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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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“¡Despierta humanidad, ya no hay tiempo!” Berta Cáceres, Discurso de aceptación del Premio Goldman 2015 Ser un defensor/a de los derechos humanos y del ambiente no es tarea fácil. Por el contrario, es uno de los trabajos más peligrosos que se puede ejercer. Estás en riesgo ya sea que pertenezcas a una comunidad campesina, indígena o afrodescendiente, si eres un activista independiente o si eres parte de una organización de la sociedad civil. En su informe más reciente, En Terreno Peligroso, Global Witness dio cuenta que el 2015 fue el peor año en cuanto al asesinato de activistas ambientales y defensores del territorio[1]. El informe documentó 185 asesinatos en 16 países, haciendo de Brasil (50 homicidios), Colombia (26 homicidios), Perú (12 homicidios) y Nicaragua (12 homicidios) los más peligrosos de América Latina[2]. Desafortunadamente, el asesinato de defensores ambientales representa el trágico final de un problema más grande. Como sociedad, todos queremos desarrollo económico y social, y los gobiernos son elegidos, en su mayoría, con base a esa promesa. No obstante, cada vez más Estados y varios actores privados son con frecuencia cómplices de acciones que tienen como objetivo silenciar las voces legítimas y el trabajo de las y los defensores ambientales. Amenazas, acoso y campañas de desprestigio o criminalización hacen mella en el trabajo de estos defensores, quienes terminan dedicando gran cantidad de tiempo a defenderse ante sistemas judiciales, a menudo también cómplices, o incluso protegiéndose físicamente de cualquier atentado contra su vida. Varios Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han reconocido el importante rol que las y los defensores ambientales tienen en nuestras sociedades y, por ello, han recomendado a los Estados su protección. Sin embargo, el nivel de peligro ha continuado en aumento. Defensores ambientales con medidas cautelares de la CIDH para la protección de sus vidas, como en el ampliamente conocido caso de Berta Cáceres, continúan siendo amenazados o asesinados a plena vista de las autoridades y a menudo debido a la complicidad de un Estado. La empresa minera Yanacocha sigue acosando a Máxima Acuña con la intención de sacarla por la fuerza de su tierra y allanar el camino para el proyecto minero Conga, incluso luego que un tribunal peruano determinara que ella no ha violado los derechos de propiedad de la empresa. En La Oroya, una ciudad en los Andes peruanos donde un complejo metalúrgico ha operado desde 1922, docenas de víctimas de contaminación tóxica han estado luchando por años para defender su salud y su ambiente, y continúan buscando una solución en tribunales nacionales e internacionales. Su lucha ha estado plagada de ataques y campañas de desprestigio contra ellas y contra las organizaciones que han asumido su representación legal. Las víctimas han sido etiquetadas como “anti-mineras” y “anti-desarrollo”, acosadas en las calles, e incluso intimidadas con perros muertos colgados frente a sus casas. La lista de este tipo de incidentes en América Latina no hace más que crecer y, asociados a ellos, están minas, represas y otros proyectos de infraestructura inadecuadamente planificados y desarrollados. Como sociedades que buscan el desarrollo económico y social, necesitamos dejar de pretender que éstos y otros innumerables ataques contra las y los defensores ambientales no ocurren o no tienen un impacto en los costos financieros, políticos y sociales que eventualmente todos terminaremos pagando. Los costos llegarán y serán altos. ¡Los gobiernos necesitan despertar ahora y actuar para defender a las y los defensores, ya no hay tiempo! A la memoria de quienes han dado su vida defendiendo algo que debería ser preciado para todos, pero que de alguna forma es solo cuidado por unos cuantos: nuestro planeta. [1] Global Witness. En Terreno Peligroso, junio de 2016, p. 4. [2] Global Witness. En Terreno Peligroso, junio de 2016, pp. 8 -9.
