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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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Los días 18 y 19 de julio de 2019 se encontraron en la ciudad de Valledupar en la Universidad Popular del Cesar, un diverso grupo de procesos, comunidades y pueblos afros e indígenas, organizaciones de trabajadores, organizaciones no gubernamentales ambientalistas y defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales comunitarias, universidades y estudiantes de los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira para unirse en torno a las afectaciones producidas por la cadena del carbón en el caribe colombiano. Discusiones en torno al extractivismo fueron abordadas desde diversas aristas y perspectivas por parte de los distintos actores. Una preocupación generalizada son los proyectos energéticos, denominados alternativos, que siguen avanzando con la misma lógica extractivista y que están generando graves impactos en la tierra y el territorio, y en la vida de las comunidades, en particular mujeres, comunidades étnicas y campesinas. Frente a las preocupaciones surgidas en ese encuentro, decidimos conformar un espacio de articulación que tenga como objetivos principales la defensa de la tierra, el agua y el territorio del Caribe Colombiano frente a las amenazas de la expansión extractivista y empresarial, y sus proyectos en curso asociados a la cadena de carbón y otras empresas. Así como la construcción y fortalecimiento de alternativas al desarrollo y de proyectos propios de las comunidades. Convocamos a todos los sectores, procesos, organizaciones, universidades y ciudadanía en general a sumarse a las acciones colectivas que luchan por la autonomía y las necesidades locales para hacer frente al modelo extractivista y a construir y compartir alternativas, que integren el respeto a los derechos humanos y el ambiente, a este modelo. Suscriben: Alianza Contra el Fracking en La Sierra Nevada de Santa Marta Asociación de Campesinos Asocamlirsal Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Business & Human Rights Resource Centre CENSAT-Agua Viva Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Comité Cívico San Antonio Comisión Colombiana de Juristas Consejo Comunitario NEGROS ANCESTRALES DE TABACO Consejo Comunitario El NEGRO DE MINGUEO. C.C.N.M Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales- Prodeter Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) Oraloteca Semillero Transición Energética Unimagdalena – GACE
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Sentando un precedente positivo en el país y en una importante región del Gran Caribe, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) prohibió la pesca y comercialización de varias especies de peces herbívoros y omnívoros, medida orientada a conservar el ecosistema coralino de la zona. San Andrés, Colombia. Con el objetivo de conservar el ecosistema de corales y las playas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina —una de las zonas con mayor biodiversidad marina y costera de Colombia con más de 2,354 especies marinas registradas al momento— la autoridad ambiental de esa región emitió una resolución que prohíbe la captura y comercialización de varias especies de peces herbívoros y omnívoros. “Este avance hacia la conservación de los corales y las playas ocurre tras un proceso de más de 20 años que incluyó educación ambiental, investigación y monitoreo”, dijo Nacor Bolaños, Coordinador de Áreas Protegidas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA). “La necesidad de proteger a los peces loro y a otras especies herbívoras y omnívoras fue respaldada por los propios pescadores artesanales y por las comunidades locales, con quienes nos reunimos”. La resolución emitida por la entidad pública descentralizada protege a 14 especies de pez loro, cuatro de pez cirujano, cinco de pez mariposa y seis especies de pez ángel. Prohíbe por completo la pesca comercial, industrial, deportiva o recreativa de estos peces. Asimismo, prohíbe su pesca comercial artesanal usando arpón y/o artes de pesca similares. Y restringe completamente su comercialización, tenencia y almacenamiento, así como su traslado a otras zonas del país. “La resolución es un gran avance porque reconoce los beneficios de los corales para la pesca, el turismo, los recursos farmacéuticos y para la protección frente a los impactos de la crisis climática”, destacó María José Gonzalez-Bernat, asesora científica de AIDA. “Reconoce también el rol vital que cumplen varias especies de peces para mantener saludables a esos ecosistemas”. Al alimentarse de las algas que les quitan luz y espacio a los corales, los peces herbívoros favorecen la sobrevivencia de esos frágiles entornos. Además, numerosos estudios han dado cuenta que los peces loro favorecen el crecimiento de corales y la generación de arena para las playas. Y especies omnívoras como el pez ángel también ayudan a limpiar de algas los corales. AIDA apoyó la iniciativa de CORALINA desde un inicio, proporcionando información técnica, científica y legal. Además, abogó por la inclusión en la resolución de compromisos internacionales y regionales que protegen a estos peces. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina concentra el 77% de las áreas coralinas superficiales de Colombia y alberga la tercera barrera coralina más grande del mundo. La zona fue declarada Reserva de la Biosfera en 2000 por la Unesco y limita con ocho países del Gran Caribe: Venezuela, República Dominicana, Haití, Jamaica, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Pero su cobertura de corales se ha deteriorado con los años debido a fenómenos naturales y actividades humanas. A ello se suma la disminución de la población de peces herbívoros como el pez loro. “En ese sentido, esta regulación es un ejemplo para otros países que tienen arrecifes de coral en sus costas”, dijo Gonzalez-Bernat. “La resolución se sustenta en información científica y enfatiza el marco legal internacional que recomienda la protección de los corales y de los peces que apoyan su conservación”. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 155 70522107 Claudia Marcela Delgado (Colombia), CORALINA, [email protected], +57 313 8517300
