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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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En un avance importante para la protección de los páramos, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, toma la decisión positiva de retirar su inversión de la empresa minera canadiense Eco Oro Minerals, cuyo proyecto minero de oro Angostura está ubicado en el páramo de Santurbán, entorno natural que abastece de agua a millones de personas en Colombia. Bogotá, Washington, Ottawa, Amsterdam. La Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, decidió retirar su inversión en la empresa canadiense Eco Oro Minerals. El proyecto minero Angostura, a cargo de Eco Oro, está ubicado en el páramo de Santurbán, Colombia, un ecosistema de alta montaña que provee de agua a millones de personas en el país. La legislación colombiana prohíbe la minería en páramos. “Aplaudimos esta decisión del Banco, que le da la razón al Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán sobre la inviabilidad de la minería en el páramo”, sostuvo Alix Mancilla, representante del Comité. “Ahora pedimos al gobierno colombiano que se abstenga de otorgar licencias ambientales a cualquier proyecto minero que afecte a Santurbán”. “El retiro de la inversión por parte de la CFI es un duro golpe político y financiero para la minería en el páramo de Santurbán”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “El gobierno colombiano debe reflexionar sobre su actitud permisiva hacia la minería a gran escala en páramos, que es ilegal”. La CFI toma su decisión tras la publicación de un informe de la Oficina del Asesor en Cumplimiento del Banco Mundial (CAO, por sus siglas en inglés), un mecanismo independiente de quejas, en el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contrariando las políticas internas de la institución financiera. En 2012, el Comité, con asesoría de las organizaciones internacionales que suscriben este comunicado, presentó ante la CAO la queja que dio origen al informe en mención. "Después de una intensa presión pública, la CFI por fin escuchó el mensaje y al retirar la inversión, lo amplifica. La decisión de retirarse fortalece el derecho del Estado colombiano para legislar sobre el interés público y proteger su agua. Aplaudimos esta decisión de la CFI, la cual tendrá repercusiones para todos los colombianos", declaró Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL). La decisión de la CFI también sucede en el contexto del anuncio de la empresa Eco Oro, quien ha iniciado una demanda de arbitraje contra el gobierno de Colombia bajo el Tratado de Libre Comercio con Canadá y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), parte del Banco Mundial. La medida se habría presentado por las decisiones adoptadas por el Estado para proteger sus páramos. “El interés de Eco Oro Minerals en Colombia ya no es la mina, sino extorsionar a un Estado soberano por millones de dólares y presionar para debilitar las protecciones para el agua colombiana. Con el retiro, la CFI no solo libera al Banco Mundial de un claro conflicto de interés, sino que también resalta la existencia de proyectos mineros desacertados en el páramo colombiano, así como la ilegitimidad de esta demanda", agregó García Zendejas. Contactos de prensa: Alix Mancilla, Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Jennifer Moore, MiningWatch Canada, [email protected], +001 613 569 3439 Kris Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272
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(Columna publicada originalmente en El País) "Nuestro clima se está calentando a un ritmo alarmante y sin precedentes al que tenemos que responder con urgencia", concluyeron el 22 de noviembre pasado los representantes de casi 200 Estados del mundo, reunidos en Marruecos, para la décimosegunda Conferencia de las Partes (COP 22) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y la primera reunión de las Partes del Acuerdo de París. En efecto, debemos responder con urgencia, pero también con inteligencia. Hoy en día, miles de grandes represas están siendo planeadas y en construcción a nivel mundial para sumarse a las ya más de un millón de represas en más de la mitad de los ríos en el planeta. Solo en la Amazonía, hay cientos de proyectos de hidroeléctricas planeadas o en construcción. Muchos de ellas son promocionados como energía limpia y solución al cambio climático. Pero la realidad es otra. Investigadores de la Universidad del Estado de Washington (WSU) concluyeron recientemente, en un artículo publicado en la revista científica Bioscience, que las represas son una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en particular de dióxido de carbono, de óxido nitroso y mayormente de metano. Este último es un gas 34 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2). Esto implica que, lejos de ser una solución, las represas agravan el cambio climático. Hasta el momento, la evidencia científica apuntaba a que las emisiones contaminantes se presentaban en represas ubicadas en zonas tropicales. Pero la investigación de la WSU concluye que los embalses de todas las represas emiten GEI, sin importar su latitud ni propósito (generación de energía, control de inundaciones, navegación o riego). Para la investigación los científicos analizaron diferentes variables y métodos de medición de emisiones provenientes de embalses. Como resultado de ello concluyeron que, en el mundo, emiten aproximadamente el 1,3% de las emisiones de GEI generadas por la humanidad. Esto es más que las emisiones anuales de todo Canadá. Aún se