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Investigadores de la Universidad del Estado de Washington concluyeron que todos los embalses, no solo los construidos en zonas tropicales, generan 1.3 por ciento del total de gases de efecto invernadero producido por la humanidad. El hallazgo ratifica una vez más que las represas no son energía limpia y afectan el clima. Seattle, Estados Unidos. Un nuevo e importante estudio a cargo de investigadores de la Universidad del Estado de Washington da cuenta que los embalses de las grandes represas son una fuente “subestimada” de gases de efecto invernadero, principalmente metano, un contaminante 34 veces más dañino que el dióxido de carbono. La investigación evidencia además que todos los embalses, no solo los construidos en zonas tropicales, son gran fuente de emisiones contaminantes a la atmósfera. De acuerdo con el estudio, los gases contaminantes provienen de la descomposición de la materia orgánica que es inundada por los embalses artificiales de agua. La contaminación generada es de gran magnitud. Los embalses generan 1.3 por ciento de los gases de efecto invernadero de toda la humanidad en un año (más que todas las emisiones contaminantes de Canadá) y el 80% de esa contaminación es metano, señala la investigación. “En toda América, gobiernos están impulsando la construcción de cientos de grandes represas, sobretodo para producir energía, argumentando que ayudan a mitigar el cambio climático al ser fuentes limpias”, explicó Astrid Puentes Riaño, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Es cada vez más claro que las grandes represas, más que una solución, son un problema. Los líderes del mundo deben con urgencia empezar a planificar e implementar soluciones energéticas alternativas a fin de conseguir un avance real en la lucha contra el cambio climático”. Junto con una coalición de organizaciones de la sociedad civil, AIDA, Amazon Watch e International Rivers hemos insistido por años que la implementación de grandes proyectos hidroeléctricos —como la represa Belo Monte en Brasil— causan daños serios al ambiente, el clima, y a los derechos de las comunidades afectadas. “Las grandes represas son uno de los causas más importantes de la destrucción ambiental en la Amazonía”, dice Leila Salazar-López, directora ejecutiva de Amazon Watch. “Además de emitir metano, destruyen la biodiversidad y los bosques ancestrales de miles de comunidades indígenas y tradicionales que han vivido por siglos de los ecosistemas ribereños. Es imprescindible calcular los costos reales de las grandes represas para entender todos sus impactos y no generar más daños que beneficios”. Como organizaciones trabajando en la promoción de soluciones reales al cambio climático, estamos dispuestas a compartir evidencia científica sobre los daños de las grandes represas con gobiernos, organismos internacionales e instituciones financieras, para contribuir al cambio energético que todos necesitamos. “Los nuevos hallazgos tumban el mito de las hidroeléctricas como fuente limpia de electricidad y ponen de relieve porqué las grandes represas deben ser excluidas de los mecanismos de financiamiento climático”, dijo Kate Horner, directora ejecutiva de International Rivers. Los hallazgos de este nuevo estudio deben ser considerados en los inventarios de emisiones contaminantes que contribuyen al cambio climático, y en la ejecución de programas y planes orientados a resolver nuestras necesidades energéticas. Para más información consulte: Estudio de la Universidad del Estado de Washington (inglés). Comunicado de la Universidad del Estado de Washington sobre el estudio (en inglés). Video corto de Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA, con una breve explicación de la investigación y su importancia. 10 razones por las que las iniciativas climáticas no deberían incluir grandes proyectos hidroeléctricos (manifiesto). Carta abierta a organismos internacionales, gobiernos e instituciones financieras para que dejen de considerar a las grandes represas como energía limpia e implementen soluciones reales al cambio climático. Contactos de prensa: Astrid Puentes Riaño, Codirectora de AIDA, apuentes@aida-americas.org, +521 5523016639 Moira Birss, Responsable de Comunicaciones, Amazon Watch, moira@amazonwatch.org, 510 394 2041 Sarah Bardeen, Directora de Comunicaciones, International Rivers, sbardeen@internationalrivers.org, 510 219 5704
