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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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La cita fue en un domingo caluroso de julio. Junto a comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes desplazadas por la minería de carbón, miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos, empleados de la empresa Cerrejón y funcionarios de gobierno caminé por más de cinco horas por donde alguna vez corrió el cauce natural del arroyo Bruno. Lo que vi a mi paso fueron restos de caracoles que murieron de sed, pegados al fango, y el cuerpo sin vida de un tigrillo que, inerte, nos muestra lo que no debería pasar de nuevo. El Bruno es una vena de agua que irrigaba el departamento de la Guajira, ubicado en el extremo norte de Colombia y azotado hace años por una sequía extrema. El arroyo es un generoso tributario del río Ranchería, una de las fuentes hídricas más importantes del departamento, y hace parte de los sistemas subterráneos de agua que han dado vida a las comunidades de la región. Fue doloroso caminar por donde alguna vez el Bruno fluía libre, pensar —mientras lo hacía— que lo que ahora es un tramo seco, antes era un caudal rebosante de vida. Ese domingo también recorrimos lo que ahora pretende ser el cauce artificial del arroyo después que, en 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizara a Cerrejón desviar 3,6 kilómetros del caudal del Bruno para favorecer la continuidad de la explotación de carbón en la Guajira. Varias cosas me impresionaron ese día. Una de ellas fue que pese a que los ríos nos pertenecen a todos y las fuentes naturales de agua son públicas, estuvimos siempre acompañado por empleados de la empresa. Entramos a terrenos “de propiedad” de la concesionaria de explotación de carbón en la Guajira. Las comunidades que antes transitaban libremente la rivera del arroyo hoy no pueden hacerlo. Aunque el Bruno es una de las pocas vertientes de agua del departamento menos lluvioso de Colombia y una de las escasas fuentes de agua dulce de las comunidades, su cauce fue taponado y desviado para facilitar la minería. Una obra de ingeniería afectó una de las vertientes más importantes para una región sedienta y creó un camino artificial por el que no corre ni un hilo de agua. “Si llevan agua son ríos; si no, son caminos, nos enseña uno de los versos del poeta indígena guatemalteco Humberto Ak'abal. El nuevo “cauce” del Bruno no es río, “sino camino estéril” que atestigua el deterioro de un ecosistema sensible. El “camino” no recupera ni mitiga los daños de la desviación del arroyo. Por el contrario, produce nuevos. El mundo enfrenta una crisis climática y la minería de carbón es una de sus principales causas. Mientras varios países están reemplazando el uso de carbón en sus matrices energéticas por opciones limpias, en Colombia se decide secar un río para explotar cada vez más carbón. Recorriendo caminos de justicia Pese a todo, al día siguiente de la caminata, la frustración por lo absurdo no impidió un asomo de esperanza. El lunes, a la audiencia pública convocada por algunos congresistas para la rendición de cuentas sobre lo ocurrido con el Bruno, llegaron los representantes de las comunidades y organizaciones. La fuerza y dignidad de sus palabras, en donde se cifran décadas de resistencia, me abrazaron el alma. “Este territorio es nuestro, nuestros ríos son nuestra vida y la vida se cuida, por nuestros hijos, por nuestro presente y por nuestro futuro y el del mundo”. Como en muchas ocasiones antes, la Guajira le habló al país y al mundo. Les dijo que no es posible que se priorice el uso del agua para la minería sobre su consumo humano Les advirtió que el país debe transitar a formas de producción de energía que no generen los daños que la minería de carbón ha provocado por décadas en el clima, los derechos humanos y en los ecosistemas y especies que nos sostienen. El arroyo debe volver a su cauce, los caracoles deben beber nuevamente de sus aguas y ningún tigrillo debe seguir muriendo por la destrucción de su mundo. En una sentencia de 2017, la Corte Constitucional evidenció que existen incertidumbres sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto de modificación del cauce del arroyo Bruno. Y ordenó la creación de una Mesa Interinstitucional para resolver las denuncias de las personas afectadas. Las comunidades seguirán exigiendo el cumplimiento de ese fallo y demostrando que las incertidumbres son en realidad certezas de daños que siguen minando sus vidas. AIDA, junto con otras organizaciones, seguirá acompañando esa lucha para evidenciar los daños de la minería de carbón y promover alternativas limpias y justas que respeten el ambiente y a las personas.
