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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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El Acuerdo de París contra el cambio climático comenzó a regir hoy y con él la implementación efectiva de los compromisos que los países del mundo, desarrollados y en camino de serlo, hicieron para contrarrestar el problema. Esos aportes nacionales hicieron posible el consenso global y ahora no pueden ser menos ambiciosos, pero sí mejores. El 5 de octubre, los países de la Unión Europea ratificaron el Acuerdo de París adoptado en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de diciembre de 2015. De ese modo se alcanzó la ratificación de al menos 55 países que juntos representaran el 55 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, requisito para la entrada en vigor del acuerdo. Esa vigencia es un logro político global importante al que contribuyeron varios países de América Latina que ratificaron el acuerdo de forma temprana: Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú, entre otros. Luego, China y Estados Unidos, los más grandes emisores mundiales, también le dijeron sí al nuevo pacto por el clima. Ahora todos los países que ratificaron el Acuerdo de París pueden poner en marcha sus compromisos nacionales contra el cambio climático, aquellos que presentaron como aportes para la adopción del acuerdo el año pasado. Los compromisos incluyen, entre otras cosas, reducción de emisiones contaminantes, financiamiento de acciones climáticas, actividades de adaptación y mitigación. “Estas contribuciones son legalmente vinculantes y solo podrán ser mejoradas, aumentando así la ambición de las medidas establecidas en las mismas, pero ya no se podrá ir hacia atrás en ellas”, explica Andrea Rodríguez, abogada de AIDA. Para que los compromisos sean una realidad, en cada país se tienen que impulsar acciones orientadas a contar con las normas necesarias y con instituciones fortalecidas. Así se podrán implementar con éxito estrategias climáticas de las que salgan programas, proyectos y tareas específicas de adaptación y mitigación. Desde el punto de los recursos económicos, aquellos de los que dependen los países más vulnerables para hacerle frente a los impactos de los cambios extremos en el clima, la puesta en vigencia del Acuerdo de París puede resultar en un marco financiero internacional más solido, predecible y transparente. Contar oportunamente con dinero suficiente y administrado adecuadamente es clave para que los compromisos se concreten y sean cada vez más ambiciosos. “La entrada en vigor del Acuerdo de París es hito a nivel mundial para al fin comenzar la transformación urgente de la economía y la sociedad hacia un futuro realmente sostenible; la evidencia irrefutable de los impactos del cambio climático nos obliga a ejercer la responsabilidad histórica de actuar rápido y mostrar resultados”, afirma Astrid Puentes, codirectora de AIDA. “América Latina debe demostrar su liderazgo mundial, implementando soluciones adecuadas y alejándose de decisiones anticuadas que aumentan la vulnerabilidad de nuestros países, sacrifican el desarrollo y afectan aún más a personas y comunidades”.
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Promovida fuertemente por Estados Unidos, la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking ha buscado expandirse en distintos países del continente, a pesar de que ninguno de ellos posee un conocimiento integral de sus riesgos, de los daños graves e irreversibles que puede ocasionar en la salud de las personas y el ambiente, ni de cómo prevenirlos o mitigarlos. Ante esto, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF) quiere contribuir al debate y la sensibilización sobre los impactos de esta técnica por medio de la publicación de este informe. A través de estas páginas abordamos la situación del fracking en seis países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México. En cada caso se analiza: el contexto energético del país; las políticas públicas para promover y regular el fracking; los impactos sociales, ambientales y económicos ocasionados por esta técnica en la población, en sus derechos humanos y en los territorios; y las estrategias de incidencia, movilización y resistencia desplegadas en cada país. El informe finaliza con una síntesis de conclusiones y recomendaciones a la luz del análisis y reflexión sobre los diferentes casos estudiados. Como ALFF, queremos contribuir a instalar la discusión sobre un urgente cambio en el modelo energético de nuestra región, hacia uno que sea sostenible y socialmente más justo. Consideramos que en las formas de producción, distribución y consumo de la energía se refleja el sistema de relaciones sociales injusto y profundamente desigual en el continente. Es ese el arreglo social, político y económico que la persistencia del fracking reproduce. Es eso lo que queremos cambiar. Descarga el informe
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Del 7 al 18 de noviembre, en Marrakesh, Marruecos, tendrá lugar la vigésimo segunda Conferencia de las Partes (COP22) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En esas dos semanas, delegados de más de 150 países se reunieran para negociar aspectos que permitan implementar adecuadamente los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, el cual entrará en vigencia el 4 de noviembre tras ser ratificado por 74 países. Este seminario virtual, organizado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), expertos que trabajan en la agenda climática de financiamiento, mitigación, adaptación, y pérdidas y daños, compartieron sus expectativas en torno a la cita global y a las oportunidades que este encuentro brinda para fortalecer los procesos participativos para la implementación del Acuerdo de París y de los compromisos hechos por los países de la región. Lo hicieron con base a los temas estratégicos que serán abordados durante la COP22. Grabación
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