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Chile es el segundo mayor productor de salmón a nivel mundial. Por más de 20 años, la industria se viene desarrollando anteponiendo las ganancias económicas a la protección ambiental. Ante la falta de regulación del Estado, la producción masiva de salmón deja a su paso contaminación química, zonas de mar sin vida, daños a otras especies, y perjuicios sociales a las personas y comunidades que dependen de la industria y del mar como sustento. La situación podría empeorar pues la industria amenaza con reinstalarse en zonas nuevas de aguas prístinas. Malas prácticas La salmonicultura en Chile nunca será sostenible porque requiere mucha más proteína de la que genera. Para producir un kilo de salmón, se requiere alrededor de 5 kilos de pesca silvestre para alimentación. Ello es porque el salmón es una especie introducida y carnívora. Años de malas prácticas por parte de las empresas y la falta de control del gobierno han resultado en graves daños ambientales, mismos que han traído consecuencias sociales graves para quienes viven de los productos del mar. En la Isla Grande de Chiloé, por ejemplo, se vive una crisis social relacionada con la catástrofe ambiental generada en gran parte por la industria del salmón, muy intensiva en la zona. En Chile, los proponentes de proyectos deben presentar declaraciones o estudios de impacto ambiental, según el potencial del proyecto de dañar la naturaleza. Pese al gran riesgo que implican para los ecosistemas, los proyectos de salmonicultura son admitidos mediante meras declaraciones juradas, y no por estudios que permitan identificar y manejar adecuadamente sus posibles impactos negativos. El resultado son miles de criaderos de salmón en funcionamiento. Cada uno consiste en balsas jaulas que, sin suficiente separación entre sí ni condiciones sanitarias adecuadas, albergan miles de salmones apretujados (el doble de lo que se permite en Europa). Aunque parezca difícil de creer y pese a que la ley dice lo contrario, en Chile no se han hecho estudios sobre la capacidad del océano, lagos y ríos de albergar la cantidad de salmones que se cultivan. Estos salmones en cautiverio son alimentados con pellets, una especie de píldoras que además de pesca silvestre transformada en harina de pescado, contienen pesticidas, colorantes, fungicidas y otros químicos que mejoran la producción. Gran parte de esas píldoras no son consumidas y caen al fondo del mar. Además, a cada salmón se le inyecta una cantidad exorbitante de antibióticos (hasta 5 mil veces más que lo que se usa en Noruega). Finalmente, los desechos generados por los peces, los cuales contienen los químicos suministrados, se acumulan también en el fondo del mar. Más de 20 años de estas prácticas han causado zonas de mar muertas donde la vida ya no es posible. Otro grave problema es que los salmones suelen escapar de sus jaulas. Según un informe de la ONG Terram, los escapes en Chile representan el 1.5% de la producción, equivalente a más de 9 mil toneladas al año. Algunos estudios dan cuenta que ese porcentaje podría llegar a 5%. Aunque por ley los centros de cultivo deben tener planes de recaptura, muchas veces éstos no tienen éxito. El salmón es una especie agresiva que, puesta en libertad, compite con los peces locales por casa y comida, y les transmite enfermedades. Crisis en el mar En mayo, las costas chilenas fueron devastadas por una marea roja más dañina que nunca. El fenómeno natural, caracterizado por el incremento excesivo de microalgas de las que se alimentan algunos animales, dejó varadas ballenas, calamares, sardinas y hasta aves (ver aquí un testimonio). Los salmones en cautiverio también fueron afectados y la industria sufrió pérdidas millonarias: miles de toneladas de cadáveres de salmón se pudrieron en las balsas jaulas. La mortalidad fue tal que la autoridad marítima nacional autorizó arrojar 9 mil toneladas de salmón muerto al mar. Según la industria salmonera y el gobierno, la marea roja tuvo su origen en el fenómeno de El Niño, agravado por el calentamiento climático. No obstante, algunos científicos aseguran que en gran medida las salmoneras son las responsables por someter al mar a sus malas prácticas por años (ver el informe de la Fundación Crea y el de Greenpeace). ¡Patagonia sin salmoneras! La industria salmonera no solo no ha aprendido de sus errores, sino que ahora busca expandirse a aguas más puras que aún no han sido contaminadas, para continuar su negocio. Es lo que está pasando en la región patagónica de Magallanes y en Aysén, donde aproximadamente 3,100 solicitudes esperan confirmación. Algunas de ellas incluso en lugares declarados de conservación prioritaria. En AIDA y junto con nuestros aliados, trabajamos para que ésta y otras industrias se adecúen a las normas ambientales. Pero aún más importante es lo que todos podemos hacer como ciudadanos y consumidores. Al elegir productos cuyo origen es sostenible, evitaremos que la industria del salmón siga transformando áreas de mar en zonas muertas. Es urgente que esta trágica historia no se repita en nuevas extensiones de nuestro inmenso, pero no infinito mar.
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