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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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AIDA respaldó en una carta enviada al gobierno la propuesta presentada por la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable de incluir estos peces que contribuyen a mantener saludables a los arrecifes de coral del Caribe mexicano. En la carta se detallan las obligaciones internacionales de México para preservar sus arrecifes de coral, ecosistemas que están en riesgo grave y cuya sobrevivencia depende en gran medida de la protección de peces herbívoros como el pez loro. Ciudad de México. En una carta enviada al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) solicitó —con base en argumentos de derecho internacional, convenciones y tratados ambientales— la inclusión de 10 especies de pez loro en la lista de especies protegidas de la Norma Oficial Mexicana 059, que se encuentra en proceso de actualización. La carta fue presentada como respaldo a la propuesta de inclusión de esas especies que la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable (HRI, por sus siglas en inglés) remitió a la Comisión en septiembre, en coordinación con Casa Wayuu A.C., la Alianza Kanan Kay y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. “Las especies de peces loro cuya protección estamos pidiendo, cumplen una labor vital para la sobrevivencia de los arrecifes de coral al alimentarse de las algas que los cubren y que les quitan luz y oxígeno”, explicó Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Pero la población de estos peces ha disminuido drásticamente debido a la degradación de su hábitat, la contaminación y el cambio climático; y los estudios de HRI, entre otros, han demostrado que el 60% de los arrecifes del Caribe mexicano están en mal estado o en estado crítico de salud”. Las organizaciones piden incluir en alguna de las categorías de riesgo de la Norma Oficial Mexicana 059 al pez loro semáforo (Sparisoma viride), al pez loro guacamaya o arcoíris (Scarus guacamaia), al pez loro azul (Scarus coeruleus), al pez loro de media noche (Scarus coelestinus), al pez loro reina (Scarus vetula), al pez loro princesa (Scarus taeniopterus), al pez loro rayado (Scarus iseri), al pez loro banda roja (Sparisoma aurofrenatum), al pez loro aleta roja (Sparisoma rubripinne) y al pez loro cola amarilla (Sparisoma chrysopterum). En la carta se detallan las convenciones y tratados internacionales por los que el Estado mexicano está obligado a combatir adecuadamente las amenazas de especies que requieren protección especial, como los peces herbívoros, y que son vitales para la salud de los arrecifes del Caribe y de otros ecosistemas marinos. Esos acuerdos incluyen el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe o Convenio de Cartagena) la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de Ramsar, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, la Declaración de Tulum y la Iniciativa Internacional sobre los Arrecifes de Coral. “También mencionamos en la carta la Opinión Consultiva sobre derechos humanos y ambiente que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, añadió Thompson. “En esa decisión, la Corte fortalece las obligaciones de los Estados del continente para proteger a las personas en estrecha relación con la protección del ambiente. Pese a servir de criaderos de peces y barreras naturales contra huracanes —entre otras funciones clave—, los arrecifes de coral son muy frágiles y vulnerables ante el cambio climático, cuyas consecuencias incluyen la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar y la proliferación de algas. Esto último se debe a las múltiples descargas de aguas no tratadas o tratadas de manera inadecuada para la región caribeña y a otras formas de contaminación del mar. “El reporte más reciente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advirtió que superar los 1,5°C en la temperatura promedio del planeta, implicaría la destrucción de los arrecifes”, enfatizó Mélina Soto, Coordinadora para México de la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable. “Es entonces urgente adoptar medidas adecuadas para preservar esos entornos, siendo una de ellas la protección de los peces herbívoros”. Lea la carta enviada al gobierno mexicano. Encuentra aquí más información sobre el caso. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (Ciudad de México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Marisol Rueda Flores (Playa del Carmen), Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable, [email protected],+521 9848770815
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Boulder, Colorado. Representantes de comunidades y organizaciones de diversos países de América Latina —entre ellos Argentina, México y Colombia— expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los impactos actuales y potenciales que la técnica de fractura hidráulica (fracking), utilizada para la extracción no convencional de hidrocarburos, tiene sobre los derechos humanos y el ambiente.La audiencia se realizó en respuesta a una petición suscrita por más de 126 organizaciones de 11 países de las Américas, en el marco del 169° período ordinario de sesiones que la CIDH celebra esta semana en la ciudad de Boulder, Colorado.La principal solicitud a la CIDH y a las Relatorías para los diversos países, en el marco de esta audiencia, fue instar a los Estados a que adopten medidas eficaces y oportunas para prevenir violaciones a los derechos humanos en el contexto de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como la aplicación del principio de precaución frente a posibles daños ambientales a causa del fracking.