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Ciudad de México. El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos indígenas, siendo un momento para reflexionar acerca del legado que ellos han heredado de sus ancestros, sus prácticas bioculturales, su manera de relacionarse con la gente y la naturaleza. Pero no solo eso. Retienen además esquemas sociales, culturales, económicos y políticos distintos de los dominantes en la sociedad mexicana y que, lamentablemente, enfrentan grandes retos y problemáticas a la hora de proteger sus derechos individuales y colectivos como pueblos diferentes. Los pueblos originarios han buscado por años el reconocimiento y respeto de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus tierras y territorios, así como la lucha por la defensa de sus recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia sus derechos han sido violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas por el modelo de desarrollo promovido por años. El caso particular de las comunidades mayas radicadas en Hopelchen, Campeche, no es la excepción. El permiso 07_2012 otorgado a la empresa Monsanto en 2012 para la siembra comercial de 253,500 hectáreas de soya genéticamente modificada (GM) para 7 estados del país, incluyendo los de la Península de Yucatán vino a trastocar la economía, la convivencia y relativa paz en la región. A pesar del impacto negativo y la transformación sustancial que la siembra de soya transgénica conlleva en los modos de vida de los campesinos de la región, las comunidades indígenas afectadas no fueron informadas y mucho menos consultadas sobre el permiso otorgado a la empresa; tampoco sobre la pertinencia de sembrar esta oleaginosa, principalmente destinada para producción de aceites y grasas, así como alimentos para animales. En 2019 las comunidades mayas viven en resistencia frente a distintas afectaciones vinculadas a dicho cultivo: su principal actividad económica, la apicultura, exportada en su mayoría a la Unión Europea, ha sufrido mermas, no solo por el abuso de agroquímicos sino por la reducción de zonas de pecoreo para las abejas debido a la tala ilegal de montes y selvas, siendo el municipio de Hopelchen de los más deforestados en todo el país. Hay que reconocer que las abejas no son las únicas víctimas de este modelo de desarrollo depredador sino también la flora y fauna de la región, junto con los cultivos de las propias comunidades. El crecimiento acelerado de las áreas de cultivo para el establecimiento de grandes extensiones de monocultivos no solo trae como consecuencia la deforestación. Se han abierto a la agricultura zonas de selvas inundables (no aptas para el uso agrícola) en donde se han desecado aguadas y se construyen pozos de absorción de agua ilegales para evitar que los cultivos se inunden. Estos pozos de absorción actúan como desagües a través de los cuales enormes cantidades de residuos de agrotóxicos, incluyendo el potencialmente cancerígeno glifosato, contaminan el agua en los mantos freáticos, de la cual se abastecen las comunidades para consumo humano, sin que ninguna autoridad les informe sobre las afectaciones en su salud a mediano y largo plazo. Por otro lado, el descontrolado incremento de fumigaciones aéreas con agroquímicos muy cercanas a poblados como Suc Tuc, Ich-Ek, Poste y Sahcabchen, del municipio de Hopelchén, pone en evidencia el nulo control de las avionetas que pasan cerca de las comunidades, rociándolas con agroquímicos, omitiendo la aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias adecuadas, provocando no solo que los habitantes perciban el olor de los químicos sino que algunos reporten dolor de cabeza, mareos y vómito. El riesgo para la salud humana que esto implica es muy grande. Además se observan graves daños en la apicultura y las selvas de los ejidos que colindan con las áreas fumigadas. Los peligros que conlleva el actual modelo agroindustrial basado en semillas transgénicas, monocultivos y agroquímicos, ha violentado diversos derechos humanos de las comunidades mayas, como el derecho a la salud, al agua libre de sustancias químicas, al medio ambiente sano, a la alimentación, a ser informados, escuchados y consultados, entre otros. Las comunidades mayas de Hopelchén, apoyadas por investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil, han venido denunciando desde hace ocho años las afectaciones y los riesgos asociados a este modelo depredador. “Estos dos modelos de desarrollo hoy confrontan a los pobladores de Hopelchén, ejerciendo presión de un grupo sobre otro que, incluso, alcanzan niveles preocupantes de descalificaciones y acusaciones falsas, como el que las comunidades mayas en resistencia “son marionetas de ambientalistas”. Estas declaraciones buscan acallar las voces de líderes indígenas y de sus familias, vulneran su integridad y se dan en un contexto de omisión por parte de las autoridades al no asumir su responsabilidad en la aplicación y cumplimiento de la ley, atentando contra el derecho a emprender la defensa de los derechos humanos ¡Esto debe parar ya¡”, señaló Carlos Escoffié, abogado del Colectivo de Comunidades de Los Chenes. “Las corporaciones deben responsabilizarse por sus impactos al ambiente y a la salud de las poblaciones, respetando sus derechos humanos; mientras que los agentes del Estado deben prevenir, investigar, sancionar y reparar, así como defender y garantizar esos derechos humanos, actuando en favor de los pueblos y comunidades indígenas en lugar de apoyar los intereses económicos empresariales”, explicó Maria Colin, campañista legal de Greenpeace México. “El gobierno mexicano debe cambiar las políticas agrícolas erróneas que promueven un modelo basado en monocultivos, plaguicidas y transgénicos y, en vez de ello, apoyar a los agricultores y comunidades indígenas que producen alimentos sanos mediante un buen manejo sustentable de sus recursos naturales, en armonía con la naturaleza”, señaló Colin. Suscriben: Greenpeace México Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Cohesión Comunitaria e Innovación Social Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. Colectivo de Comunindades Mayas de los Chenes. Contactos de prensa: Angélica Simón, Greenpeace, 5534313544 Colectivo de Comunidades de Los Chenes, [email protected] Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano, los lagos Poopó y Uru Uru son fuente importante de agua para la biodiversidad de la zona, así como para comunidades indígenas y campesinas. Ambos ecosistemas, considerados Humedales de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, están en grave riesgo por la actividad minera, el desvío de ríos y la crisis climática.
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