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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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Comisión Interamericana analizará violaciones a los derechos humanos provocadas por fracking
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia informativa el próximo 3 de octubre para conocer la situación general de la utilización de la fracturación hidráulica (fracking) y la violación a los derechos humanos de comunidades y personas defensoras a consecuencia de esta actividad en el continente americano. La audiencia responde a una solicitud realizada por 126 organizaciones de América Latina, encabezadas por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF). La audiencia se realizará en la ciudad de Boulder, Colorado, Estados Unidos, en el marco del 169 período ordinario de sesiones de la CIDH. En ella, personas defensoras y representantes de comunidades afectadas presentarán información detallada sobre los impactos a los derechos humanos, así como los impactos ya documentados y los riesgos potenciales derivados de las actividades de fracking en América Latina. Las organizaciones agrupadas en la ALFF buscan proponer una serie de recomendaciones a la CIDH y a los gobiernos de la región para garantizar los derechos humanos frente a los riesgos de este método de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. De acuerdo con la solicitud de audiencia, en Latinoamérica existen cerca de 5,000 pozos de fracking. En Argentina, aproximadamente existen 2000 pozos. Mientras en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3,350, aunque las organizaciones firmantes señalaron que existen retos en materia de acceso a esta información. Por su parte, en Brasil y Colombia se han firmado contratos que permiten la exploración y explotación, y en Bolivia se ha comenzado la prospección y los estudios de muestras de yacimientos no convencionales. Organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron en julio pasado la solicitud de audiencia a la CIDH. “El avance del fracking en América latina se realiza a ciegas porque no se conoce con certeza la totalidad de las sustancias químicas empleadas, ni sus efectos combinados o sinérgicos, los riegos reales y potenciales, ni la efectividad de las medidas de mitigación”, resaltó Claudia Velarde, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Lo que sí se conoce son sus daños en el ambiente, en la cantidad y calidad del agua, en la salud y en los derechos humanos colectivos”. Mientras en diversos países de América Latina se promueve el fracking, otros países, estados y provincias de Europa, América y Oceanía lo han prohibido por los impactos y riesgos ambientales y para la salud que implica. La solicitud a la CIDH destaca que “ninguno de los países donde se aplica el fracking posee un conocimiento integral de los riesgos e impactos irreversibles que puede ocasionar al ambiente y a la vida de las personas y comunidades. Sin embargo, se cuenta con sobrada evidencia científica de sus efectos negativos sobre la población, a partir de la experiencia de uso intensivo de esta técnica en Estados Unidos.” Sigue las actualizaciones sobre esta audiencia con el hashtag #AméricaSinFracking Contacto de prensa Victor Quintanilla, AIDA (México), [email protected], +521 5570522107
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Mandan alerta internacional para frenar los daños de la industria salmonera en la Patagonia chilena
AIDA envió una alerta urgente a las autoridades a cargo del cumplimiento de seis tratados internacionales orientados a la protección ambiental y ratificados por Chile. En ella se solicitan visitas a la región de Magallanes y apoyo en la investigación de los daños que la salmonicultura está causando, instando al gobierno chileno a proteger la zona. Santiago, Chile. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envió una alerta urgente a las autoridades responsables del cumplimiento de seis convenios internacionales ratificados por el Estado chileno. En ella les solicita que realicen visitas de asesoramiento a la región de Magallanes, donde la expansión de la industria salmonera está causando graves daños ambientales, y que exhorten al gobierno a la adopción de medidas adecuadas para frenar esos daños. “Son tratados que fueron suscritos y ratificados por Chile para proteger su riqueza natural, incluidas las especies endémicas que Magallanes alberga”, dijo Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Al no disponer las medidas necesarias para evitar que la producción industrial de salmón dañe los entornos marinos del país, el gobierno está vulnerando estos convenios”. La alerta fue enviada a las autoridades a cargo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, la Comisión Ballenera Internacional, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Tratado Antártico. También se informó de la situación a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS). La región de Magallanes es hogar de muchas especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras. Además, es una zona remota y prístina, escasamente estudiada, por lo que no es posible saber las consecuencias de los daños actuales y potenciales que se están infringiendo. En el documento se detallan los principales daños causados por las granjas de salmón instaladas en Magallanes. Entre ellos están la contaminación del fondo marino con grandes cantidades de