“En América Latina, el fracking se ha realizado sin informar ni consultar adecuadamente a la población afectada, vulnerándose así su derecho a la información, participación, consulta y consentimiento previos”, destacó Liliana Ávila, Abogada Sénior de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA), durante la audiencia. “La demanda de agua para esta actividad compite con el uso de agua para el consumo humano, y la contaminación que produce en aguas, suelos y aire, afecta gravemente el disfrute del derecho al medio ambiente sano y compromete el goce efectivo de otros derechos como la vida digna, la integridad personal, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda adecuada”.En la audiencia se enfatizó que las mujeres sufren desproporcionadamente los impactos de esta actividad debido a las daños potenciales en su salud reproductiva y a que la falta de acceso al agua provocada por la sobreexplotación y contaminación que el fracking conlleva, tiene un impacto mayor sobre las mujeres debido a los roles de cuidado socialmente asignados.Refiriéndose a la experiencia de las comunidades mapuches de Argentina, Santiago Cané, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destacó que “se producen hechos de violencia contra quienes defienden el ambiente y sus derechos. Institucionalmente, podemos hablar de la criminalización de la protesta social como una forma de intimidación para eliminar la resistencia a los proyectos de fracking. La prosecución de causas penales contra los líderes de las comunidades que se oponen al desarrollo del fracking ha llegado a convertirse en una campaña mediática e institucional por la que se busca instalar la idea de que las comunidades mapuches integran un grupo terrorista.”En México, “específicamente en el municipio de Papantla, Veracruz —que de acuerdo a solicitudes de acceso a la información es el municipio con mayor número de pozos de fracking en el país—, donde la población pertenece mayoritariamente al pueblo totonaca, esta técnica de explotación ha provocado el desvío de manantiales y el desecamiento de pozos artesanos, con lo que muchas comunidades perdieron sus fuentes naturales de agua y han visto comprometida su salud y deterioradas sus condiciones de vida”, manifestó Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana Contra el Fracking.Dorys Gutiérrez, de la organización colombiana Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, señaló que: “En Europa, 18 países han aplicado el principio de precaución para no permitir o restringir esta práctica y en Australia, 4 de 8 territorios tienen prohibiciones o moratorias. Entonces, si el fracking es tan bueno, ¿por qué en tantos lugares es ampliamente rechazado?”Según datos recopilados por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, en América Latina existen cerca de 5,000 pozos de fracking. En Argentina, existen aproximadamente 2,000 pozos. Mientras, en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3,350.A pesar de este incremento, se ha avanzado también en prohibiciones y restricciones al fracking en tres estados de Estados Unidos, en Uruguay, en la provincia argentina de Entre Ríos y en más de 300 municipios de Brasil.La expansión del uso de esta técnica está causando y puede causar graves impactos en los derechos humanos. El avance del fracking representa una amenaza para la consolidación del marco jurídico que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos viene impulsando y que incluye las obligaciones de los Estados y la protección internacional a los derechos humanos y el ambiente.Contactos de prensa:Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107Arturo Contreras (en Boulder, Colorado), +521 5533320505
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Por Florencia Ortúzar y Monti Aguirre* (Texto publicado originalmente en Animal Político) La energía hidroeléctrica fue uno de los principales motores de desarrollo para muchos países de Latinoamérica, y aún representa parte importante de la matriz energética de la región. Pero ¿es realmente la mejor opción, considerando la experiencia y el contexto actual? A propósito de un texto publicado en “Energía para el futuro”, blog del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hemos reflexionado sobre lo que significa seguir apostando por grandes hidroeléctricas en la región. A continuación, las tres razones por las que creemos que no son la mejor opción: 1. Existen mejores alternativas a la hidroelectricidad que deben considerarse desde la planeación Antes de elegir una alternativa energética, debe existir una planificación estratégica que analice necesidades de energía y la mejor forma de atenderlas. En este análisis se deben considerar todas las opciones posibles, para asegurar que la escogida sea la más beneficiosa. Es preocupante que esto no suceda. Por ejemplo, para la construcción de la represa Hidroituango, pensada para ser la más grande de Colombia y asociada con graves daños socioambientales, el gobierno decidió no hacer una evaluación previa de alternativas. Aunque la ley no lo exigía en su momento, era recomendable y es un estándar internacional mínimo que al menos las grandes instituciones financieras deberían aplicar al invertir en proyectos de este tipo. Hoy, otras fuentes energéticas, como la eólica y la solar, han demostrado ser económicamente competitivas, más rápidas de echar a andar y menos vulnerables ante un clima cambiante que las grandes hidroeléctricas. Las innovaciones en redes