario son aún inciertas y se están jugando en la cancha. ¿Y ahora qué? Las reducciones drásticas de GEI solo serán posibles con cambios sistémicos a nivel de gobiernos y corporaciones. Necesitamos también ajustar nuestras narrativas para no caer en el derrotismo y en la desesperanza, porque no hay evidencia científica que avale la rendición. Tampoco debemos permitir que el movimiento ambiental se divida, estando alertas a las campañas de cizaña y desvío que practican nuestros opositores. La desesperanza, la sensación de derrota y la división de nuestras voces son precisamente las cartas ganadoras de quienes se resisten al cambio. Algunas acciones necesarias y urgentes incluyen: Apuntar a una transición energética rápida y justa, que respete los derechos humanos e incluya un enfoque de género; y a un nuevo tipo de desarrollo que no arrase con la naturaleza, sino que la aprecie y respete. Estos cambios no deben generar miedo. La tecnología para generar energía con mínimas emisiones e impactos ambientales existe, está probada y tiene mayor potencial de generar empleos que la industria de los combustibles fósiles. Un mundo impulsado por energía renovable y limpia es un mundo más justo y verde. Hacer que las industrias y empresas que mueven nuestra economía se hagan responsables de lo que sus actividades dejan. El subsidio de la naturaleza al desarrollo económico ya superó lo razonable. Un proyecto que impacta el ambiente, que arremete con el equilibrio de la naturaleza, ya no es viable. Tenemos de nuestro lado la institucionalidad y los principios de derecho nacional e internacional que velan por el ambiente y los derechos humanos. Debemos interpretarlos y usarlos como lo que son: fuentes de derecho vinculante y obligatorio. Velar por la protección de los sitios naturales que aún no han sido intervenidos, sobre todo los de alto valor ambiental. La naturaleza tiene la capacidad de regenerarse y sanar, pero hay que darle la oportunidad. En esto son claves los pueblos indígenas y tradicionales, guardianes de sus bosques y territorios. Abogar por el correcto uso de los fondos climáticos a nivel internacional, asegurando que el beneficio sea la justicia climática y no soluciones falsas que hacen más daño que la propia enfermedad. Las instituciones financieras nacionales e internacionales mueven enormes cantidades de dinero cada año para enfrentar el cambio climático. Los fondos destinados a mitigación y adaptación están disponibles y los proyectos a financiar deben cumplir con salvaguardas ambientales y sociales. El costo monetario de no actuar o de no actuar lo suficiente es mucho más alto que el que tiene adoptar de inmediato medidas efectivas y tajantes. Ser estratégicos y apoyarnos en la ciencia para aprovechar cada oportunidad de mitigación. Un ejemplo es la reducción de los contaminantes climáticos de vida corta, que fueron especialmente abordados en el reciente informe del IPCC. Estos contaminantes han carecido históricamente de la atención que merecen por la increíble oportunidad que su mitigación implica. Uno de ellos es el metano, cuya presencia en el ambiente se encuentra más alta que nunca. El metano —cuyas fuentes incluyen la minería de carbón, el fracking, los embalses de las grandes represas y la ganadería intensiva— tiene 67 veces más poder que el dióxido de carbono (CO2) para calentar el planeta en un periodo de 20 años, y sus emisiones provocan casi el 25% de ese calentamiento. Reducir estos contaminantes implica además mejorar la calidad del aire en muchas ciudades. Lograr resultados ambiciosos en las negociaciones internacionales y honrar los tratados que protegen el planeta, aprovechando la fuerza que tenemos cuando actuamos coordinados. Es cierto que llevamos 25 años de conferencias de la ONU sobre cambio climático sin lograr reducir emisiones, pero también es cierto que tenemos un acuerdo firmado por todos los Estados miembros que es vinculante y que ordena a cada país hacer su parte para evitar superar las barreras peligrosas del calentamiento. No desestimemos lo que se ha logrado, más bien, sigamos construyendo sobre ello. Debemos exigir estas acciones y no conformarnos con menos. Debemos estar alertas para votar a líderes y lideresas que tengan lo necesario para remar hacia ese lado. Cada pequeña victoria, cada tonelada de CO2 que se mantenga bajo tierra, cada espacio natural que se conserve nos aleja de los peores efectos de esta crisis. Es lo que nos toca. La naturaleza debe ir primero. Se lo debemos a quienes habitarán este hermoso planeta en el futuro cercano y lejano.
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Reacción: El Congreso de la UICN vota a favor de una moratoria a la minería de aguas profundas
Marsella, Francia. El Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó hoy, con un apoyo abrumador, una moción en la que se pide una moratoria para la explotación minera de los fondos marinos. 81 gobiernos y organismos gubernamentales votaron a favor de la moratoria, 18 en contra y hubo 28 abstenciones. Entre las ONG y las organizaciones de la sociedad civil, la votación fue de 577 a favor, 32 en contra y 35 abstenciones, enviando un fuerte mensaje a los gobiernos sobre la existencia de una oposición global a la minería de aguas profundas. "Estamos muy satisfechos de ver que tantos gobiernos, organismos y ONG han votado a favor de una moratoria de la minería de aguas profundas; el apoyo ha sido abrumador", dijo Matthew Gianni, cofundador de la Coalición para la Conservación del Mar Profundo (DSCC por sus siglas en inglés). "Los países miembros de la AIFM, incluida Francia, país anfitrión de este Congreso, tienen que despertar y actuar en nombre de la sociedad civil y el ambiente, y tomar medidas en apoyo de una moratoria". Los científicos han advertido que la minería en aguas profundas causará una pérdida de biodiversidad y una degradación de los ecosistemas a gran escala, la cual será irreversible, especialmente en las zonas internacionales de los océanos. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), organismo regulador multilateral creado en 1994 en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, está debatiendo si debe comenzar a conceder licencias para la explotación minera comercial de los fondos marinos en tan sólo dos años. 167 países, además de la Unión Europea, son miembros de la AIFM. El Ministerio de Ambiente alemán, el Gobierno de Fiyi y muchos otros organismos gubernamentales votaron a favor de la moción 069. Nauru ha puesto en marcha la llamada regla de los dos años en la AIFM, en el marco de la cual se espera que la Autoridad expida una licencia comercial para la explotación minera. 47 países africanos han impugnado la activación y Sian Owen, director de la DSCC, afirma: "Esperemos que el voto en Marsella se traduzca en una votación en la AIFM para adoptar una moratoria sobre la minería de aguas profundas". La moción 069, que promueve la protección de los ecosistemas de las profundidades oceánicas y su biodiversidad, mediante una moratoria a la explotación minera de los fondos marinos, fue patrocinada por Fauna y Flora Internacional y copatrocinada por la Fundación MarViva (Costa Rica), el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (EE. UU.), Sylvia Earle Alliance/Mission Blue (EE. UU.), Synchronicity Earth (Reino Unido), Wildlands Conservation Trust (Sudáfrica), World Wide Fund for Nature – International. PARA INFORMACIÓN ADICIONAL Matthew Gianni, UICN, 31 646 168 899 Sian Owen, UICN, 31 648 502 659 María José González-Bernat, AIDA, 57 350 464 5678 CONTACTO DE PRENSA Victor Quintanilla (México), [email protected], 52 55 7052 2107
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