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Enfrentamos como sociedad el grave riesgo de perder nuestro mundo natural, todo aquello que nos sostiene. Nuestras acciones están provocando la pérdida masiva y acelerada de entornos naturales, animales y plantas. Entre esas acciones están la creciente agricultura y ganadería, la destrucción de hábitats, la introducción de especies extrañas, la sobreexplotación directa de especies, la expansión de las áreas urbanas, la sobrepoblación y la contaminación. Así lo ha revelado el informe de la más reciente y más completa evaluación global sobre biodiversidad realizada hasta ahora. En el informe, elaborado por científicos de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), se evidencia que la capacidad de los ecosistemas de brindar beneficios a las personas ha disminuido drásticamente desde los años 70. Ello se debe a que los diferentes entornos se han reducido en 47% en promedio, a qué un 25% de las especies de flora y fauna está en peligro de extinción, a que la cobertura de arrecifes de coral es cada vez menor a causa del aumento de la temperatura en el agua y la acidificación de los océanos, fruto de la crisis climática y, entre otras cosas, a que un 33% de los recursos pesqueros se encuentran sobreexplotados. Pese a lo alarmante de las cifras, todavía podemos sacar al planeta de la situación de grave riesgo en la que lo hemos puesto. Sin embargo, ello requiere cambios radicales en diferentes ámbitos. El diagnóstico para América Latina Históricamente, el mundo ha pasado por cinco extinciones masivas que provocaron la pérdida de más del 70% de las formas de vida. La actual parece ser la sexta. Aunque la extinción de especies ocurre naturalmente, lo hace a un ritmo de una especie en un millón por año, pero el ritmo actual supera con creces el natural, pues se extinguen en un año al menos 100 especies por cada millón, algo que va en aumento. Otra forma de visualizar esta amenaza mundial es mediante el listado con el mayor número de especies en peligro de extinción. Cinco países de América Latina figuran entre los primero diez, siendo México el que lidera la lista con 665 especies amenazadas (71 especies de aves, 96 de mamíferos, 98 de reptiles, 181 de peces y 219 de anfibios). La situación de ese país se debe en gran medida a sus altas tasas de deforestación, práctica orientada a incrementar las áreas de cultivo y a cubrir su creciente demanda de alimentos. De hecho, América Latina y el Sudeste Asiático han perdido millones de hectáreas de ecosistemas terrestres y de agua dulce a causa del incremento de la agricultura (y del uso de fertilizantes en ella) y de la ganadería. Los otros cuatro países de la región con más especies amenazadas son Colombia (540 especies), Ecuador (436), Brasil (413) y Perú (385). La extinción de especies altera e impide que los ecosistemas, formados a partir de la interacción de distintas formas de vida, cumplan con funciones vitales como la producción de alimentos, el abastecimiento de agua, la regulación del clima y otros. Grandes cambios para asegurar nuestro futuro Aunque la vida en el planeta existe hace 4 mil millones de años, la humanidad, presente hace solo 200 mil años, ha logrado romper con el balance natural del mundo. Más allá de las implicaciones negativas, ello prueba la capacidad que tenemos de transformar nuestro entorno. El informe de la IPBES menciona las Metas de Aichi como acciones transformativas para proteger la biodiversidad. Una de ellas es la creación de áreas protegidas, medida que ha reducido los riesgos de extinción de especies de mamíferos y anfibios. Sin embargo, el informe enfatiza la necesidad de cambios drásticos en los valores y objetivos de los gobiernos para que las decisiones a nivel local, nacional e internacional estén alineadas para combatir las causas detrás de la degradación del planeta. En ese sentido y teniendo en cuenta también los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, necesitamos con urgencia orientar los esfuerzos a: Expandir y coordinar la red de áreas protegidas. Invertir en infraestructura verde. Producir alimentos, materiales y energía de forma sostenible. Consumir agua de manera racional y eficiente para un mayor aprovechamiento. Apoyar a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, quienes resguardan muchos de los últimos reductos naturales que tiene el planeta. Abordar adecuadamente el crecimiento de la población y los niveles de consumo. Crear nuevas normas ambientales y mejorar el cumplimiento de las que ya existen. Frenar la contaminación y la sobreexplotación de recursos naturales. “La gente no debe entrar en pánico, pero debe comenzar a generar un cambio drástico. Hacer las cosas como hasta ahora, con pequeños ajustes, no será suficiente”, dijo Josef Settele, profesor del Centro Helmholtz de Investigación Ambiental de Alemania y copresidente de la IPBES. Nuestro aire, agua y alimentos dependen de la biodiversidad: la variedad de formas de vida del planeta y la interacción entre ellas. Cuidar ese patrimonio es una tarea común y más urgente que nunca.
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