desechos provenientes de las heces de los peces y de los químicos usados en su cultivo y la saturación de las aguas con más peces de los que pueden soportar, lo que genera zonas sin oxígeno, donde la vida marina no puede prosperar. “Más de la mitad de las granjas que operan en Magallanes están causando la falta total o parcial de oxígeno”, señaló Ortúzar. “Ello evidencia que las concesiones de salmonicultura se están otorgando sin el respaldo científico que garantice que no causarán daños ambientales”. Otro gran problema planteado en la alerta es el excesivo uso de antibióticos en el cultivo de salmón en Chile, más alto que en cualquier otro país productor de salmón. Dicho uso desmedido provoca resistencia antimicrobiana, problema que ha sido reconocido por la OMS como una amenaza grave para la salud pública mundial. En la alerta, AIDA solicita que las autoridades internacionales, entre otras acciones, brinden apoyo al Estado chileno para investigar los impactos reales y potenciales de la industria salmonera en la Patagonia, le recuerden sus obligaciones bajo los tratados, investiguen los daños descritos y, cuando corresponda, requieran la aplicación de sanciones y la suspensión o cancelación de concesiones de salmonicultura en Magallanes. Consulte la alerta urgente (en inglés). Encuentra aquí más información sobre el caso. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Belo Monte pode deixar comunidades, animais e plantas do Xingu sem água para sobreviver
O risco provem da proposta de gerenciamento da vazão do rio Xingú para o funcionamento da Usina Hidroelétrica de Belo Monte. A Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente informou a situação para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, solicitando que inste o Estado brasileiro a evitar a aplicação da proposta e estabelecer uma alternativa social e ambientalmente adequada. Washington D.C., Estados Unidos e Altamira, Brasil. Ao autorizar a construção da Hidrelétrica de Belo Monte em plena Amazônia, o governo brasileiro aprovou, como medida de mitigação, um plano de manejo da vazão do rio Xingu que deixaria as comunidades indígenas e ribeirinhas da região, assim como espécies de plantas e animais sem água suficiente para sua subsistência. O plano de manejo deveria estar na fase de testes, mas será efetivamente aplicado no próximo ano quando forem instaladas todas as turbinas da usina. A Associação Interamericana para Defesa do Ambiente (AIDA) enviou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos um informe que detalha a situação de grave risco socioambiental, solicitando que a Comissão inste ao Estado brasileiro a evitar a aplicação da proposta e defina uma medida alternativa que de fato garantisse a manutenção da biodiversidade e os modos de vida das comunidades. “O esquema autorizado para o manejo da vazão do rio ameaça a permanência de povos indígenas e ribeirinhos, põe em risco de extinção espeécies endêmicas da região e compromete as condições ambientais para a dependênciafísica e cultural das comunidades”, explicou Liliana Ávila, advogada sênior da AIDA. O plano, chamado hidrograma de consenso, estabelece o volume de água que passará por uma parte do rio, denominada Volta Grande do Xingu, e o volume que será desviado para a produção de energia. Com isso se pretende reproduzir artificialmente a vazão natural do rio em épocas de cheia e de seca. O hidrograma de consenso consiste em na época de cheia garantir um fluxo mínimo médio de 4,000 m3/s durante um ano e de 8,000 m3/s para o ano seguinte, a partir de 2019. A medida propõe também uma vazão mínima de 700 m3/s para a época de seca. Apesar disso, o informe enviado a Comissão contém evidência científica e empírica comprovando que esses níveis de água são significativamente menores que os fluxos históricos do rio e não garantem que os peixes e as florestas aluviais possam sobreviver à redução proposta no curto e médio prazo. As evidências, que incluem informações do próprio Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e do monitoramento feito pelas comunidades, mostra que algumas espécies aquáticas, como os quelônios, só podem se alimentar e se reproduzir com vazões mínimas de 13,000 m³/s nos meses de cheia do rio, e, além disso, que o volume proposto para a época seca não garante que o rio continue sendo navegável. “O plano de manejo da vazão tampouco levou em consideração o monitoramento feito pelo povo Juruna em colaboração com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Instituto Socioambiental (ISA)”, ressaltou Marcella Ribeiro, advogada da AIDA. “Já em 2016 e com níveis maiores de água do que os que se propõe aplicar, as comunidades reportaram graves impactos peixes e quelônios”. AIDA enviou o informe a Comissão como parte da denúncia formal contra o Estado brasileiro pelas violações de direitos humanos causadas pela construção da hidrelétrica. Em maio, junto com organizações aliadas, apresentamos nossos argumentos finais sobre o caso, evidenciando danos já ocorridos, entre eles o deslocamento forçado de povos indígenas e comunidades ribeirinhas, a morte massiva de peixes, danos diferenciados a homens e mulheres, e ameaças a sobrevivência das comunidades. Clique aqui para mais informações sobre o caso. Contato de comunicação Isabel Harari (Brasil), ISA, [email protected], +5561998261213 Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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