inteligentes, almacenamiento y baterías resuelven el problema de la intermitencia, haciendo innecesarias nuevas hidroeléctricas. Además, están la geotermia, la energía de las mareas y las olas y otras alternativas cuyo potencial ni hemos vislumbrado. La promoción de grandes hidroeléctricas retrasa la implementación de soluciones hacia la transición energética que la región y el planeta necesitan. De hecho, según estudios del mismo BID, América Latina tiene la mayor cantidad y variedad de fuentes de energía renovable en el mundo; y sus recursos renovables podrían proporcionar casi siete veces la capacidad eléctrica instalada a nivel mundial, excluyendo a las hidroeléctricas. Por ello, aunque la región tenga aún un alto potencial de energía hidroeléctrica sin aprovechar, es preciso hacer una evaluación integral de la situación, incluyendo de costos y beneficios frente a las demás opciones energéticas posibles. Solo entonces puede decidirse si conviene seguir explotando el potencial hidroeléctrico restante, o si es mejor optar por otros tipos de energía, evitando los impactos ambientales, sociales y hasta financieros que la hidroelectricidad implica. 2. Las grandes hidroeléctricas causan daños socioambientales y no son rentables Se ha demostrado recurrentemente que los daños socioambientales causados por hidroeléctricas son ampliamente mayores que lo inicialmente considerado. Además de desplazamientos forzados y criminalización de quienes se oponen a ellas, las represas inundan tierras, reducen el flujo de los ríos y cambian la naturaleza de los estuarios, destruyendo ecosistemas y causando incluso la extinción de especies. Todo esto impacta la vida de las comunidades aledañas, saboteando también sus posibilidades de adaptarse al cambio climático. En términos económicos, un estudio de la Universidad de Oxford, que analizó cientos de represas construidas alrededor del mundo, concluyó que "incluso sin contabilizar los impactos negativos en la sociedad y el ambiente, los costos reales de las grandes represas son demasiado altos para generar un rendimiento positivo". El estudio evidencia que los presupuestos para construir grandes represas y los tiempos que tardan en estar operativas son sistemáticamente subestimados. Un ejemplo lo dio la represa Belo Monte, que costando el doble de lo presupuestado, resultó ser la obra pública más cara que se ha implementado en la Amazonía; o el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en Chile, cuyo presupuesto se ha doblado más de cuatro veces desde que su construcción fue autorizada en 2009. En algunos países se ha optado por el desmantelamiento de grandes represas, reconociendo que sus costos han sobrepasado los beneficios; y algunas empresas privadas han descartado proyectos hidroeléctricos, por no ser viables ni rentables. Estados Unidos adoptó, como política de Estado, rechazar cualquier préstamo, donación, estrategia o política para apoyar la construcción de grandes hidroeléctricas. 3. Agravan el cambio climático y se tornan riesgosas con los cambios del clima El cambio climático es uno de los aspectos que urge considerar al hablar de la pertinencia de la hidroelectricidad. Los embalses de las grandes represas generan cantidades significativas de gases contaminantes, especialmente metano, un gas de efecto invernadero 30 veces más potente que el CO2. Asimismo, su construcción daña sumideros naturales de carbono, incluidos bosques y ríos. Por esto, antes de optar por una hidroeléctrica, se deben hacer análisis sobre emisiones de CO2 y metano, lo que no necesariamente ocurre actualmente. Otro aspecto a considerar es la vulnerabilidad de estos proyectos ante las variaciones del clima. Las precipitaciones extremas aumentan la sedimentación en las represas, reduciendo su vida útil; y las sequías, cada vez más frecuentes, las tornan ineficientes. Mientras más represas pierden eficiencia, Latinoamérica, altamente dependiente de la hidroelectricidad, es más vulnerable energéticamente. Más grave aún es que las represas son peligrosas ante eventos climáticos extremos. Así lo demostró, por ejemplo, la crisis en Laos, donde una represa “cedió” ante el mal clima, haciendo desaparecer poblados completos. En Virginia, Estados Unidos, se han ordenado evacuaciones masivas por el riesgo de que una represa colapse por las lluvias; y en Kerala, India, las lluvias torrenciales, sumado al mal manejo de varias represas, han causado inundaciones sin precedentes. En ciertos países, ya es un problema serio reconocido que, con el tiempo, más y más plantas hidroeléctricas sean reportadas peligrosas, lo que requiere grandes inversiones para resguardar a las poblaciones aguas abajo. Como representantes de la sociedad civil, trabajando por una región más justa y sostenible, instamos a que instituciones financieras como el BID apoyen el cambio que necesitamos. Esperamos entonces que dejen de invertir en grandes proyectos hidroeléctricos, que han demostrado una y otra vez ser dañinos para el ambiente y para comunidades locales, ser costosos para los países y poco flexibles en tiempos de cambio climático. Ya es tiempo de una mejor planeación energética y de invertir en proyectos de energía renovable no convencional, basados en estudios de impacto social y ambiental completos, independientes y de la más alta calidad, y cuya planificación e implementación respete los derechos humanos. * Florencia Ortúzar es abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA y Monti Aguirre es coordinadora del Programa para Latinoamérica de International Rivers.
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