requieren mayores estudios para cuantificar con exactitud la cantidad de emisiones provenientes de las represas y para entender cómo estas varían según las condiciones particulares de cada embalse. Por ahora, parece que variables como la eutrofización (el aumento de nutrientes en el agua que puede incrementar las algas) y la temperatura pueden ser relevantes. Hasta el momento las emisiones de cambio climático causadas por las represas no son contabilizadas. Sin embargo, cada día la atmósfera recibe dichas emisiones, aumentado los impactos al clima. Esto quiere decir que, a nivel mundial, las cuentas climáticas no cuadran. Por tanto, el estudio de la WSU marca un hito para entender el verdadero papel de las represas y el cambio climático. Es esencial entonces tomarlo en cuenta en las políticas, normas, programas y análisis científicos. Así, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC); organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Verde del Clima; autoridades nacionales y empresas, deben incorporar en sus evaluaciones las emisiones contaminantes, actuales y futuras, de las represas. Solo así tendremos las cuentas claras y evitaremos que, por ignorar una situación ya probada, continuemos incrementando el cambio climático que ya nos afecta a todos. Aunque en mayor medida a quienes están en situación más vulnerable. Vale recordar que las represas causan también graves impactos en el ambiente y en los derechos humanos. Son proyectos muy costosos y que toman décadas entre la planeación y la implementación. De otra parte, en los últimos años ya se están dando resultado soluciones viables para reemplazar la necesidad de represas. En el caso de la energía hay otras fuentes más eficientes, baratas y rápidas que podrían implementarse. Como se dice popularmente: "Las cuentas claras y el chocolate espeso". Tener claridad y asegurar que todas las fuentes que contribuyen significativamente al cambio climático sean tomadas en cuenta, es una tarea esencial para responder con la urgencia, efectividad e inteligencia requerida. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, ya no tenemos más tiempo que perder.
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Desde el día en que nació, Isabel* ha respirado aire tóxico. En los 13 años de su joven vida, ha tenido metales pesados en la sangre. Su ciudad natal, La Oroya, una pequeña comunidad en los Andes peruanos, fue catalogada en 2007 como uno de los lugares más contaminados del mundo. Un complejo metalúrgico ha operado ahí por cerca de un siglo, con muy poca regulación y sin brindar atención a la salud. Los niños como Isabel son los que más sufren por la contaminación tóxica. Sus cuerpos y cerebros en desarrollo son extremadamente vulnerables al plomo y otros metales pesados, los cuales inhiben el crecimiento y suelen provocar daños permanentes. Casi todas las niñas y niños de La Oroya tienen metales pesados en su sangre en niveles que superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, muchos residentes sufren enfermedades respiratorios crónicas. Los problemas de salud de la población son resultado directo de la indiferencia por el ambiente de la empresa a cargo del complejo y de quienes viven alrededor del mismo. Y la responsabilidad del Estado peruano yace en su inacción. Es por ello que un grupo de residentes se unió para luchar por la salud de sus hijas e hijos, y por el futuro de la ciudad. El padre de Isabel, Pablo, ha sido uno de los voceros de la lucha de la comunidad contra el gobierno y la empresa estadounidense responsable de contaminar su aire, sus tierras e incluso su agua. No ve otro camino más que continuar en la lucha. "¿Qué tipo de mundo dejaremos a nuestros hijos si no defendemos nuestra tierra, si no defendemos nuestra biodiversidad?”, dijo recientemente Pablo en una entrevista. Un grupo de 65 residentes se unieron como peticionarios en un caso que AIDA y otras organizaciones llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 10 años. Desde entonces, 14 personas más han agregado sus nombres a la queja; cuatro han muerto. Hoy, todavía esperan por justicia. En 2007, la Comisión otorgó medidas cautelares, por las cuales solicitó al Estado peruano adoptar las medidas pertinentes para diagnosticar a los beneficiarios y brindar tratamiento a quienes están en una situación de peligro de daño irreparable. Desde entonces, aunque la calidad del aire en La Oroya ha mejorado, el mismo sigue siendo contaminado y el sistema de salud solicitado aún es lamentablemente inadecuado. Hasta ahora, la Comisión no ha presentado su informe sobre los méritos del caso (es decir si hubo o no violaciones a los derechos humanos en el caso analizado). El hallazgo de un mérito incluiría recomendaciones más enérgicas. Si el Estado continuara sin responder, AIDA llevaría el caso a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ahora, lo único que los peticionarios pueden hacer es esperar un poco más. A pesar de los años, no cesaremos en la lucha hasta que las personas de La Oroya vean justicia. Creemos que su valentía y lucha tendrán impactos más allá de su comunidad al sentar un precedente para casos futuros a lo largo del continente americano. Una victoria establecería, en el ámbito de la legislación internacional, que los daños por contaminación tóxica son violaciones a los derechos humanos. Esto significaría un futuro mejor no sólo para Isabel y La Oroya, sino también para las comunidades donde las empresas, con poca visión al futuro, tiren sus desechos tóxicos. __ * El nombre real fue cambiado por protección de privacidad.
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